POLITICA
Tierra del Fuego: la Legislatura frenó la reforma constitucional y abrió una crisis en el peronismo
Con una mayoría de votos que aportaron desde el peronismo alineado con La Cámpora a La Libertad Avanza (LLA), la Legislatura de Tierra del Fuego dio un duro revés al gobernador Gustavo Melella, al derogar la ley de convocatoria de reforma de la constitución, prevista para el 9 de agosto.
La secuencia del golpe opositor fue a velocidad crucero. El miércoles 29 de abril, Melella firmó el decreto para llamar a elecciones de convencionales constituyentes. Para el día siguiente, la sesión en la Legislatura ya estaba convocada.
Minutos antes de la 4 de la mañana del viernes, la bancada del mandatario que milita en FORJA quedó en minoría. La propuesta de rechazo, defendida por el legislador Jorge Lechman, del bloque “Somos Fueguinos”, obtuvo el apoyo variopinto de 11 legisladores de diferentes sectores, entre ellos, el bloque peronista, LLA, el Movimiento Popular Fueguino, el Partido Verde y un monobloque, frente a los 4 votos del oficialismo.
Sin embargo, pese al cimbronazo, Melella insistirá con el avance de la modificación de la Carta Magna local. “Como dicen la gran mayoría de los constitucionalistas, nosotros entendemos que el proceso electoral constituyente está en marcha. No se puede tirar para atrás, es una norma especial. Vamos a vetar esta ley que ha aprobado la Legislatura y después iremos por el camino de la inconstitucionalidad», aseguró a Infobae el jefe de Gabinete fueguino, Jorge Canals.
La reforma constituyente impulsada por el gobernador Gustavo Melella incluye, entre sus puntos centrales, el establecimiento de límites a las reelecciones indefinidas de legisladores, la eliminación de cargos vitalicios en distintos entes, la fijación de un tope salarial con el sueldo del gobernador como referencia máxima y la implementación del expediente digital. Son más de 70 artículos a modificar.
El periplo de la convocatoria arrancó el 13 de diciembre de 2023, con la sanción de la Ley 1529. Luego que Melella promulgó la norma y el decreto de convocatoria a elecciones, la iniciativa fue impugnada en la Justicia por la oposición. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego avaló la legalidad el 5 de agosto de 2025. Los magistrados emplazaron a fijar una nueva fecha de elección de convencionales constituyentes, dentro de 210 días hábiles.
Esta semana, el gobernador fijó esa nueva fecha. Pero la oposición nuevamente se precipitó para bloquear la reforma en curso, ahora con una nueva mayoría circunstancial. Coincidían en que tendría un alto impacto fiscal, estimado en más de $8.000 millones, mientras en un escenario de déficit y conflictos como paros docentes y al interior de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
Lo curioso es que la victoria fue festejada tanto por el kirchnerismo como la oposición dura a Melella.
“La Legislatura frenó la reforma constitucional. BIEN. No se puede dilapidar el dinero de los fueguinos en una aventura electoral en el contexto económico que estamos atravesando en la provincia. La prioridad de esos fondos debiera ser sanear nuestra obra social. Primero la gente. Siempre”, celebró Walter Vuoto, intendente de Ushuaia y principal referente de La Cámpora en la isla patagónica.
Por su lado, el senador nacional por LLA, Agustín Coto, remarcó la derogación al señalar que “primó la cordura y la incomprensible intentona de reformar la Constitución de la provincia”. “Nuestra posición fue siempre la misma desde la aprobación de la Ley 1529, que impulsó el llamado a una reforma parcial de la Constitución provincial en diciembre de 2023: una iniciativa sin fundamentos, sin propuestas concretas y completamente desconectada del contexto en el que vivimos los fueguinos”, subrayó desde su cuenta de X. “La discusión del diseño institucional de Tierra del Fuego debe darse de cara a la ciudadanía si la intención es darla con legitimidad. Jamás en las mesas de café de la rosca”, completó.
Melella llegó a la gobernación en 2019, y reeligió en 2023 como representación del peronismo. Pero desde las elecciones legislativas 2025, tras volver a integrar el sello de Fuerza Patria, la alianza comenzó a desgastarse hasta evidenciar su ruptura este viernes, en las primeras horas del feriado por el 1 de mayo. Hasta entonces, del total de 15 bancas de la Legislatura, el oficialismo contaba con una mayoría de 8 legisladores, de los cuales 3 eran del peronismo, 3 forjistas de Melella, y dos aliados. Esa composición se quebró.
Fuentes cercanas al intendente Vuoto señalaron a este medio que el conflicto con el gobernador se debe, básicamente, a cuestiones de recursos y porque no se cumplieron acuerdos previos, como el avance de obras. Además, apuntan que hay demoras en la entrega de los fondos coparticipables a los municipios de entre 11 mil y 12 mil millones de pesos. Los distritos que exigen esos pagos son Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
En medio de los reclamos, el gobernador tuvo un doble revés que apuntan a esas partidas. Además de la derogación de la reforma, el mismo viernes, la Legislatura votó una ley que establece envío automático de dichos fondos a los municipios, denominada como “ley de goteo”, que establece transferencias diarias de recursos. Ahí, los libertarios no acompañaron. En La Cámpora también esperan que se derogue o se judicialice la norma.
