Tal como lo anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, el Gobierno nacional lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado. La convocatoria se enmarcó en el programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó a incorporar capital privado en la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.

La medida formalizó el proceso que Caputo había anticipado. En ese posteo, el funcionario informó que el Gobierno publicaría los pliegos para avanzar con la privatización de la empresa y sostuvo que la operación permitiría mejorar la calidad del servicio y promover inversiones.

Según el comunicado difundido hoy, el procedimiento se desarrollará mediante una licitación pública nacional e internacional “de etapa múltiple”, con criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales. El Gobierno indicó que el esquema buscará garantizar un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado para el Estado Nacional.

La coordinación del proceso quedó a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar el programa de privatizaciones y reorganización de compañías estatales. El comunicado oficial sostuvo que el objetivo de esa estructura consiste en llevar adelante el proceso “de manera profesional y transparente”.

El cronograma oficial estableció que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes.

Luego de esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

La convocatoria prevé la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

El comunicado sostuvo que la incorporación de un operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema “sostenible y previsible” para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.

Además, el Gobierno afirmó que el ingreso de capital privado garantizará la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio. En el texto difundido también se señaló que el proceso se encuadró en el ordenamiento y eficientización de AySA desarrollado durante los últimos años. Según el documento oficial, ese proceso permitió consolidar “una empresa con infraestructura estratégica y potencial de crecimiento”, en condiciones de recibir inversión privada y encarar una nueva etapa de expansión y modernización.

Con la publicación de la convocatoria, el Gobierno avanzó formalmente en uno de los proyectos de privatización más relevantes del esquema de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. En el comunicado, la Casa Rosada reafirmó que “el Estado no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado invierta, compita y mejore los servicios.

Con la privatización del 90% de Aysa, el Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones. Se prevé además que el esquema contemple una concesión de 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.

La privatización de AySA se integró al programa económico que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Dentro de ese esquema, el Ejecutivo avanzó con iniciativas orientadas a reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

En el comunicado, el Gobierno remarcó que el programa de privatizaciones continuará “de manera concreta y sostenida”. También sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá promover inversiones y mejorar la prestación de servicios públicos.

El empleo registrado mostró en febrero un leve repunte tras varios meses de descenso. La cantidad de trabajadores registrados se ubicó 0,1% por debajo del nivel registrado en el mismo mes del año anterior, aunque en comparación con enero de este año se observó una variación positiva de 0,1 por ciento.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado registrado tuvo una suba de 0,1% respecto al mes previo. Este desempeño respondió principalmente a la evolución positiva del sector público (0,2%) y del trabajo en casas particulares (0,4%), mientras que el sector privado se mantuvo sin cambios.

En cuanto al trabajo independiente, se registró un alza de 0,1% a partir del impulso del régimen de monotributo, que creció un 0,3%. El segmento de autónomos no presentó variaciones y el monotributo social experimentó una caída de 1,0%.

“En febrero se crearon poco más de 8.336 puestos de trabajo, casi el 70% en el sector público (5.720)”, señaló Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma.

“El sector público recuperó toda la caída que había tenido en enero y casas particulares siguió creciendo. El sector privado registrado casi no tuvo variaciones. Contra noviembre de 2023, la caída acumulada sigue siendo impactante: 290.059 trabajadores menos”, sostuvo.

En la comparación interanual, el empleo asalariado total retrocedió 1%, lo que equivale a 106.200 trabajadores menos. El sector asalariado privado cayó 1,6% (100.000 personas menos) y el público retrocedió 0,4% (13.800 trabajadores menos). Por otro lado, el trabajo en casas particulares subió 1,7%, con un incremento de 7.700 personas.

El segmento independiente exhibió un crecimiento interanual de 3,4%, lo que se tradujo en 95.100 personas más ocupadas. Al analizar los componentes, la cantidad de aportantes al monotributo creció 4,3% (90.700 personas adicionales) y los monotributistas sociales, 2,2% (5.400 personas más). La cantidad de trabajadores autónomos cayó 0,1% (mil personas menos).

El análisis sectorial del empleo mostró que cinco ramas cayeron en febrero de 2026, tres se mantuvieron estables y seis presentaron aumentos. Los sectores con mayor crecimiento mensual fueron servicios comunales, sociales y personales (0,8%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,3%), pesca (0,2%), explotación de minas y canteras (0,2%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,2%). Las actividades vinculadas a construcción, servicios sociales y de salud, y suministro de electricidad, gas y agua no registraron cambios sustanciales.

Dentro de las áreas que más redujeron puestos de trabajo se encuentran intermediación financiera (-0,3%), industrias manufactureras (-0,3%), enseñanza (-0,2%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,1%) y comercio y reparaciones (-0,1%).

