POLITICA
El mensaje “político” de la CGT por el triunfo de la Selección: “Cuidemos el trabajo argentino”
La CGT se hizo eco este miércoles del contundente triunfo de la Selección Argentina en la primera fecha del Mundial 2026 y publicó un spot en el que llamó a “cuidar el trabajo y la industria nacional”, en momentos en que se profundizan los reclamos contra la reglamentación de la reforma laboral dispuesta por el Gobierno.
El cosecretario general de la central obrera Jorge Sola, que comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, publicó en sus redes sociales un spot en el que la organización pide “cuidar el trabajo argentino”, en medio de la euforia por la victoria ante Argelia por 3-0.
“Esta camiseta es vieja. Tan vieja que vio a (Diego) Maradona levantar una Copa del Mundo. Sobrevivió a mudanzas, lavados a mano. Sin embargo, acá está: no se rompió ni se destiñó. Esta camiseta es argentina y se hizo acá: alguien cortó la tela, hubo una costurera, un operario textual. Alguien alineó las franjas, coció el escudo. Antes de esa persona hubo otras: fabricaron el hilo, tiñeron el algodón y diseñaron el molde”, dice el relato del video.
Y agrega: “Esta camiseta dio empleo, sostuvo talleres y movió la industria nacional. Las camisetas siguen existiendo, pero muchas ya no se hacen acá. Llegan del exterior, vienen en contenedores. El escudo es el mismo, el precio a veces más bajo; lo que no está en todas es el trabajo argentino. Ese trabajo que deberíamos defender con la misma fuerza con la que defendemos la celeste y blanca de la mano de (Lionel) Messi”.
“Ojalá que, junto a las glorias de la Selección, podamos gritar los goles transpirando nuevamente una camiseta 100 por ciento industria argentina”, cierra el video, con imágenes de hinchas en momentos de festejos y con una música de tango de fondo.
El video, firmado por la CGT, cierra con el siguiente mensaje: “Cuidemos lo nuestro. Todavía estamos a tiempo. Cuidemos el trabajo argentino”.
Los reclamos
A principios de mes, la central obrera había rechazado la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo, al afirmar que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.
También llevó ese planteo, junto a las dos CTA, a la cumbre de la Organización Social del Trabajo (OIT), donde las tres centrales se unieron para denunciar al Gobierno.
Ante esa platea, el propio Sola expuso en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei.
“Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.
La presión de Moyano
Por fuera de la órbita de la CGT, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, arremetió el martes último contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y dijo que “la patada en el orto se la tenían que haber pegado hace tiempo”.
Al reaparecer en un encuentro gremial, Moyano aprovechó su vuelta al ruedo para presionar a la CGT para que active un plan de lucha contra la gestión de Milei.
“Han tenido tres estrategias, de las cuales dos le fallaron, por lo que queda la calle”, dijo el camionero sobre la hoja de ruta que trazó la central obrera en el Congreso y por vía judicial.
Además, calificó de “traidores” a los legisladores del PJ que votaron la reforma laboral y cuestionó que “hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.
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POLITICA
Caso Adorni: el fiscal Pollicita pidió más información sobre quiénes entraron y salieron de la casa de Indio Cuá y qué obras se hicieron
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
Entre los requerimientos, el fiscal solicitó información sobre vínculos laborales de ambos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, pidió documentación sobre obras y movimientos vinculados a una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá Golf Club y requirió datos sobre una compra de más de $8 millones realizada en un local de muebles y colchones.
La decisión quedó plasmada en una resolución de cinco páginas en la que Pollicita dispuso una serie de oficios dirigidos a organismos públicos, administraciones de barrios privados y empresas privadas para profundizar distintas líneas de investigación.
Uno de los pedidos más relevantes apunta a determinar si Adorni tuvo algún tipo de contratación, designación, asesoría o actividad remunerada en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. En caso de que existiera ese vínculo, el fiscal requirió toda la documentación relacionada con su designación, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
Leé también: Los aliados del Gobierno redoblan la presión en el Senado y piden la salida de Manuel Adorni
La misma información fue solicitada respecto de Angeletti para el período comprendido entre 2018 y 2023.
Además, Pollicita pidió al juzgado federal que investiga una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona una certificación amplia sobre el expediente, incluyendo los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni que pudiera tener relación con la pesquisa actual.
Otra de las medidas ordenadas apunta a reconstruir los gastos vinculados con un inmueble identificado como el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
Según la resolución, la información busca determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que son objeto de análisis en la causa.
En paralelo, también se solicitó a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre del funcionario, reside en ese barrio privado. En caso afirmativo, deberá precisar desde cuándo ocupa la propiedad, bajo qué modalidad y remitir documentación vinculada con el inmueble, incluidos contratos de alquiler y comprobantes de pago de expensas.
La investigación también avanzó sobre una operación comercial detectada a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en la causa. Pollicita requirió a la empresa Rosen The Store información sobre una factura emitida en junio de 2025 por $8.183.303,25 a nombre de Gisela Kocsis.
