INTERNACIONAL
El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco
El asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera el 26 de abril de 1998, solo dos días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más, representó un acto político de alto impacto que transformó la búsqueda de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala.
La brutal muerte del obispo, quien fue golpeado hasta la desfiguración en la casa parroquial de San Sebastián, marcó un punto de inflexión para la sociedad guatemalteca y colocó bajo el escrutinio internacional a las estructuras de poder asociadas al Estado Mayor Presidencial.
De acuerdo con datos proporcionados por la ODHAG, las implicaciones judiciales y políticas del caso continúan resonando casi tres décadas después, mientras la investigación se mantiene abierta para identificar a autores intelectuales y responsables de encubrimiento.
El hallazgo de Juan José Gerardi Conedera, obispo y figura central de la búsqueda de justicia en Guatemala, con el rostro desfigurado por un bloque de concreto y signos de resistencia en su cuerpo, marcó en 1998 un hito sombrío en la memoria colectiva del país.
Diversos detalles investigados tras el crimen, como la demora y las declaraciones contradictorias del sacerdote Mario Orantes—quien residía en la iglesia San Sebastián y notificó el hallazgo del cuerpo—, reorientaron desde el principio las pesquisas, agregando complejidad al caso, según datos recogidos medios de comunicación en la época. Gerardi, quien había dedicado 14 años de vida pastoral a la parroquia San Sebastián, fue hallado a escasos metros del portón, junto a dos vehículos en el garaje parroquial, con los brazos y piernas cruzados y restos evidentes del forcejeo, entre ellos, la fractura de uno de sus dedos, considerada por los peritos “prueba” de que el obispo intentó defenderse en medio del ataque.
La descripción de la escena revelada por los análisis iniciales resulta clave por varios aspectos: el bloque de concreto triangular utilizado para golpear y desfigurar el rostro de Gerardi y el hecho de que el crimen ocurrió tras su regreso de un almuerzo familiar, en el momento mismo de abrir el portón del garaje donde, de acuerdo con las conclusiones de la investigación, el agresor ya lo esperaba. El nivel de premeditación y la violencia desplegada en este ataque eran, hasta ese momento.
En el año 2001, un tribunal guatemalteco condenó por el asesinato de Gerardi al coronel Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva (padre e hijo) y Obdulio Villanueva—todos militares—junto con el sacerdote Mario Orantes.
No obstante, la sentencia solo quedó firme en 2008, después de un largo recorrido judicial, recursos de apelación y amparos.
El informe presentado por Gerardi y su equipo documentó más de 55,000 violaciones a derechos humanos, en su mayoría cometidas por el ejército, e incluyó el testimonio de víctimas y la identificación de responsables directos de masacres.
El conflicto armado guatemalteco, que se prolongó entre 1960 y 1996, dejó al menos 250,000 personas asesinadas y desaparecidas, según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dirigida actualmente por Nery Rodenas.
La ODHAG y el proyecto REMHI —coordinados por Gerardi— fueron puntos neurálgicos de denuncia y memoria sobre la represión estatal.
Según Rodenas, entrevistado por Infobae Centroamérica, la publicación del informe generó un riesgo inmediato para quienes participaron en su elaboración: “Ese informe generó un impacto y, de alguna forma, quienes participaron en el conflicto armado interno se pudieron haber sentido amenazados”.
Al abordar el significado principal del asesinato y sus consecuencias, se establece que la muerte de Gerardi fue un crimen de Estado, con pruebas suficientes que evidenciaron el uso de recursos estatales para vigilancia, ejecución y encubrimiento.
Este caso demuestra la persistencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incluso después de la firma de la paz en Guatemala y expone las dificultades para investigar y sancionar crímenes donde integrantes de las instituciones militares resultan implicados.
Hipótesis descartadas y manipulación de la investigación: la pista de la banda Valle del Sol
El proceso judicial estuvo atravesado por hipótesis alternativas y estrategias de desviación, varias de ellas promovidas por representantes del Ministerio Público y sectores ligados al ejército.
Datos de Agencia Ocote muestran cómo, desde la captura inicial de un indigente sin relación real con los hechos, hasta la implicación de la llamada banda Valle del Sol, la investigación estuvo marcada por intentos de restar peso político al crimen.
Entre las líneas exploradas, a petición del fiscal Celvin Galindo en 1999, figuró la responsabilidad de la banda Valle del Sol, liderada por el colombiano Nelson Daniel Zapata Santamaría, cuya supuesta conexión con miembros de la iglesia fue alimentada por denuncias y declaraciones de testigos colaterales.
