Luego de casi tres semanas marcadas por una fuerte polémica en torno al crecimiento patrimonial y a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Gobierno creen que el “punto máximo” del escándalo “ya se tocó” y apuntan a que a partir de ahora, decrecerá la atención mediática sobre el caso.

Más allá de ese optimismo, que choca de frente con el impacto que mostró en la encuestas (tanto en la imagen de Adorni como la que proyecto sobre el Gobierno en general), en Balcarce 50 se enfocan en retomar la gestión y el control de la iniciativa. En ese sentido, este lunes se concretará una nueva reunión de la mesa política, con la mira puesta en la reactivación de la agenda parlamentaria.

En el Gobierno apuestan también a una nueva conferencia de Adorni, prevista para el miércoles, pese al saldo que dejó la presentación del jefe de Gabinete la semana pasada. Y cifran sus mayores expectativas en mayo, cuando se presente la nueva declaración jurada del funcionario.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración jurada de bienes “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no lo hizo hasta ahora ni ofreció comprobantes de los gastos que quedaron bajo sospecha.

En el Gobierno dan por hecho que las revelaciones periodísticas por los viajes en jet privado a Punta del Este y las nuevas propiedades volverá a filtrarse en la próxima conferencia de Adorni, pero creen que eso “no sería un problema”.

Pero las opiniones están divididas. Mientras algunos funcionarios están convencidos de que Adorni debería ampliar lo que ya dijo, otros creen que debería replegarse y reiterar que mientras haya una investigación en curso no debe expedirse públicamente. De cualquier modo, hay coincidencia en que debe mostrarse y hablar. “Es importante que hable y se siga mostrando como es”, afirmaban.

En el cierre de la semana pasada, en el Gobierno cayó como un regalo del cielo la noticia del fallo favorable en el juicio por YPF en Estados Unidos. La decisión abrió a lugar a una cadena nacional del Presidente y expresiones de todos los funcionarios.

En el palacio gubernamental creen que las polémicas alrededor del jefe de Gabinete tuvieron su “pico máximo” con la filtración del video en el que se lo ve en la pista del aeropuerto de San Fernando caminando rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este. Eso, pese a que en rigor la noticia escaló cuando se conocieron las facturas que contradijeron las afirmaciones del ministro coordinador.

“El impacto fue porque hubo un video, pero eso ya ocurrió. No hay nada más”, insistió una importante fuente de la Casa Rosada, confiada en que a partir de ahora la repercusión debería decrecer. También relativizó las novedades que puedan surgir de los tribunales de Comodoro Py, donde el fiscal Gerardo Pollicita impulsó penalmente la investigación.

“No es algo que nos parezca tan gravitante. Manuel no va a tener problemas con la Justicia. Llegado el caso irá a dar explicaciones y listo”, juran en la Casa Rosada, con una confianza que contrasta con el hermetismo que marcó los días anteriores. “Sin hechos nuevos, el interés se agota”, agregan. “Ya está, ya no hay mucho más”, completó otra fuente.

Los más optimistas esperan al 30 de mayo, cuando vence el plazo para presentar la nueva declaración jurada. “Ahí va a quedar todo aclarado”, aseguran en la Casa Rosada.

En el entorno de Adorni aseguran que “no solo está todo en regla, sino que todo va a figurar en la declaración jurada 2025, que todavía no venció”. Y agregan: “¿Qué pretenden, que tenga declarado cosas de un período que todavía no cerró?”. Eso sería válido si los bienes no hubieran sido adquiridos en 2024 o antes.

Pese al impacto del caso en la imagen de Adorni y del Gobierno en general, cerca del jefe de Gabinete se percibe algo de regocijo sobre lo que puede llegar a suceder con la presentación. Sostienen que en esa fecha quedará “todo aclarado” y apuntan a que se conocerá que el departamento actual del funcionario, en Caballito, “fue adquirido en 2025 con una hipoteca que queda sujeta a la venta del otro departamento”, en referencia a la propiedad de Parque Chacabuco.

Las fuentes libertarias afirman que con la propiedad del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, se verá que “está en regla también” cuando se conozcan la totalidad de los documentos. En ambos casos, no queda claro por qué el funcionario o el Gobierno no anticipan esas explicaciones y dejan que el caso crezca, junto a su impacto político.

