POLITICA
El Gobierno les quitó los subsidios a la luz a 2,1 millones de hogares y al gas a casi 900.000
Actualmente, hay 2,1 millones de hogares menos beneficiados por los subsidios a la electricidad en la Argentina y casi 900.000 menos en el caso del gas natural por redes respecto del inicio de la gestión de Javier Milei, según datos oficiales a los que accedió . En ese período, la proporción de usuarios que pagan el costo pleno de la boleta creció y ya representa cerca de la mitad del universo total, dependiendo del servicio público que se considere.
La dinámica refleja un cambio de lógica en la política energética del país y un giro en una de las partidas más sensibles entre las cuales el Gobierno libertario aplicó la “motosierra” para bajar el gasto público. El recorte se apoyó también en fuertes incrementos de tarifas y en una mejora de la producción local por Vaca Muerta, que permitió reducir costos del sistema.
El resultado fue que en los últimos dos años y medio la reducción total de los subsidios fue equivalente a más de US$5600 millones. En términos del PBI, esas erogaciones cayeron desde niveles cercanos a 1,4% del PBI a alrededor de 0,6%, con el objetivo oficial de 0,5% en 2026.
Parte de ese ajuste se explicó también por una depuración del padrón. En ese proceso, la Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia, pero nunca la habían solicitado. También se retiró la asistencia a comercios e industrias, una decisión que en las últimas semanas encendió alertas en el sector ante el impacto que puede la guerra en Medio Oriente en los costos.
“Estamos terminando con que hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos, mientras otros vulnerables no siempre estaban correctamente protegidos”, explicaron desde Energía.
El sistema alcanza a un universo amplio: 16,5 millones de usuarios residenciales en electricidad y más de 9,6 millones en gas por redes, según registros oficiales. Sobre esa base, que no varió significativamente en los últimos años, el recorte implicó una reducción sostenida de los hogares alcanzados por subsidios y un crecimiento del número de quienes pagan el costo pleno de la energía.
En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1%) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%). Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el universo que recibe asistencia cayó a 8,73 millones (53%), un ajuste adicional de 500.000 hogares.
En gas por redes, la dinámica fue similar: los beneficiarios bajaron de 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones (53,4%) y, luego, a 4,78 millones (49,8%) tras la aplicación del SEF, lo que consolidó el quiebre del escenario previo hacia uno con mayoría de usuarios sin subsidios.
Más que un recorte puntual, los datos muestran un cambio en la estructura del sistema: cada vez más usuarios pasan a pagar el costo pleno de la energía.
El cambio se da sobre un esquema que ya había comenzado a modificarse. En 2022 se implementó la segmentación por ingresos, que dividía a los usuarios en tres niveles: N1 (ingresos altos), que pagaban la tarifa plena; N2 (ingresos bajos), que recibían la mayor parte de los subsidios; y N3 (ingresos medios), que accedían a una asistencia parcial. Ese sistema buscaba bajar el peso del gasto sin eliminarlo, pero mantenía una cobertura amplia.
A partir de este año, el Gobierno avanzó con un modelo más simple, con la implementación del SEF: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos a partir de cruces de datos de ingresos, patrimonio y consumo.
En ese esquema, la asistencia se concentra exclusivamente en los usuarios residenciales y se aplica sobre un bloque básico de consumo que varía según la estacionalidad. Por encima de ese umbral, la energía se paga a precio pleno, lo que implicó una disminución tanto de la cantidad de beneficiarios como del nivel de subsidio por usuario.
La subvención se aplica sobre el costo de la energía, uno de los componentes de la tarifa, que también incluye transporte, distribución e impuestos. En los hogares subsidiados, el Estado bonifica una parte de ese componente, mientras que el resto —y los otros cargos del sistema— se paga sin asistencia.
El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.
El reordenamiento tarifario también estuvo acompañado por una mejora en la cobrabilidad. Según datos oficiales y de las empresas distribuidoras, la tasa de pago pasó de alrededor del 48% al inicio de la gestión a niveles cercanos al 97%, lo que implica una morosidad en torno al 3%.
