El optimismo de los trabajadores argentinos respecto del futuro de sus sectores no está distribuido de manera uniforme. Según el informe Workmonitor 2026 de Randstad, hay rubros que generan una confianza notablemente alta entre quienes los integran, mientras que otros concentran las miradas más escépticas.

La fotografía que emerge del relevamiento —realizado sobre 752 trabajadores en el país— permite identificar con precisión quiénes confían en el porvenir de su actividad y quiénes no. En concreto, el 60% de los trabajadores argentinos se muestra optimista respecto de las perspectivas del sector en que trabaja. Pero ese promedio oculta diferencias significativas entre rubros, con una brecha de 45 puntos porcentuales entre el sector más optimista y el más pesimista.

Energía y Minería lidera el ranking con el 88% de sus trabajadores confiando en el futuro de la actividad, un nivel que prácticamente no tiene comparación con el resto de los sectores relevados. La expansión del sector en los últimos años, traccionada en buena medida por el desarrollo de Vaca Muerta y la creciente actividad minera en distintas provincias del país, se refleja en la percepción de quienes trabajan en él.

Le siguen “Logística y Transporte” y el rubro de “Consumo Masivo”, ambos con el 73%. Luego aparece el Agro, con un nivel de optimismo del 70%. Los cuatro superan ampliamente la media general y configuran el grupo de mayor optimismo del informe.

En un segundo escalón, con niveles de confianza por encima del promedio aunque más moderados, aparecen Educación (64%), Retail (63%), Industria Manufacturera (63%) y el sector Automotriz y Autopartista (63%). Servicios Financieros e Ingeniería comparten el 62%, mientras que Cuidado de la Salud y Laboratorios se ubican exactamente en la media, con el 60%.

En el otro extremo del espectro, los trabajadores de Defensa son los menos optimistas: sólo el 43% confía en las perspectivas de su sector. Gobierno y Sector Público no está lejos, con el 46% —menos de la mitad de los trabajadores del Estado confía en el rumbo de su actividad—, seguido de Servicios Profesionales, donde el pesimismo alcanza al 52% de los encuestados. Hotelería y Turismo cierra la zona baja del ranking con el 55%, apenas por debajo de la media general.

Servicios de TI y Telecomunicaciones, con el 59%, y Construcción, con el 58%, también quedan por debajo del promedio, aunque por márgenes más estrechos.

Más allá del optimismo sectorial, el informe también indaga en cómo perciben los trabajadores la capacidad de sus empleadores y sus sectores para adaptarse a la transformación en curso. Los resultados muestran que esa confianza es considerablemente más baja que el optimismo general.

El 49% de los trabajadores argentinos afirma confiar en que su empleador se está adaptando adecuadamente a los cambios que atraviesa su sector. Y solo el 39% considera que el rubro en el que trabaja está mejor preparado que otros para afrontar el escenario de transformación tecnológica actual. Ese dato marca una tensión relevante: los trabajadores pueden ser optimistas sobre el futuro de su actividad y, al mismo tiempo, dudar de que sus organizaciones estén a la altura de los cambios que ese futuro exige.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló al respecto que “más allá del contexto macroeconómico, los trabajadores mantienen en general una mirada mayormente positiva sobre la evolución a futuro de las industrias en las que se desempeñan, marcando que aún con la incertidumbre que genera el avance de la digitalización y la IA, predomina la confianza en las capacidades individuales y en la adaptación de las organizaciones frente a la transformación que están atravesando la gran mayoría de industrias y mercados verticales”.

Sin embargo, los números del propio informe matizan ese optimismo: apenas cuatro de cada diez trabajadores creen que su sector está genuinamente mejor posicionado que otros para enfrentar la transformación tecnológica. La brecha entre la percepción general sobre el futuro del sector y la confianza concreta en la preparación tecnológica sugiere que el optimismo convive con una cuota importante de incertidumbre sobre cómo se transitará ese camino.

El debate por la reforma de la ley de biocombustibles tendrá lugar esta semana en el Senado. En este contexto, la cámara de empresas agroexportadoras, Ciara-CEC, publicó un video en el que acusa a las pymes de biodiésel de estancamiento y de no haber invertido en elaborar su propio aceite de soja, pese a los años de protección regulatoria.

