POLITICA
El Tribunal Superior de Santa Cruz envió a la Corte el expediente por la ampliación del número de jueces

En las últimas horas, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación parte de la documentación requerida en la causa que analiza la constitucionalidad de la ley que amplió el número de integrantes del máximo tribunal provincial.
La presentación se realizó en respuesta a la intimación que había realizado la Corte Suprema para que el expediente fuera enviado en un plazo de 48 horas.
La documentación enviada dacuenta de la causa principal iniciada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio”. Allí, el gremio cuestionó la constitucionalidad de la norma aprobada por la Legislatura provincial para ampliar de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia.
Además, el tribunal santacruceño informó que el resto de las actuaciones judiciales y administrativas requeridas por la Corte serían enviadas en las próximas horas, en formato papel y mediante copias certificadas.
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El martes pasado, la Corte Suprema endureció su postura frente a la demora en la remisión de la documentación y volvió a exigir formalmente el envío completo de todas las actuaciones vinculadas al expediente.
El máximo tribunal nacional ya había requerido esa información el pasado 23 de abril, pero ante la falta de respuesta decidió fijar un plazo de 48 horas para la entrega de toda la documentación relacionada con la causa y sus incidentes conexos.
La Corte busca avanzar en el análisis del conflicto judicial abierto tras la sanción de la ley impulsada en Santa Cruz para modificar la composición del máximo tribunal provincial.
La norma había generado una fuerte controversia política, judicial y gremial dentro de la provincia y terminó siendo suspendida y posteriormente declarada inválida por el propio Tribunal Superior de Justicia santacruceño.
El avance del expediente se produjo pocos días después de que la Corte Suprema rechazara una recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra integrantes del máximo tribunal nacional.
El gremio había cuestionado la intervención de algunos jueces por presuntos vínculos políticos e institucionales, aunque la Corte consideró que el planteo había sido realizado fuera de término y sin fundamentos jurídicos suficientes.
En esa resolución, además, el tribunal recordó que la recusación es una herramienta “de carácter excepcional y de interpretación restrictiva”, especialmente cuando se pretende apartar a jueces de la propia Corte Suprema.
Cómo se originó el conflicto
La disputa judicial comenzó tras la sanción de la ley provincial que amplió la integración del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de cinco a nueve miembros.
La Asociación de Judiciales promovió entonces una acción de inconstitucionalidad y cuestionó tanto el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma como la posterior designación y jura de nuevos vocales.
En paralelo, se fueron acumulando distintas medidas cautelares y actuaciones vinculadas al caso, motivo por el cual la Corte Suprema exigió acceder a toda la documentación antes de avanzar con una definición sobre el expediente.
Corte Suprema, Santa Cruz, disputa
POLITICA
El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT

En una sesión realizada esta tarde, el Senado de la Nación aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. La medida busca avanzar en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia federal de distintas jurisdicciones del país y desbloquear promociones que permanecían demoradas en el servicio exterior.
Los pliegos judiciales incluyen designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, tribunales orales federales de Tucumán y Posadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y de Mar del Plata.
También el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal y otros cargos en fiscalías y defensorías públicas de Corrientes, Mendoza, Río Negro y Capital Federal.
Entre los nombres aprobados se encuentran Víctor Arturo Pesino, Javier Jorge Cosentino, Leopoldo Jorge Rago Gallo, María Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco, Bernardo María Rodríguez Palma, Pablo Roberto Toledo y Ruth María Ponce de León.
En algunos casos, como el de Pesino, sectores de la oposición, entre ellos el kirchnerismo, votaron en contra. El pliego fue aprobado con 35 votos a favor y 32 en contra.
El pliego de Pesino fue especialmente resistido porque fue el juez que falló a favor del Gobierno en la causa contra la reforma laboral, al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.
Con este resultado, el camarista que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio se aseguró un nuevo período por cinco años más en la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo.
La senadora Patricia Bullrich defendió el pliego de Pesino durante el debate. Consideró que el peronismo buscaba sacarse de encima al magistrado por haber sostenido la reforma laboral, y recordó que esa reforma fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. “Los jueces no se sacan por sus fallos”, sentenció la jefa del bloque libertario.
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Otras postulaciones, como las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tomaron estado parlamentario y fueron giradas a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento posterior.
En paralelo, el cuerpo aprobó por unanimidad, un conjunto de 27 ascensos diplomáticos en las categorías A, B, C y D. La decisión puso fin a una extensa dilación que afectaba la carrera de funcionarios del servicio exterior argentino.
Senado, CGT, Justicia
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Procesaron a Jorge Capitanich por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria

