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Elecciones en Perú: el progresista Sánchez estira su ventaja sobre López Aliaga, pero varias renuncias enturbian el panorama

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El margen entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se incrementó este miércoles a más de 17.000 votos, en su particular disputa por convertirse en el rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Con el 94,29 % del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17,04 % de los votos válidos al sumar 2.707.502 de votos; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,01 % al aglutinar 1.908.702 sufragios; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,91 % al obtener 1.891.479 apoyos.

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La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 17.211 votos, después de que el izquierdista pasara del séptimo lugar al segundo, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.

Por fuera del conteo de votos, varias renuncias complican el panorama en el país y abren más de un interrogante. En primer lugar, este martes, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, presentó su dimisión a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, que provocaron que se extienda el sufragio de las elecciones generales en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión.

Y este miércoles, el canciller y el ministro de Defensa de Perú renunciaron por discrepancias con el presidente interino José María Balcázar sobre la compra de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin y revelaron que militares firmaron la compra de las aeronaves. Balcázar había declarado a medios locales que decidió postergar la operación porque al ser presidente interino no tenía “legitimidad” para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por 3.500 millones de dólares.

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En desacuerdo con esa decisión, Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa y Hugo de Zela al de Relaciones Exteriores. Y en una nueva muestra de la inestabilidad institucional en Perú, Díaz afirmó que pese a la negativa del presidente, el lunes militares dependientes de la cartera de Defensa firmaron el contrato de compra.

Lo que parecen dos hechos sin conexión aparente, se unen por los rumores que circulan en ámbitos políticos de Lima. Según fuentes periodísticas, el Jurado Nacional de Elecciones habría evaluado suspender la segunda vuelta y convocar a nuevas elecciones presidenciales para dentro de un año, manteniendo el Congreso actual. ¿Cuál sería la razón? Una moción para destituir a Balcázar, por el entuerto de los aviones de Estados Unidos y la consecuente «inestabilidad» que eso generaría para celebrar el balotaje el 7 de junio.

Hasta el momento, todavía faltan 63 actas de mesas electorales (0,06 % del total) por procesarse debido a que vienen de lugares de difícil acceso y, en otros casos, a que no pudieron ser obtenidas por las autoridades electorales por diferentes problemas suscitados durante el día de las elecciones.

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Asimismo, hay más de 5.200 actas pendientes de revisión (5,63 % del total) por los jurados electorales al presentar inconsistencias o irregularidades, que pueden ser un error en la suma de votos o en las firmas de los miembros que compusieron la mesa electoral.

El conteo continúa mientras López Aliaga sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un supuesto fraude en su contra, narrativa que se ha visto alimentada por las numerosas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que llevó a que numerosos locales de votación en Lima abrieran con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.

Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana crece la presión sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, para que convoque unas inéditas «elecciones complementarias» donde votarían aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de los retrasos en los centros de votación, una opción que no está contemplada en la ley.

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Estos reclamos para que se abra un nuevo periodo de votaciones en Lima, bastión de López Aliaga, se han intensificado a medida que Sánchez ha ido incrementando su ventaja sobre el ultraderechista y consolidando su eventual pase a la segunda vuelta.

Rechazo de la izquierda

Partidos de izquierda realizaron un plantón este miércoles frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedirle que no ceda ante el pedido de formaciones de derecha de celebrar, fuera de toda la normativa vigente, una jornada complementaria de votación en la capital Lima, donde hubo retrasos en las aperturas de numerosos locales por falta del material electoral, que llegó varias horas tarde.

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Rafael López Aliaga, candidato ultra conservador. Foto Reuters

El abogado de Sánchez, Roy Mendoza, dijo junto a simpatizantes de varios partidos de izquierda que si el JNE accede a convocar unas elecciones complementarias, estaría cediendo a la presión y a la extorsión electoral de algunos partidos políticos.

«El Jurado Nacional de Elecciones va a poner en agenda la elección complementaria y esto es preocupante para el sistema democrático (…) una elección complementaria no tiene ningún sustento legal y es una decisión desafortunada», agregó.

Ruth Luque, congresista y candidata al Senado del partido de centroizquierda Ahora Nación, declaró ante medios que rechazan «tajantemente» cualquier discurso autoritario que pretende capturar las instituciones fundamentales para garantizar una autonomía y respeto a la voluntad popular.

