POLITICA
El Gobierno les quitó los subsidios a la luz a 2,1 millones de hogares y al gas a casi 900.000
Actualmente, hay 2,1 millones de hogares menos beneficiados por los subsidios a la electricidad en la Argentina y casi 900.000 menos en el caso del gas natural por redes respecto del inicio de la gestión de Javier Milei, según datos oficiales a los que accedió . En ese período, la proporción de usuarios que pagan el costo pleno de la boleta creció y ya representa cerca de la mitad del universo total, dependiendo del servicio público que se considere.
La dinámica refleja un cambio de lógica en la política energética del país y un giro en una de las partidas más sensibles entre las cuales el Gobierno libertario aplicó la “motosierra” para bajar el gasto público. El recorte se apoyó también en fuertes incrementos de tarifas y en una mejora de la producción local por Vaca Muerta, que permitió reducir costos del sistema.
El resultado fue que en los últimos dos años y medio la reducción total de los subsidios fue equivalente a más de US$5600 millones. En términos del PBI, esas erogaciones cayeron desde niveles cercanos a 1,4% del PBI a alrededor de 0,6%, con el objetivo oficial de 0,5% en 2026.
Parte de ese ajuste se explicó también por una depuración del padrón. En ese proceso, la Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia, pero nunca la habían solicitado. También se retiró la asistencia a comercios e industrias, una decisión que en las últimas semanas encendió alertas en el sector ante el impacto que puede la guerra en Medio Oriente en los costos.
“Estamos terminando con que hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos, mientras otros vulnerables no siempre estaban correctamente protegidos”, explicaron desde Energía.
El sistema alcanza a un universo amplio: 16,5 millones de usuarios residenciales en electricidad y más de 9,6 millones en gas por redes, según registros oficiales. Sobre esa base, que no varió significativamente en los últimos años, el recorte implicó una reducción sostenida de los hogares alcanzados por subsidios y un crecimiento del número de quienes pagan el costo pleno de la energía.
En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1%) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%). Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el universo que recibe asistencia cayó a 8,73 millones (53%), un ajuste adicional de 500.000 hogares.
En gas por redes, la dinámica fue similar: los beneficiarios bajaron de 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones (53,4%) y, luego, a 4,78 millones (49,8%) tras la aplicación del SEF, lo que consolidó el quiebre del escenario previo hacia uno con mayoría de usuarios sin subsidios.
Más que un recorte puntual, los datos muestran un cambio en la estructura del sistema: cada vez más usuarios pasan a pagar el costo pleno de la energía.
El cambio se da sobre un esquema que ya había comenzado a modificarse. En 2022 se implementó la segmentación por ingresos, que dividía a los usuarios en tres niveles: N1 (ingresos altos), que pagaban la tarifa plena; N2 (ingresos bajos), que recibían la mayor parte de los subsidios; y N3 (ingresos medios), que accedían a una asistencia parcial. Ese sistema buscaba bajar el peso del gasto sin eliminarlo, pero mantenía una cobertura amplia.
A partir de este año, el Gobierno avanzó con un modelo más simple, con la implementación del SEF: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos a partir de cruces de datos de ingresos, patrimonio y consumo.
En ese esquema, la asistencia se concentra exclusivamente en los usuarios residenciales y se aplica sobre un bloque básico de consumo que varía según la estacionalidad. Por encima de ese umbral, la energía se paga a precio pleno, lo que implicó una disminución tanto de la cantidad de beneficiarios como del nivel de subsidio por usuario.
La subvención se aplica sobre el costo de la energía, uno de los componentes de la tarifa, que también incluye transporte, distribución e impuestos. En los hogares subsidiados, el Estado bonifica una parte de ese componente, mientras que el resto —y los otros cargos del sistema— se paga sin asistencia.
El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.
El reordenamiento tarifario también estuvo acompañado por una mejora en la cobrabilidad. Según datos oficiales y de las empresas distribuidoras, la tasa de pago pasó de alrededor del 48% al inicio de la gestión a niveles cercanos al 97%, lo que implica una morosidad en torno al 3%.
Ese ajuste también se reflejó en las tarifas. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, para un consumo residencial típico de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —unos 711 metros cúbicos anuales—, en marzo de 2026 se pagó $33.987 con subsidios y $39.309 sin subsidio, a precios actuales. Esas mismas boletas durante la gestión de Alberto Fernández costaban $20.991, mientras que en 2018 y en términos reales, durante la gestión de Mauricio Macri, ascendían a $43.719.
