En la Confederación General del Trabajo (CGT) comienzan a observar con preocupación que su estrategia judicial para frenar la reforma laboral no está dando resultado. Hay dirigentes sindicales que creen que la Corte Suprema de Justicia, eventualmente, no objetaría la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga.

La versión sobre la postura del máximo tribunal llegó a los oídos de los gremialistas a través de magistrados del fuero laboral que se jactan de tener contacto con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De intervenir la Corte con este posicionamiento, significaría un triunfo definitivo del Gobierno en su pulseada con el sindicalismo por la aplicación de la nueva normativa laboral.

En una suerte de contraataque judicial, la CGT acudió esta semana a la Corte Suprema para pedir que sea el fuero laboral y no el contencioso administrativo el que revise los planteos sobre la posible inconstitucionalidad de la denominada ley de modernización laboral. Se trata del fuero en el que se mantiene vigente un fuerte lobby sindical y que el Gobierno, a través de la reforma de la ley, pretende traspasar al ámbito porteño para quitarle poder e influencia. La posibilidad de desmantelar el fuero del trabajo es una de las principales preocupaciones de los sindicalistas.

La estrategia judicial de la CGT es ejecutada por el abogado Pablo Arnaldo Topet, que se presentó el martes pasado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porque ese fuero se declaró competente para intervenir en el caso. Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados. En caso de que no prospere este planteo, en la CGT creen que deberá intervenir la Corte. Todavía restan algunos pasos por dar en esta batalla por la competencia, que también esconde una puja de intereses entre los magistrados.

La resistencia sindical tuvo también eco en la Justicia laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió 81 artículo de la ley, apeló ante la Cámara del Trabajo la decisión de los camaristas de la Sala VIII que dejaron en suspenso su fallo y volvieron a poner en vigencia la normativa. Ojeda pretende que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, los firmantes de la medida que revirtió su fallo, se pronuncien nuevamente para evitar que el fuero contencioso administrativo se quede con el caso. Pero ni Pesino ni González estarían dispuestos a pelear para que sea su fuero el que finalmente resuelva la cuestión de fondo, según informaron fuentes judiciales a .

A través de Topet, la CGT busca la recusación de los dos camaristas. Impugna a Pesino con el argumento de “falta de imparcialidad” tras conocerse que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por 5 años (cumple 75 años en junio) apenas un día después de su fallo a favor del Gobierno. Se alega en la presentación judicial que recibió un “beneficio de importancia” del Estado Nacional.

A González, en tanto, se la acusa de prejuzgamiento, al haber adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión al afirmar que los trabajadores no son “sectores socialmente vulnerables” y que sus derechos no son de “naturaleza alimentaria”, según la presentación judicial que hizo la CGT.

La CGT sostiene que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir con el argumento de que “ya había intervenido previamente en causas conexas (como el amparo de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica), por lo que debía concentrar todos los recursos del caso para asegurar la coherencia judicial”. Además, el asesor legal de los gremios señaló que la sala “dictó su resolución con una “insólita premura”, sin dar traslado a la CGT y “sin esperar a que se consintiera su radicación”.

La CGT alega que suspender la cautelar permite la vigencia de normas que cercenan derechos constitucionales (como la huelga y la libertad sindical) antes de que se dicte una sentencia definitiva, y pide la intervención de la Sala I para que resuelva sobre la nulidad y la validez de lo actuado.

La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral(FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.

Pero Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión, por lo que ley volvió a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría ser con la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Para los camaristas González y Pesino, “la medida cautelar [de Ojeda] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”. Ese mismo argumento es el que creen en la CGT que utilizaría la Corte para dejar firma la reforma laboral de Milei.