El Gobierno evalúa convocar al Gabinete la semana próxima y retomar el esquema de conferencias en medio de las tensiones internas que generó la situación patrimonial de Manuel Adorni. En la Casa Rosada buscan ordenar la comunicación oficial, mostrar actividad de gestión y correr el foco de las contradicciones que dejó la explicación del jefe de Gabinete sobre su declaración jurada.

La posibilidad es analizada en el entorno del ministro coordinador, que pretende retomar la iniciativa después de varios días marcados por el impacto político de su presentación ante la Oficina Anticorrupción, las dudas por el origen de los fondos que atribuyó a inversiones en bitcoin y la aparición de videos con declaraciones anteriores que contradicen parte de su relato.

En Balcarce 50 sostienen que Adorni sigue firme en el cargo y que Javier Milei quiere dar el tema por terminado. El Presidente no tiene previsto convocar a otro vocero y busca que el jefe de Gabinete vuelva a ocupar un rol central, aunque en distintos sectores del oficialismo admiten que ya no podrá recuperar el perfil confrontativo que tuvo durante los primeros dos años de gestión.

La reunión de la mesa política de este jueves no alcanzó para despejar las tensiones. Según pudo saber TN, durante el encuentro hubo un cruce entre Adorni y Patricia Bullrich, después de que la senadora calificara como una “omisión ética” la situación patrimonial del jefe de Gabinete. El intercambio duró cerca de cinco minutos y el ministro coordinador le pidió que plantee sus cuestionamientos en privado antes de hacerlos públicos.

La escena expuso una interna que en el Gobierno siguen con atención. Bullrich ya había marcado diferencias con Adorni antes de ingresar a la reunión y sus declaraciones generaron malestar en el entorno del funcionario. En la Casa Rosada reconocen que el caso dejó incomodidad dentro del Gabinete, aunque insisten en que la continuidad del jefe de Gabinete no está en discusión.

El encuentro estuvo encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt. Luis Caputo no asistió por un viaje por asuntos personales, según indicaron en su entorno. La reunión buscó mostrar continuidad política, revisar la agenda legislativa y recuperar el control de la agenda pública.

Después de la mesa política, Adorni anunció que en julio irá al Senado para presentar el informe de gestión del Gobierno. En la Casa Rosada reconocen que el caso afectó la dinámica comunicacional del Gobierno. En distintos despachos sostienen que la explicación de Adorni estuvo más enfocada en una estrategia judicial personal que en una respuesta política. Los abogados del jefe de Gabinete quedaron conformes con la presentación, pero en el Ejecutivo admiten que el resultado fue negativo desde el punto de vista público.

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La aparición de videos anteriores sobre bitcoin profundizó el desconcierto. Adorni dijo esta semana que empezó a incursionar en esa criptomoneda en 2013 y que invirtió fuerte desde 2014. Sin embargo, en un registro de 2020 relató una experiencia distinta y ubicó su primer contacto con ese mercado en un momento posterior. En otro video, de 2022, había mostrado desconfianza sobre bitcoin como inversión por su volatilidad.

Esas contradicciones se suman a las que ya habían quedado expuestas con sus declaraciones anteriores sobre su patrimonio. En marzo, Adorni aseguró en Casa Rosada que todo lo que tenía que declarar estaba declarado. En abril, durante su exposición en Diputados, sostuvo que no había existido ocultación alguna. Esta semana admitió que tuvo ahorros no declarados, hizo rectificaciones patrimoniales y dijo que parte de su patrimonio provenía de operaciones con criptomonedas.

En el Gobierno insisten en que el caso deberá resolverse en la Justicia. La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que ahora analizará el origen de los fondos que Adorni atribuyó a bitcoin. La mesa chica del Gobierno apuesta a que los resultados del programa económico ayuden a desplazar el centro de la discusión política. En la Casa Rosada remarcan la baja de la inflación, la caída del riesgo país y la mejora de los activos argentinos como señales que el oficialismo quiere volver a instalar en la agenda pública.