Hasta 17 personas fueron sometidas a pruebas de ADN, entre ellas militares, civiles y testigos de diferentes entornos, según el mismo fiscal. Sin embargo, expertos nacionales y extranjeros descartaron la hipótesis del perro Balú —al que señalaban como posible atacante— y la presunta implicación de la banda Valle del Sol, falta de fundamentos probatorios sólidos.
La defensa de varios acusados mantuvo la versión de la participación de la banda en el asesinato, señalando a Ana Lucía Escobar y Luis Carlos García Pontazo como autores materiales, pero la inconsistencia de las pruebas hizo que la hipótesis quedara descartada. La iglesia católica rechazó formalmente esa línea de investigación.
Durante el proceso, la investigación judicial fue objeto de amenazas, intimidaciones y presiones sobre fiscales, querellantes y miembros de la ODHAG.
Nery Rodenas, en diálogo con Infobae Centroamérica, relató que las maniobras para desacreditar el trabajo de Gerardi incluyeron centrar las acusaciones dentro de la propia Iglesia Católica, desplazando el ángulo político y desviando el objetivo de la investigación.
Las pruebas y declaraciones testimoniales permitieron establecer, según Rodenas, que “se utilizó vigilancia, ejecución y encubrimiento en el asesinato, lo que demuestra responsabilidad estatal”. Testimonios clave como el de Rubén Chanaxtan Tay, quien sostuvo haber sido contratado para espiar los movimientos de Gerardi y reconoció a los militares principales en la escena del crimen, resultaron determinantes en el juicio.
El proceso de investigación mantiene activo el expediente de trece personas más, incluyendo a Darío Morales, sargento del Estado Mayor Presidencial, detenido en 2025, cuyo caso sigue pendiente de resolución judicial por presunta ejecución extrajudicial y falso testimonio, según la información de Rodenas a Infobae Centroamérica.
A más de veintiocho años del asesinato, los desafíos persisten. El fallo judicial enfrentó retrocesos, impugnaciones y un entorno de inestabilidad institucional condicionado por intereses políticos, como describió Rodenas. Él estima que la demora y la inacción de autoridades redujeron el clima de amenaza únicamente tras la confirmación de las sentencias en 2008.
El legado de monseñor Juan José Gerardi excede el proceso judicial y tiene un valor en la lucha por la dignidad y la memoria de las víctimas del conflicto armado guatemalteco.
Rodenas puntualiza que “el acceso a la verdad” y la perseverancia ante la impunidad representan una responsabilidad ética y legal para quienes acompañaron la investigación.
El trabajo de Gerardi, desde su rol como obispo en comunidades rurales hasta la coordinación del informe Guatemala Nunca Más, estableció pautas para la documentación de delitos de lesa humanidad y para el papel de la iglesia en la reconstrucción social.
El caso expuso la existencia y funcionamiento de aparatos ilegales de represión en Guatemala después de la guerra, así como la importancia de un sistema judicial independiente para investigar casos políticos complejos.
Las dos décadas transcurridas reflejan que cuando fiscales y jueces mantienen un compromiso con la verdad, como en el caso Gerardi, la justicia puede imponerse incluso frente a estructuras de poder acostumbradas a la impunidad.
La muerte de monseñor Gerardi se mantiene como un episodio definitorio en la historia contemporánea de Guatemala.
El proceso para esclarecer el caso permanece abierto, con el avance del expediente sobre Darío Morales y la posibilidad de nuevas investigaciones, incluida una eventual intervención internacional si las autoridades nacionales no logran agotar las responsabilidades pendientes.
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INTERNACIONAL
El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo ayude a alcanzar la paz con Corea del Norte, “tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. Según un comunicado de la oficina presidencial surcoreana, durante una conversación mantenida en la cumbre del G7 en Francia, Trump consultó a Lee sobre los avances en las relaciones intercoreanas.
La petición se produjo en el contexto de la inminente firma de un memorando de entendimiento entre Washington e Irán para poner fin a su guerra, un hecho que ha alimentado la expectativa de que la administración de Trump podría concentrarse a continuación en la península coreana. El mandatario estadounidense avivó esa especulación tras anunciar el acuerdo con Teherán al publicar en sus redes sociales una imagen junto al dictador norcoreano Kim Jong-un, tomada durante su cumbre de 2018 en Singapur.
En el diálogo entre el mandatario estadounidense y el surcoreano, “el presidente Lee le pidió que él (Trump) tomara la iniciativa para lograr una resolución pacífica de la cuestión norcoreana, tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. El boletín añadió que el inquilino de la Casa Blanca “expresó su compromiso de trabajar” para alcanzar esa distensión.
El presidente Lee mantiene una postura conciliadora hacia Corea del Norte, en contraste con la más firme de su predecesor, Yoon Suk Yeol. En esa línea, el Ministerio de Defensa de Seúl anunció nuevas normas que amplían el acceso público a la zona fronteriza altamente militarizada, permitiendo a los civiles acercarse varios kilómetros más al límite con Corea del Norte.