Según el video difundido, en la Argentina se producen unas 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las pymes de biodiésel consumen cerca de 650 mil toneladas anuales. Esa cifra equivale a apenas un mes y medio de la producción nacional de aceite.

Además, la cámara afirma que 28 plantas de biodiésel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, a pesar de la protección que recibieron durante casi dos décadas. En contraposición, el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja, distribuidas en ocho provincias, y una capacidad instalada nacional de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión.

En su publicación, Ciara-CEC planteó que el espíritu de la ley original de biocombustibles, sancionada en 2006, era “promover la producción, desarrollar nuevas empresas y fortalecer la competitividad del mercado”.

Sin embargo, el video sostiene: “Si después de casi dos décadas de protección regulatoria muchas plantas siguen sin invertir para producir su propio insumo principal, esa falta de vocación de crecimiento termina siendo una negación de aquel principio original”, resalta la entidad a la vez que sostiene que el precio del aceite no puede analizarse por separado de la escala, la inversión y la integración productiva.

La entidad recordó que la Argentina ya compitió con fuerza en el mercado internacional de biodiésel. “Entre 2016 y 2018, el país fue el primer exportador mundial, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones de toneladas exportadas e inversiones por más de USD 2.500 millones».

Sobre ese antecedente, la cámara afirmó que durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos cerró su mercado al biodiésel argentino “por su nivel de competitividad y el desplazamiento que generaba en la producción local de diésel”. Según el video, esas medidas fueron paraarancelarias, de manera que el gobierno argentino las desafió y la justicia de ese país falló a su favor.

La Unión Europea también intentó imponer restricciones, pero la Argentina obtuvo un resultado favorable en la Organización Mundial del Comercio y accedió a una cuota compensatoria que aún se mantiene. La cámara agregó que ahora la UE busca desalentar el uso de soja como materia prima apta para biocombustibles mediante una norma ambiental que califica como artificial.

“Ese recorrido muestra que, cuando los mercados se cierran o el comercio se distorsiona, se vuelve más difícil sostener inversiones, escala productiva y desarrollo exportador. El debate de fondo no debería ser cómo trasladar costos de una industria a otra. Debería ser cómo construir una política de biocombustibles que incentive la inversión, eficiencia, integración productiva y competitividad», plantea la publicación de las empresas exportadoras de granos. Y finaliza: “En definitiva no falta aceite y abundan empresas proveedoras. Falta una ley que promueva la participación activa de toda la industria. Por eso apoyamos el proyecto de ley de la senadora Bullrich”.

La nueva ley de biocombustibles, entonces, será tratada este miércoles 3 de junio a las 14, en las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales y representantes de cámaras empresarias. Sobre la mesa habrá cinco proyectos, pero la iniciativa firmada por la senadora Patricia Bullrich y otros senadores libertarios llega con el mayor impulso político.

El proyecto, elaborado tras conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año. También habilita motores Flex Fuel, crea un sistema electrónico para la comercialización y otorga a la Secretaría de Energía la posibilidad de disponer aumentos adicionales.

La iniciativa busca desregular la actividad, fomentar la competencia y eliminar el límite productivo impuesto por la ley vigente. Según sus impulsores, este enfoque apunta a dar previsibilidad para atraer nuevas inversiones, ampliar plantas y generar empleo en las economías regionales.

El tratamiento legislativo encontró una ventana de oportunidad con la suba del precio internacional del petróleo, que se ubicó en algunas rondas por encima de USD 100 el barril, en un contexto de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. En este escenario, a fines de marzo, la Secretaría de Energía amplió el margen para que las refinadoras incrementaran el corte, pero el sector reclama desde hace tiempo una nueva norma.

