POLITICA
En medio de la crisis por Adorni, el Gobierno logró avanzar en Diputados con dos proyectos clave
El oficialismo logró los dictámenes de los proyectos de super-RIGI y del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda de 2001. Ambas iniciativas quedaron en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 24 de junio, en una sesión especial que impulsará La Libertad Avanza, aunque todavía hay dudas sobre su realización por la tensión política que atraviesa el Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La convocatoria será solicitada por el bloque oficialista, con la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni. Sin embargo, en el Congreso no descartan que el escenario abierto por el caso Adorni pueda demorar la estrategia legislativa de la Casa Rosada.
En el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezado por el libertario Bertie Benegas Lynch, el oficialismo consiguió el acompañamiento de bloques aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID.
Ese último bloque sumó, a través del diputado Eduardo Falcone, un agregado que beneficia a industrias locales: un plan de desarrollo de proveedores nacionales e incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. La cláusula establece que, del total de pagos a proveedores, al menos el 20% deberá destinarse a proveedores locales.
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El dictamen de mayoría reunió 61 firmas. Entre los apoyos se destacan los representantes de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta y Misiones; el bloque Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, cercano al gobernador Claudio Vidal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan, la fuerza provincial de Marcelo Orrego.
Los dictámenes en contra
La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Germán Martínez, rechazó la iniciativa. El diputado cuestionó que el proyecto implica “una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo” y recordó el rechazo del Congreso a las facultades delegadas que Javier Milei había reclamado durante el tratamiento de la Ley Bases.
Desde Provincias Unidas también firmaron un dictamen de minoría el radical crítico Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón, quienes cuestionaron el programa del Gobierno. “La Ley Bases, con el RIGI, estipula qué sectores de la economía van a ser los elegidos y los colma de beneficios de todo tipo: impositivos, cambiarios y aduaneros. Les da estabilidad por 30 años y les prorroga la jurisdicción judicial, ante cualquier disputa, bien lejos de los jueces argentinos”, plantearon.
El Frente de Izquierda también rechazó la medida, a través de los diputados Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.
Con este nuevo régimen, el Poder Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.
El proyecto
La iniciativa, que busca la sanción de la Cámara de Diputados para luego pasar en revisión al Senado, crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado super-RIGI. El objetivo es otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
La norma se aplicará en todo el territorio nacional. Sin embargo, el acceso a los incentivos nacionales previstos en la ley requerirá la adhesión integral de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios correspondientes. Sin esa adhesión, no podrán otorgarse los beneficios establecidos.
Según el oficialismo, la norma apunta a generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer nuevas actividades de gran escala en industrias que actualmente no cuenten con desarrollo en el país o cuyo grado de avance sea experimental o piloto.
Otro de los objetivos es fomentar la demanda de insumos, servicios y recursos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las grandes inversiones en nuevas industrias.
El desarrollista Eduardo Falcone celebró que el oficialismo haya aceptado incorporar una cláusula para promover la participación de empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen. “Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales”, sostuvo.
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Acuerdo con los bonistas
La otra iniciativa que La Libertad Avanza logró dictaminar fue el acuerdo de conciliación celebrado entre Bainbridge Ltd. y la Argentina, y el entendimiento con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.
Durante el plenario expusieron ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Stampalija.
La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso antes del 30 de junio y ya cuenta con sanción del Senado, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia hubo cruces entre los distintos sectores políticos. La diputada libertaria Silvana Giudici respondió a los planteos de Unión por la Patria sobre las ganancias que obtendrían los denominados fondos buitre.
“Hay que decir cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y a las puertas de una inflación. Desde 2003, este Congreso fue testigo de las más erráticas, absurdas y erróneas políticas económicas mezcladas con ideología. Nos dejaron con un juicio a YPF que este Gobierno pudo resolver”, sostuvo Giudici.
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El entendimiento establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El acuerdo prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
Diputados, La Libertad Avanza, Congreso
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A 50 años de su secuestro, identificaron los restos de María Luisa “Mara” Salto Segovia, la joven de Cipolletti –hija de un exintendente de esa ciudad– secuestrada en Córdoba en 1976.
La confirmación oficial fue comunicada a sus familiares luego de que los cotejos realizados por el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arrojaran un resultado positivo con una certeza superior al 90%.
El caso se enmarca en la causa “Enterramientos Clandestinos”, que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, bajo la dirección del juez Hugo Vaca Narvaja y el secretario Miguel Ceballos. Las tareas antropológicas y forenses permitieron reconstruir perfiles genéticos que posibilitaron la identificación de unas 30 personas detenidas-desaparecidas durante el terrorismo de Estado en esa provincia.
Nacida en Cipolletti el 8 de diciembre de 1955, Salto pertenecía a una de las familias pioneras y tradicionales del Alto Valle. Era hija de Margarita Segovia y del médico Julio Dante Salto, quien se desempeñó como intendente de Cipolletti durante la década de 1960 y protagonizó el histórico proceso social conocido como el Cipolletazo.
