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El Gobierno logró una victoria clave en Diputados: avanzó el super-RIGI y aprobó el acuerdo con los bonistas

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La Libertad Avanza dejó atrás este miércoles la discusión por los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y concentró sus esfuerzos en la agenda legislativa del Gobierno nacional. Con el respaldo de aliados y sectores dialoguistas, el oficialismo consiguió abrir la sesión en Diputados y aprobó el acuerdo con los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda tras el default de 2001, además de dar media sanción al denominado super-RIGI y una serie de tratados internacionales.

Pese a contar con bloques cercanos, el oficialismo enfrentó dificultades para alcanzar los 129 diputados necesarios para el quórum. Uno de los que colaboró para habilitar el inicio de la sesión fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

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Minutos después de iniciada la jornada parlamentaria, la Cámara trató la renuncia de Ravier a su banca por La Pampa y tomó juramento a su reemplazante, Martín Matzkin, dirigente identificado con el sector de Patricia Bullrich y sobrino del exdiputado peronista Jorge “Toto” Matzkin. La ministra de Seguridad siguió la sesión desde uno de los palcos del recinto.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Camara de Diputados/Gustavo Molfino

La Libertad Avanza volvió a contar con el acompañamiento del PRO que conduce Cristian Ritondo, la UCR referenciada en Pamela Verasay y el MID de Oscar Zago. Los tres espacios habían sido determinantes el día anterior para impedir que prosperara la ofensiva opositora para interpelar a Adorni.

Leé también: Sturzenegger defendió en el Senado la reforma de la Ley de Sociedades y el proyecto para crear empresas automatizadas con IA

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También aportaron al quórum y a las votaciones legisladores vinculados a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Los mandatarios Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, colaboraron de manera parcial a través de integrantes de Innovación Federal. A ese esquema de apoyos se sumó además Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.

La polémica por el super-RIGI

Uno de los proyectos centrales de la jornada fue la aprobación del super-RIGI, un régimen orientado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente no tienen desarrollo en el país. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1.000 millones. El proyecto fue aprobado con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.

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Desde Córdoba, los diputados alineados con el gobernador Martín Llaryora rechazaron la iniciativa. Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo sostuvieron que el esquema “sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos”.

La diputada Silvana Giudici (LLA) se saluda con la senadora Patricia Bullrich, presente en la sesión de Diputados. Foto: Cámara de Diputados.
La diputada Silvana Giudici (LLA) se saluda con la senadora Patricia Bullrich, presente en la sesión de Diputados. Foto: Cámara de Diputados.

Los legisladores cordobeses argumentaron además que las retenciones terminarán financiando la reducción de impuestos para las empresas alcanzadas por el nuevo régimen y reclamaron una nueva ley de biocombustibles junto con la prórroga de los incentivos para el uso de autopartes nacionales.

Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano defendió la iniciativa y aseguró que representa “una clara señal para el mundo”. Según explicó, el régimen “crea un sistema de incentivos y seguridad jurídica orientado a estimular grandes inversiones en industrias del futuro hoy inexistentes en el país, como la inteligencia artificial y la biotecnología avanzada, que generen empresas y multipliquen el empleo en el largo plazo”.

Críticas de la oposición

El radical Pablo Juliano cuestionó a los sectores que acompañaron al Gobierno y sostuvo que “los mismos bloques de siempre blindan a Adorni en el Congreso”, al tiempo que criticó la aprobación de una norma que, según afirmó, “tiene nombre y apellido: Peter Thiel, el magnate que vino a llevarse su tajada del experimento libertario”.

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Desde la izquierda, Néstor Pitrola votó en contra y aseguró que “el RIGI no funcionó”. “Solamente ingresaron 720 millones de dólares, Argentina fue última en el registro de Inversión Extranjera Directa (IED), y ahora quieren darles más concesiones a las empresas”, afirmó.

En sentido contrario, el radical Lisandro Nieri destacó los resultados obtenidos hasta el momento por el régimen. “Hoy hay 16 proyectos aprobados y hay 25 proyectos adicionales en evaluación. Los que ya están aprobados son del orden de los 30.000 millones de dólares, con aproximadamente 50.000 puestos de empleo que se crean de forma directa o indirecta. Y los 25 proyectos pendientes por 111.000 millones de dólares”, señaló.