En el balance anual del sector privado asalariado, la disminución fue de 1,6% (100.000 trabajadores menos). El crecimiento en sectores como pesca (2,9%), suministro de electricidad, gas y agua (0,6%) y servicios comunitarios, sociales y personales no compensó las caídas en ramas como explotación de minas y canteras (-7,1%), industrias manufactureras (-3,8%), intermediación financiera (-3,2%), comercio y reparaciones (-1,7%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-1,5%).

El informe elaborado por la cartera de Trabajo “Panorama mensual del trabajo registrado” indicó: “En febrero de 2026, de acuerdo con la información procesada del SIPA, se advierte la mejor dinámica para el conjunto de modalidades que integran el trabajo registrado del sector privado desde mayo de 2025, lo que consolida el proceso de recuperación verificado desde fines de ese año”.

Resaltaron que el número de personas ocupadas en puestos registrados del ámbito privado creció moderadamente, impulsado por la expansión del trabajo monotributista y del personal de casas particulares. A su vez, destacaron que por primera vez en los últimos ocho meses, el empleo asalariado registrado del sector privado se mantuvo constante.

Esta expansión se explicó principalmente por el crecimiento del empleo monotributista, que registró una suba del 0,3% (5.900 trabajadores). Aunque se observó una desaceleración frente al mes anterior —cuando el incremento había sido del 0,5%—, esta modalidad de trabajo independiente concentró el 70% del aumento total de los trabajadores privados registrados en febrero.

“Cabe destacar que esta dinámica forma parte de una transformación del mercado de trabajo argentino, donde el monotributo pareciera haberse convertido en una alternativa válida para trabajadores que desarrollan actividades productivas encuadradas en este marco normativo”, precisó el informe oficial.

Otra de las categorías que exhibió un crecimiento significativo en febrero fue el trabajo en casas particulares, con una suba del 0,4%. El dato marcó el cuarto mes consecutivo de incremento, una dinámica relevante si se tiene en cuenta que el sector arrastraba una tendencia declinante desde fines de 2019. De hecho, es la primera vez desde noviembre de ese año que esta categoría acumula cuatro meses seguidos de expansión.

Por otra parte, el documento resaltó que la estabilidad del empleo asalariado registrado se produce en un contexto de marcada heterogeneidad sectorial. Las actividades Empresariales, inmobiliarias y de alquiler, junto con los Servicios comunitarios y sociales, crearon alrededor de 3.000 puestos asalariados cada uno, mientras que los sectores de Industria, Comercio y Enseñanza redujeron sus dotaciones netas en una magnitud similar (-3.000, -1.200 y -1.000, respectivamente).

Por el contrario, en marzo, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado en los aglomerados urbanos (empresas de más de diez personas) se contrajo un 0,1% en relación con el mes anterior.

Al observar la desagregación territorial, el desempeño fue heterogéneo: mientras los aglomerados del interior registraron una contracción del 0,5%, el nivel de empleo se mantuvo estable en el Gran Buenos Aires. Esta variación neta respondió a un incremento significativo de los flujos brutos —altas y bajas laborales— durante el mes.

“Los movimientos de empleo del sector educativo al inicio del ciclo lectivo explican, en parte, los incrementos observados en las altas y bajas. Tanto las contrataciones como las desvinculaciones aumentaron en relación con el mes pasado y con respecto a marzo de 2025, aunque el saldo dejó un resultado neto negativo”, sostuvo la Secretaría de Trabajo.

En materia de proyecciones empresariales, las expectativas netas de contratación para el próximo trimestre volvieron a terreno positivo. No obstante, el análisis sectorial revela disparidades, con una mejora notable en los rubros de Comercio, Restaurantes y Hoteles, que contrasta con la persistente cautela observada en la Industria y la Construcción.

Poco más de un tercio del superávit fiscal primario registrado por el gobierno de enero a marzo de este año se debió a factores extraordinarios.

El aumento de la deuda flotante del Estado (aquella que se genera por mora respecto de la fecha en que debe abonarse), los atrasos en los pagos de reintegros y devoluciones de impuestos como el IVA, la capitalización de intereses de deuda que al tomarse como obligaciones de capital se excluyen del cálculo “primario”, los ingresos por rentas de inversión y aquellos por privatizaciones explican 0,17% del PBI del primer trimestre, sobre un total de 0,50% de superávit primario del período, según los cálculos de Marcelo Capello y Gaspar Reyna, investigadores del área fiscal del Ieral, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea.

Los investigadores prestaron particular atención a la evolución de la deuda flotante en lo que va de 2026, “ante la evidencia de una ralentización en el ritmo de los pagos del gobierno nacional, como mecanismo ad hoc para mejorar el resultado fiscal base caja del sector público nacional (SPN)”.

Por eso, advirtieron que el resultado fiscal podría variar en forma “no genuina” por ese y otros factores, en algunos casos ligados a las erogaciones y en otros casos a los ingresos del Estado, a saber:

• Deuda flotante: Dado que la ejecución mensual del SPN que primero se publica resulta en “base caja” (gasto registrado al momento del pago y no del devengamiento), si en determinado momento se paga una menor proporción del gasto devengado que en períodos anteriores, aumentando la deuda flotante, se estaría incrementando el superávit o disminuyendo el déficit fiscal en forma no genuina.

