POLITICA
En medio de la crisis por Adorni, el Gobierno logró avanzar en Diputados con dos proyectos clave
El oficialismo logró los dictámenes de los proyectos de super-RIGI y del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda de 2001. Ambas iniciativas quedaron en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 24 de junio, en una sesión especial que impulsará La Libertad Avanza, aunque todavía hay dudas sobre su realización por la tensión política que atraviesa el Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La convocatoria será solicitada por el bloque oficialista, con la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni. Sin embargo, en el Congreso no descartan que el escenario abierto por el caso Adorni pueda demorar la estrategia legislativa de la Casa Rosada.
En el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezado por el libertario Bertie Benegas Lynch, el oficialismo consiguió el acompañamiento de bloques aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID.
Ese último bloque sumó, a través del diputado Eduardo Falcone, un agregado que beneficia a industrias locales: un plan de desarrollo de proveedores nacionales e incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. La cláusula establece que, del total de pagos a proveedores, al menos el 20% deberá destinarse a proveedores locales.
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El dictamen de mayoría reunió 61 firmas. Entre los apoyos se destacan los representantes de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta y Misiones; el bloque Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, cercano al gobernador Claudio Vidal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan, la fuerza provincial de Marcelo Orrego.
Los dictámenes en contra
La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Germán Martínez, rechazó la iniciativa. El diputado cuestionó que el proyecto implica “una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo” y recordó el rechazo del Congreso a las facultades delegadas que Javier Milei había reclamado durante el tratamiento de la Ley Bases.
Desde Provincias Unidas también firmaron un dictamen de minoría el radical crítico Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón, quienes cuestionaron el programa del Gobierno. “La Ley Bases, con el RIGI, estipula qué sectores de la economía van a ser los elegidos y los colma de beneficios de todo tipo: impositivos, cambiarios y aduaneros. Les da estabilidad por 30 años y les prorroga la jurisdicción judicial, ante cualquier disputa, bien lejos de los jueces argentinos”, plantearon.
El Frente de Izquierda también rechazó la medida, a través de los diputados Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.
Con este nuevo régimen, el Poder Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.
El proyecto
La iniciativa, que busca la sanción de la Cámara de Diputados para luego pasar en revisión al Senado, crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado super-RIGI. El objetivo es otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
La norma se aplicará en todo el territorio nacional. Sin embargo, el acceso a los incentivos nacionales previstos en la ley requerirá la adhesión integral de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios correspondientes. Sin esa adhesión, no podrán otorgarse los beneficios establecidos.
Según el oficialismo, la norma apunta a generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer nuevas actividades de gran escala en industrias que actualmente no cuenten con desarrollo en el país o cuyo grado de avance sea experimental o piloto.
Otro de los objetivos es fomentar la demanda de insumos, servicios y recursos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las grandes inversiones en nuevas industrias.
El desarrollista Eduardo Falcone celebró que el oficialismo haya aceptado incorporar una cláusula para promover la participación de empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen. “Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales”, sostuvo.
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Acuerdo con los bonistas
La otra iniciativa que La Libertad Avanza logró dictaminar fue el acuerdo de conciliación celebrado entre Bainbridge Ltd. y la Argentina, y el entendimiento con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.
Durante el plenario expusieron ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Stampalija.
La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso antes del 30 de junio y ya cuenta con sanción del Senado, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia hubo cruces entre los distintos sectores políticos. La diputada libertaria Silvana Giudici respondió a los planteos de Unión por la Patria sobre las ganancias que obtendrían los denominados fondos buitre.
“Hay que decir cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y a las puertas de una inflación. Desde 2003, este Congreso fue testigo de las más erráticas, absurdas y erróneas políticas económicas mezcladas con ideología. Nos dejaron con un juicio a YPF que este Gobierno pudo resolver”, sostuvo Giudici.
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El entendimiento establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El acuerdo prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
Diputados, La Libertad Avanza, Congreso
POLITICA
Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley
La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.
Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.
“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Una ley incompleta
Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.
Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.
Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.
En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.
Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.
Una herramienta habitual en el mundo
Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.
“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.
Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.
También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.
Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.
Más efectivos y una mayor integración con la sociedad
Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.
A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.
Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.
En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.
Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.
