POLITICA
En la CGT pronostican que la Corte dejaría firme la reforma laboral
En la Confederación General del Trabajo (CGT) comienzan a observar con preocupación que su estrategia judicial para frenar la reforma laboral no está dando resultado. Hay dirigentes sindicales que creen que la Corte Suprema de Justicia, eventualmente, no objetaría la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga.
La versión sobre la postura del máximo tribunal llegó a los oídos de los gremialistas a través de magistrados del fuero laboral que se jactan de tener contacto con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De intervenir la Corte con este posicionamiento, significaría un triunfo definitivo del Gobierno en su pulseada con el sindicalismo por la aplicación de la nueva normativa laboral.
En una suerte de contraataque judicial, la CGT acudió esta semana a la Corte Suprema para pedir que sea el fuero laboral y no el contencioso administrativo el que revise los planteos sobre la posible inconstitucionalidad de la denominada ley de modernización laboral. Se trata del fuero en el que se mantiene vigente un fuerte lobby sindical y que el Gobierno, a través de la reforma de la ley, pretende traspasar al ámbito porteño para quitarle poder e influencia. La posibilidad de desmantelar el fuero del trabajo es una de las principales preocupaciones de los sindicalistas.
La estrategia judicial de la CGT es ejecutada por el abogado Pablo Arnaldo Topet, que se presentó el martes pasado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porque ese fuero se declaró competente para intervenir en el caso. Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados. En caso de que no prospere este planteo, en la CGT creen que deberá intervenir la Corte. Todavía restan algunos pasos por dar en esta batalla por la competencia, que también esconde una puja de intereses entre los magistrados.
La resistencia sindical tuvo también eco en la Justicia laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió 81 artículo de la ley, apeló ante la Cámara del Trabajo la decisión de los camaristas de la Sala VIII que dejaron en suspenso su fallo y volvieron a poner en vigencia la normativa. Ojeda pretende que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, los firmantes de la medida que revirtió su fallo, se pronuncien nuevamente para evitar que el fuero contencioso administrativo se quede con el caso. Pero ni Pesino ni González estarían dispuestos a pelear para que sea su fuero el que finalmente resuelva la cuestión de fondo, según informaron fuentes judiciales a .
A través de Topet, la CGT busca la recusación de los dos camaristas. Impugna a Pesino con el argumento de “falta de imparcialidad” tras conocerse que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por 5 años (cumple 75 años en junio) apenas un día después de su fallo a favor del Gobierno. Se alega en la presentación judicial que recibió un “beneficio de importancia” del Estado Nacional.
A González, en tanto, se la acusa de prejuzgamiento, al haber adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión al afirmar que los trabajadores no son “sectores socialmente vulnerables” y que sus derechos no son de “naturaleza alimentaria”, según la presentación judicial que hizo la CGT.
La CGT sostiene que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir con el argumento de que “ya había intervenido previamente en causas conexas (como el amparo de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica), por lo que debía concentrar todos los recursos del caso para asegurar la coherencia judicial”. Además, el asesor legal de los gremios señaló que la sala “dictó su resolución con una “insólita premura”, sin dar traslado a la CGT y “sin esperar a que se consintiera su radicación”.
La CGT alega que suspender la cautelar permite la vigencia de normas que cercenan derechos constitucionales (como la huelga y la libertad sindical) antes de que se dicte una sentencia definitiva, y pide la intervención de la Sala I para que resuelva sobre la nulidad y la validez de lo actuado.
La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral(FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.
Pero Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión, por lo que ley volvió a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría ser con la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Para los camaristas González y Pesino, “la medida cautelar [de Ojeda] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”. Ese mismo argumento es el que creen en la CGT que utilizaría la Corte para dejar firma la reforma laboral de Milei.
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POLITICA
La Justicia validó el cambio de domicilio de la AFA y anuló la designación de veedores que había dispuesto el Gobierno
La Cámara Nacional en lo Civil avaló hoy el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la ciudad a la provincia de Buenos Aires y anuló una resolución del Ministerio de Justicia que designó veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, quien está actualmente en Estados Unidos por el Mundial de fútbol con una autorización judicial.
En 2024, mediante una asamblea de representantes, la AFA trasladó su sede social a Pilar y la inscribió en esa jurisdicción pese a que allí existe hoy solo un terreno.
“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, resolvieron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, de acuerdo al fallo al que accedió .
La Cámara decidió “admitir” las quejas presentadas por la asociación deportiva y “declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026. Así, se dio por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – Asociación del Fútbol Argentino” del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
Además, declaró la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ dictada en fecha 16 de marzo de 2026 por el Sr. Ministro de Justicia de la Nación”, Juan Bautista Mahiques, que designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
En el fallo, la Cámara argumentó que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, mediante la resolución 9000/2024 autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción. Además, advirtieron que la IGJ no tiene competencia para realizar inspecciones, ni cuestionar los cambios de sede social habilitados por esta entidad.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Tensa discusión con insultos entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch: “No te hagas el canchero”
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se convirtió en escenario de una discusión cargada de tensión entre los diputados Juan Grabois (Fuerza Patria) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), durante el debate sobre los acuerdos de conciliación entre la Argentina y los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.
