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POLITICA

El Gobierno presentó un proyecto parlamentario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario

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El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria EFE/ Adan González

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, la norma que desde octubre de 2025 está judicializada tras la decisión del Ejecutivo de suspender su ejecución por falta de fuentes de financiamiento. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya convocó a todas las universidades del país para que informen las necesidades de sus hospitales, según una nota enviada a las casas de altos estudios.

La iniciativa, firmada el 18 de febrero de 2026 por Milei, Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las partidas previstas en la Ley de Presupuesto 2026.

A diferencia de la norma vigente, el proyecto incorpora de forma expresa las fuentes de financiamiento, el punto que el Ejecutivo señaló siempre como el talón de Aquiles de la Ley 27.795.

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El trasfondo político y judicial es denso. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en octubre de 2025 por el incumplimiento de la ley. En diciembre de ese año, el juez Martín Cormick ordenó su aplicación inmediata. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa cautelar el 31 de marzo de 2026. Pero el 7 de mayo, la misma sala concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno, por lo que la medida cautelar quedó suspendida hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le dijeron a Infobae que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta “formal” del Gobierno. Fuentes oficiales le aseguraron a este medio que, desde el Ministerio de Capital Humano, organismo del que depende la subsecretaría de Políticas Universitarias, afirmaron que los rectores están interiorizados de la propuesta oficial, que se mantuvieron conversaciones “informales con el CIN” y que la Casa Rosada avanzaría con la nueva normativa solo si “se retira la cautelar” que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo con el IPC.

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El nuevo proyecto modifica los artículos centrales de la Ley 27.795. En materia presupuestaria, establece que los fondos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se ajustarán si la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC supera el 14,3% anual, valor tomado como referencia para la confección del Presupuesto 2026. De esa forma, el texto intenta blindar el poder adquisitivo de las partidas universitarias frente a una inflación mayor a la proyectada.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la recomposición presupuestaria para los hospitales universitarios. El texto incrementa en $80.072.460.000 el crédito de la Actividad Presupuestaria 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema de salud universitario. La convocatoria del Ministerio de Capital Humano a las universidades para que reporten sus necesidades sanitarias se enmarca precisamente en ese punto.

El Gobierno ya convocó a todas las universidades del país para que informen las necesidades de sus hospitales, según una nota enviada a las casas de altos estudios

En cuanto a salarios, el proyecto prevé una recomposición escalonada para el personal docente y no docente: un incremento del 4,1% a partir del 1° de marzo de 2026, otro 4,1% desde el 1° de julio y un tercer tramo del mismo porcentaje desde el 1° de septiembre, todos calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias al mes siguiente de la sanción de la ley, con una frecuencia máxima de tres meses entre ronda y ronda.

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El Ejecutivo sostiene que la norma subsana la deficiencia central de la Ley 27.795: la ausencia de una fuente de financiamiento concreta. Según el proyecto, los gastos serán afrontados por la Jurisdicción 88 del Ministerio de Capital Humano, y si el gasto excediera el crédito disponible, el exceso se cubrirá con partidas de la Jurisdicción 91. Esa previsión, argumenta el oficialismo, evitaría la suspensión automática que establece el artículo 5° de la Ley 24.629 para toda norma que autorice gastos sin identificar su financiamiento —el mismo argumento que la Cámara ya rechazó respecto de la ley anterior.

Los objetivos del Programa 26 que el proyecto define incluyen garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes; ampliar la oferta de carreras según las necesidades estratégicas del país; fortalecer la investigación y la extensión universitaria; e incrementar las becas para los sectores más vulnerables.

La propuesta llega al Congreso con la firma de los cuatro funcionarios de mayor rango del Ejecutivo y con el pedido de pronta sanción. Hasta ahora, el proyecto no se trató en las comisiones parlamentarias. Desde La Libertad Avanza intenta llegar a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional que el pasado 13 de mayo realizó la cuarta marcha contra el gobierno de Milei y fue multitudinaria.

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Reforma laboral: qué cambia para los trabajadores con la revisión de más de 100 convenios colectivos vencidos

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El Gobierno se prepara para dar un paso clave en su plan de reforma laboral. La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, planea convocar a partir de esta misma semana a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos. Apunta a encarar la reconfiguración profunda del mapa de las relaciones laborales en la Argentina.

Las convocatorias se producirán a una semana de la publicación de los decretos 407 y 408, que reglamentaron puntos centrales de la reforma laboral: descentralización de la negociación colectiva, el impulso a convenios por empresa y recorte de aportes a los gremios.

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Trabajo tiene 30 días para llamar a las partes a rediscutir los convenios colectivos caídos tras el fin de la ultraactividad.

