INTERNACIONAL
El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala
El informe Guatemala: Nunca Más, presentado el 24 de abril de 1998 en la Catedral Metropolitana de Guatemala, marcó un antes y un después en el proceso de verdad, memoria y reconciliación de la sociedad guatemalteca al documentar los crímenes masivos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).
El documento, resultado de tres años de trabajo bajo la conducción de Monseñor Juan José Gerardi Conedera y con el respaldo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), recopiló más de 6,500 testimonios.
Estos relatos detallan el sufrimiento de la población y denuncian la responsabilidad mayoritaria de fuerzas estatales y patrullas paramilitares en las violaciones a los derechos humanos.
El Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) constituyó un ejercicio pionero en la reconstrucción social tras un conflicto armado que dejó, según sus registros, alrededor de 65,000 víctimas entre asesinados y desaparecidos, de las cuales el 83 % pertenecía a pueblos indígenas y el 17 % a población ladina o mestiza.
Además, REMHI identificó 428 masacres, colaborando a la certificación y eventual exhumación de víctimas en comunidades especialmente afectadas.
La recopilación de información requirió un equipo central y la coordinación en once diócesis, con la participación de aproximadamente 600 animadores de la reconciliación capacitados para recoger testimonios en un entorno de miedo y silencio. Posteriormente, 950 promotores jurídicos extendieron la capacitación en derechos humanos por todo el país.
El informe, dividido en cuatro tomos, sistematizó una variedad de delitos, incluidos masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, presentando los datos de manera detallada y respaldada ante instancias nacionales e internacionales.
José Antonio Puac, uno de los coordinadores del proyecto, expresó en una entrevista concedida a Infobae Centroamérica: “la formación fue muy completa porque se trabajó también la tipología de la violación, de los delitos, y se hicieron ejercicios. Para mí fue lo central […] con esa calidad de formación que se dio, se pudo articular un trabajo a nivel nacional”.
El REMHI partió de la idea de que la violencia no solo causó muertes y desapariciones, sino que privó a los guatemaltecos de “su derecho a la palabra”.
Cada testimonio recogido representó, según los responsables del proyecto, una oportunidad para recuperar la dignidad y reconstruir la identidad colectiva.
El equipo enfrentó la dificultad de recoger la verdad en un tiempo limitado y bajo restricciones de los acuerdos iniciales, que impedían la identificación de responsables y el uso judicial de las conclusiones.
Los animadores de la reconciliación, principalmente líderes comunitarios, catequistas y laicos de confianza, recibieron capacitación especializada para abordar la recopilación desde una perspectiva pastoral y humana, evitando la estigmatización de las víctimas y priorizando la sanación colectiva.
Según Puac “La gente estaba con mucho miedo, había mucho silencio, nadie quería hablar. Creemos que la Iglesia pudo romper ese miedo, ese silencio. Y la gente, al dar su testimonio, tuvo la oportunidad de expresar su dolor, su sufrimiento, su tristeza”.
La organización de los relatos incluyó el diseño de herramientas metodológicas, desde la creación de cuestionarios hasta la clasificación y digitalización de las violaciones.
Se elaboró un tesauro y códigos temáticos que facilitaron el análisis de datos sobre masacres, violencia sexual, desplazamientos y violencia institucional.
Entre los resultados directos del REMHI se resalta su función como fundamento para la creación de equipos especializados en exhumaciones, acompañamiento psicosocial y transformación de conflictos. Puac relató que, en respuesta a las demandas de comunidades como San Martín Jilotepeque para localizar a desaparecidos y obtener certificados de defunción, el equipo coordinó la intervención de antropólogos y psicólogos, estableciendo una red de apoyo integral que cubría desde la identificación forense hasta la atención emocional.
La recopilación y divulgación pública de nombres, lugares y perpetradores, respaldada por testimonios y documentos, incluidos archivos desclasificados, permitió el uso parcial del informe en catorce procesos judiciales del Ministerio Público, lo que muestra que el trabajo de Monseñor Gerardi continúa influyendo en la justicia y la sociedad, décadas después de su asesinato.
El REMHI antecedió al trabajo oficial de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que posteriormente amplió la documentación, confirmando los hallazgos iniciales de la investigación eclesial.
La Comisión recogió alrededor de 150,000 testimonios y contabilizó 668 comunidades masacradas, y utilizó parte del modelo metodológico desarrollado por REMHI.
El compromiso de la Iglesia católica, representado en Monseñor Gerardi, fue decisivo para dar voz a las comunidades indígenas, fuertemente impactadas por la violencia.
Las acciones de Gerardi, desde la promoción de una pastoral indígena nacional hasta la invitación a aprender los idiomas originarios para comprender mejor las necesidades sociales, marcaron una diferencia relevante en la atención e inclusión de los sectores más vulnerables.
La formación multidisciplinaria del equipo, apoyada por expertos y experiencias internacionales —como las comisiones de la verdad de Timor Oriental y la contribución directa de figuras como Eduardo Galeano— consolidó un método replicable en otros contextos de posguerra. Cada línea del informe Guatemala: Nunca Más sostiene la premisa de que la verdad y la escucha activa son bases para la reconstrucción social.
