POLITICA
El Gobierno les quitó los subsidios a la luz a 2,1 millones de hogares y al gas a casi 900.000
Actualmente, hay 2,1 millones de hogares menos beneficiados por los subsidios a la electricidad en la Argentina y casi 900.000 menos en el caso del gas natural por redes respecto del inicio de la gestión de Javier Milei, según datos oficiales a los que accedió . En ese período, la proporción de usuarios que pagan el costo pleno de la boleta creció y ya representa cerca de la mitad del universo total, dependiendo del servicio público que se considere.
La dinámica refleja un cambio de lógica en la política energética del país y un giro en una de las partidas más sensibles entre las cuales el Gobierno libertario aplicó la “motosierra” para bajar el gasto público. El recorte se apoyó también en fuertes incrementos de tarifas y en una mejora de la producción local por Vaca Muerta, que permitió reducir costos del sistema.
El resultado fue que en los últimos dos años y medio la reducción total de los subsidios fue equivalente a más de US$5600 millones. En términos del PBI, esas erogaciones cayeron desde niveles cercanos a 1,4% del PBI a alrededor de 0,6%, con el objetivo oficial de 0,5% en 2026.
Parte de ese ajuste se explicó también por una depuración del padrón. En ese proceso, la Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia, pero nunca la habían solicitado. También se retiró la asistencia a comercios e industrias, una decisión que en las últimas semanas encendió alertas en el sector ante el impacto que puede la guerra en Medio Oriente en los costos.
“Estamos terminando con que hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos, mientras otros vulnerables no siempre estaban correctamente protegidos”, explicaron desde Energía.
El sistema alcanza a un universo amplio: 16,5 millones de usuarios residenciales en electricidad y más de 9,6 millones en gas por redes, según registros oficiales. Sobre esa base, que no varió significativamente en los últimos años, el recorte implicó una reducción sostenida de los hogares alcanzados por subsidios y un crecimiento del número de quienes pagan el costo pleno de la energía.
En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1%) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%). Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el universo que recibe asistencia cayó a 8,73 millones (53%), un ajuste adicional de 500.000 hogares.
En gas por redes, la dinámica fue similar: los beneficiarios bajaron de 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones (53,4%) y, luego, a 4,78 millones (49,8%) tras la aplicación del SEF, lo que consolidó el quiebre del escenario previo hacia uno con mayoría de usuarios sin subsidios.
Más que un recorte puntual, los datos muestran un cambio en la estructura del sistema: cada vez más usuarios pasan a pagar el costo pleno de la energía.
El cambio se da sobre un esquema que ya había comenzado a modificarse. En 2022 se implementó la segmentación por ingresos, que dividía a los usuarios en tres niveles: N1 (ingresos altos), que pagaban la tarifa plena; N2 (ingresos bajos), que recibían la mayor parte de los subsidios; y N3 (ingresos medios), que accedían a una asistencia parcial. Ese sistema buscaba bajar el peso del gasto sin eliminarlo, pero mantenía una cobertura amplia.
A partir de este año, el Gobierno avanzó con un modelo más simple, con la implementación del SEF: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos a partir de cruces de datos de ingresos, patrimonio y consumo.
En ese esquema, la asistencia se concentra exclusivamente en los usuarios residenciales y se aplica sobre un bloque básico de consumo que varía según la estacionalidad. Por encima de ese umbral, la energía se paga a precio pleno, lo que implicó una disminución tanto de la cantidad de beneficiarios como del nivel de subsidio por usuario.
La subvención se aplica sobre el costo de la energía, uno de los componentes de la tarifa, que también incluye transporte, distribución e impuestos. En los hogares subsidiados, el Estado bonifica una parte de ese componente, mientras que el resto —y los otros cargos del sistema— se paga sin asistencia.
El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.
El reordenamiento tarifario también estuvo acompañado por una mejora en la cobrabilidad. Según datos oficiales y de las empresas distribuidoras, la tasa de pago pasó de alrededor del 48% al inicio de la gestión a niveles cercanos al 97%, lo que implica una morosidad en torno al 3%.
Ese ajuste también se reflejó en las tarifas. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, para un consumo residencial típico de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —unos 711 metros cúbicos anuales—, en marzo de 2026 se pagó $33.987 con subsidios y $39.309 sin subsidio, a precios actuales. Esas mismas boletas durante la gestión de Alberto Fernández costaban $20.991, mientras que en 2018 y en términos reales, durante la gestión de Mauricio Macri, ascendían a $43.719.
En el caso de la electricidad, una factura promedio para un consumo de 250 kWh fue de $21.069 con subsidio y $46.488 sin subsidio, también por encima de los valores de la gestión Fernández pero por debajo de los picos registrados en 2018 y 2019.
Los subsidios energéticos pasaron de representar cerca de 1,5% del PBI en 2023 a 1% en 2024 y 0,5% en 2025. En términos nominales, el gasto se ubicó en torno al equivalente a US$14.200 millones en 2022, descendió a cerca de US$9600 millones en 2023 y continuó a la baja hasta aproximadamente US$4000 millones en 2025, según la consultora Economía y Energía. Solo durante la gestión Milei, el recorte acumulado equivale a unos US$5684 millones.