Sostuvo que López Aliaga está desconociendo el resultado de las elecciones y que evitaría llegar a segunda vuelta Juntos por el Perú, «que ha sido una de las fuerzas políticas que, le guste o no un sector político, ha ganado su derecho de pasar a la segunda vuelta y representa la votación de los sectores más vulnerables del país».

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Obama judge clears left-wing group to fly ominous flag aimed at Trump on his own turf

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

An Obama-appointed federal judge temporarily blocked the National Park Service from removing an anti-Trump «86 47» flag near the National Mall, delivering a win to a progressive activist group and drawing sharp pushback from President Donald Trump’s Department of the Interior.

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«This opinion is from an Obama-appointed judge. In what world have we lost all decency, to demand that any threat against the President be taken very seriously,» said a DOI spokesperson to Fox News Digital. «While the Department shall and does comply with the Court’s orders, this type of behavior should not be tolerated.»

Progressive group Accountability Now USA flew the flag near the National Mall alleging that the National Park Service violated their First Amendment rights by threatening to revoke their permit. U.S. District Judge Randolph Moss in Washington, D.C., granted a temporary restraining order Monday allowing the flag to remain displayed for now.

The dispute comes amid heightened administration scrutiny of «86 47» messages after the Department of Justice charged former FBI Director James Comey over a similar message. 

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CALIFORNIA BEACH ‘RESIST!’ PROTEST PUSHES ‘KINDNESS’ WHILE CALLING TO ‘86 47’ IN ANTI-TRUMP MESSAGE

A D.C. district judge permits activists to fly «86 47» flag near the National Mall.  (Samuel Corum/Getty Images)

Comey was charged with two federal counts over an Instagram post last year showing seashells arranged to read «86 47,» and faces up to 10 years in prison if convicted.

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The administration has interpreted the number «86» as a political threat, pointing to its common use in the restaurant industry to mean removing or refusing service and its perceived connection to Trump as the 47th president.

Comey has denied he intended any violent threat toward Trump, explaining he understood it meant leave or ditch.

LEGAL EXPERTS WARN COMEY ‘8647’ INDICTMENT FACES FIRST AMENDMENT HURDLES

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james comey and barrack obama

James Comey is facing two federal charges and up to 10 years in prison for sharing an Instagram post showing seashells arranged to read «86 47.» (JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)

Moss was appointed to the federal bench by Obama after previously serving in Bill Clinton’s Justice Department. He has also contributed to and volunteered for Democratic candidates and causes.

The judge found the meaning of «86» ambiguous, noting the flag itself did not contain violent symbols and bore patriotic colors, writing «the evidence shows that Plaintiff displayed the 8647 flag to urge that Congress impeach and remove President Trump from office.»

Moss did note that «a true threat to the life or safety of the President would undoubtedly outweigh the interest of the public or the speaker in continuing to urge that unlawful conduct.»

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Donald Trump raising his fist while being escorted offstage by Secret Service agents

Then-Republican presidential candidate Donald Trump pumps his fist as he is rushed offstage by U.S. Secret Service agents after being grazed by a bullet during a rally in Butler, Pa., on July 13, 2024. (Anna MoneymakerGetty Images)

Trump has repeatedly been targeted by violence, including just in April at the White House Correspondents’ Association Dinner.

There were two assassination attempts on Trump’s life in 2024, beginning in Butler, Pennsylvania, where a bullet grazed his ear after a gunman climbed onto a roof during a rally on July 13, 2024.

U.S. Magistrate Judge Zia Faruqui recently drew backlash from Trump allies after apologizing to Cole Allen, the suspect accused of plotting an assassination attempt tied to the White House Correspondents’ Dinner, over his treatment in custody.

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«At a minimum, I should be apologizing to him. We are obligated to make sure he’s taken care of. Mr. Allen, I’m sorry that things have not been the way they are supposed to,» said Faruqui.

The temporary restraining order for the flag case is in place for 14 days as litigation continues.

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Fox News Digital reached out to Moss’ chambers for comment.

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Escándalo en Uruguay con el presidente Yamandú Orsi por la compra de una camioneta de US$ 80.000: un llamativo descuento de US$ 25.000, dudas y su descargo

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El presidente uruguayo Yamandú Orsi quedó envuelto en un escándalo por la compra de una camioneta de US$ 80.000 que pagó a un precio muy por debajo del que debería pagar cualquier ciudadano, gracias a un llamativo descuento que consiguió por parte de una automotriz de más del 30% sobre el vehículo, un Hyundai Santa Fe Híbrido.