En el caso de la electricidad, una factura promedio para un consumo de 250 kWh fue de $21.069 con subsidio y $46.488 sin subsidio, también por encima de los valores de la gestión Fernández pero por debajo de los picos registrados en 2018 y 2019.
Los subsidios energéticos pasaron de representar cerca de 1,5% del PBI en 2023 a 1% en 2024 y 0,5% en 2025. En términos nominales, el gasto se ubicó en torno al equivalente a US$14.200 millones en 2022, descendió a cerca de US$9600 millones en 2023 y continuó a la baja hasta aproximadamente US$4000 millones en 2025, según la consultora Economía y Energía. Solo durante la gestión Milei, el recorte acumulado equivale a unos US$5684 millones.
En paralelo, también mejoró la cobertura del sistema. Los usuarios pasaron de cubrir niveles cercanos al 30% del costo de la energía al inicio de la gestión Milei, a cubrir alrededor del 70% en la actualidad. Es decir, una mayor proporción del costo dejó de ser financiada por el Estado y pasó a trasladarse a las facturas que pagan los hogares.
En términos históricos, el peso de los subsidios energéticos fue una constante en la economía argentina durante las últimas dos décadas. Según estimó el economista Alejandro Einstoss, entre 2003 y 2023 el Estado destinó más de US$150.000 millones a sostener tarifas por debajo de los costos. El especialista definió ese período como dos décadas de “populismo energético”. La mayor disponibilidad de energía local, impulsada en parte por el desarrollo de Vaca Muerta, comenzó a modificar ese escenario.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que el cambio de precios relativos impactó en el poder de compra de los hogares. El fuerte aumento de los servicios públicos —gastos fijos como luz, gas, agua y transporte— avanzó por encima de la inflación y redujo la porción del ingreso disponible para otros consumos.
Este fenómeno también se refleja en encuestas de opinión, donde crece la proporción de hogares que señala que sus ingresos alcanzan para menos gastos discrecionales.
El impacto es, además, observable en la dinámica inflacionaria reciente. En el primer trimestre de este año, las tarifas de electricidad y gas fueron el rubro de mayor incidencia en el aumento del costo de vida, con subas cercanas al 20%, más del doble de la inflación general del período. En conjunto, explicaron alrededor de dos puntos porcentuales del 9,1% de inflación acumulada en el AMBA, según estimaciones de Economía y Energía. “Si se estabiliza el valor de los hidrocarburos y se ralentiza el incremento tarifario, la inflación en los próximos meses podría registrar una desaceleración”, señaló la consultora.
Ex secretarios de Energía coinciden en que el proceso en marcha implica un cambio de régimen más que un ajuste puntual. Emilio Apud señaló: “Durante mucho tiempo el sistema funcionó con precios desacoplados de los costos, financiados con emisión y subsidios”. Y agregó: “Lo que cambió es quién paga la energía y en qué proporción”.
Daniel Montamat sostuvo que “se pasó de un modelo de subsidios amplios a uno más focalizado”, aunque advirtió: “Siempre hay una zona gris entre quienes deberían recibir subsidios y quienes no, sobre todo en contextos de ingresos inestables”.
Las tarifas de energía fueron históricamente un tema sensible en el país, atravesado por aumentos, apagones y disputas políticas. Tras más de una década de atrasos en los valores, Mauricio Macri avanzó con un proceso de recomposición que no completó la convergencia a costos, Alberto Fernández enfrentó una interna feroz con el kirchnerismo cuando intentó avanzar en recortes, mientras que el FMI reclamó de manera recurrente en los últimos tres programas una mayor “focalización” de ese gasto. El desafío hacia adelante será sostener este esquema sin que el mayor peso de las facturas en el ingreso de los hogares vuelva a generar tensiones.
Agustín Maza,Actualidad económica,Quita de subsidios,subsidios,Conforme a,Actualidad económica,,¿Pasa en algún país? El crecimiento equilibrado solo existe en algunos modelos,,Cavallo volvió a la carga. Pidió liberar completamente el mercado cambiario para bajar el riesgo país y atraer inversiones,,»Volví a empezar». Produce un café que se había abandonado, el primero “verdadero” argentino, y ya lo vende en dos locales
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.
La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.
Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.
El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.
Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.
“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.
Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a
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