POLITICA
El Gobierno insistió en que no intervendrá para ayudar a quienes tienen deudas con los bancos y las fintech
El vocero presidencial Adrián Ravier aludió a la problemática de la morosidad en la Argentina, un tema que se ubicó en la agenda del país en los últimos días, más aún luego de que el presidente Javier Milei asegurara que “no hay elementos para culpar a la política del gobierno” por el alto número de deudores a los bancos.
“Claramente, hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar esas deudas que tomaron, pero el problema es de las entidades financieras y de los bancos que otorgaron créditos con tasas de interés elevadas para cubrirse de los riesgos ante los posibles riesgos que enfrentaban”, explicó el portavoz en su conferencia de prensa de este martes y consideró: “Salvar esto desde el Gobierno con el dinero que pagan los contribuyentes implicaría tomar recursos que paga una parte de la población para salvar a los bancos”.
Y señaló: “¿Cómo ayuda el Gobierno? Los privados pueden negociar con un plan de estabilización como marco que permite que baje tasa de inflación, de interés. Esa es la ayuda que da el Gobierno». Ravier destacó que tanto los deudores como los bancos o las fintech podrán utilizar como contexto las variables del programa macroeconómico de la administración libertaria, entre las que se incluyen, enumeró, el orden monetario, la desregulación económica y el equilibrio fiscal.
Según datos consignados por , el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial. Al sumar los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios.
Durante su discurso en el acto por el 142 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes, Milei atribuyó el aumento de la morosidad, entre otros factores, a la compra de televisores para el Mundial 2026. “Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, afirmó durante su alocución.
“Lo de los televisores fue un ejemplo que usó el Presidente… Hay otros factores que explican la mora, no sólo la posible compra de televisores”, justificó por su parte Ravier este martes y añadió: “El Presidente fue enfático en que es un acuerdo entre privados”.
El deterioro desde fines de 2024 fue acelerado. En diciembre de ese año, la mora total (que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros) por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio último llegó al 17,5%. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9. Frente a mayo, aumentó otros 0,3 puntos porcentuales, lo que acumuló 20 meses de deterioro y, en la comparación interanual, el salto fue de 10,5 puntos.
En línea con Milei
La mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses. En su última aparición pública, Milei advirtió que “no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando con la morosidad”. “Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de repugnante y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno”, aseguró.
“¿Ustedes recuerdan las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Y ahora entramos como imbéciles con: ‘Ahora el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos», vociferó.
En ese sentido, durante la conferencia de este martes, Ravier comparó la situación crediticia con la del gestión de su sucesor, Alberto Fernández. “Durante su gobierno podíamos observar que el crédito de los bancos iba directamente al Estado, no iba al privado para que fomentara la inversión; esto cambió ahora”, consideró.
“La baja en la inflación permite que empecemos a tener más líneas de crédito y, cuando vuelve el crédito, vuelven las moras. Las moras aparecen en 2025 y en los ataques del Congreso que votaron proyectos que no tenían un financiamiento claro. Eso impacto en las tasas de interés que se elevaron e hizo que las familias no pudieran pagar”, explicó el portavoz sobre otro de los motivos por los que podrían haber aumentado los deudores.
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POLITICA
Tensión entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa por la represa Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”
El decreto del presidente Javier Milei de otorgarle las regalías a Mendoza por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles recrudeció el viejo conflicto con la provincia de La Pampa por el control del curso de agua y su fuente de energía. En un intenso intercambio por redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el de La Pampa Sergio Ziliotto (PJ), volvieron a discutir sobre el tema, con reproches cruzados sobre quién tiene razón en el diferendo que lleva más de cinco décadas.
Ayer, Ziliotto presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del decreto 982/2026 que “vulneran nuestros derechos”, dijo en su cuenta oficial de X. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, planteó.
Y agregó: “Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73″.
“Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes. Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”, concluyó.
Ante el comentario, Cornejo argumentó que si bien el curso de agua atraviesa las dos provincias, la represa está radicada en Mendoza. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, apuntó el mandatario radical. “Por eso la legislación -continuó-, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”.
También sostuvo: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.
Cornejo se quejó por la decisión de la provincia vecina por llevar la cuestión al ámbito de los tribunales: “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”.
“Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, remató Cornejo.
“Inentendible que moleste reclamar”
Con un nuevo mensaje, el gobernador peronista ratificó la postura de La Pampa y le recriminó a Cornejo que, “aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”.
El mandatario pampeano aseguró que “hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.
Además, justificó: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”. “Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, agregó y cerró: “Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece”.
El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. La semana pasada, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes y benefició a Cornejo, que es un mandatario aliado en las votaciones en el Congreso.
La decisión oficial firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías entre ambas provincias. Desde su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por el distrito cuyano.
La instrucción del Poder Ejecutivo define que la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.
La pelea escaló luego de que en julio se lanzara una nueva licitación para privatizar el complejo hidroeléctrico. Junto a Mendoza, el Gobierno busca un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el conglomerado controlado por el empresario Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.
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POLITICA
El Gobierno denunciará a más empresas por exploraciones ilegales en Malvinas y dijo que los F16 custodiarán la base en Tierra del Fuego
El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.