Ahora, tuvo que salir a dar explicaciones después de que su primera reacción luego de que trascendiera la información dejara más dudas que certezas. «Si algún organismo de contralor considera que cometí algún error, me haré cargo», afirmó en un video compartido en las redes sociales en las últimas horas, cuando la polémica por la compra sumaba cada vez más datos opacos.

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«Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia, en particular en el comienzo de la gestión. En esos días se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024″, comenzó explicando el mandatario.

Dijo que «por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío» consideró viable la propuesta, «condicionado a las posibilidades económicas» que estuvieran a su alcance. Y que como el precio que le propusieron desde la automotora le resultó razonable decidió «hacer la compra».

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El escándalo de la camioneta de Orsi

La controversia se desató luego de que un informe del programa ‘Así Nos Va’ de Radio Carve mostrara la declaración jurada de Orsi y marcara algunas inconsistencias. Allí se señaló que no había una explicación clara sobre de dónde había salido la diferencia entre su antigua camioneta y la que adquirió justo antes de transformarse en Presidente.

Un día después apareció la factura de compra y quedó en evidencia que el mandatario había recibido un descuento de 25.000 dólares en la adquisición del vehículo, que costaba US$ 80.000.

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Orsi intentó aclarar la situación de la compra y señaló que ante “descuentos se tiraba siempre de cabeza”, lo que causó fuertes cuestionamientos. El senador nacionalista Sebastián Da Silva le recriminó: “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto«.

La situación escaló y la oposición puso en duda también al vehículo que usó Orsi el día de su asunción como Presidente. En esa jornada, el mandatario uruguayo desfiló con un auto eléctrico de la misma marca. Desde entonces se especuló que el descuento que recibió tuvo que ver con eso. Una suerte de Publicidad No Tradicional (PNT) en pleno traspaso del poder.

De hecho, el diputado por el opositor Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes a Presidencia «para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al Presidente en la asunción del 1 de marzo de 2025″.

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En su mensaje publicado anoche, Orsi subrayó: «La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda».

La camioneta Hyundai que trasportó a Orsi en la jura presidencial quedó bajó sospecha también.

«Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque, de ser así, se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado», dijo.

Asimismo, apuntó que si se entiende que debe pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo hará «sin más demora».

Según publicó el medio uruguayo El País, el mecanismo de adquisición de la camioneta Hyundai tuvo detalles que Orsi emitió en su mensaje. Uno de ellos sería la entrega como parte de pago a la concesionaria de una camioneta Renault Stepway que había sido donada para su campaña electoral, además de su vehículo personal.

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También que realizó una transferencia de US$15.000 con la que habría completado la transacción del vehículo tasado en alrededor de US$80 mil.

“El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada. Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo. Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad: verdad que se refleja en toda la documentación presentada», ratificó.

Por último, se disculpó con los uruguayos: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora. Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente».

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El video del presidente uruguayo no respondió todas las dudas y el tema, lejos de apaciguarse, sigue despertando polémica. Es que el mandatario admitió que como parte de pago dio una camioneta donada a su comando de campaña, pero resultó ser que ese vehículo era parte de una rifa que, al final, nadie ganó.

Según publicó el medio Búsqueda, la camioneta Renault había sido puesto como premio de una rifa, cuyo premio quedó vacante. Y sobre ello opinó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en cuyas filas milita Orsi: «La rifa la organizó el comando de Orsi. No soy yo quien tiene que explicarlo sino el equipo que estuvo a cargo de este bono colaboración», expresó.

Pereira reconoció que la explicación de Orsi «probablemente» se demoró en llegar, pero defendió que haya dado la cara. «Buena parte del capítulo está explicado. El presidente puso a disposición su auto desde el día uno y ya no tiene el valor de compra», sentenció.

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INTERNACIONAL

FIRST ON FOX: ActBlue board members in hot seat as GOP probes ‘serious’ misconduct allegations

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FIRST ON FOX: Congressional investigators are expanding their probe into Democratic fundraising giant ActBlue, seeking interviews with board members as scrutiny intensifies over the platform’s handling of foreign donations. 

