Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.

En su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni afirmó que “Argentina le está mostrando a la región que el camino es el libre comercio”. El sitio oficial de la Cancillería lista actualmente nueve escenarios negociadores activos o en proceso de ratificación parlamentaria, frente a los cuatro acuerdos extrarregionales en vigor con los que contaba el Mercosur al inicio de la gestión.

La imputación del gobierno de la provincia de Buenos Aires a Mercado Libre abre varios frentes en forma simultánea. El primero impacta específicamente sobre la empresa, ya que investiga a una de las empresas más importantes del país y de la región para evaluar si perjudicó a sus consumidores.

Otro frente es político, ya que es difícil separar la acusación del gobierno de Axel Kicillof sobre un empresario clave, Marcos Galperin, que no oculta su simpatía por el plan de Javier Milei.

Por último, el caso permite analizar las dificultades que hay para regular los vínculos de las grandes plataformas digitales con sus consumidores.

La Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, bajo la órbita del Ministerio de Producción bonaerense, imputó a Mercado Libre por la supuesta existencia de cláusulas contractuales que vulneran derechos de los usuarios. Todo el expediente se encuadra en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y la investigación se inició de oficio, aunque el organismo provincial dijo haber recibido casi 2.400 denuncias contra la empresa en el primer cuatrimestre.

Mercado Libre fue notificada y tiene un plazo de 5 días para presentar descargos y e informar modificaciones a las cláusulas objetadas. Si no realiza cambios en sus contratos, puede recibir una multa de $1.815 millones, según el Ministerio de Producción.

“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos», fue la respuesta de Mercado Libre ante la consulta de Infobae.

El expediente identifica al menos diez cláusulas que podrían perjudicar al consumidor. Según informó el ministerio de Producción bonaerense, Mercado Libre puede modificar unilateralmente los términos y condiciones del contrato sin consentimiento del usuario, hacer cargo al cliente de fallas en su propia plataforma, no asumir responsabilidad alguna si alguien hackea la cuenta del cliente, considerar vencido un préstamo por “sospechas de incumplimiento” o cobrarle determinadas tarifas al usuario sin informarle previamente su monto y su motivo.

Entre otros cuestionamientos, también se consideró una traba al acceso a la justicia que cualquier litigio tramite exclusivamente en los tribunales porteños y se observó que Mercado Libre está eximido de responder ante cualquier daño que sufra el usuario.

Al mismo tiempo, más allá de lo llamativo de algunas de esas cláusulas, es difícil no añadirle condimentos políticos al caso. Marcos Galperin es uno de los apoyos centrales del Gobierno nacional dentro del mundo empresario, algo que no esconde en sus manifestaciones públicas, en especial en su cuenta de X.

Casi al mismo tiempo que el gobierno bonaerense preparaba una multa millonaria contra su empresa, Galperin se preguntaba en X: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, en relación a los indicadores macro favorables a la gestión de Milei. Según Galperin, esos éxitos llegaron “luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, una frase que pudo haber dicho el propio Presidente.

No obstante, desde ambas partes le bajaron el tono a la arista política. Tras conocerse la sanción, Mercado Libre afirmó que mantiene “un diálogo permanente y constructivo” con los reguladores de todo el país, “incluyendo la Provincia de Buenos Aires”.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, impulsor de la investigación, también descartó vincular la decisión con la afinidad de Mercado Libre con el gobierno nacional. “Esto no tiene ninguna motivación política, no tiene un espíritu anti-empresa, sino más bien al revés. Desde Defensa del Consumidor hicimos imputaciones a muchísimas empresas de varios rubros con resultados muy buenos en términos de defensa de los derechos del consumidor”, dijo Costa en declaraciones a Futurock.

“Hace dos semanas tuvimos una reunión de trabajo con los principales responsables de Mercado Libre, que tiene la mayor cantidad de operaciones en la provincia de Buenos Aires, un centro logístico muy grande en el Mercado Central y un funcionamiento completamente normal y planes de inversiones en la provincia. Y nos juntamos para trabajar con absoluto respeto. Lo de Galperín, sus formas y sus provocaciones no cambia para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa que quiera invertir en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Costa.