En paralelo, también mejoró la cobertura del sistema. Los usuarios pasaron de cubrir niveles cercanos al 30% del costo de la energía al inicio de la gestión Milei, a cubrir alrededor del 70% en la actualidad. Es decir, una mayor proporción del costo dejó de ser financiada por el Estado y pasó a trasladarse a las facturas que pagan los hogares.
En términos históricos, el peso de los subsidios energéticos fue una constante en la economía argentina durante las últimas dos décadas. Según estimó el economista Alejandro Einstoss, entre 2003 y 2023 el Estado destinó más de US$150.000 millones a sostener tarifas por debajo de los costos. El especialista definió ese período como dos décadas de “populismo energético”. La mayor disponibilidad de energía local, impulsada en parte por el desarrollo de Vaca Muerta, comenzó a modificar ese escenario.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que el cambio de precios relativos impactó en el poder de compra de los hogares. El fuerte aumento de los servicios públicos —gastos fijos como luz, gas, agua y transporte— avanzó por encima de la inflación y redujo la porción del ingreso disponible para otros consumos.
Este fenómeno también se refleja en encuestas de opinión, donde crece la proporción de hogares que señala que sus ingresos alcanzan para menos gastos discrecionales.
El impacto es, además, observable en la dinámica inflacionaria reciente. En el primer trimestre de este año, las tarifas de electricidad y gas fueron el rubro de mayor incidencia en el aumento del costo de vida, con subas cercanas al 20%, más del doble de la inflación general del período. En conjunto, explicaron alrededor de dos puntos porcentuales del 9,1% de inflación acumulada en el AMBA, según estimaciones de Economía y Energía. “Si se estabiliza el valor de los hidrocarburos y se ralentiza el incremento tarifario, la inflación en los próximos meses podría registrar una desaceleración”, señaló la consultora.
Ex secretarios de Energía coinciden en que el proceso en marcha implica un cambio de régimen más que un ajuste puntual. Emilio Apud señaló: “Durante mucho tiempo el sistema funcionó con precios desacoplados de los costos, financiados con emisión y subsidios”. Y agregó: “Lo que cambió es quién paga la energía y en qué proporción”.
Daniel Montamat sostuvo que “se pasó de un modelo de subsidios amplios a uno más focalizado”, aunque advirtió: “Siempre hay una zona gris entre quienes deberían recibir subsidios y quienes no, sobre todo en contextos de ingresos inestables”.
Las tarifas de energía fueron históricamente un tema sensible en el país, atravesado por aumentos, apagones y disputas políticas. Tras más de una década de atrasos en los valores, Mauricio Macri avanzó con un proceso de recomposición que no completó la convergencia a costos, Alberto Fernández enfrentó una interna feroz con el kirchnerismo cuando intentó avanzar en recortes, mientras que el FMI reclamó de manera recurrente en los últimos tres programas una mayor “focalización” de ese gasto. El desafío hacia adelante será sostener este esquema sin que el mayor peso de las facturas en el ingreso de los hogares vuelva a generar tensiones.
Agustín Maza,Actualidad económica,Quita de subsidios,subsidios,Conforme a,Actualidad económica,,¿Pasa en algún país? El crecimiento equilibrado solo existe en algunos modelos,,Cavallo volvió a la carga. Pidió liberar completamente el mercado cambiario para bajar el riesgo país y atraer inversiones,,»Volví a empezar». Produce un café que se había abandonado, el primero “verdadero” argentino, y ya lo vende en dos locales
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente ya está en Ecuador, donde hoy se reunirá con su par Daniel Noboa
Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto:
Jue. 06.08.2026-09:31
Reunión en el Congreso y “retiro ideológico”: en medio de la crisis con Brasil, referentes de Bolsonaro se juntan con diputados de Milei
Marina DevitaBio completa
POLITICA
Marcha contra la ley de propiedad privada en Congreso, en vivo: la protesta se mantendrá pese a la tormenta
Para este jueves, está prevista una manifestación frente al Congreso en rechazo al proyecto presentado por Javier Milei, bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa contemplaba cambios en la Ley de Tierras, pero el gobierno finalmente retiró el polémico capítulo.
Las fuerzas de seguridad comienzan a cercar el Congreso
Las fuerzas federales, conformadas por Gendarmería y Policía Federal, empezaron a colocar las vallas sobre la Avenida Rivadavia y sobre Avenida Callao.
En tanto, desde la Plaza del Congreso ya se encuentran presentes militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Obrero (PO) y Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
El Partido Obrero confirmó que sostiene la marcha: “Mantenemos la movilización hasta lograr el retiro de todo el proyecto”
El dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño, Gabriel Solano, confirmó que el partido de izquierda se presentará contra el proyecto de ley oficialista, pese a las tormentas: “Mantenemos la movilización hasta lograr el retiro de todo el proyecto”.