El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich fue procesado por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. La causa en la que se investiga a Capitanich tiene como principal acusada a la exfuncionaria Marta Soneira, acusada de adjudicar de forma irregular tierras fiscales a allegados suyos, decisiones que Capitanich avaló con su firma.
El exgobernador fue procesado por el juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, exdiputado nacional por la UCR.
Según consta en el expediente, la trama por la que fue procesado Capitanich (a solicitud del fiscal general Carlos Amad), incluye, en sus puntos principales, acusaciones por “traslados sospechosos de documentación institucional clave que derivaron en extravíos y adulteraciones”, así como “un mecanismo de adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales” basado en “informes de inspección idénticos elaborados el mismo día” por un delegado (Darío Giménez), con el objetivo de “beneficiar directamente a los socios comerciales” del esposo de Soneira (Mauricio Ariel Cian), “quienes incluso modificaban o elegían parcelas a su antojo e incurrían en presuntas usurpaciones con la complicidad de las autoridades”.
La denuncia que alcanzó a Capitanich fue presentada por la administración de Leandro Zdero, actual gobernador de Chaco. Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco (actualmente, denominado Instituto de Tierras Fiscales), formalizó la presentación judicial el 2 de mayo de 2024.
La exfuncionaria Soneira fue titular del Instituto de Colonización y secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, con Capitanich como mandatario (gobernó la provincia hasta 2023, cuando lo venció Zdero).
Según se desprende de la resolución del juez Carbajal, el fiscal Amad responsabiliza a Soneira de “valerse de sus cargos para otorgar y adjudicar de forma espuria cuatro inmuebles rurales de grandes dimensiones en el Departamento Almirante Brown a favor de Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro N. Bessone, quienes son socios comerciales de su pareja”. Los inmuebles rurales son dos de 1250 hectáreas, uno de 623 hectáreas y otro de 512 hectáreas.
Además, el fiscal culpa a la exfuncionaria de “otorgar de manera organizada beneficios impositivos provinciales, industriales, reintegros de subsidios y quitas/tarifas especiales en servicios públicos a las empresas de su entorno íntimo”, y de influir “para modificar por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, permitiendo que sectores rurales del Departamento Almirante Brown (donde radican las empresas de su marido y socios) se habiliten para la explotación rural y desmonte”.
En el marco de la causa, Capitanich fue acusado de haber tenido “un rol fundamental dado que, mediante su firma en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, ratificó y validó formalmente las adjudicaciones de venta de los campos fiscales a precios ínfimos y muy por debajo del valor de mercado”.
También se lo acusó de haber haber aprobado por decreto “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ignorando los consensos técnicos de sustentabilidad y violando la Ley de Bosques Nativos que exige que dicha medida sea aprobada exclusivamente por vía legislativa”.
El fiscal Amad consideró que Capitanich estuvo “dentro del esquema delictivo como parte del plan organizado y coautor/partícipe necesario en las maniobras de fraude en perjuicio de la Administración Pública, actos de corrupción y abuso de autoridad, al emitir el decreto adjudicatario final y el decreto de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”.
Al ser citado a indagatoria, el 9 de septiembre de 2025, Capitanich presentó un escrito. Pidió “su inmediato sobreseimiento ante la inexistencia absoluta de los delitos de defraudación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito” que se le imputan. El actual senador nacional, se resumió en el fallo de su procesamiento, “rechazó la acusación fiscal, la cual consideró vaga, imprecisa y construida sobre conceptos abstractos alimentados por denuncias e informes mediáticos de opositores políticos que pretenden criminalizar decisiones de Estado legítimas, convirtiendo políticas públicas de desarrollo en supuestas maniobras delictivas”.
El juez Carbajal (que fue diputado nacional por Formosa hasta diciembre de 2025, y en febrero de 2026 fue designado como subrogante en el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña) procesó a Soneira y a Capitanich como coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas.
El magistrado también procesó, como coautores del delito de fraude, a Mauricio Ariel Cian (el esposo de Marta Soneira) y sus socios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón. Los acusados Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman (que fue titular del Instituto de Colonización) recibieron la falta de mérito. Federico Soneira y Diego Soneira (hermanos de Marta Soneira) fueron sobreseídos.
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POLITICA
Nuevo gesto de LLA: Karina Milei reunió a legisladores porteños y hablaron de la estrategia para 2027

