El presidente del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fernando Stanich, llamó este miércoles la atención sobre el comportamiento del Gobierno con la prensa y rechazó el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada. El directivo advirtió que “hay que encender las luces de alerta porque se están empezando a pasar límites que no se deberían pasar”.

Stanich conversó con sobre los principales desafíos que enfrenta la libertad de prensa en la Argentina y los condicionamientos que suponen la economía y la intervención judicial en las provincias. En ese marco, advirtió sobre los riesgos a la autocensura detrás de los agravios e insultos contra periodistas.

El discurso estigmatizante es solo una forma en la que se manifiestan los ataques a la libertad de expresión, pero no la única. En 2025, Fopea registró un total de 278 casos de ataques a la libertad de expresión -cifra récord-, entre insultos, agresiones físicas y litigios judiciales que desafían la práctica periodística a escaal y también en provincias y municipios.

–¿Está afectada la libertad de prensa en la Argentina?

–Primero, hay que decir que hay libertad de prensa y de expresión. Pero lo que hay también es un agravamiento de las condiciones para el ejercicio profesional. Hay un deterioro de la libertad de prensa y expresión que se traduce en las actitudes que vemos de parte del presidente de la Nación de mucha hostilidad y hostigamiento hacia el trabajo periodístico. Entonces, si bien hay libertad de prensa y expresión en la Argentina, eso hay que destacarlo también, no es menos cierto que hay un agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo y eso no puede ser pasado por alto. Hay que encender las luces de alerta porque se están empezando a pasar límites que no se deberían pasar.

–Muchas veces se habla de que esas son las “formas” de Javier Milei, pero ¿qué consecuencias tienen estas actitudes en la práctica?

–Quienes avalan la postura del Presidente de los insultos, las estigmatizaciones o la violencia verbal subestiman el impacto que tiene eso en el debate público. Cuando un periodista con nombre y apellido es atacado por el Presidente, ese mensaje se multiplica, se amplifica y puede generar autocensura en el periodista atacado, pero también en muchos otros periodistas que decidan no involucrarse o no avanzar con investigaciones que están realizando porque pueden incomodar al poder y pueden ser víctimas de esa misma violencia verbal. Termina impactando también en el entorno laboral del periodista afectado, su entorno familiar y, además, puede generar violencia física. No hay que confundir la libertad de expresión con la libertad de insulto de la que hoy hace gala el gobierno nacional y que genera consecuencias directas porque hay autocensura y, en otras ocasiones, censura directa de medios hacia periodistas para que no se trabajen temas que pueda elevar el pico de tensión con el gobierno nacional o provincial.

–¿Cómo afectan esos insultos a la credibilidad del periodismo?

–Afecta mucho porque el mensaje “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, “son ensobrados”, “el 95% son corruptos”, “son delincuentes” va calando en buena parte de la sociedad y sobre todo entre quienes se sienten ideológicamente más cercanos al gobierno de turno. Por eso, para contrarrestar ese mensaje y esa potencia asimétrica, tenemos que volver a ofrecer un buen periodismo, que sea metódico, riguroso, que tenga multiplicidad de fuentes, que le dé voz a los disidentes y garantice la pluralidad de voces. En la medida en que volvamos a ocupar ese lugar, resistimos ese mensaje de que no somos importantes en la democracia. El periodismo tiene un sentido y una responsabilidad social en la democracia que no tiene ninguna otra profesión.

–En este contexto, ¿qué opinión le merece la creación de una Oficina de Respuesta Oficial?

–Es importante que el Gobierno se involucre en el debate público, pero no intente cerrarlo instalando una sola versión de los hechos, que es lo que se pretende con la Oficina de Respuesta Oficial porque se dedica a señalar periodistas, criticar trabajos periodísticos e imponer un único relato de los hechos. El Estado tiene instancias para participar del debate mediante el derecho a réplica, la posibilidad de responder cuando un periodista lo llama y eso enriquece el trabajo periodístico. El Gobierno es parte de la discusión pública, pero no es el árbitro de la discusión pública.

–Esta semana, Milei retuiteó un posteo que decía que la Argentina no necesita una sala de prensa en la Casa Rosada. Pero ¿por qué se necesita una sala de prensa?

–Es importante porque garantiza que se cumpla con el primer artículo de la Constitución Nacional que habla de la forma representativa, republicana y federal de gobierno. En la parte republicana, una de las obligaciones es la publicidad de los actos de gobierno. La presencia de periodistas en la Casa Rosada garantiza que la sociedad acceda a información de interés público. De otra manera, quedamos a merced de que el Gobierno difunda lo que cree conveniente sobre lo que pasa allá adentro. No es una pelea o un privilegio de los periodistas estar en una sala de prensa dentro de la Casa Rosada, que no es la casa privada del presidente de turno, sino el principal edificio público del país donde se toman las decisiones institucionales más importantes. [Su cierre] es una decisión de gravedad institucional que violenta garantías y derechos constitucionales y sobre todo un derecho humano fundamental que es el derecho de la sociedad a informarse sobre los asuntos de interés público. Esto equivale a generar un apagón informativo en uno de los tres poderes públicos de la Argentina.

–En una conferencia de prensa, Manuel Adorni aseguró que no daría respuestas a los periodistas porque no eran jueces. ¿Qué opinión le merecen este tipo de declaraciones respecto del rol del periodismo?