Ese ajuste también se reflejó en las tarifas. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, para un consumo residencial típico de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —unos 711 metros cúbicos anuales—, en marzo de 2026 se pagó $33.987 con subsidios y $39.309 sin subsidio, a precios actuales. Esas mismas boletas durante la gestión de Alberto Fernández costaban $20.991, mientras que en 2018 y en términos reales, durante la gestión de Mauricio Macri, ascendían a $43.719.
En el caso de la electricidad, una factura promedio para un consumo de 250 kWh fue de $21.069 con subsidio y $46.488 sin subsidio, también por encima de los valores de la gestión Fernández pero por debajo de los picos registrados en 2018 y 2019.
Los subsidios energéticos pasaron de representar cerca de 1,5% del PBI en 2023 a 1% en 2024 y 0,5% en 2025. En términos nominales, el gasto se ubicó en torno al equivalente a US$14.200 millones en 2022, descendió a cerca de US$9600 millones en 2023 y continuó a la baja hasta aproximadamente US$4000 millones en 2025, según la consultora Economía y Energía. Solo durante la gestión Milei, el recorte acumulado equivale a unos US$5684 millones.
En paralelo, también mejoró la cobertura del sistema. Los usuarios pasaron de cubrir niveles cercanos al 30% del costo de la energía al inicio de la gestión Milei, a cubrir alrededor del 70% en la actualidad. Es decir, una mayor proporción del costo dejó de ser financiada por el Estado y pasó a trasladarse a las facturas que pagan los hogares.
En términos históricos, el peso de los subsidios energéticos fue una constante en la economía argentina durante las últimas dos décadas. Según estimó el economista Alejandro Einstoss, entre 2003 y 2023 el Estado destinó más de US$150.000 millones a sostener tarifas por debajo de los costos. El especialista definió ese período como dos décadas de “populismo energético”. La mayor disponibilidad de energía local, impulsada en parte por el desarrollo de Vaca Muerta, comenzó a modificar ese escenario.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que el cambio de precios relativos impactó en el poder de compra de los hogares. El fuerte aumento de los servicios públicos —gastos fijos como luz, gas, agua y transporte— avanzó por encima de la inflación y redujo la porción del ingreso disponible para otros consumos.
Este fenómeno también se refleja en encuestas de opinión, donde crece la proporción de hogares que señala que sus ingresos alcanzan para menos gastos discrecionales.
El impacto es, además, observable en la dinámica inflacionaria reciente. En el primer trimestre de este año, las tarifas de electricidad y gas fueron el rubro de mayor incidencia en el aumento del costo de vida, con subas cercanas al 20%, más del doble de la inflación general del período. En conjunto, explicaron alrededor de dos puntos porcentuales del 9,1% de inflación acumulada en el AMBA, según estimaciones de Economía y Energía. “Si se estabiliza el valor de los hidrocarburos y se ralentiza el incremento tarifario, la inflación en los próximos meses podría registrar una desaceleración”, señaló la consultora.
Ex secretarios de Energía coinciden en que el proceso en marcha implica un cambio de régimen más que un ajuste puntual. Emilio Apud señaló: “Durante mucho tiempo el sistema funcionó con precios desacoplados de los costos, financiados con emisión y subsidios”. Y agregó: “Lo que cambió es quién paga la energía y en qué proporción”.
Daniel Montamat sostuvo que “se pasó de un modelo de subsidios amplios a uno más focalizado”, aunque advirtió: “Siempre hay una zona gris entre quienes deberían recibir subsidios y quienes no, sobre todo en contextos de ingresos inestables”.
Las tarifas de energía fueron históricamente un tema sensible en el país, atravesado por aumentos, apagones y disputas políticas. Tras más de una década de atrasos en los valores, Mauricio Macri avanzó con un proceso de recomposición que no completó la convergencia a costos, Alberto Fernández enfrentó una interna feroz con el kirchnerismo cuando intentó avanzar en recortes, mientras que el FMI reclamó de manera recurrente en los últimos tres programas una mayor “focalización” de ese gasto. El desafío hacia adelante será sostener este esquema sin que el mayor peso de las facturas en el ingreso de los hogares vuelva a generar tensiones.
