La localidad rionegrina de Allen está convulsionada por la presentación de firmas vecinales para pedir la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, quien en paralelo afronta una causa judicial por presunta malversación de fondos públicos y peculado.

Una mujer jubilada de la localidad y una ex empleada municipal, despedida durante la gestión del jefe comunal, tomaron la iniciativa de reunir las firmas para elevar el petitorio al Concejo Municipal.

Argumentan una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales de la comuna, como eje principal de la presentación.

Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.

Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.

Román aún se muestra como el único intendente libertario de la provincia, aunque sin respaldo político expreso: desde esa estructura política aseguran que “está solo, los armadores libertarios le soltaron la mano”.

A partir de la causa judicial que lo involucra, la gestión de Román al frente del ejecutivo de Allen ingresó en zona de turbulencias, aunque la reciente presentación de firmas para desplazarlo del cargo agudizó la crisis institucional en la ciudad frutícola.

Silvina Cantero es una docente jubilada, ex afiliada al gremio docente de la provincia, quien asumió la iniciativa de colectar firmas para desplazar al intendente. Desde fines de 2025 hasta la actualidad acumuló más de 3.000 rúbricas, que fueron elevadas al legislativo local para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, tal como lo establece la Carta Orgánica local.

Tras la presentación, aseguró que no hubo representaciones políticas detrás de la campaña contra Román y que la misma responde a “una convicción propia”.

En la nota que acompañó las firmas, la mujer detalló que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.

El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidiano. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público.

Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actuó a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.

Causa judicial

Román está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque la causa judicial es independiente de la campaña de firmas.

El mandatario fue procesado por la Justicia y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.

Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.

En la búsqueda de sostener la iniciativa política, el Gobierno oficializó el envío de cuatro nuevos proyectos legislativos al Congreso.

La lista incluye el super-RIGI; un proyecto para regular el lobby; otro que busca prevenir la ludopatía; y una iniciativa para derogar la Ley de etiquetado frontal.

Super-RIGI: el incentivo a “las industrias del futuro”

El Super-RIGI busca crear un esquema que ofrezca mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones vigente para las “industrias del futuro” que todavía no operan en el país.

Según aclara el texto oficial, se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para ser alcanzada por el beneficio, dicha actividad no debe desarrollarse en el país antes de la entrada en vigencia de la ley. Además, entre sus principales condiciones establece la inversión mínima debe superar los US$1000 millones en activos computables. De ese monto, al menos un 20% debe comprometerse dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.

A cambio, el régimen ofrece una importante cantidad de beneficios tributarios y aduaneros. Entre ellos, una tasa de impuesto a las ganancias del 15% -10 puntos menos que el RIGI actual-; la exención de derechos de importación y exportación de bienes vinculados con el proyecto; y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, entre otros varios puntos.

Ley de Lobby: regular la gestión de intereses ante el Estado

El proyecto oficialista propone regular por primera vez de manera integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional.

Para ello, el texto establece un régimen de inscripción obligatoria, una registración pública de contactos y una serie de sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir con los requisitos de transparencia establecidos.

Entre sus principales medidas, la ley crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, donde deberán inscribirse de forma previa todas las personas, humanas o jurídicas, que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones.

Así, el proyecto impone que ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y agrega que cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido. La medida alcanzaría desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. También incluye a senadores, diputados y asesores que actúen en su nombre.

Ludopatía: sanciones al juego ilegal y campañas de prevención

En este caso, el proyecto del Gobierno propone entre sus objetivos centrales la erradicación de la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, prohibir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.

Para ello, la iniciativa busca endurecer el régimen penal y establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización. También agrega sanciones de dos a cuatro años de cárcel para quienes faciliten estas operaciones a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.

En paralelo, el texto plantea una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.

En cuanto a las plataformas autorizadas, la ley fija límites como evitar que las campañas estén dirigidas a menores o vincular el juego con éxito social, soluciones económicas o al consumo de alcohol o tabaco.