• Intereses capitalizados y deuda ajustada por CER: en ambos casos implica que una porción de los intereses por deudas se registra como pago de servicios de capital (“debajo de la línea”), y por ende ayudan a reducir la cuenta de intereses “sobre la línea”;
• Devoluciones y reintegros de IVA: Dado que la recaudación de IVA que se distribuye entre Nación y Provincias es neta de devoluciones y reintegros, cuando se estira el plazo de efectivización de éstos últimos, aumenta la recaudación neta de IVA, subiendo los ingresos y el superávit fiscal en forma no genuina o disminuyendo el déficit;
• Ingresos por Rentas de Inversión: Se trata de intereses y otras rentas que generan activos del Estado, que pueden resultar transitorias, y muchas veces dependen de la creación o disminución de activos financieros en períodos previos, o de una variación en sus rendimientos;
• Ingresos por Privatizaciones: Cuando el Estado vende o concesiona activos públicos obtiene ingresos, por definición resultan extraordinarios y, por ende, pueden aumentar en forma no genuina el superávit fiscal o disminuir el déficit en algún período en particular, aunque no necesariamente a mediano y largo plazo.

El trabajo analiza el resultado fiscal primario y excluye el tratamiento de los intereses de la deuda, que afecta el gasto total, no el primario, por lo cual los intereses capitalizables y de deuda que ajusta por CER alivian la carga de intereses “sobre la línea” pero aumentan los servicios de capital “debajo de la línea”, excluidos del cálculo primario, pero no afectan el Resultado Financiero Neto. De hecho, si bien los “factores extraordinarios” no cambian el signo del saldo fiscal, que sin ellos sigue siendo positivo en 0,43% del PBI, pero si el saldo financiero, que pasa a un levísimo saldo negativo: -0,1% del PBI.

El manejo de la deuda flotante es el ítem más relevante: constituida por Obligaciones del Tesoro del período y de períodos anteriores, se obtiene por diferencia entre el gasto devengado y el pagado. Como la contabilidad pública registra el gasto en “base caja”, subestima así el déficit o sobreestima el superávit fiscal.

Capello y Reyna precisan al respecto que en los últimos meses el peso de la deuda flotante del gobierno nacional creció entre enero y marzo en $1,5 billones, equivalente a poco más de USD 1.000 millones. “Se trata especialmente de un fenómeno visualizado en marzo último, no tanto en enero y febrero, en que la deuda flotante no resultaba elevada en una comparación intertemporal.

Es más, entre 2021 y 2023 la deuda flotante resultaba marcadamente superior a la actual. De hecho, en lo que va del gobierno de Milei la deuda flotante disminuyó en casi dos tercios, desde los 9,8 billones en que la había dejado el gobierno de Alberto Fernández, que en marzo de 2023 llegó a tener $15,2 billones de deuda “en el aire”. En el último año, la deuda flotante pasó de 8,7 a 10,8% del PBI y es de hecho también inferior a la del primer trimestre de 2024 (13,8%) y más aún a los niveles que había alcanzado en 2023, cuando llegó a un tercio del PBI.

El segundo ítem “extraordinario” que engrosó el superávit fue que el gobierno siguió “pisando” la restitución de créditos fiscales a los exportadores, como denunció en su momento el Centro de Exportadores de la República Argentina (CERA) y reportó oportunamente Infobae. El estudio del Ieral precisa que en marzo de 2026 los pagos calculados como promedio móvil de 12 meses resultaban equivalentes a 0,9% de la recaudación del IVA, cuando en marzo de 2025 representaban un 1,4% de ese impuesto. Es “otra versión de deuda flotante” pero a partir de los ingresos explican Capello y Reyna.

Menos peso tuvieron los ingresos por rentas de la propiedad, aquellos que el fisco recauda como dueño o administrador de activos financieros o físicos. Esta parte no incluye los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES o las utilidades del BCRA, pero en el primer trimestre aumentó 0,2% (pasó de 2,2 a 2,4%) del PBI, de todos modos inferior a los manejos que por igual concepto ocurrieron bajo el gobierno de Alberto Fernández y las gestiones económicas de Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa. Por último, los ingresos por privatizaciones, registrados como ingresos de capital, se destacaron en el primer trimestre de este año por la venta de las presas hidroeléctricas de Comahue. Esos ingresos explicaron un 7,4%, cuando desde el año 2021 nunca habían superado el 0,5% del total.

En las conclusiones del trabajo se advierte que los “factores extraordinarios” del superávit fiscal tuvieron alguna importancia, su peso es mucho menor al que tuvieron hasta 2024. De todos modos, concluye el estudio, “si bien se trata de un tema que por ahora no resulta en un riesgo excesivo, se debe seguir evaluando su evolución”.