Mientras la interna recrudece, en el sector de Melella minimizan la disputa con el kirchnerismo y peronistas díscolos, y confían en que podrán avanzar con la implementación de la reforma parcial de la Constitución local. Se apoyan en argumentos de constitucionalistas como Daniel Sabsay, quien aseguró que la convocatoria constituyente, una vez iniciado, no puede manipularse por conveniencia política ni alterarse por tratarse de una ley especial con una mayoría calificada, y hacerlo sería inconstitucional. Incluso ya atravesó distintas etapas, entre ellas, una judicialización favorable.
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BUENOS AIRES.–El vínculo entre las gestiones gubernamentales de Estados Unidos y Argentina, encabezadas por Donald Trump y Javier Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica debido a la presencia de ejercicios militares conjuntos entre marines y fuerzas de la Armada Argentina, en Tierra del Fuego.
Las maniobras militares que desarrollan ambos países en la Patagonia se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse. Tienen lugar luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur. La Armada Argentina confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al Batallón de Infantería de Marina Nø4 (BIM 4).
Si bien se habían difundido algunas imágenes del operativo en redes sociales, la confirmación del despliegue fue publicada este martes por la Gaceta Marinera, el medio oficial de la fuerza. Según la propia institución, la presencia de la comitiva norteamericana responde a un intercambio de expertos que se lleva a cabo en el lugar desde el año 2017, basado en acuerdos previos entre las conducciones navales de ambos países.
“En el contexto de este intercambio, está prevista la práctica de técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se realizan adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográfico”, detallaron desde el portal citado.
El entrenamiento coincide, además, con los planes oficiales para reforzar la presencia armada en el Atlántico Sur y reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron la semana pasada el predio asignado para la obra.
La presencia de los marines estadounidenses en Tierra del Fuego generó cuestionamientos políticos y atención en medios locales y nacionales, en parte por el contexto en el que se desarrolla.
Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó: “La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.
La Ley 25.880 exige la autorización del Poder Legislativo para permitir la entrada de tropas extranjeras al país, en sintonía con la Constitución Nacional. “El Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”, expresa el documento.
La Argentina ya realizó ejercicios combinados con fuerzas estadounidenses durante la gestión de Milei, sin aprobación del Congreso -a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición- y mediante decretos de nececidad y urgencia.
En septiembre de 2025 autorizó por el DNU 697/2025 las prácticas del ejercicio “Tridente”, mientras que en abril de 2026 empleó el DNU 264/2026 para avalar la maniobra “Daga Atlántica” y el paso de navíos norteamericanos en la Zona Económica Exclusiva.
En esta oportunidad, la Armada no informó ningún decreto específico asociado al adiestramiento. El operativo se suma también a las compras de equipamiento concretadas durante las administraciones norteamericanas de Joe Biden y Donald Trump, entre las que destacan los 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca —de los cuales ya llegaron seis—, además del interés por incorporar vehículos blindados y helicópteros Black Hawk.
Estos antecedentes muestran que la cooperación militar entre ambos países incluye ejercicios combinados y actividades de entrenamiento, aunque el intercambio que se desarrolla actualmente en Ushuaia es presentado por la Armada como una actividad específica de capacitación en clima frío.
Agencia ANSA
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POLITICA
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
El juez Lijo impulsó una serie de medidas para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa contra el presidente de la AFA, denunciado por un incremento patriomonial del 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó la batería de medidas de prueba solicitadas en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionario por la provincia de Buenos Aires de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Así lo informaron a fuentes judiciales que intervienen en el caso.
Pollicita había impulsado formalmente la investigación la semana pasada y reclamado una veintena de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del dirigente.
Entre ellas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia, requerir sus declaraciones juradas a ARCA, información sobre bienes a los registros de la propiedad y datos sobre cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas al Banco Central.
Todo este paquete fue aprobado hoy por el juez Lijo.
También ordenó informes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), otros a la Comisión Nacional de Valores (CNV), información a más de 20 exchanges de criptomonedas solicitando la dirección de posibles billeteras virtuales a nombre de Tapia y legajos a la Conmebol sobre los cargos e ingresos percibidos por Tapia.
Asimismo, el juzgado solicitó a las oficinas públicas de CABA y de la Provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia con sus anexos reservados e intimó al Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a entregar su legajo laboral completo e informe de ingresos
En esta causa, Tapia es investigado como funcionario de la Ceamse, un organismo mixto, encargado de la gestión de residuos en el AMBA, cuya representación bonaerense está en manos de Tapia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
La causa proyecto otra sombra sobre el panorama judicial que tiene por delante el presidente de la AFA. Está procesado en una causa impositiva, en le fuero Penal Económico; fue alcanzado por una causa de posible lavado, alrededor de la quinta ligada a la AFA; y ahora toma forma en Comodoro Py este otro frente patrimonial.
La investigación se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que cuestionó la evolución patrimonial del titular de la AFA entre 2016 y 2025.
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