Agustín Maza,Actualidad económica,Quita de subsidios,subsidios,Conforme a,Actualidad económica,,¿Pasa en algún país? El crecimiento equilibrado solo existe en algunos modelos,,Cavallo volvió a la carga. Pidió liberar completamente el mercado cambiario para bajar el riesgo país y atraer inversiones,,»Volví a empezar». Produce un café que se había abandonado, el primero “verdadero” argentino, y ya lo vende en dos locales
POLITICA
Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: comienza la última semana de producción de pruebas
Tras una semana de receso, el juicio oral por la tragedia del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini escuchará a cuatro expertos de la Armada Argentina en la última semana de producción de prueba del proceso.
Los testigos convocados son el capitán de navío Arturo Marfort, los contralmirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny, y el capitán de navío Jorge Bergallo.
Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra y elaboró un informe sobre las posibles causas del hundimiento, la secuencia de eventos previos, los escenarios de pérdida de la nave y el estado de alistamiento del submarino al momento de su partida.
Por su parte, Trama, Kenny y Bergallo integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada tras la tragedia y aportarán evaluaciones técnicas sobre la documentación reunida, las hipótesis analizadas y las probabilidades asignadas a cada escenario.
Las declaraciones de los expertos se realizarán el lunes y martes. El miércoles está prevista una ampliación de indagatoria, el jueves se celebrará la audiencia de familiares —donde los allegados de las 44 víctimas podrán expresar sus reflexiones y reclamos— y luego vendrán los alegatos finales.
En esta etapa final, la fiscalía expondrá el 22 de junio, las querellas el 23, la defensa de Villamide el 24, y las defensas de los restantes imputados a comienzos de julio. Las réplicas están fijadas para el 25 de junio, las últimas palabras el 8 de julio y el veredicto pendiente.
En la última jornada se comprobó que siete meses antes de la tragedia, la Armada Argentina ya contaba con un diagnóstico técnico preciso sobre distintas fallas de la nave.
El 30 de abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina se reunió en Mar del Plata para evaluar el estado de la flota y las restricciones presupuestarias y técnicas que afectaban su sostenibilidad.
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El acta de esa reunión, incorporada al expediente judicial, expuso una serie de fallas y demoras en el mantenimiento que afectaban directamente al ARA San Juan.
Entre las averías mencionadas se encontraban inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías.
La causa
El juicio investiga la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.
La acusación sostiene que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.
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El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.
El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión. El juicio comenzó el 6 de marzo de este año y entra en su etapa final con estas últimas audiencias.
ARA San Juan, juicio, Río Gallegos
POLITICA
Millones de dólares en efectivo, drogas y una empresa sin rubro: el patrimonio inexplicable del exjefe de ARSAT preso por corrupción
El caso de Facundo Leal, exfuncionario de tercera línea, que atravesó bajo el radar las gestiones del peronismo y de los libertarios, sorprendió por una derivación inesperada. El miércoles 28 de mayo, efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron a un departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, para ejecutar una orden de allanamiento en el marco de una causa por corrupción en ARSAT. Lo que encontraron no tenía relación directa con el objetivo inicial del procedimiento.
Dentro del departamento hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. También encontraron 803.754 dólares en efectivo, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania. El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro dispuso la detención inmediata de Leal, de 51 años, en calidad de incomunicado.
Esa misma noche se libró una segunda orden para el departamento que Leal ocupaba en Mendoza, sobre la avenida Boulogne Sur Mer. Allí, donde el exfuncionario convivía con su pareja —que no estaba presente al momento del procedimiento—, la Delegación Unidad Operativa Federal encontró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.
En total, entre los dos domicilios, se secuestraron 2.591.354 dólares en billetes, sin declarar y sin explicación oficial hasta el momento de publicación de esta nota. Consultado por los efectivos, Leal se identificó como un simple empresario agropecuario.
La causa
La investigación que terminó con Leal detenido no nació de una denuncia por corrupción, sino de un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que un depósito en San Fernando, donde se resguardaba equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado. El predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las constancias de la causa, las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.
