POLITICA
En el Gobierno observan con preocupación el impacto del plan económico en los centros urbanos con más votantes

En el Gobierno asumen por estas horas que el devenir del proyecto libertario y, por ende, el desempeño electoral del oficialismo en 2027 están más que nunca atados a la mejora del rumbo económico. Sobre todo después de la parálisis en la gestión por las revelaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por las internas en lo más alto del poder entre el estratega Santiago Caputo y los primos Menen (o sea, Karina Milei), y también -con menos ruido- entre el karinismo y Patricia Bullrich.
A medida que avanzaron las polémicas y vieron caer la imagen presidencial, en sectores del Gobierno que observan la política también se empezó a escuchar -siempre en voz baja- la preocupación sobre el futuro del voto en las zonas urbanas e industriales del centro del país afectadas por el ajuste y por las características del programa, y asimismo las de mayor caudal electoral.
“Esperamos buenas noticias de la economía para llegar más competitivos a la elección. Si no, no hay chances. A nivel político y de gestión son todos quilombos”, analizaba un personaje del oficialismo esta semana, en pleno bullicio interno; mientras que otro, con algunas dudas, acotaba: “El programa tiene impacto positivo en provincias con pocos votantes”. Es decir, la economía y la política tienen resultados que están descalzados.
En el Gobierno asumen que este es un fenómeno que se analiza en los despachos dedicados a establecer el camino político de Milei. “Hay provincias con pocos electores donde la economía crece sustancialmente. La zona de Vaca Muerta, por ejemplo. Pero en Neuquén, cuando van a votar, entran en un colectivo”, resumía, de manera gráfica y sin muchos tapujos, una de las fuentes que habló con .
En la Casa Rosada siempre estuvo claro que el modelo económico iría contra un sector pyme que, según el Gobierno, “estuvo subsidiado y que no se moderniza”, sobre todo en el conurbano. Una voz que camina junto al oficialismo comenta: “En el Gobierno están viendo esta afectación del desempeño de Milei en los centros urbanos e industriales; tienen claro que es así. Te puede ir bien en Neuquén, o en otras provincias. Pero después, ¿qué hacemos?”.
A nivel económico, el informe de marzo del IAE Business School presenta un mapa de variación del empleo 2023-2025, con las tendencias de crecimiento por provincia. Allí la zona centro del país (que alberga la mayor parte de la actividad fabril) -con Buenos Aires, la Ciudad, Córdoba, Santa Fe y La Pampa– presenta un estancamiento generalizado en ese período. La provincia de Buenos Aires avanza apenas 0,26%, y la industria manufacturera, la obra pública y el comercio están dentro de los sectores perdedores. La agroindustria de las zonas rurales, clave en esa zona, dentro de los ganadores.
En las elecciones legislativas de 2025 hubo 35.987.634 electores en total en la Argentina. Buenos Aires aportó 13.353.974, Capital Federal 2.520.249, Córdoba 3.120.707 y Santa Fe 2.846.454. La Pampa, menos: 304.693. Entre todas suman 21.146.077, o sea, 59% del total. Allí se juega la partida electoral principal.
En ese informe de marzo del IAE, Héctor Rocha (doctorado en la London Business School), creador del mapa, plantea: “Energía, minería y economía del conocimiento exhiben mayor resiliencia relativa; en cambio, construcción ligada a obra pública, manufacturas de baja productividad y servicios urbanos sensibles al consumo absorben buena parte del costo del ajuste”.
Rocha habla también de una “economía partida” donde recursos y conocimiento están por un lado; e industria, comercio y construcción se hallan bajo mayor presión. “Las Pymes manufactureras dependientes del consumo se contrajeron por crédito escaso y caída del poder adquisitivo; la construcción vinculada a obra pública cayó con fuerza; y los servicios urbanos comenzaron a reflejar más informalidad”, plantea. Es decir, que además de una fragmentación por sectores, también hay una segmentación geográfica, que es lo que preocupa al Gobierno en materia electoral.
Esta semana, en el Gobierno celebraron una batería de buenas noticias, entre ellas el dato de marzo del Estimador mensual de la actividad económica (EMAE). No solo porque marcó 3,5% mensual de crecimiento de la economía y 5,5% interanual, sino sobre todo porque 14 de los 15 sectores de actividad mostraron subas. En el detalle, además, uno de los aportantes al crecimiento fue la industria manufacturera, que venía con ocho períodos precedentes en rojo. Comercio mayorista, minorista y reparaciones también dio para arriba, tras cuatro periodos consecutivos anteriores en baja.
“Sabíamos que el primer trimestre no era bueno y Milei se hizo cargo. Pero estábamos seguros de que en el segundo trimestre empezaba a mejorar. Esta semana dio un respiro”, analizó el viernes una alta fuente de la Casa Rosada, también tras conocerse el superávit récord de abril, la segunda mayor compra de reservas del año y una nueva aprobación del FMI.
El libreto libertario se apoya ahora en que la cosecha del campo ayudará a mover la economía en el centro del país y, a futuro, confía en que la baja de inflación, de las tasas y del riesgo país, sumados a un dólar estable sin perspectiva de devaluación, harán que el plan camine y dé sus frutos políticos en zonas del país no impulsadas por la pesca, la agricultura o la minería, estrellas de la era Milei.
De momento, la prudencia de los analistas por la irregularidad de la tendencia y hacia dónde derivará contrasta con la “convicción total” del Presidente y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de que las supuestas bondades del programa impactarán de forma positiva sobre el humor social. La última semana, Milei presentó su primer paquete de medidas con tinte electoral y dirigido al centro del país: una baja de retenciones con la promesa de que, de ser reelecto, esas reducciones se profundizarán.
En medio de ese optimismo oficialista, la comparación entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 arrojó 24.437 empleadores o unidades productivas menos en todo el país, una caída de 4,8% del total, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
La Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera hecha por el Indec, con las expectativas para mayo-julio de 2026, revela además que 72,2% de los industriales percibe que la situación empresarial durante los próximos tres meses será igual; 15,2% que será peor; y una minoría de 12,6% que será mejor. Asimismo, 79% de los industriales cree que el número de empleados durante los próximos tres meses no variará, pero 17,7% considera que disminuirá y solo 3,3%, que aumentará. El balance da -14,4%.