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La medida también busca asignar responsabilidades de control a distintos organismos del Estado, entre ellos el Enacom y el Banco Cnetral, y dispone que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.

Etiquetado frontal: los argumentos del Gobierno para derogar la norma

La norma enviada por el Gobierno al Congreso plantea la derogación completa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, popularmente llamada Ley de etiquetado frontal.

La norma, sancionada en 2021 con amplio apoyo del Congreso, impone los ahora conocidos octógonos negros para advertir sobre el contenido nutricional y regula la publicidad para productos dirigidos a menores.

En ese sentido, el texto del Gobierno fundamenta la derogación en que alimentos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones aceptados” resultan alcanzados por las mismas advertencias que rigen para otros productos de peor composición nutricional.

Para el Gobierno, esto “dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”. Según el texto oficialista, esto “reduce los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”.

Además, el Ejecutivo apuntó contra las restricciones publicitarias, tras considerar que “implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”.

Congreso, Javier Milei, inversiones, ludopatia

A poco más de un mes de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre de más de 600 servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender parcialmente la aplicación plasmada en la Resolución N° 42/2026.

El freno judicial fue producto de que el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto fallara a favor de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar que se ejecutaran las órdenes plasmadas en el Boletín Oficial.

Según consta en el fallo, el magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico.

Uno de los puntos claves de la resolución judicial sostuvo que los empleados del instituto no podrán ser desvinculados de sus puestos. De esta manera, el Gobierno se vio obligado a garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026″.

En línea con esto, el juez subrogante del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

El giro en la causa fue confirmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien celebró la decisión a través de la red social X. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”, destacó en un comunicado.

“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó el dirigente sindical.

En este sentido, el representante de ATE consideró que “la cautelar firmada por el juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”. Y concluyó: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.

La Resolución 42/2026, publicada el 16 de abril de este año, ordenaba el cierre de más de 600 servicios brindados por el INTI. Según el argumento ofrecido por las autoridades, la decisión había sido tomada con el objetivo de asegurar la eficiencia estatal y, sobre todo, la asignación de fondos públicos.

Qué implicaba la aplicación de la resolución

El documento publicado por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecía un proceso de transición ordenada para la supresión inmediata de ciertos servicios sistematizados, tras determinar que su prestación estatal carece de demanda efectiva o se superpone con ofertas del sector privado en condiciones regulares de mercado.

De esta forma, todos los convenios, órdenes de trabajo y compromisos contractuales vigentes serán respetados y finalizados conforme a lo estipulado previamente. Así, se garantizaba la continuidad para los usuarios actuales y la protección de sus derechos.

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Fue así que se designó a la Dirección Operativa para diseñar un plan de transición integral, que pretendía incluir la finalización organizada de los servicios discontinuados, el resguardo y organización de la documentación y registros técnicos, la notificación formal a usuarios y organismos vinculados, y la preservación de capacidades consideradas críticas.

Según los fundamentos expuestos por el Consejo Directivo del INTI en la resolución oficial, la medida no implica una reducción del rol institucional de la entidad, sino una redistribución hacia áreas en las que la intervención estatal resulta indispensable.

En línea con esto, remarcaron que la decisión formaba parte de una política de simplificación y mejora regulatoria que acompaña los lineamientos nacionales en materia de transparencia, competencia leal y estímulo al crecimiento económico y la inversión en el sector productivo local.

En el proceso participaron áreas técnicas como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que validaron la medida al no encontrar objeciones jurídicas ni operativas a la adecuación propuesta. Asimismo, aclararon que estos actos no representaban ninguna erogación presupuestaria adicional derivada de la reorganización, reflejando una orientación de austeridad y responsabilidad fiscal.

Por último, habían dispuesto que la cesación de los servicios alcanzados fuera inmediata tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina. Mientras que el equipo directivo responsable del proceso está conformado por Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, la Dirección de Planeamiento y Comercialización había sido facultada para adaptar la oferta tecnológica del INTI bajo los nuevos criterios.