Las dos Coreas continúan técnicamente en guerra desde 1953, cuando el conflicto finalizó con un armisticio y no con un tratado de paz, y se hallan separadas por una zona desmilitarizada. Por años, la Línea de Control Civil (CCL) restringió el paso de surcoreanos a menos de 10 kilómetros al sur de la frontera fortificada. El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, informó que la CCL se reducirá a un promedio de 6 kilómetros, lo que incrementará el acceso para residentes, agricultores y visitantes.
Pyongyang rechazó en reiteradas ocasiones los intentos de acercamiento de Lee, calificando oficialmente a Seúl como su enemigo “más hostil” y reafirmando su condición de estado nuclear “irreversible”. Analistas especializados en la península coreana consideran que las probabilidades de un nuevo encuentro entre Kim Jong-un y Trump son bajas.
Cabe recordar que Corea del Sur y Estados Unidos restablecieron la referencia a la desnuclearización de Corea del Norte en la declaración conjunta emitida tras una reunión clave sobre asuntos nucleares en Seúl la semana pasada. El texto, correspondiente a la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) y difundido la noche del jueves, señala que ambos países “reafirmaron su objetivo común de lograr la desnuclearización de Corea del Norte”.
En la anterior sesión del NCG, celebrada en diciembre en Washington, se había omitido toda mención directa al régimen norcoreano y a la desnuclearización de la península, hecho que alimentó especulaciones acerca de un posible intento de facilitar un acercamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un.
El retorno del compromiso bilateral ocurre después de la reciente cumbre en Pyongyang entre Kim y el líder chino, Xi Jinping, en la que no se abordó públicamente el tema. La Casa Blanca sostuvo que, tras la reunión del mes pasado entre Trump y Xi en Beijing, ambos mandatarios ratificaron el objetivo compartido de desnuclearizar el territorio norcoreano.
(Con información de AFP)
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INTERNACIONAL
GOP Gov DeWine urges Ohio to abolish the death penalty, says it is no longer a deterrent
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Ohio Gov. Mike DeWine, a Republican, on Tuesday announced support for abolishing capital punishment in his state, reaffirming his change of heart on the policy he helped write as a legislator 45 years ago to reinstate the death penalty in Ohio.
DeWine, who has repeatedly postponed executions during his time as governor, pointed to data showing that the death penalty does not serve as a deterrent to violent crime.
«For the state to take a human life, there must, in my opinion, there must be evidence that in doing so it will help protect the public, that the threat of that action will deter someone from committing murder,» DeWine said at a news conference.
«I do not believe that argument today can be successfully made, nor do I believe that there’s any chance in the future the facts that I’ve cited to support that belief will change,» he said. «Therefore, I believe Ohio should abolish the death penalty.»
TEXAS LAWMAKER PROPOSES BILL TO ABOLISH DEATH PENALTY IN LONE STAR STATE: ‘I THINK SENTIMENT IS CHANGING’
Ohio Gov. Mike DeWine announced support for abolishing capital punishment in his state. (AP Photo/Patrick Aftoora-Orsagos)
As he made his case, DeWine brought out charts and graphs showing the decline in both the number of death sentences handed down by courts and the quantity of executions being carried out. The data also showed the exceedingly long wait times as legal appeals play out for inmates on death row.
The governor said condemned murderers are increasingly unlikely to be executed, as they sometimes die by natural causes or by suicide before they can be executed.
«Even if the murderer is caught, indicted, convicted and sentenced to death, the odds are still pretty good they’re not going to be executed,» he said.
«In summary, each decade that the death penalty has been in effect, the chances of a murderer getting executed get more and more and more remote,» he added.
The last 10 people to be executed in Ohio had been on death row between 14 and 32 years, he said. Since the state reinstated capital punishment in 1981 under a law co-written by DeWine, 56 people who received the death sentence have been executed and 41 died by natural causes or suicide while on death row. Another 89 death sentences were overturned due to «judicial action» such as legal errors.
DeWine emphasized the years of pain for victims’ loved ones due to the delays and the impact on the mental health of state employees who work on execution teams.
UTAH DEATH ROW INMATE WITH DEMENTIA DIES OF NATURAL CAUSES 3 MONTHS AFTER EXECUTION WAS HALTED
The governor cited data showing that the death penalty does not serve as a deterrent to violent crime. (AP Photo/Sue Ogrocki, File)
«I no longer believe the death penalty is a deterrent to murder,» DeWine said. «The moral justification I had for voting for the death penalty simply no longer exists.»