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En otra muestra del avance de la reforma laboral del Gobierno, se acaba de homologar el primer convenio colectivo de trabajo que contempla la aplicación del “salario dinámico”, una propuesta libertaria que es una de las innovaciones de la Ley 27.802 y rechaza la CGT.

Esta iniciativa, que es una suerte de diferencial por mérito, figura en el artículo 104 bis de la Ley de Modernización, a partir del cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa, como anticipó Infobae, ya se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial en el convenio colectivo que suba o baje en función del precio del petróleo.

Pero el “salario dinámico” ya debutó en la nueva ronda de negociación de los convenios colectivos: forma parte del acuerdo que fijó un aumento salarial del 6,3% para los trabajadores de casas particulares (servicio doméstico) en el período abril-julio de 2026, en cuatro tramos del 1,8%, 1,6%, 1,5% y 1,4%, y que, además, incluye incrementos del 50% para la suma no remunerativa de 20 mil pesos y del adicional por zona desfavorable.

Más allá de la mejora salarial, firmada el 30 de abril entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los sindicatos del sector, es la cláusula 8 del convenio, que establece lo siguiente: “Dejar constancia que los salarios convenidos en el presente acuerdo resultan los mínimos establecidos legalmente, no obstando el componente dinámico de las remuneraciones a fin de que las partes individualmente consideradas del vínculo laboral puedan negociar por encima de ellos».

La CGT objetó en duros términos el “salario dinámico” porque habilita los aumentos temporales en función de la productividad y el rendimiento de las empresas. El dirigente Héctor Daer (Sanidad) lo calificó de “delirio” y advirtió que “promueven un sistema individualista y desigual que no existe en ningún lugar del mundo”.

Sin embargo, en el caso del primer convenio colectivo que incluyó esta innovación, sucede lo contrario de lo que temía la CGT. Juana del Carmen Brítez, secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), dijo a Infobae que “el problema que tenemos en el sector, que es totalmente diferente a los demás, es que los empleadores tomaban el salario básico que se fijaba en el convenio como tope a pagar y a las trabajadores les costaba lograr una mejora, y ahora, con esta cláusula, se convierte en un piso”.

“Ese punto es importante para nosotros porque está dando la posibilidad al trabajador y al empleador de que entiendan que las cifras son un piso y que de ahí en más el trabajador puede pedir un aumento por encima”, dijo la dirigente, que también es presidenta de la FITH (Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar).

Britez, además, resaltó: “Nosotros vamos a seguir teniendo paritarias porque la comisión tripartita (que fija los aumentos) va a seguir trabajando”.

De todas formas, la sindicalista aclaró que, pese a haber avalado el “salario dinámico”, no está de acuerdo con la reforma laboral del Gobierno. Según Britez, “afecta a nuestro sector porque ya en el primer artículo excluye al personal de casas particulares y después nos perjudica cuando contempla de 6 meses de antigüedad sin indemnización si a la trabajadora se la despide”.

“Salarios dinámicos”, una apuesta del Gobierno

La propuesta oficial, además del objetivo de que los aumentos salariales dejen de seguir una pauta automática en un contexto de baja inflación y pasen a depender de resultados y condiciones concretas, apunta a modificar la lógica de los convenios: ya no se trataría de pisos mínimos, sino de valores de referencia que funcionarían como techos, desde los cuales cada unidad productiva podría acordar internamente.

La premisa es que un esquema así permitiría adaptar mejor los ajustes salariales a realidades muy heterogéneas. En un mismo convenio conviven firmas grandes y pymes, regiones con distinta estructura de costos y sectores con ciclos disímiles. La iniciativa busca que esas diferencias puedan trasladarse a la mesa de cada empresa con acuerdos específicos. En ese marco, los convenios seguirán existiendo, pero su función sería la de orientar y ordenar en lugar de fijar un umbral rígido.

Al defender el “salario dinámico” en el Coloquio de IDEA, en octubre pasado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo: “La igualdad salarial por igual tarea significa también que quien aporte más perciba un mejor salario. Si se fija el máximo para todos sólo se genera desempleo. Nos importa mucho el salario real y que pueda ajustarse en forma dinámica”.