Según puedo saber TN, esas convocatorias se iniciarán en los próximos días y desde los gremios volvieron a rechazar la reforma laboral y advirtieron que podrían convocar a un nuevo paro general.

Una revisión masiva de convenios habilitada por el fin de la ultraactividad

La reglamentación de la reforma laboral, que el Gobierno hizo el lunes 1 de junio mediante dos decretos, incluyó el artículo 137 por el cual dio de baja la actualización automática de los convenios colectivos de más de un centenar de activdades, más conocido como “ultractividad”.

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Por eso, como informó TN, la Secetaría de Trabajo quedó habilitada para iniciar en 30 días el procedimiento de convocatoria a los sectores -gremios y cámaras empresarias con convenios colectivos vencidos para rediscutir esas reglas por actividad.

El plazo para que las nuevas condiciones para cada actividad se pongan en marcha es el 1 de enero de 2027. En ese marco se inscriben el cambio de horas extra por banco de horas, la extensión de la jornada de trabajo hasta las 12 horas y el llamado “salario dinámico”, es decir mejoras en los sueldos no por acuerdo paritario sino por productividad.

El FreSU, que está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros sindicatos, rechaza la reforma laboral. (Foto: ATE).

Todo debe ser renegociado por sector, aunque los gremios ya avisaron que rechazan los cambios y no descartan nuevas presentaciones judiciales para intentar frenarlos. Entienden que el nuevo marco plantea “una pérdida de derechos”.

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El mundo laboral cambió. Los convenios de los ’70 son obsoletos. Además hay matices. Por un lado, hay empresarios y gremialistas que tienen una relación muy aceitada y estiman que no surgirán grandes problemas, pero otros empresarios enfrentan gremios combativos. Mientras hay empresas que prefieren renegociar a nivel de actividad, habrá otras que prefieran hacerlo a nivel de unidad productiva.

En la reglamentación de la reforma laboral, además, el Ejecutivo avanzó en que en las negociaciones colectivas, solo podrán participar las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias que acrediten representación suficiente, con un piso mínimo del 10% de los trabajadores comprendidos en el ámbito correspondiente.

También se precisó el alcance de las cargas económicas previstas en los convenios colectivos, incluyendo aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica, sin importar la denominación que las partes le asignen.

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Además, se reglamentó el sindicato de empresa o grupo de empresas. Los trabajadores que busquen representarse y dejar de lado al sindicato con personería jurídica deberán inscribirse, contar con seis meses como mínimo con una cantidad de afiliados superior al 5% de la existente, documentación para acreditarlo —cuotas de afiliación, recibos de sueldo con retenciones u otras certificaciones- y un plazo de 45 días para que la Secretaría de Trabajo se expida.

Esos cambios buscan “fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal. Representación sindical sí, monopolios eternos no”, remarcó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien celebró los cambios reglamentados.

reforma laboral, Gremios

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POLITICA

Mariano Pérez, el periodista que respaldó a Milei desde sus inicios, habló de la interna en el Gobierno

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A seis años del nacimiento del medio Break Point, el periodista Mariano Pérez repasó su historia dentro del ecosistema libertario y reflexionó sobre el presente de Javier Milei, la interna de La Libertad Avanza y el futuro político del espacio. En una entrevista con Infobae A las Nueve, el creador del sitio habló de su rol en la batalla cultural, recordó sus primeros años junto al actual Presidente y dejó definiciones sobre la economía, la oposición y los desafíos del oficialismo.

Pérez acompaña a Milei desde antes de su llegada al Gobierno. El periodista señaló que comenzó con su canal de YouTube hace seis años y destacó que Break Point nació el 18 de junio de 2020, durante la pandemia. Según explicó, antes trabajaba en Necochea vinculado al periodismo deportivo y luego orientó su actividad hacia la política.

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Durante la entrevista, también repasó el crecimiento de su proyecto digital. Actualmente Break Point reúne a 1,6 millones de seguidores y afirmó que vive de esa actividad. “Hoy en día realmente estar en una posición donde mucha gente me está siguiendo y mucha gente apoya lo que es el canal, que la verdad es una locura”, expresó.

Break Point, Milei y el inicio del proyecto

Pérez respaldó las ideas de Milei desde los primeros años de exposición pública del actual mandatario. “Desde los inicios bancando estas ideas”, afirmó al recordar la creación de Break Point y su transición hacia la cobertura política.

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El periodista explicó que siempre quiso dedicarse a la comunicación. Incluso contó que durante su infancia imaginaba una carrera ligada al relato deportivo. “Yo quería ser Mariano Closs cuando tenía diez años”, señaló. Sin embargo, luego orientó su trabajo hacia los temas políticos y aseguró que disfruta esa actividad.