En un campo paralelo al de la defensa del consumidor, el de la defensa de la competencia, Mercado Libre ya recibió acciones en su contra en el pasado reciente. De hecho, la billetera de los bancos, Modo, todavía mantiene expedientes abiertos contra la empresa de Galperín en el ámbito de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Reclama que a los usuarios no se les permite elegir qué billetera usar y están obligados a pagar o cobrar únicamente con Mercado Pago.

El caso Mercado Libre se inscribe en una serie de intervenciones previas de la provincia sobre grandes plataformas. La tecnología crea vínculos de consumo innovadores y, por lo general, la regulación los corre desde atrás. En 2023, el ministerio de Producción multó a Rappi con $59 millones y le exigió devolver a los usuarios bonaerenses el dinero cobrado por la “tarifa de servicio”. La sanción se aplicó porque la empresa impuso cargos adicionales no informados previamente, en violación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Rappi tuvo la opción de evitar la multa retirando el recargo, pero decidió mantenerlo. Además, la firma debió restituir desde enero de 2022 un monto de $13 millones actualizado a la fecha de devolución, según el comunicado oficial.

Otro caso ocurrió con Netflix, que modificó sus condiciones de contratación tras una imputación del gobierno bonaerense. La plataforma eliminó cláusulas consideradas abusivas, como la aplicación de jurisdicción extranjera y la prohibición de reembolsos y créditos. Desde 2023, los términos de uso de Netflix en el país se ajustan al Código Civil y Comercial y dejaron de regirse por la legislación del Estado de Delaware. También reconoció mayor libertad para la cancelación de suscripciones a favor de los usuarios, según la información oficial.

Desde el gobierno de Kicillof aseguran que esta clase de acciones, como la iniciada contra Mercado Libre, no busca confrontar con empresas sino corregir desequilibrios.

“En una relación de consumo entre una empresa tan grande y monopólica y que tiene un poder tan importante como Mercado Libre, la parte más fuerte siempre tiene las de ganar. Y millones de consumidores que tienen que celebrar contratos individuales con una empresa grande, están en desventaja. Para eso existe el Estado, para equilibrar esas relaciones”, concluyó Costa.

Pese a que no es un año electoral y que el tipo de cambio se mantiene planchado, los argentinos no renuncian a su costumbre de dolarizarse. En abril la compra neta de divisas por parte del público llegó a los USD 2.360 millones en abril. La cifra, aunque parece alta, es casi un tercio de los USD 6.500 millones adquiridos en septiembre pasado, en la previa de las legislativas.

Uno de los principales interrogantes de cara al 2027 es a cuánto podría llegar la dolarización de carteras previo a la elección de octubre. El año pasado fue necesaria una intervención inédita del Tesoro americano en el mercado cambiario para evitar una gran devaluación. Evitar el estallido fue fundamental para la victoria del oficialismo, que calmó a los inversores de la noche a la mañana.

Antecedentes para estar preocupados por el impacto electoral sobran. Además de lo sucedido el año pasado, la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019 provocó una caída récord de acciones y bonos, junto a una fuerte devaluación del peso. El regreso del kirchnerismo en aquel momento fue un verdadero bombazo para los mercados.

No es extraño que con semejantes cimbronazos los inversores se mantengan muy precavidos. A esos miedos apuntó Luis “Toto” Caputo esta semana. En su presentación en el Latam Economic Forum, aseguró que el año próximo será “muy calmo” y remató para que no queden dudas del mensaje: “Es al revés de lo que el mercado está pensando”.

El ministro de Economía se muestra convencido respecto a las chances de relección de Javier Milei. La tesis es que la economía tendrá una recuperación lo suficientemente robusta como para asegurar un buen resultado electoral.

En alguna medida el FMI también opina lo mismo, al menos en sus proyecciones. El organismo consideró que la economía crecerá este año 3,5%, pero en 2027 lo hará a un ritmo aún mayor, de 4%. Además la inflación caería a menos de 20%.

Por supuesto que no todos están convencidos ni mucho menos. “Entre 100 y 200 puntos de riesgo país se explican por el temor a un regreso del kirchnerismo”, explicó el economista Jorge Ávila.

