INTERNACIONAL
El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco
El asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera el 26 de abril de 1998, solo dos días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más, representó un acto político de alto impacto que transformó la búsqueda de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala.
La brutal muerte del obispo, quien fue golpeado hasta la desfiguración en la casa parroquial de San Sebastián, marcó un punto de inflexión para la sociedad guatemalteca y colocó bajo el escrutinio internacional a las estructuras de poder asociadas al Estado Mayor Presidencial.
De acuerdo con datos proporcionados por la ODHAG, las implicaciones judiciales y políticas del caso continúan resonando casi tres décadas después, mientras la investigación se mantiene abierta para identificar a autores intelectuales y responsables de encubrimiento.
El hallazgo de Juan José Gerardi Conedera, obispo y figura central de la búsqueda de justicia en Guatemala, con el rostro desfigurado por un bloque de concreto y signos de resistencia en su cuerpo, marcó en 1998 un hito sombrío en la memoria colectiva del país.
Diversos detalles investigados tras el crimen, como la demora y las declaraciones contradictorias del sacerdote Mario Orantes—quien residía en la iglesia San Sebastián y notificó el hallazgo del cuerpo—, reorientaron desde el principio las pesquisas, agregando complejidad al caso, según datos recogidos medios de comunicación en la época. Gerardi, quien había dedicado 14 años de vida pastoral a la parroquia San Sebastián, fue hallado a escasos metros del portón, junto a dos vehículos en el garaje parroquial, con los brazos y piernas cruzados y restos evidentes del forcejeo, entre ellos, la fractura de uno de sus dedos, considerada por los peritos “prueba” de que el obispo intentó defenderse en medio del ataque.
La descripción de la escena revelada por los análisis iniciales resulta clave por varios aspectos: el bloque de concreto triangular utilizado para golpear y desfigurar el rostro de Gerardi y el hecho de que el crimen ocurrió tras su regreso de un almuerzo familiar, en el momento mismo de abrir el portón del garaje donde, de acuerdo con las conclusiones de la investigación, el agresor ya lo esperaba. El nivel de premeditación y la violencia desplegada en este ataque eran, hasta ese momento.
En el año 2001, un tribunal guatemalteco condenó por el asesinato de Gerardi al coronel Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva (padre e hijo) y Obdulio Villanueva—todos militares—junto con el sacerdote Mario Orantes.
No obstante, la sentencia solo quedó firme en 2008, después de un largo recorrido judicial, recursos de apelación y amparos.
El informe presentado por Gerardi y su equipo documentó más de 55,000 violaciones a derechos humanos, en su mayoría cometidas por el ejército, e incluyó el testimonio de víctimas y la identificación de responsables directos de masacres.
El conflicto armado guatemalteco, que se prolongó entre 1960 y 1996, dejó al menos 250,000 personas asesinadas y desaparecidas, según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dirigida actualmente por Nery Rodenas.
La ODHAG y el proyecto REMHI —coordinados por Gerardi— fueron puntos neurálgicos de denuncia y memoria sobre la represión estatal.
Según Rodenas, entrevistado por Infobae Centroamérica, la publicación del informe generó un riesgo inmediato para quienes participaron en su elaboración: “Ese informe generó un impacto y, de alguna forma, quienes participaron en el conflicto armado interno se pudieron haber sentido amenazados”.
Al abordar el significado principal del asesinato y sus consecuencias, se establece que la muerte de Gerardi fue un crimen de Estado, con pruebas suficientes que evidenciaron el uso de recursos estatales para vigilancia, ejecución y encubrimiento.
Este caso demuestra la persistencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incluso después de la firma de la paz en Guatemala y expone las dificultades para investigar y sancionar crímenes donde integrantes de las instituciones militares resultan implicados.
Hipótesis descartadas y manipulación de la investigación: la pista de la banda Valle del Sol
El proceso judicial estuvo atravesado por hipótesis alternativas y estrategias de desviación, varias de ellas promovidas por representantes del Ministerio Público y sectores ligados al ejército.
Datos de Agencia Ocote muestran cómo, desde la captura inicial de un indigente sin relación real con los hechos, hasta la implicación de la llamada banda Valle del Sol, la investigación estuvo marcada por intentos de restar peso político al crimen.
Entre las líneas exploradas, a petición del fiscal Celvin Galindo en 1999, figuró la responsabilidad de la banda Valle del Sol, liderada por el colombiano Nelson Daniel Zapata Santamaría, cuya supuesta conexión con miembros de la iglesia fue alimentada por denuncias y declaraciones de testigos colaterales.