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The GOP chairs of three House committees are requesting that five members of ActBlue’s board sit for transcribed interviews and produce a slew of documents related to their involvement in the payment processor’s response to allegations of donor fraud.

The board members have until June 16 to voluntarily comply with the Republicans’ invitation, according to a copy of the letters reviewed by Fox News Digital. 

The letters come as ActBlue is under intense pressure over whether it accurately represented its fraud-prevention practices and handling of foreign donations that may have been routed through the platform into U.S. elections. The Republican-led committees have accused the platform of stonewalling their investigation by withholding documents subpoenaed by the panel and failing to be transparent after learning about the potential misrepresentation of facts.

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Congressional investigators are expanding their probe into Democratic fundraising giant ActBlue. (Getty Images)

DEM FUNDRAISING GIANT IN THE HOT SEAT AS GOP LAWMAKERS DEMAND ANSWERS OVER DODGED SUBPOENA

«Information produced to the Committees and public reporting indicate that ActBlue’s Board of Directors may have participated in or been aware of this misconduct,» House Administration Committee Chairman Brian Steil, R-Wis., House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan, R-Ohio, wrote in the letters. «Accordingly, we write to request your voluntary cooperation with our oversight.»

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A spokesperson for ActBlue did not immediately respond to a request for comment. 

House Republicans’ widening probe into ActBlue comes as the group’s embattled CEO, Regina Wallace-Jones, is expected to testify before the House Administration Committee about the platform’s vetting of foreign donations at a June 10 hearing.

«Ms. Wallace-Jones allegedly misled our committee at the outset of our investigation into ActBlue’s fraud prevention standards,» Steil previously told Fox News Digital. «It’s past time we set the record straight and got answers for the American people.»

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Central to those concerns is reporting that ActBlue’s own attorneys questioned whether the organization had accurately described some of its fraud-prevention practices to Congress. 

According to The New York Times, Covington & Burling, ActBlue’s then-outside counsel, warned Wallace-Jones in early 2025 that she may have given misleading comments to Steil’s committee about how the platform screened potentially illegal contributions, including those from foreign donors.

ActBlue did not immediately clarify that some of its screening procedures for fraudulent donations were not always followed as described to congressional investigators, the outlet reported. 

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House Oversight Committee Chairman James Comer speaking with Committee on House Administration Chairman Bryan Steil and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan

House Oversight Committee Chairman James Comer, Committee on House Administration Chairman Bryan Steil and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan are leading investigations into ActBlue. (AP)

ACTBLUE SCRUTINY FUELS NEW GOP BILLS TO TIGHTEN ELECTION DONATION RULES

ActBlue’s new outside counsel later acknowledged in a June 2025 letter that the payment processor strengthened certain donor-screening procedures, months after the board learned of the concerns raised by Covington. 

«We saw it as we weren’t going to poke the bear by issuing a correction for things that, frankly, the committee hadn’t necessarily looked at more closely,» Kimberly Peeler-Allen, chairwoman of the ActBlue board of directors, told The Times in April.

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Peeler-Allen is among the targets of the new round of interview requests. 

The Republican chairs are also scrutinizing the board’s response to a wave of high-profile departures and alleged retaliation that occurred following internal concerns that ActBlue may have provided misleading information to Congress. 

An ActBlue lawyer had his access to ActBlue’s computer networks cut off after he tried to warn the board about the group’s potential legal jeopardy, The Times reported. According to the outlet, two ActBlue unions later warned the board about current leadership’s association with a «growing pattern of volatility and toxicity» and asserted that the constant turnover was «eroding our confidence in the stability of the organization.»

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Regina Wallace-Jones wearing a U.S.-flag themed outfit at the United Center in Chicago

ActBlue CEO Regina Wallace-Jones, a delegate from California, wears a U.S.-flag themed outfit ahead of the Democratic National Convention at the United Center in Chicago on Aug. 19, 2024. (Vincent Alban/Reuters)

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«The union noted that ActBlue’s legal and compliance functions had been compromised,» the group of Republicans said in the letter. «It is unclear what actions the Board took in response to these serious allegations.»

ActBlue has consistently denied any wrongdoing and has not been criminally charged. Spokespersons for the payment processor have previously cast the congressional probe as an attempt by Republicans to undermine the group — a key plank of the Democratic Party’s financial infrastructure — ahead of November’s midterm elections.

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