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POLITICA
Milei puso la Casa Rosada a disposición de la selección y dijo que no estará si el plantel decide ir
El presidente Javier Milei puso a disposición la Casa Rosada para los jugadores de la selección, cualquiera sea la instancia del Mundial a la que el conjunto de Scaloni llegue. “Cuando vayan, ese día la vacío”, sentenció.
En declaraciones radiales este miércoles, y tras el agónico triunfo de la Argentina frente a Egipto, Milei dijo: «Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío. Yo me quedaría en Olivos. Hasta convencería a mi hermana [Karina] de que no vaya a trabajar».
Acto seguido, enfatizó en que no interferirá ni formará parte del encuentro en la sede del Poder Ejecutivo. “No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, sostuvo en diálogo con El Observador.
Durante la charla, el líder de La Libertad Avanza (LLA) se prestó también a analizar el duelo entre la Albiceleste y el seleccionado africano. “Desde mi punto de vista, Argentina estaba jugando mejor. Tuvo cerca de siete u ocho oportunidades durante el primer tiempo, pero se le cerró el arco. El penal, a pesar de que Messi lo pateó fuerte… El arquero estaba inspirado. En los contragolpes, finalmente, Argentina sufrió dos goles”.
“Lo que rescato es ese instinto de supervivencia de los argentinos de pelear, pelear y seguir peleando hasta el final. Después ocurrió el milagro. Fue una reversión histórica. Las probabilidades de que eso sucediera eran del 0,16%. Algo prácticamente imposible, y lo pudimos presenciar”, celebró el jefe de Estado.
Noticia en desarrollo.
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POLITICA
Senado: LLA acordó sesionar la semana que viene para aprobar la ley de propiedad privada y 30 pliegos judiciales
El Senado resolvió sesionar el próximo jueves a las 12 con el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada y los pliegos para la designación de jueces y personal de Cancillería como principales temas.
Postergaron para, después del receso invernal, la sesión del 6 de agosto con foco en los proyectos de ley Hojarasca, que elimina legislación obsoleta, y de Falsas Denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada, más el proyecto de Salud Mental, que aún no tiene dictamen y se está discutiendo en un plenario de Legislación General y Salud Púbica.
La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y participaron los presidentes de bloque Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana Di Tullio y Fernando Salino.
Reforma Electoral
A la salida del encuentro de Labor Parlamentaria, la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich reiteró que la necesidad del Gobierno es “la eliminación de las PASO”. Pero además el oficialismo está buscando alternativas para modificar el proyecto que va desde la incorporación de las colectoras para la elección de los candidatos a suspender nuevamente las elecciones primarias, como ocurió en las elecciones de medio término del 2025.
El senador Martín Goerling Lara del PRO dijo que el “Gobierno quiere eliminar las PASO y la mayoría de los senadores, que estuvimos dialogando, queremos mantenerlas, pero aún no se abrió esa discusión”. Por ahora los senadores no recibieron ningún borrador de cambios al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado.
Mientras que otros legisladores como Carolina Moisés de Convicción Federal, entienden que los cambios electorales están en la mesa de discusión de los gobernadores: “En el caso de Convicción Federal esperaremos conclusiones de Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz (los mandatarios de Catamarca, Tucumán y Salta) antes de emitir opinión”, señaló Moisés.
Una vez que se cierren los entendimientos entre los gobernadores y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de la negociación con las provincias, el oficialismo buscará trasladar esos acuerdos a los senadores nacionales. “Estimo que también se realizarán consultas con los demás gobernadores peronistas y con la conducción del PJ Nacional”, le aclaró a TN la senadora Carolina Moisés.
Esta semana el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo que, “hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”. A su vez, agregó que “las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que, a través de internas o consenso, puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, remarcó Jalil.
Jalil es uno de los mandatarios que mantienen reuniones con el ministro Diego Santilli. Y cuenta con sus propios legisladores nacionales: el senador Guillermo Andrada, del bloque de Convicción Federal, y de los tres integrantes de la Cámara baja que conforman la bancada Elijo Catamarca: Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega.
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En febrero de este año el senador Andrada, junto a Sandra Mendoza y Carolina Moisés, se apartaron de la bancada Justicialista de José Mayans y armaron Convicción Federal con la presidencia de Moisés, quien además es la actual vicepresidenta de la Cámara de Senadores.
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