Además, era hermana de Julio Rodolfo Salto (exjefe comunal de la ciudad), de María Isabel “Mariela” Salto (docente universitaria) y de María Emilia “Beba” Salto, exconcejal de Neuquén y sobreviviente de centros clandestinos de la Patagonia que ha testificado en juicios de lesa humanidad.
A los 20 años, Mara estaba radicada en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. En el ámbito universitario, desarrollaba una activa militancia política como integrante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Facultad de Medicina y militante de la organización Montoneros. En la actualidad, su nombre integra el memorial de Cipolletti erigido en homenaje a las 17 personas víctimas del terrorismo de Estado nacidas o vinculadas a la localidad.
El 27 de julio de 1976, en los primeros meses de la última dictadura militar, Mara Salto fue secuestrada en Córdoba por integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Dos días después del secuestro, las fuerzas represivas allanaron la vivienda que la joven compartía con una compañera de estudios.
De acuerdo con las declaraciones y testimonios de sobrevivientes incorporados a las causas judiciales, Mara fue conducida al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, donde permaneció en cautiverio y fue vista con vida por última vez aproximadamente 20 días después de su captura. Los responsables del circuito represivo en el que se enmarcó su desaparición, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, fueron posteriormente juzgados en la causa emblemática “La Perla – La Ribera – D2”.
La recuperación de los restos de Mara Salto es el resultado de exploraciones arqueológicas y antropométricas desarrolladas en el sector denominado Loma del Torito, un predio ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera, adyacente a donde funcionó el centro clandestino La Perla, en pleno monte cordobés.
La ubicación de la zona de búsqueda se logró a partir del análisis del terreno apoyado en una antigua fotografía aérea que mostraba un pequeño claro en el monte. En ese sector, el EAAF –junto con la colaboración del Servicio de Antropología Forense de Córdoba y áreas especializadas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto– delimitó una exploración sistemática sobre un área de tres hectáreas.
El escenario de trabajo en Loma del Torito presenta características complejas: los investigadores hallaron pequeños restos óseos desarticulados y dispersos en sedimento de relleno. Las actuaciones judiciales sostienen la hipótesis de que en el lugar funcionó un gran enterramiento clandestino de víctimas ejecutadas en La Perla y otros centros del circuito represivo cordobés.
Se presume que en 1979, ante la inminente inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Argentina, los cuerpos fueron desenterrados clandestinamente mediante el uso de maquinaria pesada para trasladarlos y borrar las evidencias de los crímenes. Sin embargo, la remoción dejó pequeños fragmentos óseos atrapados en la tierra que, décadas más tarde, hicieron posible la extracción de perfiles genéticos y representaron un hito fundamental en la reconstrucción de la verdad histórica.
Paz García Pastormerlo,Conforme a
POLITICA
Cruces entre metrodelegados y el Gobierno porteño tras el paro que dejó sin servicio a 500.000 personas
Luego del paro en las seis líneas de subte y el Premetro, los metrodelegados defendieron la medida de fuerza, que se extendió por seis horas. El Gobierno porteño consideró que los manifestantes “tuvieron de rehenes a 500.000 personas”.
“La medida de fuerza nace cuando nos detienen”, afirmó Facundo Heredia en diálogo con TN.
Heredia indicó que la idea inicial era liberar los molinetes, pero cambió cuando la policía se llevó detenido a él y a Claudio Dellecarbonara.
“Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores”, señaló.
“Pocas personas tuvieron de rehén a 500 mil personas”, aseguró el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia. “Fue una medida intempestiva e injustificada”, remarcó en diálogo con TN.
El exjefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta chicaneó este martes al alcalde porteño, Jorge Macri, después de que el mandatario local confundiera el nombre del escritor argentino Jorge Luis Borges y lo llamara “José”.
“Ay José Macri”, provocó Rodríguez Larreta, desde sus redes, al hacerse eco del furcio de Jorge Macri, quien lo sucedió en el cargo y con quien, por lo demás, mantiene un fuerte enfrentamiento político.
Por la mañana, Jorge Macri llamó en dos ocasiones “José Luis Borges” a al esctitor, durante la lectura de un discurso en ocasión del acto de ingreso en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en Madrid, de valiosas piezas borgeanas.
Macri dijo, además, que María Victoria y Mariana Kodama eran “miembras” de la Fundación Internacional “José” Luis Borges.
Atento a los tropiezos de la gestión actual del PRO, Rodríguez Larreta no perdió el tiempo y publicó, en tono irónico, una foto de Borges con los ojos cerrados junto al nombre cambiado del actual jefe de Gobierno.
Noticia en desarrollo
confundiera el nombre del escritor argentino Jorge Luis Borges,Jorge Macri,Jorge Luis Borges,Horacio Rodríguez Larreta,Conforme a
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