“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.
Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.
Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.
Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.
“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.
En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .
En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.
Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.
Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.
En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.
Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.
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POLITICA
“Tiene que ser una base manejada por Argentina”: el intendente de Ushuaia respaldó el proyecto para operar hacia la Antártida
Ushuaia busca consolidarse como base de las operaciones argentinas hacia la Antártida. El proyecto de la Base Naval Integrada, previsto junto a la bahía de la ciudad, tiene el foco puesto en el financiamiento, su administración y el lugar que tendrá en la logística del Atlántico Sur y la economía fueguina.
Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, respaldó que el proyecto sea financiado y gestionado por el país. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó en Infobae Al Amanecer, al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero pasen por el Congreso.
La obra está prevista sobre la bahía de Ushuaia, cerca del aeropuerto y del centro urbano. Vuoto señaló que comenzó en 2022 y que los trabajos iniciales sobre el terreno llevaron el avance a 10%.
El funcionario remarcó que la iniciativa tuvo partidas en los presupuestos nacionales desde 2021 y empezó a ejecutarse durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo planteó que los recursos nacionales deben sostener la construcción y que cualquier aporte externo requiere control del Congreso de la Nación.
Una plataforma para las operaciones hacia la Antártida
La Base Naval Integrada permitiría ampliar las operaciones argentinas hacia la Antártida, donde la Armada Argentina ya abastece a las bases nacionales. Vuoto consideró que la nueva infraestructura podría recibir embarcaciones de gran porte, incluido el rompehielos Almirante Irízar, aunque no detalló las características técnicas proyectadas.
“La base es bienvenida”, afirmó el intendente. Su propuesta apunta a conformar en Ushuaia un polo logístico antártico que fortalezca la cadena de proveedores, los servicios portuarios y la industria naval fueguina.
La ciudad compite con Punta Arenas, en Chile, por la actividad vinculada con las operaciones antárticas. Vuoto vinculó esa competencia con la capacidad de ofrecer infraestructura y servicios: “Uno va a competir al mundo con capacidad logística”.
El nuevo emplazamiento también exigirá cambios en la organización urbana. Cabe destacar que la Armada Argentina opera hoy desde una base ubicada en el centro de Ushuaia, mientras que la futura instalación requerirá definiciones sobre circulación, servicios y logística en las que participen la Nación, la provincia y el municipio.
Los tres niveles de gobierno integraron una mesa de discusión en la etapa inicial del proyecto. Sobre esto, Vuoto añadió que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, prevé convocar una mesa técnica para conocer las fases de inversión y sus consecuencias locales.
Malvinas, recursos del Atlántico Sur y control parlamentario
Vuoto vinculó la construcción de la base con el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, la defensa de los recursos marítimos y el fortalecimiento de las capacidades militares.
En este sentido, afirmó que contar con un cuartel militar en la ciudad es “un deseo eterno para los fueguinos” y sostuvo que “la causa Malvinas nos debe unir a todos”. A su criterio, una mayor presencia logística puede acompañar la política de soberanía en el Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, cuestionó la posición del presidente Javier Milei sobre Malvinas, a raíz de declaraciones previas del mandatario sobre Margaret Thatcher y el nacionalismo. “Milei termina siendo un accidente en la causa Malvinas”, sostuvo.
También mencionó la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prevé sanciones para las empresas que operen sin autorización argentina en áreas relacionadas con Malvinas. Para Vuoto, la discusión debe incluir la explotación de hidrocarburos, la pesca y las alianzas internacionales.
El jefe comunal afirmó que las empresas Rockhopper y Navitas exploran el área Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas. Atribuyó a esos recursos un valor de USD 180 mil millones, aunque no presentó documentación para respaldar esa estimación.
Entre otras cosas, aseguró además que embarcaciones con permisos isleños extraen 260 mil toneladas anuales de pesca en aguas que consideró argentinas. Frente a esa situación, propuso revisar la estrategia internacional del país sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
Las autoridades nacionales mencionaron una inversión de USD 500 millones para la base, según indicó el intendente, quien pidió precisar la composición del presupuesto y las etapas de ejecución. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero sean sometidos al Congreso.
La caída industrial y la búsqueda de nuevas actividades
La construcción de la base forma parte, para Vuoto, de una estrategia para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. El intendente sostuvo que la provincia perdió 10 mil puestos de trabajo industriales por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron a la producción local de equipos electrónicos.
“Hemos perdido diez mil puestos de trabajo”, afirmó. Y rechazó que la apertura comercial haya reducido los precios de los celulares y sostuvo que el contrabando pasó de representar 13% del mercado a ocupar 70%, sin precisar el período de comparación.
Vuoto defendió el régimen de promoción económica y fiscal establecido por la Ley 19.640. Según su planteo, la norma buscó poblar la Patagonia y consolidar la presencia argentina en una región próxima a Malvinas y Chile.
El intendente expresó respaldo a nuevas inversiones y afirmó que Ushuaia recibiría favorablemente un polo de inteligencia artificial por las bajas temperaturas, los recursos de agua y la infraestructura portuaria. “Generar soberanía es que ni un fueguino más se vaya de Tierra del Fuego”, concluyó.
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