El fiscal pidió detalles sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega de los productos y la documentación respaldatoria de la operación para determinar quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos.
Por último, solicitó a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento histórico sobre las plataformas, exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales que operaron o prestaron servicios en la Argentina desde 2012 hasta la actualidad, junto con la normativa y antecedentes regulatorios del sector.
Las nuevas medidas se suman a otras ya ordenadas en el expediente, que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y la evolución de su patrimonio.
Manuel Adorni, investigacion, enriquecimiento ilítico
Un helicóptero Eurocopter que perteneció a una empresa del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez fue decomisado de manera definitiva por el juez federal Sebastián Casanello en una causa por lavado de dinero de las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de que no hubo sentencia en la causa porque fue declarada prescripta y los acusados, sobreseídos.
La decisión de Casanello fue a solicitud del fiscal federal Carlos Rívolo, que entendió que la aeronave fue parte de una investigación sobre posible lavado de activos en el circuito de pago de Odebrecht, informó el sitio oficial de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.
El Código Penal prevé el decomiso de las cosas que sirvieron para cometer el hecho o fueron producto o provecho del delito, “de manera definitiva, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado”, en este caso por prescripción por el paso del tiempo.
Casanello recordó que la causa contra las cuatro personas que habían sido procesadas fue declarada prescripta por la Cámara Federal. “Esa decisión, si bien impide enjuiciar a los imputados, no exime del deber de decomisar de modo definitivo los bienes cuyo origen ilícito se haya comprobado”, resaltó.
Tras el fallo, el fiscal solicitó que, una vez que quede firme el decomiso, la aeronave sea puesta a disposición del Ministerio de Seguridad Nacional para que sea asignada a alguna de las fuerzas federales.
La fiscalía de Rívolo había requerido que se decomise el helicóptero matrícula LQ-CFO, ya que consideró que fue producto de “maniobras financieras de lavado de activos”. En ese sentido, recordó que, en 2024, se había requerido la elevación a juicio de cuatro personas al tener probada su intervención en una maniobra tendiente a poner en circulación 1.715.000 dólares de origen ilícito, con la finalidad de dotarlo de apariencia de licitud a través de la adquisición del helicóptero en cuestión.
En ese requerimiento, el fiscal Rívolo había indicado que los fondos ilícitos provenían de los múltiples sobornos que la multinacional Odebrecht había pagado a altos funcionarios públicos argentinos, en cuya trama se había identificado a un hombre como intermediario.
Con el propósito de otorgarle apariencia de licitud, una parte de ese dinero fue transferido a Helicopter Corporation S.A., para aplicarlo a la compra del helicóptero en cuestión, que luego fue registrado a nombre de la firma Fusion Blue Servicios Aéreos, creada especialmente para tal fin.
Casanello recordó que en mayo de 2023 procesó a los involucrados por lavado de activos y luego, tras el pedido fiscal, avanzó hacia el juicio oral.
Sin embargo, tras una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, fue la Cámara Federal la que interpretó que el plazo de diez años −máxima pena para el de lavado− ya había transcurrido, por lo que ordenó la prescripción penal y sobreseyó a los cuatro imputados.
Casanello citó convenciones y ordenamientos internacionales sobre lavado de activos y la relevancia de los decomisos.
El caso se inició, en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó pagos ilícitos desde empresas offshore de Odebrecht hacia cuentas uruguayas de un empresario que cumpliría el rol de intermediario en el circuito de los sobornos, de acuerdo a lo que se había tenido por probado en una de las causas conexas, actualmente en debate oral ante el Tribunal Oral Federal N°7.
El patrimonio del implicado se había incrementado considerablemente, lo que quedó en evidencia con la compra del helicóptero investigado a través de su firma de servicios aéreos, Helicopter Corporation S.A.
Según la investigación, el dinero ilícito tenía por finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos relacionados con el contrato para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas que licitaba la empresa estatal AySA.
Según el juez, con parte de la ganancia obtenida a partir de esa maniobra ilícita, Helicopter Corporation adquirió en 2012 el helicóptero LV-CFO y pretendió otorgarle apariencia de licitud al dinero que Odebrecht había entregado para acelerar los pagos del Estado Nacional.
Cuatro años después, el helicóptero fue nuevamente transferido a una empresa pantalla (de reciente constitución y sin capacidad de compra) de modo de “alejarlo aún más de la fuente ilícita”.
“Todo indica que Fusion Blue fue constituida con el único propósito de transferir dicha aeronave”, resaltó Casanello y explicó que los supuestos ‘préstamos» que originalmente se habían utilizado para justificar el incremento desmedido de Helicopter Corporation S.A. fueron cedidos a uno de los implicados que actuó como el nuevo adquirente a través de la sociedad.
