POLITICA
El Gobierno nacional reglamentó un capítulo clave de la reforma laboral
Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.
La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.
De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empeados deberán cumplir con una serie de requisitos.
El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.
Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.
El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.
En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.
La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.
Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.
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Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.
De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.
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POLITICA
Después de semanas complejas, el Gobierno hace esfuerzos para retomar la actividad y recuperar la agenda de gestión
Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.
“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.
Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.
En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.
Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.
“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.
En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.
La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.
En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.
Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.
Para concretar los deseos del mandatario, La Libertad Avanza sabe que necesita la cooperación de los aliados del PRO y de los gobernadores socios. Entre las filas oficialistas se conversó sobre el tema, y algunos integrantes del reducido círculo designado por Milei aseguran que reina la idea de negociar en paralelo acuerdos electorales y legislativos con los representantes provinciales.
“La dicotomía negociar o no negociar es tonta. Hace falta un blindaje político al gobierno para blindar el programa. Si no hay articulación que ordene los objetivos, entramos en problemas”, admitió ante este medio una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
No es casual que en Balcarce 50 se haya habilitado una serie de alternativas, que giran en torno a la suspensión como en 2025 o la quita de la obligatoriedad, en caso de que los aliados reafirmen su negativa a habilitar la eliminación de las PASO contemplada en la reforma electoral.
La secretaria general de la Presidencia parece haber comprendido la premisa y desde principios de abril activó la mesa electoral con gobernadores socios, en la que se combinan el debate por futuras alianzas y temas de gestión. En los próximos días, reeditará sus encuentros en Casa Rosada.
Es en esa clave que el ministro del Interior, Diego Santilli, quien supo ganarse la confianza de la menor de los Milei, tiene previsto retomar la agenda de viajes al interior, y este martes visitará la sede del PRO en la calle Balcarce, en San Telmo, para reunirse con el titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y un grupo de jefes comunales.
Pese a que desde el armado se reservan las principales definiciones para después del Mundial 2026, trabajan en el trazado de los primeros contactos y la organización de actividades preliminares a lo que será la compleja campaña electoral rumbo a 2027.
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POLITICA
Ofensiva contra el poder territorial de Pro: LLA presiona por recortes en la Ciudad y apunta contra los comuneros
La Libertad Avanza (LLA) presiona por recortar gastos en la ciudad de Buenos Aires y arremetió contra una de las principales unidades de política territorial: las juntas comunales. El partido de Javier Milei impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para reformar la ley de comunas y que el 86% de sus integrantes cumplan funciones ad honorem. El proyecto tensiona aún más la relación con Pro, que rechaza los cambios en una de las áreas donde concentra mayor injerencia.
La Capital Federal está dividida en 15 comunas. Se trata de unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial encabezadas por una junta comunal de siete miembros: un presidente con facultades ejecutivas y seis comuneros. Es decir, en total, la ciudad cuenta con 105 representantes locales.
Ahora, LLA busca avanzar sobre esa estructura. El artículo 30 de la Constitución de la ciudad fija el número de integrantes de la junta comunal, por lo que achicar esa cifra −como pretendía originalmente el partido violeta− requeriría de una mayoría especial de 40 votos. Para sortear esta dificultad, en el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, optaron por un camino alternativo.
“Desde LLA estamos presentando un proyecto para reformar la ley de comunas con el cual estamos buscando que solamente cobren los 15 comuneros que tienen funciones ejecutivas y que el resto tengan cargos ad honorem, para porteños que realmente quieran participar”, aseguró Pilar Ramírez en sus redes sociales.
Así, el 86% de los cargos actuales pasarían a tener costo cero para el Estado. Bajo el esquema propuesto, solo los presidentes de comunas continuarían percibiendo una paga mensual.
Según estimaciones de LLA, el gobierno de Jorge Macri hoy gasta alrededor de $5300 millones al año en salarios para las juntas comunales. Según establece la ley 1777 de Comunas, aprobada en 2005, a cada comunero le corresponde un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño. El presidente del órgano, en cambio, percibe el 70%.