ARSAT no es una empresa marginal del Estado: es el proveedor mayorista de fibra óptica y de conexiones satelitales del país, y el operador de la infraestructura sobre la que corre buena parte de las comunicaciones digitales de la Argentina. Tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional, una red construida principalmente durante los gobiernos kirchneristas. Lo robado en ese depósito de San Fernando formaba parte de los insumos para mantener y ampliar esa infraestructura estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía.
La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. El foco inicial fue el robo, pero a medida que avanzaron las medidas de prueba la pesquisa se corrió hacia cómo se había contratado a esa empresa de logística y qué relaciones vinculaban a sus dueños con funcionarios de ARSAT. La reconstrucción, publicada en detalle por una investigación del diario La Nación, estableció que el proceso licitatorio fue una ficción: las tres firmas que compitieron formaban parte de la misma estructura societaria y familiar. En el expediente, además del juzgado de Mirabelli y la fiscalía de Domínguez, participa la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez.
Los contratos acumularon, entre órdenes directas y prórrogas, más de un millón novecientos mil dólares. Las prórrogas las firmaron Leal y otros dos gerentes, sin intervención del directorio que el reglamento interno exigía. Los teléfonos secuestrados contenían mensajes que, según La Nación, documentaban el circuito de pagos entre los contratistas y funcionarios de la empresa. La fiscalía pidió indagatoria para 10 personas por defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Leal es uno de ellos.
El patrimonio
Las declaraciones juradas que Leal presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2021 y 2025, a las que accedió Infobae, trazan una curva que Leal deberá explicar ante la Justicia.
Al inicio de 2021, su patrimonio total declarado ascendía a 58 millones de pesos. Al cierre de ese año, 78,9 millones. Al cierre de 2022, 118,2 millones. Al cierre de 2023, 340,8 millones. Y en la declaración inicial que presentó al asumir la presidencia del ORSNA, el organismo nacional de la aeronáutica civil, en junio de 2025, 528 millones de pesos. En cuatro años, el patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve.
El salto más abrupto se produjo entre 2022 y 2023: el patrimonio creció 222 millones de pesos en un solo año. Es el período en el que se firmaron las prórrogas del contrato con la empresa de logística y se emitieron nuevas órdenes de compra.
El vehículo que concentró ese crecimiento fue una empresa unipersonal registrada bajo el CUIT personal de Leal, cuya actividad no quedó especificada en ninguna de las declaraciones. En 2021 figuraba valuada en 3,1 millones de pesos; en 2022 subió a 12,6 millones; en 2023 trepó a 90,5 millones; y en la declaración de 2025 ya sumaba 220,4 millones de pesos. Qué produce esa empresa, de dónde provienen sus ingresos y a qué clientes presta servicios son preguntas que la causa buscará responder.
El efectivo en pesos declarado siguió la misma trayectoria ascendente: 8,2 millones en 2021; 36,6 millones en 2022; 77,1 millones en 2023; y 94,8 millones en 2024. La flota de vehículos acompañó la curva: a la Amarok 2014 que ya tenía al ingresar al Estado se sumó en 2022 una Amarok Black Style V6 —la versión de alta gama— y en 2023 un Can-Am Maverick X3, un vehículo utilitario deportivo de importación.
El dato central, sin embargo, no está en lo que figura en las declaraciones, sino en lo que falta. En ninguna de las cinco DDJJ analizadas por Infobae aparece una tenencia significativa de dólares en efectivo. La última, correspondiente a su baja como funcionario del ORSNA a principios de 2024, consignó exactamente un centavo de dólar en efectivo. Semanas después de presentar esa declaración, la policía le secuestró más de 2,5 millones de dólares físicos distribuidos en dos domicilios de dos provincias distintas.
El perfil de Leal
Facundo Leal lleva casi dos décadas dentro del Estado nacional. Abogado mendocino, ingresó a la Administración de Aviación Civil y escaló posiciones dentro de ARSAT desde 2020. Llegó a la presidencia de la empresa en agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien compartió actos públicos.