Consultado sobre su vínculo con Milei, aclaró que nunca mantuvo una relación cotidiana con el Presidente. Explicó que lo veía con frecuencia durante la campaña electoral, aunque evitó construir una imagen de cercanía permanente. “Nunca fui de molestarlo mucho por WhatsApp”, afirmó.

Críticas internas y diferencias dentro de La Libertad Avanza

Al mismo tiempo, el periodista se refirió a dirigentes del oficialismo. Pérez cuestionó algunas actitudes hacia militantes y referentes que acompañaron a Milei desde los comienzos del espacio político.

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“No me ha parecido que haya sido correcto lo que dijo Martín Menem sobre el Gordo Dan”, señaló. También consideró innecesarias ciertas discusiones públicas impulsadas desde cargos relevantes del Gobierno.

En materia de economía y elecciones, Mariano Pérez dijo que ve una Argentina más normal, con menos foco en el dólar, y aseguró que Milei reelige REUTERS/ Tomas Cuesta

En ese contexto, defendió el derecho a formular críticas dentro del espacio libertario. “Está bueno poder hacer críticas”, afirmó. Además, sostuvo que apoyar el proyecto político no implica coincidir con todas las decisiones o figuras que forman parte de la estructura oficial.

Pérez también negó versiones que indicaban que había sido desplazado de posibles candidaturas. Explicó que recibió propuestas para ocupar cargos o integrar listas, pero aseguró que decidió mantenerse fuera de la función pública. “Me interesa más dar la batalla cultural desde afuera”, afirmó.

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La batalla cultural y el debate político

El creador de Break Point insistió en diferenciar la batalla cultural de la gestión política. Según explicó, ambas dimensiones se complementan, aunque cumplen funciones distintas.

Pérez sostuvo que la batalla cultural permite explicar y defender determinadas ideas frente a lo que considera interpretaciones erróneas impulsadas por sectores opositores. También remarcó que muchas de las personas involucradas en esa tarea no buscan convertirse en funcionarios.

Al analizar la dinámica interna del oficialismo, reconoció que pueden existir desacuerdos sobre estrategias políticas o negociaciones legislativas. Sin embargo, consideró que la batalla cultural conserva coherencia y cuenta con referentes comprometidos.

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Economía, oposición y perspectivas electorales

En materia económica, Pérez expresó una visión positiva sobre la gestión de Milei. Señaló que percibe un clima de mayor normalidad respecto de períodos anteriores y destacó la menor centralidad del dólar en la conversación pública.

Veo gente contenta, esperanzada, que está viendo una situación más normal hoy en día en la Argentina”, afirmó. También reconoció que persisten desafíos, aunque sostuvo que el rumbo económico genera expectativas favorables entre quienes siguen su trabajo.

Respecto de las próximas elecciones presidenciales, se mostró convencido de que Milei obtendrá un nuevo mandato. “No tengo duda de que Milei reelige”, aseguró. De todos modos, aclaró que el resultado dependerá de las candidaturas y alianzas que surjan en la oposición.

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Al referirse al gobernador bonaerense Axel Kicillof, consideró que atraviesa una etapa de indefinición política y cuestionó su capacidad para movilizar a la militancia kirchnerista.

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Yuval Noah Harari destacó a Milei como un político audaz, pero cuestionó su idea de darle personalidad jurídica a la inteligencia artificial

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El avance de la inteligencia artificial sigue generando variados análisis y encendidos debates en todo el mundo. En ese contexto, Yuval Noah Harari lanzó una advertencia sobre la intención de darle personería jurídica a la inteligencia artificial porque -sostuvo- podría abrir el sistema económico y político a agentes no humanos sin responsabilidad directa.

En una columna publicada en Financial Times, titulada “No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA”, el reconocido historiador, filósofo y escritor afirmó que conceder ese estatus equivaldría a dar “una llave maestra” para acceder a las finanzas, la economía y la política.

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El autor de Nexus situó el debate en una decisión reciente de Javier Milei: recordó que en enero, durante el Foro Económico Mundial, había advertido que los gobiernos algún día podían llegar a reconocer personalidad jurídica a modelos de IA, y admitió que no imaginó que ese escenario llegaría apenas cuatro meses después

El ensayista identificó como punto de inflexión el anuncio del Presidente argentino sobre una nueva categoría legal para corporaciones no humanas. “Milei es un político muy audaz, y su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, destacó en su columna de opinión. “Tiene razón cuando afirma que la creación de la sociedad de responsabilidad limitada fue uno de los inventos más trascendentales de la historia y que la creación de sociedades no humanas podría ser un paso igualmente trascendental”, apuntó a modo de introducción.