Desde el exterminio a la dignidad recuperada, y del secreto impuesto al testimonio público, la historia del REMHI clarificó el pasado y abrió un camino para la acción comunitaria, la exigencia de justicia y la preservación de la memoria frente al olvido.
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Cuba sufrió el lunes su tercer apagón nacional desde el inicio del año, después de que el sistema eléctrico nacional quedara completamente desconectado al mediodía y dejara sin suministro a los 9,6 millones de habitantes de la isla. El régimen atribuyó la crisis al bloqueo estadounidense sobre el suministro de combustible, mientras las autoridades advirtieron que la falta de petróleo dificulta el restablecimiento del servicio.
La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, aunque no precisó la causa del colapso. Se trata del octavo apagón de alcance nacional desde finales de 2024, en medio de un deterioro cada vez mayor de la infraestructura energética del país.
El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó en la televisión estatal que la escasez de combustible afecta las tareas de recuperación. “La falta de combustible sin duda complica el proceso de restauración“, afirmó, aunque evitó fijar un plazo para el restablecimiento del servicio.
El dictador Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política de sanciones de Estados Unidos por la nueva interrupción del suministro eléctrico. “Mientras Estados Unidos intenta provocar un estallido social mediante el estrangulamiento que supone bloquear el acceso de Cuba al combustible, la UNE moviliza todos sus recursos para revertir el colapso del Sistema Eléctrico Nacional“, expresó el mandatario.
El nuevo apagón ocurrió en un contexto de extensos cortes programados de electricidad que ya afectaban a todo el país. En algunos sectores de La Habana, los vecinos soportaban interrupciones superiores a las 30 horas consecutivas, mientras que en zonas rurales los cortes superaban las 70 horas. Las autoridades aplicaron esas restricciones para ahorrar el escaso combustible disponible para las centrales eléctricas.
La crisis energética se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera en enero las restricciones sobre el suministro de petróleo hacia Cuba. Según las autoridades de la dictadura cubana, esa medida redujo aún más el combustible disponible para alimentar las plantas generadoras.
Desde entonces, Washington solo autorizó el ingreso de un buque petrolero procedente de Rusia, como parte de la estrategia de presión destinada a poner fin a más de seis décadas de gobierno comunista en la isla.
La población volvió a expresar su frustración por la falta de electricidad y las dificultades que provoca en la vida cotidiana. «Vivir así es una agonía“, afirmó Meyboll Font, trabajadora independiente de 51 años.
La mujer explicó que su barrio de La Habana recibía apenas “tres o cuatro horas de electricidad al día”, aunque señaló que el apagón nacional incrementó la incertidumbre porque «nunca sabes cuándo volverá la electricidad“.
En otro sector de la capital, un joven programador de software que trabaja para una empresa emergente vinculada al turismo describió las consecuencias del corte. «No tenemos WiFi, no tenemos electricidad, no podemos trabajar“, aseguró.
Los apagones forman parte de la vida cotidiana en Cuba desde hace varios años debido al deterioro del sistema de generación eléctrica, compuesto principalmente por antiguas centrales construidas con tecnología soviética. Las autoridades de la dictadura sostienen que la escasez de combustible limita además el funcionamiento de los generadores que respaldan la red nacional.
La crisis energética se suma a una situación económica cada vez más delicada. La escasez de alimentos, agua potable y medicamentos se profundizó en los últimos meses y obligó incluso a postergar algunas cirugías. Esa situación llevó a Naciones Unidas a advertir sobre una emergencia humanitaria en la isla. El transporte también sufrió fuertes restricciones por la falta de combustible.
El mes pasado, el régimen cubano presentó un amplio paquete de reformas de mercado que, de aplicarse, reduciría de forma significativa el control estatal sobre la economía.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó esas iniciativas como «señales superficiales de humo» y sostuvo que la administración de Trump espera «reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que conviertan a Cuba en un país apto para la inversión» y otorguen libertad política a los cubanos.
Ambos gobiernos mantuvieron varias rondas de conversaciones para intentar reducir las tensiones, aunque el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró la semana pasada que «no hubo avances» para superar el conflicto.
(Con información de AFP)
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INTERNACIONAL
China launches rare submarine ballistic missile as Pacific allies strengthen defense ties before NATO summit
NATO’s strategic shift addresses China, Russian threat in new ‘NATO 3.0’
Brent Sadler, a former Navy captain and Pentagon official, highlights NATO’s strategic shift to address evolving threats. He details the potential for American troop redistribution in Europe and emphasizes a «NATO 3.0» approach that balances threats from China and Russia. Sadler stresses the need for NATO allies to significantly increase defense spending and enhance capabilities, including missile defense, to deter aggression.
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China publicly announced it launched a ballistic missile from a nuclear-powered submarine into the Pacific Ocean Monday — a rare acknowledgment of its sea-based nuclear capabilities that came as U.S. allies deepen security ties in the Indo-Pacific and NATO leaders prepare to meet amid growing concerns over Beijing’s military ambitions.