Según reconstruyó , hoy en día, un comunero cobra, por mes, alrededor de $4 millones netos. Si se toma como referencia esa cifra, los 90 comuneros −seis por cada una de las 15 juntas, excluyendo a su presidente− representan un gasto mensual total neto de al menos $360 millones.
Es el costo que LLA pretende eliminar y que, según sus estimaciones, podría ascender a $380 millones mensuales. “Menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños”, afirman en el bloque. En un año, según los cálculos de este medio en base a los valores netos, el ahorro sería de $4320 millones, lo que representa el 0,02% del presupuesto total de la ciudad, que, para 2026 y sin la ampliación prevista, ronda los $17,3 billones.
Más allá del argumento económico, en el partido violeta se apoyan en una agenda que busca maximizar la eficiencia estatal y la simplificación de estructuras. En línea con lo que plantea Javier Milei a nivel nacional −pero ajenos a las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los gastos no declarados de los funcionarios nacionales de La Libertad Avanza− pretenden avanzar sobre lo que consideran “cargos sin contenido”. Sucede que, con un proceso descentralización que aún no se completó en su totalidad, las comunas todavía cuentan con facultades propias limitadas.
Actualmente, las juntas comunales tienen dos funciones centrales: arbolado −desde poda y reposición hasta mantenimiento de veredas aledañas− y cuidado de los espacios verdes. Son las competencias exclusivas de estos órganos descentralizados.
Según explicaron comuneros a , se encargan también de preservar el patrimonio cultural de los distintos barrios y realizar relevamientos en materia de seguridad, escuelas, hospitales, transporte y grandes obras urbanas para elevar a la jefatura de gobierno. Comparten, así, competencias con el Poder Ejecutivo central y funcionan como un primer nexo entre el vecino y la cúpula porteña.
En este contexto, en LLA apuntan contra la superposición de funciones y relativizan la efectividad de las comunas para acercar las demandas de la ciudadanía al gabinete macrista.
“La experiencia acumulada permite afirmar que la percepción de los porteños −lejos de ser exagerada− es que las comunas han operado, en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial”, argumentan en el proyecto remitido a la Legislatura a mediados de abril.
En Pro lo desmienten. “Cuando la comuna cuenta con el financiamiento y las atribuciones adecuadas es una herramienta excelente, pero vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta”, sostuvo Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a .
El funcionario porteño y armador de Pro a nivel nacional consideró que la iniciativa libertaria “propone un alejamiento peligroso de la agenda real del vecino”. “Al convertir el trabajo de seis de los siete comuneros en una tarea ad honorem y centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta, se rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio”, continuó.
Entre los comuneros amarillos hay malestar por el proyecto que apunta contra su trabajo diario y rompe con la lógica colegiada amparada por la Constitución. Es que, en la práctica, la reforma propuesta termina concentrando el poder en una única figura.
En términos políticos, no es un dato menor. En la bancada que conduce Ramírez se jactan de haber salido primeros, en los comicios locales de mayo pasado, en nueve de las 15 comunas frente a Pro y Fuerza Patria. En LLA confían en poder replicar ese resultado el año que viene, cuando se deba elegir jefe de gobierno, 30 legisladores y 105 comuneros.
De lograrlo, podrían quedarse con la presidencia de la mayoría de las juntas comunales y poner en jaque la influencia territorial que hoy ostenta Pro. Con el presidente comunal concentrando todo el poder de decisión, los demás miembros perderían centralidad.