En el mapa del poder peronista, no fue un cuadro neutral. Fuentes políticas consultadas por este medio señalaron que su ascendencia se apoyó en el grupo de dirigentes que respondía al albertismo. Con ese respaldo tuvo poder suficiente para desplazar a un funcionario de rango ministerial que ocupaba un cargo en ARSAT, un episodio que derivó en el traslado de ese funcionario a otra área del gobierno nacional. También se le atribuye haber ganado, en su momento, una disputa interna con La Cámpora por el control de la empresa.
Esa transversalidad fue lo que le permitió continuar tras el cambio de gobierno. “Era el tipo que conocía los detalles de la administración de ARSAT, todos los negocios y había acumulado más enemigos que amistades”, explicó a este medio una fuente que trabajó en esos años. Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, Leal continuó al frente de ARSAT durante los primeros meses de transición, hasta que la nueva gestión designó a su propio equipo. En la Casa Rosada señalaron que su permanencia en esa dependencia tuvo más que ver con la ausencia de cuadros propios para ocupar lugares estratégicos del Estado.
Su vínculo con la gestión libertaria llegó por otra vía. Luis Pierrini, secretario de Transporte, era su amigo personal: ambos mendocinos, con años de relación. Pierrini llegó al gobierno de Milei a través de Juan Pazo, hombre clave en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo, quien lo acercó a la estructura libertaria. Ya en la secretaría, Pierrini armó su equipo con colaboradores de confianza: llevó a Leal desde ARSAT para ponerlo al frente del ORSNA y colocó a Gerardo Boschin —el mismo funcionario que hoy figura como imputado en la causa de Mirabelli— en la presidencia de Trenes Argentinos.
Así, en junio de 2025, Leal fue designado presidente ad honorem del ORSNA mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Caputo. No fue su primer cargo en el Estado bajo gestiones no peronistas: en total, Leal ejerció funciones durante casi dos años dentro de la administración libertaria. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri consultadas por Infobae aclararon, sin embargo, que durante esa gestión —que tuvo a Rodrigo De Loredo y a Raúl Martínez al frente de ARSAT— Leal no ocupó roles de gerencia ni de administración en la empresa.
Cuando Pierrini dejó la secretaría en enero de 2026 —en medio de una polémica por el uso de una aeronave privada vinculada a Pablo Toviggino, de la AFA, para viajar a Barcelona—, Leal también dejó el cargo.
Fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae indicaron que la investigación corresponde a hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno anterior y que su paso por el ORSNA no integra el expediente. Al momento de los allanamientos, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como empleado de planta permanente.
El estado de la causa
La investigación tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, bajo la conducción del juez Mirabelli y la fiscalía del doctor Domínguez. El secreto de sumario fue dispuesto tras la detención. Leal prestó declaración indagatoria.
La defensa de Leal, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por Infobae, apunta a sostener que las drogas halladas correspondían a consumo personal y que no existen elementos que acrediten comercialización. El dinero es el flanco más difícil: deberá acreditar su origen y su titularidad. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es la venta de propiedades. Las declaraciones juradas, sin embargo, no registran ninguna operación inmobiliaria que justifique esa magnitud de efectivo en moneda extranjera.
POLITICA
Autos y efectivo: investigan al expresidente de Trenes Argentinos del mileísmo, que habría recibido coimas con el gobierno anterior
Gerardo Boschin, presidente de Trenes Argentinos hasta enero y gerente de compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, es uno de los principales involucrados en el caso de corrupción en la empresa de los satélites que derivó en los allanamientos y la detención de Facundo Leal, el extitular de Arsat al que le descubrieron US$2,35 millones y drogas en sus propiedades.
Boschin figura actualmente como empleado de ambas empresas, tanto Arsat como Operadora Ferroviaria.
Según la investigación a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, Boschin fue el primero en recibir el contacto de los privados que resultaron beneficiados por un contrato de Arsat para proveer un depósito donde debía resguardarse material, arreglado presuntamente con coimas.
Boschin fue el que filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba. También firmó las órdenes de compra. Y, según los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados, fue uno de los funcionarios a los que la firma contratada llevaba dinero en efectivo a las oficinas de Arsat.