Recordó entonces que, de los informes remitidos por la Afip (ahora ARCA) se evidenciaron maniobras ejecutadas por el hombre para esconder el origen de los fondos destinados a la compra.
“Transcurridos diez años desde la adquisición del helicóptero y frente a la solicitud de un decomiso anticipado, nada ha podido decir el titular registral para rebatir esas sospechas. En este sentido, derivar de un sobreseimiento licitud o buena fe es un razonamiento falaz: dicha decisión sólo implica obturar la posibilidad de perseguir penalmente a una persona”, explicó el juez Casanello.
“La empresa ni siquiera dio cuenta del origen de los fondos empleados, aunque sabemos que el accionista mayoritario de Fusion Blue se había acogido a un régimen de sinceramiento fiscal para ingresar dinero no declarado y −con la interposición de su padre− constituir una sociedad comercial sin actividad que utilizó para adquirir el helicóptero. Sólo se habla de una ‘oportunidad’”, especificó el magistrado y dijo que nunca se explicó cómo supo de la venta del helicóptero, quién lo contactó con Helicopter Corporation, cómo se negoció el precio y la modalidad de pago o qué comunicaciones hubo entre ellos.
“El conjunto de estas circunstancias configura un escenario absolutamente irregular para la adquisición de un bien de esas características, que resulta concomitante a la necesidad del principal imputado en un caso de lavado de activos de desprenderse de bienes y empresas donde se había aplicado el dinero ilícito”, estableció el juez.
Por todo ello, y a pesar de que efectivamente se convocó a la empresa que registró la titularidad del helicóptero, no existió en el expediente “ninguna explicación convincente para considerarla tercera de buena fe”.
“La titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen –por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos–, lo que determina la inexistencia de un derecho”, recalcó el juez.
“De allí que esté justificado el decomiso, medida que en este sentido reviste un fin preventivo general, pues ataca la rentabilidad del delito y reafirma el principio reconocido en todas las tradiciones jurídicas de que el delito comprobado no rinde beneficios”, concluyó.
Hernán Cappiello,Jorge Rodríguez,Conforme a,Jorge Rodríguez,,Cambio de mando en Caracas. Los hermanos que se impusieron en la interna chavista y los dos grandes perdedores,,No va a juicio. Casación anuló un procesamiento confirmado de Corcho Rodríguez por un presunto lavado de más de US$1 millón,,»Un día especial». El proyecto «con historia» de Corcho Rodríguez y Verónica Lozano en Italia
POLITICA
La futura conducción del GAFI recibió en París a la delegación argentina y destacó la participación del Poder Judicial
En el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió con Giles Thomson, próximo presidente del organismo para el período 2026-2028, en un encuentro que puso el foco en cómo reforzar la prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.
La reunión también dejó una señal política para la Argentina: las autoridades valoraron la presencia de representantes del Poder Judicial en la delegación ante el GAFI y el aporte que pueden hacer jueces y funcionarios judiciales para mejorar la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a esas amenazas.
En la delegación estuvieron, además de Mahiques -quien estuvo acompañado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki-, los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello, Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.
Durante el intercambio, Mahiques y Thomson abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de integridad financiera. También analizaron la necesidad de sostener espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.
Ese fue el núcleo de la conversación bilateral: las autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas son herramientas necesarias para ampliar la capacidad de respuesta de los Estados ante fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.
El GAFI destacó el aporte del Poder Judicial en la delegación argentina
Uno de los puntos resaltados en el encuentro fue la participación del Poder Judicial dentro de la representación argentina en el plenario. Según la información difundida sobre la reunión, ese esquema fue presentado como un elemento de valor para fortalecer la aplicación concreta de los estándares promovidos por el organismo.
La discusión no se limitó al diseño institucional. También incluyó la necesidad de que jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, entes de supervisión y agencias encargadas del cumplimiento mantengan canales de trabajo articulados para responder con mayor eficacia al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación.
Mahiques sostuvo que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI. En esa línea, reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución de esos delitos y con una mayor cooperación internacional.
La referencia a la futura conducción del organismo surgió en el marco de la reunión con Thomson, quien ejercerá la presidencia del GAFI entre 2026-2028. El intercambio permitió conectar la agenda argentina con las prioridades que el foro internacional proyecta para esa etapa.
Respalo a la Argentina por avances desde 2024
La delegación argentina también mantuvo una reunión con Elisa de Anda Madrazo, presidenta saliente del GAFI. Allí, la funcionaria felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024.
De Anda Madrazo destacó además la participación activa de la delegación argentina tanto en el plenario como en los distintos grupos de trabajo. Sumó a esa evaluación el compromiso mostrado por el país en la implementación de las acciones derivadas de ese proceso.
Ese reconocimiento se incorporó al balance de la presencia argentina en París, donde la agenda oficial combinó la discusión sobre estándares internacionales con la defensa de una mayor coordinación doméstica entre los actores que intervienen en la prevención, detección e investigación de delitos financieros.
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