The governor, who is term-limited and cannot seek another term in the 2026 election, said he felt compelled to share his thoughts now after 50 years of experience with the death penalty issue, including as a Greene County prosecutor, a member of the U.S. House and Senate and as Ohio’s attorney general.
However, he said his outright opposition to the death penalty has become solidified in the past year.
DeWine urged the legislature to abolish the death penalty or to leave it up to state residents to vote on the issue, although Republican House Speaker Matt Huffman has said he would oppose such an effort. Other supporters of capital punishment have argued that Ohio’s yearslong execution pause has denied justice to victims’ families and weakened the deterrent effect of death sentences.
DeWine has not authorized an execution since taking office seven years ago, citing, on numerous occasions, pharmaceutical suppliers’ unwillingness to provide the drugs used in lethal injections. Last year, President Donald Trump ordered the U.S. Justice Department to help states to resolve that issue. In January 2025, President Donald Trump ordered the U.S. Justice Department to help states resolve that issue.
The governor has said he expects no more executions during the remainder of his term. Delaying executions has left Ohio with 30 scheduled over the next four years, according to the Ohio Department of Rehabilitation and Correction. The state has not put an inmate to death since July 18, 2018, before DeWine took office.
The governor urged the legislature to abolish the death penalty or to leave it up to state residents to vote on the issue. (Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images)
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«The most important way to protect the public is to lock up violent criminals and to keep them out of society,» DeWine said. «That is a proven way of saving lives and protecting our citizens. Our money and energies are much better spent focusing on keeping these repeat violent offenders out of society.»
Currently, 27 states allow the death penalty while 23 states and Washington, D.C., do not, according to the Death Penalty Information Center.
Since 2019, including that year, three states have abolished capital punishment, while five states now authorize nitrogen hypoxia as an execution method amid ongoing controversy over lethal injection protocols.
At the federal level, Trump has pushed to expand executions. During his first term, 13 federal executions were carried out, which was more than any president in modern history.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala informó que hasta el 15 de junio de 2026 había 2,4 millones de jóvenes empadronados menores de 30 años, por debajo del registro del proceso electoral de 2023. El dato fue analizado por la Comisión de la Juventud del Congreso junto con planes de formación cívica y preparación para las elecciones generales de 2027.
De acuerdo con Omar Alexander Gereda Franco, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del TSE, el padrón electoral sumaba 10.095.713 ciudadanos inscritos, de los cuales 2.405.563 correspondían a personas menores de 30 años. Ese grupo representa cerca del 24% de los ciudadanos empadronados en el país.
Gereda explicó que en el proceso electoral de 2023 se registraron aproximadamente 2,5 millones de ciudadanos empadronados de entre 18 y 30 años, dentro de un total de 10,9 millones de electores. La comparación con el registro actualizado para 2026 muestra una disminución en ese segmento de la población electoral.
La reunión de trabajo de la comisión se centró en la participación juvenil en las últimas elecciones, los programas de educación cívica, el empadronamiento juvenil, la inclusión de personas con discapacidad y el presupuesto para iniciativas dirigidas a la juventud.
El diputado Héctor Aldana expresó su preocupación por la falta de información dirigida a grupos juveniles para incentivar su participación en temas electorales. También señaló la necesidad de aprovechar con mayor fuerza las redes sociales y otras herramientas digitales para conectar con ese sector.
La jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Virginia García, informó que a finales de julio será lanzada la campaña Alianza Juvenil por la Democracia, orientada a la capacitación y formación de jóvenes voluntarios que participarán en las Juntas Receptoras de Votos en los próximos procesos electorales. Según la representante del programa de Voluntariado Cívico, el proyecto busca fomentar la participación de la juventud y de las personas con discapacidad en los asuntos democráticos del país.
Las autoridades del TSE buscarán apoyo de las organizaciones políticas para fortalecer las secretarías de juventud y ampliar los procesos de capacitación dirigidos a esa población.
Según lo expuesto en la reunión, en los próximos meses se prevé el desarrollo de campañas de empadronamiento y actividades de formación ciudadana enfocadas en jóvenes, con apoyo de universidades, organizaciones sociales e instituciones públicas. Los diputados también plantearon ampliar las oportunidades de participación para jóvenes con discapacidad y promover la participación ciudadana de cara a los comicios de 2027.
En una segunda reunión, la comisión citó a María Victoria Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo; a Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía; y a delegados de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para fiscalizar el avance del programa Mi Primer Empleo y otras acciones orientadas a ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes.
La funcionaria añadió que el programa mantiene alianzas con 60 empresas en todo el país mediante un esquema de financiamiento compartido: el Estado absorbe el 51% del salario mínimo y las empresas participantes cubren el 49% restante. Durante cuatro meses, los beneficiarios reciben capacitación y adquieren experiencia laboral para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
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