China’s People’s Liberation Army Navy said the missile, carrying a dummy warhead, was fired from a Type 094 Jin-class ballistic missile submarine during what Beijing described as a routine annual training exercise.
The launch highlights one of the Pentagon’s biggest long-term concerns: China’s ability to field a more survivable nuclear force capable of threatening the U.S. and its allies from the sea. Unlike land-based missile launches, a ballistic missile fired from a submerged nuclear submarine demonstrates one of the most survivable elements of a country’s nuclear arsenal because the vessels are significantly harder to detect and destroy before they can launch a retaliatory strike.
The growing capability also means China could eventually threaten the U.S. homeland from a wider range of patrol areas, reducing the need for its submarines to venture into more vulnerable waters.
AIR FORCE REVEALS B-2’S HIDDEN SHIP KILLER CAPABILITY AS CHINA THREAT GROWS
A nuclear-powered Type 094A Jin-class ballistic missile submarine of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy is seen during a military display in the South China Sea April 12, 2018. (Reuters/Stringer)
Chinese officials said the launch landed in a designated area of the Pacific Ocean and was conducted in accordance with international law.
«It is a routine arrangement in China’s annual military training program. It is consistent with international law and customary international practice and is not directed at any specific country or target,» Chinese foreign ministry spokesperson Mao Ning said at a news conference Monday.
«The whole process was safe, standard and professional. We hope relevant countries will not read too much into it.»
TRUMP BETS ON FORMER NATO TROUBLEMAKER AS TURKEY’S STRATEGIC VALUE SURGES
The launch came on the eve of NATO’s summit in Ankara, Turkey, where alliance leaders are expected to focus primarily on the war in Ukraine, defense spending and collective security, while also addressing the growing strategic challenge posed by China. In recent years, NATO has expanded its engagement with Indo-Pacific partners including Australia, Japan, New Zealand and South Korea, reflecting concerns that security in Europe and the Pacific is increasingly interconnected.
It was the first such test since 2024, according to Chinese state media, occurring at noon local time Monday.
New Zealand, which had just signed a defense pact with Fiji, claimed the missile landed in the South Pacific Nuclear Free Zone, where testing atomic weapons is prohibited.
China said the missile carried a dummy rather than a nuclear warhead, and New Zealand did not accuse Beijing of violating the Treaty of Rarotonga, which establishes the South Pacific Nuclear Free Zone and prohibits nuclear explosive devices within the region. Instead, officials criticized the launch as inconsistent with the spirit of maintaining the Pacific as a nuclear-free region.
China may be conducting low-yield nuclear tests, a State Department official says. (Tingshu Wang/File Photo/Reuters)
Australia’s foreign minister, Penny Wong, said China had informed Australia ahead of the test but added, «Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.»
China’s rapid military buildup added to the concern, according to Wong, who described it as «lacking in the transparency and reassurance as to intent that the region expect.»
In a joint cabinet statement, Japan raised «serious concern over the intensification of China’s military activities and strongly urged China to reconsider its actions.»
The Pentagon has repeatedly warned that China is rapidly modernizing and expanding its nuclear forces, projecting that Beijing will continue increasing the size, sophistication and survivability of its arsenal through the next decade. China’s military has also expanded naval patrols beyond the first island chain while increasing military pressure on Taiwan and asserting territorial claims in the South China Sea.
Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, meets with representatives of military personnel stationed in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region, in Urumqi, the regional capital, Sept. 23, 2025. (Photo by Li Gang/Xinhua via Getty Images)
The Pentagon projects China will field more than 1,000 nuclear warheads by 2030, up from an estimated stockpile in the low 600s through 2024.
Officials say Beijing is expanding all three legs of its nuclear triad — land-based missiles, strategic bombers and nuclear-powered ballistic missile submarines — while improving its ability to survive a first strike and retaliate.
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At the same time, the People’s Liberation Army Navy is the world’s largest by number of battle force ships, while it has fielded advanced hypersonic weapons, expanded long-range missile forces and invested heavily in artificial intelligence, cyber capabilities and space-based systems that U.S. officials say are designed to challenge American military advantages in the Indo-Pacific.
U.S. defense officials have also warned that China continues to refine the capabilities needed for a potential conflict over Taiwan, including joint operations involving naval, air, missile and amphibious forces.
Annual military exercises around Taiwan have grown larger and more complex, reflecting Beijing’s efforts to increase military pressure while rehearsing operations that could support a blockade or invasion.
The U.S. has maintained a sea-based nuclear deterrent for decades through its fleet of Ohio-class ballistic missile submarines, which routinely conduct operational deterrent patrols and periodic test launches of Trident II D5 ballistic missiles. The Navy is now replacing those submarines with the next-generation Columbia class, which is expected to begin entering service later this decade.
Unlike China, however, the U.S. regularly publicizes scheduled Trident missile tests and has long operated a mature fleet of ballistic missile submarines that defense officials consider the most survivable leg of America’s nuclear triad.
The Pentagon and U.S. Indo-Pacific Command could not immediately be reached for comment.
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