El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió esta semana por tercera vez en tres meses. El aumento del 2% que entró en vigor el miércoles 15 de julio, completó una serie de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte de la Nación había anunciado a comienzos del segundo trimestre del año.

El mismo día del aumento, la Secretaría de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 48/2026, mediante la cual aprobó la actualización de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de Jurisdicción Nacional para los períodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2026. La norma también establece los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado distribuirá entre los prestadores del servicio.

El sistema tarifario del transporte público en el AMBA opera con una lógica de múltiples variables. El precio que paga el pasajero en el colectivo cubre una fracción del costo real del servicio; el resto lo aporta el Estado a través de subsidios. Esa ecuación, que involucra el precio del gasoil, la masa salarial del sector y los aportes estatales, es la que determina el ingreso total de las empresas de transporte. La Tarjeta SUBE es, dentro de ese esquema, el instrumento central del sistema: permite acceder a la tarifa más baja y es el mecanismo a través del cual se registran y procesan los viajes.

El ajuste de julio se distribuyó en tres etapas de 2% cada una, en mayo, junio y julio, para un acumulado del 6%. Ese esquema, impacta de manera desigual entre las distintas jurisdicciones y mantiene al AMBA con una tarifa más baja en comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. La razón es estructural: tanto en la Ciudad como en el Conurbano, el boleto se ajusta mensualmente dos puntos por encima de la inflación.

El incremento del 2% rige para todas las líneas que entran y salen de la CABA. Con ese ajuste, el boleto mínimo quedó en $742,84 para los usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta registrada abonan $852,02 por el mismo viaje mínimo.

La tarifa de las líneas que operan dentro de CABA es más alta que la del AMBA. Con SUBE registrada, el boleto mínimo en la Ciudad asciende a $820,99. Esa diferencia responde al mecanismo de actualización propio de la jurisdicción porteña, que aplica incrementos mensuales de dos puntos por encima de la inflación, un esquema distinto al que rige para las líneas nacionales del AMBA.

La política oficial apunta a incentivar el registro de la tarjeta como condición para acceder a la tarifa más baja. Quienes no realicen el trámite de registro enfrentan un costo mayor en cada viaje, independientemente de la línea o jurisdicción en la que viajen.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo supera ampliamente los valores del AMBA. Con SUBE registrada, la tarifa mínima es de $1.063,98, una cifra que refleja el impacto acumulado de los ajustes mensuales que aplica el distrito bonaerense.

Al igual que en CABA, el mecanismo de actualización en la provincia contempla incrementos de dos puntos por encima de la inflación cada mes. Ese esquema, sostenido en el tiempo, generó una brecha tarifaria apreciable entre las líneas del Conurbano y las líneas nacionales que operan en el AMBA.

La diferencia entre jurisdicciones no es menor para los pasajeros que combinan líneas nacionales y provinciales en sus trayectos diarios, ya que el costo total del viaje varía según qué tramo recorren y qué tarifa aplica cada servicio.

La Tarjeta SUBE registrada es el requisito para acceder a la tarifa mínima en todas las jurisdicciones del AMBA. El registro también habilita el uso del saldo negativo, un crédito de emergencia que permite viajar aun cuando la tarjeta no tiene fondos disponibles.

Para colectivos de todo el país y subtes de la Ciudad de Buenos Aires, el saldo negativo máximo permitido es de $1.200. En los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el tope es de $650. La línea Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $480, valor que se actualizará una vez que concluya el recambio tecnológico en sus molinetes.

El monto utilizado en concepto de saldo negativo se descuenta de manera automática en la próxima recarga que realice el usuario. Una vez superado el límite permitido según el medio de transporte, la tarjeta no admite nuevas operaciones hasta que se regularice la deuda mediante una nueva carga de crédito.

Durante el primer semestre de 2026, el sector público nacional de Argentina mostró un superávit financiero de 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI). La información fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó los resultados fiscales correspondientes al periodo de enero a junio. Sin embargo, en el último mes, hubo deficit producto del pago de los aguinaldo y la postergación de la presentación jurada del impuesto a la Ganancias, una cuestión sobre la que nuevamente se deberá tomar una decisión en las próximas horas.

Según los datos oficiales, el sector público nacional (SPN) acumuló un superávit primario de 0,6% del PBI y un superávit financiero de 0,1% del PBI en los primeros seis meses del año. El ministro atribuyó estos resultados al “orden en las cuentas públicas”, que definió como un “pilar fundamental del programa económico”.

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que el resultado del semestre se logró por “una fuerte reducción en el gasto público”. Señaló, además, que esta política permitió “una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PBI”. El funcionario remarcó que la disminución del gasto constituyó la herramienta central para alcanzar el superávit financiero en el semestre.

Pero en el sexto mes del año, el SPN tuvo un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. El pago de intereses netos en ese mes alcanzó los $328.049 millones, una cifra relevante dentro del esquema fiscal mensual. Según explicó el ministro Caputo este resultado se vio influido por dos factores principales: los menores ingresos vinculados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y la estacionalidad relacionada con el pago de aguinaldos.

La postergación de la presentación jurada de Ganancias para personas humanas comienza a complicar al ministro de Economía. Cuando tomó la decisión de correr los vencimientos a fines de julio lo hizo con la expectativa de que se apruebe en el mientras tanto la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso y lograr que una mayor cantidad de contribuyentes saquen dólares del colchón. Sin embargo, la parálisis del Congreso complicó los planes y el proyecto nunca se trató. Por estas horas los tributaristas reclaman que nuevamente vuelva a extender la fecha, pero el panorama resulta complicado. Mañana habrá una reunión entre el ministro y los contadores (que se postergó del jueves) en donde se tomará una decisión.