Bajo la configuración actual, producto de las elecciones de 2023, el partido de Milei cuenta con 12 comuneros. De acuerdo al proyecto impulsado por LLA en la Legislatura, ninguno de ellos percibiría un ingreso mensual dado que ninguno preside una junta. La mayoría de las presidencias (13 de 15) están en manos de los exaliados de Juntos por el Cambio −Pro y UCR−, mientras que el PJ preside las dos restantes. En las próximas elecciones, de replicarse los resultados del 2025, esa distribución podría cambiar radicalmente.
recortar gastos en la ciudad,pic.twitter.com/IT8j7A6Vzq,April 30, 2026,Abigail Contreiras Martínez,La Libertad Avanza,Legislatura Porteña,Jorge Macri,Conforme a,La Libertad Avanza,,El Adornigate, el muerto y el degollado,,Lilia Lemoine lo bloqueó. Un diputado del PJ se acercó a Adorni durante la sesión y le dio un papelito,,»Tranquilícese». El mensaje de Pergolini a Milei: “Entienda que es el presidente y afloje con el Twitter”
POLITICA
Nuevo Código Penal: el Gobierno debate si enviar al Congreso un proyecto acotado o una reforma integral
La Casa Rosada sigue discutiendo la reforma del Código Penal. En Balcarce 50 conviven diferencias sobre el alcance del proyecto, el formato de envío y la interpretación de una decisión que Javier Milei tomó antes de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La tensión ya se metió de lleno en la interna por el control del área entre Karina Milei y Santiago Caputo.
En el Gobierno sostienen que la instrucción presidencial durante el verano fue no enviar un código completamente nuevo, sino una reforma amplia del Código Penal vigente.
La explicación que dan es política: un texto enteramente nuevo obligaba al oficialismo a fijar posición sobre temas sensibles, entre ellos el aborto, al reemplazar integralmente el régimen actual.
Es por eso que, aseguran, la idea de un “nuevo código” fue más discursiva que jurídica y lo que en verdad se buscaba era una modificación profunda, pero sin abrir esa discusión. Es en ese punto donde aparecen las diferencias tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete.
En el entorno del asesor acusan a Mahiques de haber interpretado a su favor aquella definición de Milei y de haberla usado para dejar de lado la reforma integral que ya se venía trabajando.
Sostienen que el ministro tomó el criterio de no mandar un código nuevo como argumento para avanzar con su propio esquema: un proyecto recortado ahora y una reforma más amplia más adelante.
En Justicia rechazan esa acusación. Cerca del ministro mantienen la postura de que lo acordado con el Presidente fue justamente avanzar de esa forma: enviar primero una reforma en partes y dejar para una etapa posterior la discusión de un nuevo Código Penal.
En ese esquema, explican, el proyecto reducido sigue en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma presidencial para ser remitido al Congreso, mientras que el resto de la iniciativa permanece en el ministerio.
Las tensiones se reavivaron luego de que circulara en la Casa Rosada la versión de que en la última reunión de mesa política se definió avanzar con el envío de la reforma completa. En el Ministerio de Justicia rechazan esa lectura y sostienen que no se remitirá por ahora un código nuevo, sino la versión reducida. “No hubo órdenes en otro sentido”, agregan.
La discusión, en rigor, no es solo técnica. Quedó atravesada por la pelea entre los sectores que orbitan alrededor de Karina Milei y Santiago Caputo por el manejo de Justicia.
Leé también: El Gobierno descarta abrir un diálogo con la CGT y prepara una reforma sindical para el segundo semestre
En un sector sostienen que se está tergiversando la definición original del Presidente y en el otro responden que la interpretación que hoy se cuestiona fue la que se habló con Milei y la que sigue vigente.
En Balcarce 50 reconocen que todavía no hay una estrategia cerrada sobre cómo se enviará el proyecto ni quién se encargará de defenderlo en el Congreso.
La idea que circula hoy en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo, pero por ahora no hay una hoja de ruta definida ni un acuerdo político consolidado con aliados para avanzar con el tema. La reforma corta incluye capítulos que el oficialismo considera más defendibles en términos políticos y con mayor viabilidad parlamentaria.
Entre ellos figuran nuevas tipificaciones y agravamiento de penas para delitos migratorios, estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, armas en cárceles y picadas.
El resto de la discusión, que abarca el rediseño más amplio del Código, quedó otra vez sujeto a una interna que ya desbordó el plano jurídico. En el Ejecutivo insisten en que la reforma penal sigue en carpeta y que no fue postergada formalmente.
Casa Rosada, codigo penal
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