A través de sus redes sociales, el dirigente manifestó: “El gobierno sufrió un duro revés y debió retirar el capítulo de venta de tierras. Pero el proyecto que queda en pie es igual de negativo”.
En este sentido, estableció que la iniciativa “permite ejecutar desalojos sumarios contra inquilinos y comunidades originarias; modifica la ley del fuego para habilitar negocios con incentivos intencionales; dificulta las expropiaciones para darle garantías a los capitales”.
“Por eso tenemos que aprovechar la bronca creciente y profundizar la movilización hasta lograr el retiro de todo el proyecto”, concluyó.
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POLITICA
La Libertad Avanza resignó el capítulo de tierras, pero salvó el resto del proyecto sobre la propiedad privada y confía en lograr la media sanción
Este miércoles, el Gobierno decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobarlo en el Senado.
La marcha atrás buscó desactivar las resistencias de gobernadores y bloques dialoguistas, que cuestionaban los cambios propuestos sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.
Con esa concesión, La Libertad Avanza logró preservar el resto de la iniciativa, que incluye reformas al régimen de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. En el oficialismo aseguran que, tras el acuerdo alcanzado con sus aliados parlamentarios, cuentan con las mayorías para avanzar hoy con la media sanción del proyecto, mientras el debate sobre la Ley de Tierras quedó postergado hasta alcanzar un mayor consenso.
La oposición de los gobernadores y la marcha contra el capítulo de tierras
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, alejó la posibilidad de ayudar al oficialismo a construir mayorías en el Senado. “He conversado con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el mandatario.
Pese a que La Libertad Avanza había asegurado que contaba con los votos necesarios, a la oposición de Tucumán se sumó la de la representante de Salta, Flavia Royón.
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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó: “Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.
El proyecto que modificaba la Ley de Tierras trascendió el Congreso y también generó rechazo en distintos sectores de la sociedad que convocaron a una movilización frente al Senado para hoy.
Por unanimidad, los integrantes del bloque de LLA decidieron retirar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de continuar trabajándolo y alcanzar un mayor nivel de consenso. “La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, dijeron desde la presidencia libertaria.
En la reunión de este miércoles, de la que participaron La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, también se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la propuesta que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio.
De esa manera tendrían las mayorías, dicen los sectores libertarios, para sancionar el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Los cambios en la Ley de Tierras Rurales
La última versión del proyecto estableció un límite del 25% por provincia para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Además, dispuso que las operaciones deberán contar con la autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno de la provincia donde se encuentre el inmueble.
Actualmente, la Ley de Tierras Rurales permite que hasta el 15% de la superficie rural de cada jurisdicción quede en manos extranjeras. También establece que una persona física o jurídica de otra nacionalidad no puede poseer más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país.
Se incorporó una serie de restricciones. El texto prohíbe la compra de tierras rurales por parte de personas jurídicas, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y otras formas asociativas que tengan participación estatal extranjera directa o indirecta.
La prohibición podrá exceptuarse cuando exista una autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
El capítulo tercero también establecía “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del 25% en el territorio de cada provincia”.
Además, señalaba que “toda adquisición deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
Otro de los reclamos planteados por los senadores de provincias fronterizas fue la incorporación de una doble autorización para la compra de tierras rurales. Según el nuevo esquema, deberán intervenir tanto el Gobierno nacional como la administración provincial correspondiente.
El Poder Ejecutivo Nacional tendrá competencia para evaluar cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, los objetivos estratégicos y la defensa nacional.
Este debate quedó postergado hasta la búsqueda de mayores consensos.
Rechazo del peronismo
Desde el peronismo anticiparon 25 votos en contra del proyecto. El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, tiene entre sus integrantes a la senadora Anabel Fernández Sagasti no estará presente debido al avanzado estado de su embarazo y fue autorizada a votar de manera remota desde su provincia de Mendoza.
La legisladora mendocina le envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar autorización para participar de manera remota, como ocurrió durante la pandemia. En su presentación, se amparó en jurisprudencia de la Corte Suprema y argumentó que su ausencia dejaría a Mendoza sin representación federal en un debate que considera trascendental por los cambios propuestos en la Ley de Tierras Rurales.
El pedido, autorizado por Villarruel, será puesto a consideración del cuerpo al comienzo de la sesión.
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“No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros”, explicó Fernández Sagasti en la nota enviada a Villarruel.
El radical Flavio Fama, recientemente sometido a una intervención quirúrgica, solicitó la misma excepción.
Por su parte, la senadora fueguina Cristina López, del bloque Justicialista, rechazó el proyecto. “No nos vengan a vender que esto es una mejora. Es la misma entrega. Con (Javier) Milei todo es un negociado: la soberanía, el territorio, el agua. Lo único que cambiaron es el porcentaje que están dispuestos a rematar. Los libertarios quieren vender nuestro país”, cuestionó.
ley de tierras, Patricia Bullrich, Senado
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