Con el déficit que registró el SPN en junio, el Gobierno se alejó de la meta de superávit primario que se fijó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año de 1,4%/PBI. Es que a mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7%/PBI y ahora bajó a 0,6%/PBI. Sin embargo, en los primeros seis meses del año casi logró acumular la mitad.

Pese al traspié de junio -que sucedió otros años-, el ministro Caputo, sostiene en cada una de las entrevistas que da que ellos no se van a mover de este camino. Aunque fue él mismo quien reconoció la necesidad de recaudar más porque el margen de ajuste del gasto público es cada vez más complicado. «Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó en el programa Economía de quincho.

Es en este marco que se entiende la decisión de postergar hasta fines de junio la presentación de la declaración jurada de Ganancias de personas humanas. Caputo necesita que la Ley de Inocencia Fiscal funcione y para eso tiene que corregir en el Congreso los puntos débiles que tiene para sumar la mayor cantidad posible de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

Lo que no está tan claro todavía es si el Gobierno va lograr pasar el nuevo proyecto en el Congreso luego de lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que se conociera su adhesión al RSG junto con otros funcionarios (aunque eso no significa necesariamente que saque dólares del colchón, pero si un tapón fiscal con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que no lo revisen).

“Con respecto a Inocencia Fiscal, ya lo han aprobado, lo que estamos mandando ahora es una versión mejorada porque, luego de habernos juntado con un grupo de contadores, nos prestaron lo que ellos creían que eran las principales razones por las que no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos. Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.

El mercado recorta sus proyecciones para diciembre, pero la City advierte sobre el carry y la minería enfrenta un límite energético para generar divisas

16/07/2026 – 13:30hs

La calma cambiaria ya no depende solamente de evitar un nuevo salto del dólar. El desafío empieza a ser más estructural: generar suficientes divisas para que esa estabilidad pueda sostenerse durante los próximos años.

El mercado, por ahora, moderó sus expectativas. Pero detrás de esa mejora aparecen dos preguntas. La primera es si las inversiones en pesos todavía ofrecen una ganancia capaz de compensar el riesgo cambiario. La segunda, más importante, es de dónde saldrán los dólares que necesitará la economía.

Proyecciones del precio del dólar en diciembre 2026

El último relevamiento de FocusEconomics entre 45 bancos y consultoras internacionales proyecta un dólar mayorista de $1.659 para fines de diciembre.

El consenso bajó cinco pesos respecto del informe anterior y cerca de 40 pesos frente a la estimación de hace tres meses. La revisión muestra que los analistas esperan una evolución cambiaria más moderada durante el segundo semestre.

La proyección se apoya en el ingreso de divisas del agro, la energía, las inversiones canalizadas por el RIGI y las colocaciones de deuda en dólares. También influye la expectativa de que el Gobierno continúe interviniendo indirectamente para evitar movimientos bruscos.

Sin embargo, el rango de estimaciones sigue siendo amplio. Las proyecciones individuales van desde $1.335 hasta valores superiores a $1.800, una diferencia que muestra que la calma no elimina la incertidumbre.

En este escenario, ¿conviene hacer carry trade?

La baja reciente del dólar permitió que quienes ya tenían bonos en pesos recuperaran parte de las pérdidas provocadas por la tensión cambiaria de junio.

Pero esa mejora no significa que el carry trade vuelva a ser una oportunidad sencilla. La estrategia consiste en vender dólares, invertir los pesos a una tasa determinada y recomprar las divisas al final del período. La ganancia depende de que el rendimiento del bono supere la suba del tipo de cambio.

Las LECAP ofrecen tasas mensuales cercanas al 2%. Ese margen puede desaparecer rápidamente si el dólar sube un porcentaje similar en pocas ruedas, como ocurrió durante junio.

Por eso, los analistas recomiendan diferenciar entre quienes ya estaban invertidos y quienes están considerando entrar ahora. Para los primeros, la baja cambiaria puede servir para asegurar ganancias o reducir plazos. Para quienes todavía conservan dólares, venderlos por completo supone asumir un riesgo elevado frente a un rendimiento limitado.

¿Puede la minería generar los dólares que necesita la economía?

La discusión de fondo supera lo que pueda ocurrir con el dólar durante los próximos meses. La estabilidad también dependerá de la capacidad del país para ampliar sus exportaciones.

La minería aparece como uno de los sectores con mayor potencial. Durante 2025 generó exportaciones por u$s6.000 millones y ya representa entre el 7% y el 10% de las ventas externas argentinas. Los proyectos de litio y cobre podrían multiplicar ese aporte durante la próxima década.

Pero el sector enfrenta un límite inesperado. Muchos yacimientos están ubicados en regiones alejadas, sin conexiones suficientes al sistema eléctrico. Las compañías necesitan construir líneas de alta tensión, instalar generación propia o desarrollar sistemas híbridos para garantizar el funcionamiento permanente de las minas.

Esas obras pueden agregar cientos de millones de dólares al costo de cada proyecto y demorar inversiones que el Gobierno considera centrales para aumentar la oferta de divisas.

La calma cambiaria tiene así dos tiempos. En el corto plazo, el mercado espera un dólar más moderado y las inversiones en pesos recuperaron algo de atractivo. En el largo plazo, la estabilidad dependerá de que sectores como la minería puedan superar sus límites de infraestructura y transformar inversiones en exportaciones reales.

El desafío ya no es solamente controlar el precio del dólar. Es construir una economía capaz de producir los dólares necesarios para que esa calma no dependa de intervenciones permanentes.