–Hay una confusión. Cualquier funcionario público, cuando asume esa responsabilidad, sabe que conlleva implícita una pérdida de la intimidad. Cualquier funcionario público tiene la obligación de explicar a la sociedad qué es lo que está haciendo. Volviendo a lo mismo, no es un privilegio o una defensa corporativa del periodismo, sino que los periodistas lo que hacemos es acercarle a la sociedad la respuesta que necesita saber sobre asuntos de interés público. Entonces, eventualmente tiene que dar explicaciones ante la Justicia si se las pide, pero el periodismo tiene la responsabilidad de dar esa respuesta porque nosotros lo que hacemos es ser intermediarios entre el funcionario y la sociedad que merece saber qué es lo que está pasando.

–Vuelvo sobre esta cuestión de información de interés público. Cuando se prohibió la difusión de los audios sobre el caso Andis, ¿hubo también una violación o era una medida legítima?

–Fue un caso de censura previa. Hay una utilización de la Justicia vía recursos de amparo para que se prohíba la difusión de diferentes episodios. Esto (el de los audios de la Andis) es un ejemplo, pero en las provincias sucede lo mismo. En Tucumán hoy hay vigente una medida cautelar que impulsó el jefe de los fiscales penales para que un medio no pueda opinar ni hablar sobre los fiscales o funcionarios del Poder Judicial.

–¿Cómo está la libertad de prensa a nivel provincial?

–La situación es estructural en cuanto a la dependencia de la pauta oficial. El gobierno nacional recorta la pauta publicitaria desde la presidencia, pero en las provincias, los gobernadores mantienen eso. Con la salida de la publicidad privada por la crisis económica, los cambios de hábitos y la preferencia por publicitar en las plataformas, por ejemplo, lo que se ha generado es que haya medios que están muy expuestos a la dependencia de la pauta publicitaria local y eso tiene injerencia en los contenidos, la línea editorial y la calidad del periodismo. Es muy difícil que se pueda hacer periodismo de investigación. Por esa dependencia de la que hablamos, muchos medios optan por no realizar un trabajo de investigación porque no cuentan con recursos para hacerlo. Lo que puede haber es periodismo de profundidad, que no es lo mismo que periodismo de investigación.

–¿Cuál es la diferencia?

–El periodismo de profundidad puede tomar un tema de coyuntura y darle una visión generalizada con diferentes voces y posturas, pero el periodismo de investigación se permite avanzar sobre hechos que efectivamente incomodan al poder, ya sea el poder económico, político, deportivo o sindical.

–¿Cuáles son hoy las provincias con mayores dificultades en cuanto a libertad de prensa?

–Tenés provincias muy complicadas como Formosa o Santa Cruz, donde es realmente muy difícil ejercer el periodismo. Hay provincias como Catamarca, Santiago del Estero o Corrientes donde hay condiciones muy hostiles para el ejercicio profesional, donde hay una dependencia muy grande del poder político. Nosotros con FOPEA hicimos un trabajo muy interesante respecto de los desiertos informativos que mostraba dónde había menos periodismo local. Y ese mapa muestra que [los lugares con estos desiertos] son prácticamente las mismas localidades en donde hay dificultades para la libertad de expresión.

–¿Qué opina de la decisión del Gobierno de la Ciudad de avanzar con la concesión de los medios públicos locales?

–En FOPEA hay una postura histórica que tiene que ver con la defensa de los medios públicos no partidarios. Nosotros creemos que los medios públicos deben garantizar la pluralidad de las voces, que no deben ser utilizados como herramienta de propaganda política ni para la difusión de los mensajes solamente del partido gobernante, algo que lamentablemente se hizo en la Argentina durante mucho años y ha generado un descrédito de los medios públicos. Muchas veces los medios públicos son el único medio de información que tienen localidades pequeñas. Entonces, garantizando condiciones culturales plurales, es importante sostenerlos. Hay democracias muy consolidadas en el mundo que tienen medios públicos que son ejemplos a seguir.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, informó que aplicó este miércoles una multa al sindicato La Fraternidad por la suma más de $21.200 millones por adherir al último paro general del 19 de febrero e incumplir la conciliación obligatoria. Desde el sindicato confirmaron a que llevarán el conflicto a la Justicia.

“El ministro informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 -por el término de 15 días-, conforme la normativa vigente”, explicaron en un comunicado compartido en redes sociales.

Un mes atrás, la cartera había iniciado sumarios a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) por desacatar el acuerdo durante la medida de fuerza que se llevó adelante el 19 de febrero pasado. Ambos gremios se encontraban bajo conciliación obligatoria en ese entonces desde el 5 de febrero.

El ministerio dirigido por Sandra Pettovello había advertido a ambos que se abstuvieran de adherir a la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. En ese entonces, en la cartera anunciaron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.

También había aclarado que podían ser sancionados bajo el régimen general de sanciones por infracciones laborales, que conlleva una multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

Este miércoles aseguraron que el acuerdo “impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto”. ”En este sentido, se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general», señalaron.

Agregaron que, tras garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa y la producción de prueba en el marco del sumario, se concluyó que “la infracción imputada reviste carácter de muy grave”. “En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas por la legislación aplicable, la Secretaría de Trabajo dispuso la aplicación de la sanción correspondiente”, afirmaron.

Y concluyeron: “El Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

El paro nacional tuvo un fuerte impacto por la adhesión casi total del transporte público de pasajeros, lo que afectó la circulación y a la actividad económica en todo el país.