Todo surgió a partir del momento en que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que Grabois pudiera intervenir, pero Benegas Lynch le replicó: “Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.
Desde uno de los sectores de la sala, Grabois irrumpió elevó el tono del pedido: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”, exigió, lo que desató la respuesta cortante de Benegas Lynch: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.
El cruce escaló rápidamente entre interrupciones y reproches. Grabois redobló la apuesta: “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. La sala respondió con abucheos y Benegas Lynch replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.
La escena de pugilato verbal tuvo otro episodio durante la comisión, aunque más tarde Benegas Lynch le terminó cediendo la palabra a Grabois. La tensión, lejos de disiparse, se reavivó con ironías y descalificaciones. “Gracias, genio”, introdujo Grabois al tomar la palabra, a lo que Benegas Lynch respondió: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”.
Grabois lanzó: “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela… Pero si querés que me apure…”. El presidente de la comisión intentó retomar el control: “Hablá bien, con buenas formas”. Sin embargo, el dirigente del Patria Grande interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.
La confrontación personal se trasladó incluso al terreno informal. Benegas Lynch desafió: “Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”. Grabois respondió: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.
El acuerdo del Gobierno con los últimos holdouts
Pese a ese desliz anecdótico, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para dos iniciativas clave: el acuerdo para pagar a los fondos Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que prevé incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones.
Para el caso de los holdouts, a la sesión asistieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. En el inicio del encuentro, Benegas Lynch aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En ese marco, apuntó que el acuerdo es con Bainbridge por USD 171 millones y USD 104 millones con Attestor, contra pago de desembolso. Hay urgencia para aprobar el tema, ya que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio.
Durante su intervención, Stampalija señaló que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. “Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, amplió.
Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de detalles sobre “la composición del pago” y solicitaron precisiones acerca de la fuente de financiamiento para cumplir con los acuerdos presentados en la Cámara Baja. Además, señalaron deficiencias en el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y formalizaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) respondió a una consulta de la oposición sobre las ganancias de los fondos buitre, y apuntó contra el pasado reciente. “¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación”, dijo, en apoyo a la firma del dictamen.
El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) replicó que el relato de Giudici era incorrecto, subrayando que el conflicto con los holdouts se remonta a 2001, antes del kirchnerismo. En ese marco, añadió que, según declaraciones del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, el país fue dejado desendeudado, y recordó que en 2016, ese gobierno realizó un pago a los fondos buitre y reinició el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto fue que ocurrió el cruce picante entre Juan Grabois y Benegas Lynch. El legislador de UP enfatizó sobre el origen y cuestionó la responsabilidad de exfuncionarios de ese período. “¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna”, expresó.
El legislador Itai Hagman planteó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo sería parte de una estrategia gubernamental más amplia para abordar otros litigios pendientes. Hagman consultó a los funcionarios si existió un pedido expreso del FMI para avanzar en este sentido, cuestionamiento que fue negado por el procurador del Tesoro.
Por otra parte, el diputado libertario Adrián Ravier defendió que el acuerdo representa “el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos».
En cuanto a los cuestionamientos planteados durante el debate parlamentario, el Frente de Izquierda, representado por Néstor Pitrola, sostuvo: “No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?”.
La agenda legislativa y el caso Adorni
El dictamen sobre los acuerdos con los holdouts reunió 61 firmas y ya cuenta con la aprobación previa del Senado. El Gobierno busca su ratificación en la próxima semana. El “Súper RIGI” sumó 42 avales y comienza su recorrido parlamentario en Diputados.
El oficialismo pretendía controlar la agenda legislativa la semana próxima, priorizando este tipo de proyectos económicos. Sin embargo, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenaza con modificar los planes. La oposición convocó una sesión especial para debatir su interpelación y analizar una posible moción de censura, que termine de eyectarlo en el cargo.
En respuesta a este escenario, los libertarios y sus aliados, entre ellos PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, ajustan su estrategia parlamentaria. El acompañamiento de estos espacios fue clave para el avance de los dictámenes.
Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija
POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
el apartamiento de los inversores afectados,otro informe,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,,Análisis. Milagros posibles e imposibles para Messi,,Senado. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo,,Nuevas medidas del fiscal. Indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones,Escándalo cripto,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Gestiones de Burlando. Un nuevo intento por cerrar la causa de $LIBRA choca con desconfianzas y límites legales,,Caso $LIBRA. Un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para tomar distancia de la maniobra
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