Hasta 17 personas fueron sometidas a pruebas de ADN, entre ellas militares, civiles y testigos de diferentes entornos, según el mismo fiscal. Sin embargo, expertos nacionales y extranjeros descartaron la hipótesis del perro Balú —al que señalaban como posible atacante— y la presunta implicación de la banda Valle del Sol, falta de fundamentos probatorios sólidos.
La defensa de varios acusados mantuvo la versión de la participación de la banda en el asesinato, señalando a Ana Lucía Escobar y Luis Carlos García Pontazo como autores materiales, pero la inconsistencia de las pruebas hizo que la hipótesis quedara descartada. La iglesia católica rechazó formalmente esa línea de investigación.
Durante el proceso, la investigación judicial fue objeto de amenazas, intimidaciones y presiones sobre fiscales, querellantes y miembros de la ODHAG.
Nery Rodenas, en diálogo con Infobae Centroamérica, relató que las maniobras para desacreditar el trabajo de Gerardi incluyeron centrar las acusaciones dentro de la propia Iglesia Católica, desplazando el ángulo político y desviando el objetivo de la investigación.
Las pruebas y declaraciones testimoniales permitieron establecer, según Rodenas, que “se utilizó vigilancia, ejecución y encubrimiento en el asesinato, lo que demuestra responsabilidad estatal”. Testimonios clave como el de Rubén Chanaxtan Tay, quien sostuvo haber sido contratado para espiar los movimientos de Gerardi y reconoció a los militares principales en la escena del crimen, resultaron determinantes en el juicio.
El proceso de investigación mantiene activo el expediente de trece personas más, incluyendo a Darío Morales, sargento del Estado Mayor Presidencial, detenido en 2025, cuyo caso sigue pendiente de resolución judicial por presunta ejecución extrajudicial y falso testimonio, según la información de Rodenas a Infobae Centroamérica.
A más de veintiocho años del asesinato, los desafíos persisten. El fallo judicial enfrentó retrocesos, impugnaciones y un entorno de inestabilidad institucional condicionado por intereses políticos, como describió Rodenas. Él estima que la demora y la inacción de autoridades redujeron el clima de amenaza únicamente tras la confirmación de las sentencias en 2008.
El legado de monseñor Juan José Gerardi excede el proceso judicial y tiene un valor en la lucha por la dignidad y la memoria de las víctimas del conflicto armado guatemalteco.
Rodenas puntualiza que “el acceso a la verdad” y la perseverancia ante la impunidad representan una responsabilidad ética y legal para quienes acompañaron la investigación.
El trabajo de Gerardi, desde su rol como obispo en comunidades rurales hasta la coordinación del informe Guatemala Nunca Más, estableció pautas para la documentación de delitos de lesa humanidad y para el papel de la iglesia en la reconstrucción social.
El caso expuso la existencia y funcionamiento de aparatos ilegales de represión en Guatemala después de la guerra, así como la importancia de un sistema judicial independiente para investigar casos políticos complejos.
Las dos décadas transcurridas reflejan que cuando fiscales y jueces mantienen un compromiso con la verdad, como en el caso Gerardi, la justicia puede imponerse incluso frente a estructuras de poder acostumbradas a la impunidad.
La muerte de monseñor Gerardi se mantiene como un episodio definitorio en la historia contemporánea de Guatemala.
El proceso para esclarecer el caso permanece abierto, con el avance del expediente sobre Darío Morales y la posibilidad de nuevas investigaciones, incluida una eventual intervención internacional si las autoridades nacionales no logran agotar las responsabilidades pendientes.
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INTERNACIONAL
Cuba restablece parcialmente la electricidad tras el tercer apagón nacional en seis meses
Cuba afirmó este martes haber restablecido más del 30% del suministro eléctrico en La Habana tras un nuevo apagón nacional, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Es el tercer apagón en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.
Según el último parte de la Empresa Eléctrica de La Habana, se han restablecido los “circuitos de distribución que benefician a 262.369 clientes (…) para el 30,4% en la ciudad”.
“El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones”, añade la empresa, según la cual ya funcionan los servicios “vitales de salud” de 43 centros de atención médica de la capital.
La falta de combustible “complejiza indiscutiblemente el proceso de restauración” de la red eléctrica, había declarado el lunes por la noche en la televisión estatal Lázaro Guerra, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política estadounidense de sanciones contra la isla. “Mientras EEUU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE (Unión Eléctrica de Cuba) se moviliza”, dijo en X.
“Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida”, añadió.
A mediodía del lunes, la compañía eléctrica anunció “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, donde viven 9,6 millones de personas. No se precisaron las causas.
El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.
“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente, de 51 años.
“Es agónico vivir así”, acotó la mujer.
La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla.
Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año. Esta situación provoca cortes y racionamientos constantes, pese a un amplio programa de construcción de parques solares lanzado hace dos años.
Cuba se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante.
Los apagones se han intensificado desde que la administración estadounidense de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.
Un joven programador de 24 años que trabaja para una empresa privada de desarrollo de software en La Habana Vieja regresaba frustrado a su casa.
“No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar”, explicó a la AFP el joven, que prefirió no revelar su identidad.
Cuba solicitó para el martes una sesión especial de la Asamblea General, el principal órgano representativo de las Naciones Unidas, para abordar el tema de las sanciones estadounidenses.
En ese contexto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó el lunes que Washington busca impedir que la Asamblea se pronuncie sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas a la isla.
“El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros”, señaló en X Rodríguez, quien participará de la sesión del martes en la sede de la ONU en Nueva York.
Se requiere una votación de los Estados miembros para la apertura de un debate de este tipo ante la Asamblea General.
(AFP)
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INTERNACIONAL
Extremist streamer declares NYC an Islamic republic with popular terror chant: ‘Mamdani’s New York’
NEWYou can now listen to Fox News articles!
A streamer who broadcasts to more than 1 million followers on a popular online platform set off a viral firestorm after invoking Mayor Zohran Mamdani’s name as he declared Islam would take over New York City.
«Allahu Akbar!» the extremist internet personality Sneako yelled amidst a group of Egypt soccer fans while drums were banged and horns were blown. Egyptian flags waved among the crowd as they chanted along.
Sneako, whose real name is Nicolas Kenn De Balinthazy, has been described as a provocateur and palled around with the online antisemitic far-right during his rise to social media stardom. Before that, he was all-in on his support for the political far-left and supported the presidential campaign of socialist Sen. Bernie Sanders, I-Vt., in 2016. He reportedly converted to Islam in 2023.
EGYPT NATIONAL TEAM MANAGER WAVES PALESTINIAN FLAG AFTER WORLD CUP WIN OVER AUSTRALIA
But Friday night, after Egypt dethroned Australia in the World Cup, he may have made his most controversial splash yet while live broadcasting on the streets of New York City on the video streaming platform Kick.
Mockingly wiping tears from his eyes, Sneak said: «Oh no, oh no. F— you!»
«This is the Islamic Republic of New York-istan,» he continued. «Islam will be in every household. Inshallah the whole world will be Muslim.»
«Welcome to Mamdani’s New York. You see this city? You see how it looks? Inshallah, your city looks just like this too,» he shouted among the crowd.
MAMDANI BLASTS ICE AGENTS, ELON MUSK AND ‘SUPREMACY’ IN AMERICA 250 SPEECH AHEAD OF JULY 4 WEEKEND
«Inshallah» is Arabic for «God willing,» and «Allahu Akbar» is Arabic for «God is great.»
Sneako attends WrestleMania After Dark Las Vegas Hall Of Fame event featuring Metro Boomin at LIV Nightclub at Fontainebleau Las Vegas on April 19, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images) (Gabe Ginsberg/Getty Images)
Mamdani is the first Muslim mayor of New York.
The clip of Sneako quickly circulated the web, garnering tens of millions of views across platforms including Instagram and X, while thousands of people slammed him for the pronouncement.
PRO-ISRAEL INFLUENCER EMILY AUSTIN SAYS ZOHRAN MAMDANI REACHED OUT TO CO-HOST FIFA EVENT
One of the sharpest replies came from Rob O’Neill, the Navy SEAL who killed Osama bin Laden in an early morning raid on the terrorist’s compound in 2011.
«These guys sound WAY different when you wake them up at 2am,» he said.
A pair of massive personalities on X, who have a history of bad blood, even teamed up to demand a harsh punishment for the streamer.
«Deport him NOW!!!» conspiracy theorist Alex Jones said in reply to the clip, which elicited a response from X owner and former Jones opponent Elon Musk.
New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a primary-night watch party for congressional candidate Claire Valdez at 99 Scott Studio on June 23, 2026 in Brooklyn. (Michael M. Santiago/Getty Images)
«Yes,» Musk simply replied.
When Musk purchased X — then Twitter — and vowed the return of free speech to the platform, Jones had been permanently suspended. At first, Musk was hesitant to reinstate Jones given the Sandy Hook controversy that surrounded the radio show host. Eventually, however, Musk relented.
One X user labeled the streamer as a «Disgusting creature.»
«Send this dude to Iran if he hates America so much,» said another.
Sneako appeared to cryptically address the controversy in a post of his own on X Sunday night.
Elon Musk, the world’s richest person, arrived in Beijing aboard Air Force One as part of President Donald Trump’s delegation for talks with Chinese President Xi Jinping. (Johannes Neudecker/picture alliance/Getty Images)
«Every knee will bow,» he posted. «Every tongue confess.»