La entidad que nuclea a la Mediana Empresa habló de «reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores», frente al planteo del Fondo

31/05/2026 – 18:38hs

La discusión en torno a las transformaciones fiscales que necesita la economía argentina sumó una fuerte voz de resistencia desde el sector productivo nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó de manera categórica la propuesta de reforma tributaria sugerida por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Javier Milei. La entidad gremial-empresaria cuestionó los lineamientos del organismo multilateral y alertó sobre el impacto recesivo que tendrían estas medidas en el entramado de las pequeñas y medianas empresas y en el mercado interno.

El planteo del FMI incluye medidas de fuerte impacto recaudatorio como ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender la aplicación del IVA a bienes que actualmente se encuentran exentos y elevar los topes de las categorías del Monotributo. A través de un comunicado oficial, la CAME denunció que este paquete estructural recae principalmente sobre los hombros de los asalariados y el consumo doméstico. Para la institución, se trata de reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, omitiendo modificar los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo en el país.

En su diagnóstico, la entidad empresaria señaló que el FMI ignora por completo el peso de la tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica del interior del país: el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales. De acuerdo con los datos relevados por la entidad, las exigencias fiscales de provincias y municipios representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, un porcentaje que se cobra de manera independiente a si el comercio o la fábrica registra rentabilidad o no.

La trampa de los «saldos a favor» y el préstamo forzoso al Estado

Uno de los puntos más críticos denunciados por la CAME radica en la mecánica de funcionamiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que catalogaron como un tributo «en cascada» que se va acumulando de forma nociva en cada etapa de la cadena productiva. El verdadero perjuicio para las pymes proviene de la proliferación de regímenes de retención y percepción provinciales, que obligan a las empresas a pagar más de lo que efectivamente deben por cada operación. Esto genera de manera constante abultados «saldos a favor» en sus cuentas tributarias provinciales.

Si bien la normativa prevé que estos excedentes se puedan recuperar mediante compensaciones futuras o por devolución directa del fisco, la CAME advirtió que en la práctica el sistema está roto por los siguientes motivos:

Compensación insuficiente: Los nuevos saldos acumulados superan mes a mes la capacidad de absorción del contribuyente en sus liquidaciones mensuales habituales.

• Devoluciones demoradas: El Estado demora entre 12 y 36 meses en reintegrar el dinero en efectivo a las firmas solicitantes.
• Pérdida por inflación: Debido a las demoras oficiales y la falta de actualización, los fondos devueltos pierden entre el 60% y el 80% de su valor real.
• Efecto financiero: La operatoria funciona en la práctica como un préstamo forzoso y sin remuneración al fisco, permitiendo que el Estado capture un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo pyme, sin que esto figure en ninguna estadística oficial de presión tributaria.

La propuesta de un Nuevo Consenso Fiscal permanente

Frente a este escenario de asfixia financiera, la CAME instó de manera urgente al Gobierno nacional, a las provincias y a los intendentes de todo el país a convocar a un Nuevo Consenso Fiscal. Desde la entidad remarcaron que el objetivo prioritario no debe limitarse a una reducción nominal de alícuotas que luego pueda revertirse fácilmente por decreto. Por el contrario, exigieron el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional.

Los ejes centrales que componen el proyecto estructural de las medianas empresas contemplan las siguientes medidas:

1. Racionalización de Ingresos Brutos: Eliminar el cobro de IIBB en las etapas intermedias de la producción y aplicarlo de forma única en la venta final al consumidor, emulando el formato técnico que posee el IVA.
2. Límite a las retenciones: Fijar una alícuota máxima de retención y percepción basada en la tasa efectiva por actividad, la cual no debería superar el 1%.
3. Indexación y plazos: Establecer un plazo máximo de 90 días corridos para la devolución de los fondos con intereses resarcitorios automáticos, sumando una indexación automática por coeficiente CER desde el día 31 de haberse generado el saldo a favor.
4. Transparencia y control: Obligar a una publicación trimestral del stock total de saldos acumulados y dotar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de funciones como organismo fiscalizador para asegurar el cumplimiento de los plazos.
5. Freno a las tasas municipales: Poner fin de manera definitiva a la proliferación de tasas opacas exigidas por más de 2.300 municipios del país, las cuales se cobran sin un correlato verificable en servicios públicos efectivamente prestados a las empresas.