Industria manufacturera. Expectativas mayo-julio de 2026
¿Es directa la correlación con el impacto electoral? El director de Desarrollo Productivo en Fundar, Daniel Schteingart, advierte que el comportamiento de los votantes no depende únicamente de la evolución del empleo formal. “El comportamiento electoral depende de muchos factores y mirar cómo evolucionó el empleo formal privado de forma aislada no es el gran predictor. Entre 2021 y 2023, el impacto contra resultado electoral no dio una gran correlación. Hubo regiones en las que con el gobierno de Alberto Fernández le había ido bien al empleo, que crecía muy rápido, y el peronismo perdió; no cambió el resultado histórico. Eso me lleva a decir que el desempeño del empleo formal privado no es el único predictor, ni probablemente sea el principal, aunque es una variable que hay que mirar porque es un termómetro de la actividad económica”, dijo.
En el último informe de Casa Tres, de Mora Jozami, se expone el contraste en el apoyo a Milei entre el AMBA -donde está el núcleo empresarial más cuantioso- y el interior. Ante la pregunta «¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno de Javier Milei?“, en términos totales, 54% de los encuestados dijeron que de forma negativa y 43%, positiva. Sin embargo, en el AMBA, 61% tiene una visión negativa, contra un 52% del interior.
“En la provincia de Buenos Aires, según cifras oficiales, cerraron 6000 empresas con el gobierno actual. En el Ministerio de Producción bonaerense calculan que, de esas, alrededor de 70% se ubicaban en el conurbano, principal concentración de votos de todo el país.
Los intendentes del peronismo trinan además por la caída de la recaudación derivada de las tasas que cobran al consumo en los centros comerciales de sus municipios.
“La elección la ganás con la clase media. Por eso el problema está en lo urbano-industrial, y en el Gobierno saben que es así. Todavía parte de esa gente no tiene guita en el bolsillo. Por ejemplo, la clase media ve que el trabajador de Fate se quedó sin laburo y eso todavía pesa más, por ejemplo, que el hecho de que cambiar un neumático salga la mitad de precio gracias a las medidas del Gobierno”, analizan fuentes oficialistas.
En Córdoba, distrito antikirchnerista por excelencia, una encuesta de Aresco que llegó a la gobernación muestra un descenso en la imagen de Milei, de 59,3% en enero a 46,3% en abril, con un aumento de la negatividad de 25,6% en enero a 34,6% en abril. Pese a eso, el diferencial a nivel provincial sigue positivo: +11,7%. No obstante, en Córdoba Capital, la consultora Corinto registró que en mayo, por primera vez, la opinión sobre la gestión de Milei alcanzó un diferencial negativo de 5 puntos, con 49% en rojo (venía de 58% positivo en marzo) y 44% en verde. Una primera señal de alerta.
En Santa Fe, una encuesta de GYC que tienen en la gobernación, con fecha 21 de abril, muestra que los aumentos de precios y tarifas están segundos y que la desocupación aparece tercera entre los principales problemas de la provincia, con la dificultad para llegar a fin de mes como preocupación número uno a nivel personal de los santafesinos. Ese mismo sondeo marca que 53% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei, contra 41% que la aprueba.
La Federación Industrial de Santa Fe informó que entre diciembre de 2023 y enero de este año, la industria manufacturera santafesina perdió 8490 trabajadores registrados, con estadísticas basadas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
La preocupación sobre el empleo aparece también en los relevamientos políticos nacionales. Según el último sondeo de Management & Fit publicado este mes, la inflación volvió a liderar el ranking de problemas para los encuestados; le siguió la corrupción, con el caso Adorni en auge; y en tercer y cuarto lugar se posicionaron la desocupación y la pobreza. Por su parte, en el último sondeo de Giacobbe, al consultar: “Definí en una sola palabra liberalismo”; la más visible fue “pobreza”, más allá de que el indicador bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025.
“No hay posibilidad de un ‘plan platita’, el modelo no va a cambiar. De ahí que sea inexorable la vuelta a la campaña de 2025: ser más empáticos y reforzar que vale la pena el esfuerzo porque estamos en la dirección correcta. Y sumar acuerdos de manera inteligente para ganar en lugares complicados”, resume una voz libertaria.
atados a la mejora del rumbo económico,Estimador mensual de la actividad económica (EMAE),pic.twitter.com/cGNovVajus,May 12, 2026,Paula Rossi,Conforme a,,No figuraba Tucumán. La Universidad Austral desmintió haber elaborado el mapa de crecimiento con errores que compartieron Milei y un asesor de Caputo,,Bajo sospecha. Adorni y su esposa gastaron $85 millones en tarjetas de crédito durante 2025,,Se complica la situación del funcionario. La Justicia citaría a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria de invierno
POLITICA
Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.
“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.
El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.
Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.
Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país
El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.
Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.
A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.
“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.
POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás

La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a
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En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”

El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.
“Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.

En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.
Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.
El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.
Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.

El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.
La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.
Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.

La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.
El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.
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