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On Monday, he took a shot at Musk for echoing Jones’ deportation post.
«Go back to Africa,» he told Musk, who is native to South African. «This is my country.»
Mamdani’s office did not return Fox News Digital’s request for comment on Sneako’s comments.
politics, elon musk, islam, zohran mamdani, new york city
INTERNACIONAL
La Justicia francesa define este martes si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027
La líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá este martes el fallo de la Corte de Apelaciones que definirá si podrá presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2027, después de la condena que recibió en primera instancia por un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo.
La decisión, prevista para las 13:30 hora local (11:30 GMT), determinará si el tribunal confirma la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que un tribunal inferior impuso a Le Pen, de 57 años, junto con una pena de prisión. Si el fallo queda firme en esos términos, la dirigente perderá la posibilidad de competir por la presidencia en unos comicios que aparecen como la mayor oportunidad de su partido para alcanzar el poder.
La sentencia también podría modificar la condena original. Entre las alternativas figura una inhabilitación de menor duración o una pena de arresto domiciliario. En ese escenario, la resolución también podría afectar la capacidad de la dirigente para desarrollar una campaña electoral.
Ante esa posibilidad, Le Pen anticipó que, si no puede competir, cederá el liderazgo de la campaña presidencial a Jordan Bardella, de 30 años, presidente de la Agrupación Nacional (RN) y principal figura emergente del partido.
Durante un acto partidario el fin de semana, la dirigente expresó su determinación de continuar con la actividad política. «Nunca nos desanimaremos, siempre lucharemos“, afirmó.
La dirigente también descartó que el proceso judicial modificara su postura frente a la contienda electoral. «No tengo miedo“, sostuvo la semana pasada. Además, agregó: ”Si puedo presentarme, lo haré, siempre que pueda hacer campaña“.
Le Pen ya compitió en tres elecciones presidenciales. Terminó tercera en los comicios de 2012 y luego accedió al balotaje frente al actual presidente Emmanuel Macron tanto en 2017 como en 2022. Como Macron no podrá buscar un nuevo mandato por el límite constitucional de dos períodos consecutivos, la elección de 2027 aparece como una oportunidad clave para la extrema derecha francesa.
El caso judicial se originó por un sistema que, según la Justicia, funcionó entre 2004 y 2016 para financiar con recursos del Parlamento Europeo a empleados del partido que desarrollaban tareas en Francia.
El tribunal de primera instancia declaró culpables a Le Pen, a otros 24 exdiputados europeos, asistentes y contadores, además de la propia Agrupación Nacional, por utilizar fondos europeos para contratar personal partidario fuera de las funciones previstas por el Parlamento Europeo.
La sentencia original también estableció una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso. Tras el fallo, Le Pen calificó el proceso como una «caza de brujas» contra su partido. Posteriormente, algunos simpatizantes enviaron amenazas de muerte contra los jueces que participaron en la causa.
La dirigente, la formación política y otros diez condenados presentaron una apelación para revisar la sentencia.
Durante el juicio de apelación, Le Pen rechazó las acusaciones y negó la existencia de un mecanismo organizado para desviar recursos del Parlamento Europeo. También sostuvo que la Agrupación Nacional actuó con «completa buena fe“.
Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la dirigente «profesionalizó» un mecanismo destinado a desviar fondos europeos que, según la acusación, comenzó de forma desordenada bajo el liderazgo de su padre, Jean-Marie Le Pen, cofundador del partido, antes de que ella asumiera la conducción de la fuerza en 2011.
Los fiscales solicitaron que la Corte mantenga la inhabilitación por cinco años y reclamaron además una condena de cuatro años de prisión, con tres años en suspenso. Si el tribunal confirma una prohibición para ejercer cargos públicos durante varios años, Le Pen no podrá competir en la primera vuelta presidencial prevista para el 18 de abril de 2027.
De igual forma, una eventual condena a un año de arresto domiciliario con tobillera electrónica también podría impedir una campaña activa y favorecer el traspaso de la candidatura a Bardella.
Las encuestas difundidas durante los últimos meses ubicaron a la extrema derecha como favorita para liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, aunque mostraron resultados divididos para una eventual segunda vuelta.
Algunos sondeos otorgaron un desempeño ligeramente superior a Bardella, mientras que otros dirigentes políticos consideraron que Le Pen representa una rival de mayor experiencia.
El dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon expresó esa evaluación al afirmar: «Esta mujer es muy inteligente, no está aquí por casualidad. Y si también se presenta por cuarta vez, no será una oponente a la que podamos menospreciar“.
(Con información de AFP)
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