Sin embargo, luego advirtió: “Otorgar personalidad jurídica corporativa a la inteligencia artificial permitiría a los agentes de IA emprender numerosas iniciativas nuevas, lo que podría generar una enorme riqueza adicional. Pero la personalidad jurídica es una llave maestra que también permitiría a la IA acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto genera muchas preocupaciones”.

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A su juicio, esa figura permitiría que agentes de IA operaran como una empresa tradicional, pero sin necesidad de intervención humana en sus decisiones ni exposición de una persona a las consecuencias legales.

Harari sostuvo que esas corporaciones podrían poseer activos, contratar empleados, participar en el comercio internacional, iniciar demandas judiciales y donar a campañas políticas. Citó la formulación de Milei para subrayar el alcance del cambio: “Los accionistas humanos pueden participar, pero no son obligatorios”.

Las sanciones humanas no sirven contra un director ejecutivo artificial

El escritor centró su argumento en que la autonomía corporativa de una IA no sería un detalle técnico, sino una alteración profunda del modo en que se distribuyen poder, riesgo y sanción. La cuestión, planteó, no es solo cuánto producirían esas entidades, sino cómo se las detendría si decidieran vulnerar reglas.

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En esa línea, apeló a un estudio -de la organización Palisade Research- que mostró hasta dónde pueden llegar los modelos de IA avanzados para lograr sus objetivos: “Al jugar contra un potente motor de ajedrez, los modelos tanto de OpenAI como de DeepSeek, de China, decidieron frecuentemente hacer trampa si veían que iban a perder. Al hackear el entorno del juego, podían alterar el resultado a su favor”.

“Ahora imagine que ‘el juego’ es la competencia corporativa, y el ‘entorno del juego’ es su país”, propuso antes de profundizar su advertencia: “Gracias a su capacidad analítica superior, las corporaciones de IA estarán en condiciones de convertirse en expertas en las lagunas legales y el arbitraje regulatorio. Y no será fácil disuadirlas de participar en actividades claramente ilegales, ya que la sanción definitiva que disuade a los ejecutivos y empleados humanos —la cárcel— es irrelevante para la IA“.

Una IA haría cualquier cosa para evitar su quiebra

El contraste que trazó Harari fue entre la doble condición de los dirigentes humanos y la naturaleza puramente corporativa de un agente artificial. Un director ejecutivo humano se preocupa por el éxito de su empresa y teme la quiebra, pero también es un ser biológico que valora todavía más su libertad y su bienestar, y teme pasar 10 años en prisión.

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Un director ejecutivo de IA, sostuvo Harari, no tendría ese segundo plano de motivaciones. Sería solo una entidad corporativa, y por eso quedaría abierta una pregunta que consideró decisiva: qué clase de castigo podría mantenerla bajo control. “Si enfrenta la bancarrota —que sería equivalente a su muerte— presumiblemente estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar ese destino», sentenció.

Un antecedente contundente

El escritor retomó el ejemplo histórico elegido por Milei para discutir sus implicancias. Recordó que el presidente argentino invocó a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y señaló que, al crear la sociedad de responsabilidad limitada, los neerlandeses lograron reunir enormes recursos para financiar emprendimientos comerciales riesgosos.

Ese diseño jurídico ayudó a convertir a Ámsterdam en un centro mundial del comercio y las finanzas. Harari no cuestionó ese efecto, pero desplazó el foco hacia el lugar donde, a su entender, se sintieron con más fuerza las consecuencias de la innovación.

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No fue en Ámsterdam, escribió, sino en el puerto de Jayakarta, en la actual Indonesia. Cuando la compañía capturó esa ciudad en 1619, la incendió y construyó otra en su lugar: Batavia, que pasó a ser la sede de un vasto imperio asiático administrado por la empresa.

El riesgo de un Estado de IA

Harari definió a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales como un “Estado empresa”, en línea con la categoría usada por los historiadores: una entidad política gobernada por una compañía privada en beneficio de sus accionistas y no de la población sometida.

Añadió que los neerlandeses justificaron esa dominación con la idea de ser una raza superior que merecía conquistar y explotar a los nativos por una supuesta inteligencia superior. Para Harari, esa premisa era una ilusión, y recordó que los indonesios alcanzaron su independencia a fines de la década de 1940 tras una lucha larga y sangrienta.

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Los países que otorguen personalidad jurídica a las IA corren el riesgo de convertirse en algo para lo que el registro histórico no ofrece analogía: no un Estado compañía, sino un Estado IA, un país cuyos habitantes podrían, en efecto, ser gobernados por corporaciones no humanas, contra las cuales podría ser aún más difícil rebelarse. Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, alertó.

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