“No tengo nada que esconder”, aseguró el jefe de ministros en su conferencia de la semana pasada, 15 días después de comenzada la controversia y a 45 días de su anterior presentación en la Casa Rosada.

La escalada de revelaciones que dejó a Adorni en el centro de la polémica comenzó el 8 de marzo, luego de que se conociera que su esposa viajó en el avión oficial a Nueva York. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni informó sobre el vuelo privado de la familia Adorni para pasar carnaval en Punta del Este, y pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: la casa en el country, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito donde vive la familia.

Apoyos y agenda

Adorni sumó apoyos desde que comenzaron las sospechas en su contra, pero en especial la última semana, cuando los ministros hicieron fila para respaldar al jefe de Gabinete, en espejo con los hermanos Milei. A eso se sumó una agenda hiperactiva del funcionario, con una seguidilla de encuentros con ministros y un acto, el viernes, junto a Javier y Karina Milei.

El objetivo del Gobierno es mantener esa dinámica. “La idea es hacer la reunión de la mesa política lunes”, afirmaban en Balcarce 50. En esa reunión se tratarán detalles de los proyectos legislativos que presentará cada ministerio de cara a los próximos dos años de gobierno.

WASHINGTON.- En su informe anual se 2025, que traza un panorama sobre toda la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó “desafíos relevantes en independencia judicial” y retrocesos “en seguridad social” para jubilados en la Argentina, al tiempo que destacó avances en la reducción de la pobreza.

La CIDH, órgano de la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, puso el foco respecto a los desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial la decisión del presidente Javier Milei de febrero pasado de designar por decreto en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, sin previa aprobación del Senado. Finalmente, en abril, la Cámara alta rechazó los pliegos de ambos.

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho”, remarcó el informe de la CIDH, que también observó retrocesos en seguridad social de personas mayores, con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como “denuncias de represión en protestas pacíficas”.

En ese sentido, reportó “desafíos para la participación ciudadana”, y recordó la “violencia” registrada durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, parte de las manifestaciones contra las reformas de austeridad de la administración libertaria.

“En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas y 114 detenidas. Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resulto gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno”, señaló, en referencia a Pablo Grillo.

En aquel momento, la organización internacional Human Rights Watch había reclamado a las autoridades argentinas que investigaran la represión policial en la marcha y pidió revisar el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad para contener los piquetes.

Respecto a la situación de personas mayores en la Argentina, la CIDH hizo énfasis en que el Gobierno “puso fin a la política de medicamentos gratuitos para jubilados que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total”, ademas del congelamiento de “bonos pensionadles” y el veto a la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

“Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos”, señaló el informe, que tiene capítulos dedicadas a cada país dela región.

En otro punto, sobre la situación de personas con discapacidad, la CIDH indicó que el Gobierno informó sobre avances de la nueva normativa para la certificación de discapacidad y la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (Fonadis).

Sin embargo, también observó muchas manifestaciones lideradas organizaciones de personas con discapacidad “en rechazo a ajustes y reformas que van en detrimento de sus derechos”.

“Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional de Discapacidad [Andis] suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas, al tiempo que se tomó nota de la investigación contra la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario [Karina Milei] por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas mayores», señala el informe.

Luego del escándalo por el caso de presuntos sobornos, en diciembre Milei disolvió la Andis y sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud. La dependencia causó uno de los mayores problemas al Presidente en los dos primeros dos años de gestión, luego de que se filtraran audios que se le adjudicaron a su entonces titular, Diego Spagnuolo, que en ese momento era un funcionario de confianza del líder libertario y que incluso había oficiado como su abogado.

El caso estalló en plena campaña con la difusión de los audios grabados de manera clandestina y atribuidos a Spagnuolo, en los que se aseguraba que tanto Karina Milei como su mano derecha Eduardo “Lule” Menem cobraban coimas en la Andis de parte de las farmacéuticas, a través de la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker. En la Casa Rosada siempre negaron esas acusaciones.

Respecto a los avances registrados por la CIDH en 2025, el órgano de la OEA destacó que los datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año. “Unicef destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades”, señaló.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), publicado el 1 de abril, en 2025 la pobreza mostró un retroceso significativo y cerró el año en 28,2%, lo que implicó una caída interanual de casi 10 puntos. Es el valor más bajo en siete años.