Karina Milei se reunió este jueves en Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza para escuchar la hoja de ruta de las reformas que tienen para la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que configura una cumbre con alto componente simbólico. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirman en el oficialismo nacional.
En el resumen del encuentro publicado por la Casa Rosada se dio a conocer que desde la filial porteña transmitieron su “preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires”.
Esta última mención no es menor, ya que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha manifestado en más de una oportunidad que busca desarrollar ese sector de la Ciudad. Se trata de una de las demostraciones de autonomía que pretende realizar el armado karinista en un momento en el cual se están determinando cuáles serán las alianzas electorales en distintos puntos del país.
El comunicado de prensa indica que se presentaron “los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027”. La conducción nacional libertaria no ha dado muestras de que pretende cerrar un acuerdo con el macrismo. No por el momento. Creen que aquello se terminará de decidir a principios del año próximo y con un panorama más acabado.
Karina Milei cree que tiene espacio para disputar la silla de Uspallata con una fórmula propia. Esta es una posibilidad que disminuyó con el tiempo debido al declive definitivo de la candidatura de Manuel Adorni, al mismo tiempo que en el sector ligado a Patricia Bullrich tampoco muestran entusiasmo por una postulación porteña. Al mismo tiempo, Jorge Macri reconvirtió su discurso de gestión, centralizándolo en la seguridad pública. Esto se trasladó a la Legislatura porteña, donde votaron junto a La Libertad Avanza iniciativas tales como el mayor control de los “trapitos“.
Ese proyecto fue presentado oportunamente por La Libertad Avanza y es uno de las tantas reformas que Ramírez y su equipo presentaron a comienzos de año internamente como para imponer volumen político en la Legislatura de la Ciudad. En la Casa Rosada consideraban que la actividad parlamentaria volverá a marcar el pulso político en las próximas semanas, tanto a nivel nacional como en el distrito porteño.

El encuentro comenzó a las 13 y se extendió por casi dos horas. Contó con la participación completa de los legisladores porteños y de funcionarios de la gestión nacional como el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, o el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.
Los legisladores bonaerenses de LLA habían sido convocados en un primer momento, pero no participaron por el llamado a sesiones en el Senado de la Provincia. La modificación dejó la reunión enfocada en los dirigentes de la Ciudad, uno de los principales distritos electorales del país.
La reunión se desarrolló en un contexto de tensiones silenciosas dentro del oficialismo. En los últimos meses se profundizaron las diferencias entre el sector que responde a Milei y el armado político de Patricia Bullrich, sobre todo en la definición de candidaturas, el desembarco de dirigentes provenientes del PRO y el control de la expansión partidaria.

Aunque ambas sostienen una relación institucional, dentro del oficialismo reconocen que conviven dos formas distintas de construir poder. Esa competencia podría proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.
Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y de su vínculo con sectores del PRO. Karina Milei, en cambio, conserva el control del partido y de la expansión territorial, en una división de funciones que convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento libertario una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente.
En Balcarce 50 sostienen que la prioridad inmediata sigue siendo preservar la unidad del oficialismo y evitar que el debate interno interfiera con la agenda parlamentaria. La reunión de este jueves también buscaba transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político de los próximos meses.
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