La causa FSM1924/2024 se originó en el robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. —ALS—, contratada por ARSAT sin licitación para custodiar infraestructura de telecomunicaciones del Estado. A medida que los investigadores avanzaron sobre los teléfonos secuestrados, el expediente incorporó una línea de corrupción en la contratación que ubica a Boschin en el centro del esquema.
A lo largo de 2021, mientras el proceso administrativo de contratación avanzaba dentro de ARSAT, Boschin mantuvo comunicación con Diego Padilla (vicepresidente de ALS) sobre los pasos internos. El 6 de octubre de 2021, cuando el dictamen jurídico favorable todavía no había salido, Padilla le escribió: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza.” Boschin respondió con una foto de Santiago Pando (el presidente de ALS) en la gerencia de ARSAT y el mensaje: “a mi tb, tu representante no quiere cerrar nada.”
Días después, ante una nueva consulta de Padilla sobre el estado del expediente, Boschin respondió: “Si, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta.” El 26 de octubre, cuando el dictamen jurídico ya estaba firmado, Padilla le escribió a su socio Fernando Paredes: “ya salió lo del depósito de ARSAT. No digas nada porque es off the record.”
El 4 de noviembre, con la firma del presidente de ARSAT en el expediente, Boschin le mandó un audio a Padilla: “oía hermano, buen día, cómo estás?, si, si avanzando, ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada.”
Las órdenes de compra
La firma de Boschin aparece en todas las órdenes de compra relevantes del expediente. Como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT firmó, entre 2021 y 2024: la OC 00009392 por US$18.800 en fletes internacionales (enero 2021), la OC 00009443 por US$919 (febrero 2021), la OC 00010632 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (noviembre 2021), la OC 00010640 por $8.000.000 en alquiler de grúas (noviembre 2021), la OC 00010781 por $8.800.000 en transporte (diciembre 2021), la OC 00010869 por US$136.000 en carga y descarga (enero 2022), la OC 00011811 por $15.000.000 en transporte (julio 2022), la OC 00011843 por US$114.914 en servicio de depósito (agosto 2022), la OC 00012617 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (diciembre 2022) y la OC 00014610 por US$104.000 (diciembre 2023).
El 15 de noviembre de 2021, cinco días después de firmada la primera orden de compra por US$766.099, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline, en el Registro Seccional 13016 de Mendoza.
El 26 de julio de 2023, Facundo Leal —que en ese momento ya era gerente general de ARSAT— le transfirió a Boschin la Volkswagen Amarok Extreme. La fiscalía cruzó esa transferencia con la cronología de las órdenes de compra.
Los pagos en efectivo
El 16 de mayo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla: “Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay.” El destinatario del efectivo identificado en el mensaje es Boschin.
En otro intercambio recuperado de los celulares, Padilla instruyó a los suyos para que sobredimensionaran los servicios contratados y generaran márgenes: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas. Más carga de las grandes. Que inventes.” La fiscalía interpreta esas instrucciones como el mecanismo para inflar el valor de las órdenes de compra y sostener el flujo de retornos.
Otro mensaje, de octubre de 2021, da cuenta de un pago anterior: “¿Te dio la otra carga de 100 lucas?» La respuesta de Padilla fue afirmativa: “Sippp”.
Boschin dejó la subgerencia de Compras de ARSAT y en 2024 asumió como presidente de Trenes Argentinos, la empresa estatal que gestiona los servicios ferroviarios de pasajeros, dentro de la estructura del gobierno de Javier Milei. Renunció en enero de 2025, en simultáneo con otros funcionarios del área de Transporte, cuando el secretario de ese entonces, Luis Pierrini, dejó el cargo. “La banda de los mendocinos”, les decían. Muchos impulsados por Pierrini, que adquirió un repentino poder de la mano de Leonardo Scatturice, el empresario cercano a Santiago Caputo.
Boschin fue allanado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, en dos de Mendoza y en uno de Nordelta. No fue detenido, aunque se secuestraron elementos de interés para la causa.
Camila Dolabjian,Conforme a
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