Pero el impacto va mucho más allá. Las empresas que planean inversiones de largo plazo en Argentina también se tomarán su tiempo. No sería extraño que esperen cómo sigue el país luego de 2027 para decidir si se meten de lleno o no.

La encuesta de Atlas Intel de esta semana, difundida por la agencia Bloomberg, arrojó una mejora de 4 puntos en la imagen presidencial, que saltó de 36% a 40%. La negativa cayó 5 puntos y quedó en 58 puntos. Son números muy parecidos a los de Axel Kicillof, el kirchnerista/peronista que mejor mide (parejo con Cristina Kirchner).

Otro dato alentador de la encuesta es que va en ascenso la que gente se muestra confiada respecto al futuro económico. Solo un 25% de los encuestados cree que la economía está bien, pero el número crece a 35% cuando le preguntan sobre la expectativa para los próximos seis meses.

En el Gobierno creen que entre la reactivación económica y el temor a un regreso del kirchnerismo las chances de una reelección son altas. Sin embargo, los mercados se mantienen cautelosos. El Tesoro colocó Bonar 2027 al 5% anual en dólares esta semana, pero para el 2028 ya tuvo que pagar arriba del 8%. Semejante salto solo se explica por la incertidumbre sobre quién presidirá el país a partir del 10 de diciembre del año próximo.

Después de los traumas de 2019 y 2025, es razonable que el mercado se mantenga muy cauteloso. Carlos Melconian consideró “inexorable” que se acelere la dolarización de cara al 2027. La cuestión es hasta qué niveles podría llegar.

Leo Chialva, director de Delphos Investment, coincidió en que es bastante probable que el año próximo no se repita la crisis cambiaria del 2025. “No hay que darlo como un hecho. El Banco Central está acumulando dólares, se mantiene muy controlada la cantidad de pesos y la economía está recuperando. Además, ya no habrá desarme de LEFI, que el año pasado puso la tasa por las nubes y complicó el nivel de actividad, aún cuando nunca entramos en recesión”.

Cada mes que pasa es más notoria la diferencia de velocidad entre las “dos Argentinas”. Agro, energía y minería baten récords de producción. Pero los sectores con más empleo no muestran por ahora demasiada señales de repunte. El consumo masivo sigue muy flojo, mientras que la construcción se ve afectada por la falta de obra pública y un fuerte encarecimiento de los costos en dólares. La industria, en buena medida, sigue su transición y los últimos indicadores no muestran una recuperación firme, más allá del rebote de marzo.

La baja de la inflación es un elemento clave para apuntalar la reactivación. En mayo bajará por segunda vez, aunque no logrará perforar el piso de 2%. Dante Sica, fundador de la consultora Abeceb, consideró que no hay que esperar a lo largo del año que el índice baje a “uno y pico” mensual. “Tenemos todavía muchos aumentos por suba de precios relativos, incluyendo tarifas. Y además la economía tiene un componente inercial que no será fácil dejar atrás. Pero más allá de eso vamos a tener buenos meses por delante en materia de actividad”.

Los primeros datos de mayo justifican cierta cautela. La venta de autos cero kilómetro, que se conoció el viernes, registró una baja de 25% interanual. Se trata de uno de los sectores que tuvo un muy buen comportamiento el año pasado, pero ahora no pudo sostener el repunte.

La venta de motos, en cambio, sigue batiendo récords, en parte por el aumento del cuentapropismo y la necesidad de contar con un medio propio de transporte para trabajar.

Los próximos meses seguirán aportando buenas noticias en el “frente externo”: más ingreso de dólares, gran superávit comercial y un Banco Central que superará ya en junio con holgura los USD 10.000 millones de compras que se había puesto como objetivo al lanzar la fase 4 del plan monetario.

Serán meses decisivos para seguir la marcha de la actividad y hasta qué punto se da la recuperación del consumo. En buena medida de eso dependerá que Milei llegue con mejores chances a las elecciones y evitar una nueva crisis cambiaria, que rompa el maleficio de los años electorales.