Luz verde al acuerdo con los holdouts

La Cámara de Diputados también sancionó el acuerdo con los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001 y que mantenían litigios en los tribunales de Estados Unidos.

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Martín Matzkin, diputado nacional de La Libertad Avanza. Foto: Cámara de Diputados
Martín Matzkin, diputado nacional de La Libertad Avanza. Foto: Cámara de Diputados

La iniciativa fue aprobada con 138 votos afirmativos y 98 negativos. El convenio contempla el pago de US$171 millones a dos grupos acreedores: Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Durante el debate, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que “hay que dejar de hablar en nombre de los fondos buitres”, mientras que Vanesa Siley recordó que “en el gobierno de Néstor Kirchner sucedió algo que nunca había pasado en la historia: se redujo la deuda y se la pagó”.

Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que el proyecto no especifica “si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de rentas generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.

El cierre del debate estuvo a cargo de Silvana Giudici, quien responsabilizó a las administraciones kirchneristas por el conflicto judicial. “Los gobiernos kirchneristas no reconocen su culpa en este escándalo de la deuda impaga”, afirmó la diputada.

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El convenio aprobado establece el pago de US$67 millones a Bainbridge Ltd. y otros US$104 millones al grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP. La operación deberá concretarse “de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”, según establece el texto sancionado.

Diputados, sesion, RIGI

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Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

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El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.

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El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.

“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.

Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.

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El juez Marcelo Martínez de GiorgiEnrique Garcia Medina

En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.

Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.

La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.

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La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.

Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.

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Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM y candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.

En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.

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Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.

La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Abel Furlán y María Soledad Calle son investigados por la Justicia

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

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Contraofensiva de Furlán

La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.

Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.

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Los abogados de Cristina Kirchner anunciarán “información de relevancia” sobre la presentación ante la ONU por la causa Vialidad

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Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina KirchnerCarlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindarán esta tarde una conferencia de prensa en un hotel porteño para “anunciar una información de relevancia” respecto de la estrategia internacional.

Con la “comunicación individual” presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo. En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.

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Es que Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión –que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111– y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.

Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.

Los abogados de Cristina Kirchner durante la conferencia de prensa por la presentación ante la ONU por la causa VialidadPilar Camacho

La resolución final del Comité adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.

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El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.

Tal como lo hicieron tras el anuncio original de la estrategia, Beraldi, Valim y Borrego, los tres abogados al frente de esta presentación, encabezarán hoy la rueda de prensa. Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la conferencia de prensa pasada, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”.

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El brasileño Valim, profesor universitario especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, la decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.

Por su parte, el español Borrego es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Participó de un congreso organizado por Vox –en el que protagonizó una polémica al simular ser una mujer llamada “Francisca Javiera”– y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias de la ultraderecha europea.

El brasileño Rafael Valim y el español Javier BorregoPilar Camacho

Candidatura

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La estrategia internacional de Cristina Kirchner reactivó la esperanza de La Cámpora respecto de una candidatura presidencial de su jefa política en 2027. La organización que comanda Máximo Kirchner agita un operativo clamor por su postulación. El diputado nacional advirtió que su madre “se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”.

La propia Cristina Kirchner publicó aquel 29 de julio una carta que cerró con una frase que entusiasmó a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”.

Tal como reconstruyó tras la presentación ante la ONU, todos los sectores del peronismo asumen que la jugada internacional –si no prosperara a nivel judicial– podría volver a ubicar a la expresidenta, al menos, en la mesa de negociaciones.

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Máximo Kirchner en el cuarto aniversario del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, en San José 1111Hernan Zenteno

Respecto de una eventual voluntad de participación de la expresidenta en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la defensa planteó una interpretación técnica sobre el alcance de la inhabilitación.

“¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, sostuvo Borrego. Sin embargo, ante la repregunta puntual sobre esa postulación, Beraldi matizó la postura y dijo que está sujeta a cómo avance el proceso “en el plano internacional”.




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