POLITICA
En medio de la crisis por Adorni, el Gobierno logró avanzar en Diputados con dos proyectos clave
El oficialismo logró los dictámenes de los proyectos de super-RIGI y del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda de 2001. Ambas iniciativas quedaron en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 24 de junio, en una sesión especial que impulsará La Libertad Avanza, aunque todavía hay dudas sobre su realización por la tensión política que atraviesa el Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La convocatoria será solicitada por el bloque oficialista, con la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni. Sin embargo, en el Congreso no descartan que el escenario abierto por el caso Adorni pueda demorar la estrategia legislativa de la Casa Rosada.
En el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezado por el libertario Bertie Benegas Lynch, el oficialismo consiguió el acompañamiento de bloques aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID.
Ese último bloque sumó, a través del diputado Eduardo Falcone, un agregado que beneficia a industrias locales: un plan de desarrollo de proveedores nacionales e incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. La cláusula establece que, del total de pagos a proveedores, al menos el 20% deberá destinarse a proveedores locales.
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El dictamen de mayoría reunió 61 firmas. Entre los apoyos se destacan los representantes de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta y Misiones; el bloque Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, cercano al gobernador Claudio Vidal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan, la fuerza provincial de Marcelo Orrego.
Los dictámenes en contra
La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Germán Martínez, rechazó la iniciativa. El diputado cuestionó que el proyecto implica “una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo” y recordó el rechazo del Congreso a las facultades delegadas que Javier Milei había reclamado durante el tratamiento de la Ley Bases.
Desde Provincias Unidas también firmaron un dictamen de minoría el radical crítico Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón, quienes cuestionaron el programa del Gobierno. “La Ley Bases, con el RIGI, estipula qué sectores de la economía van a ser los elegidos y los colma de beneficios de todo tipo: impositivos, cambiarios y aduaneros. Les da estabilidad por 30 años y les prorroga la jurisdicción judicial, ante cualquier disputa, bien lejos de los jueces argentinos”, plantearon.
El Frente de Izquierda también rechazó la medida, a través de los diputados Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.
Con este nuevo régimen, el Poder Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.
El proyecto
La iniciativa, que busca la sanción de la Cámara de Diputados para luego pasar en revisión al Senado, crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado super-RIGI. El objetivo es otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
La norma se aplicará en todo el territorio nacional. Sin embargo, el acceso a los incentivos nacionales previstos en la ley requerirá la adhesión integral de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios correspondientes. Sin esa adhesión, no podrán otorgarse los beneficios establecidos.
Según el oficialismo, la norma apunta a generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer nuevas actividades de gran escala en industrias que actualmente no cuenten con desarrollo en el país o cuyo grado de avance sea experimental o piloto.
Otro de los objetivos es fomentar la demanda de insumos, servicios y recursos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las grandes inversiones en nuevas industrias.
El desarrollista Eduardo Falcone celebró que el oficialismo haya aceptado incorporar una cláusula para promover la participación de empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen. “Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales”, sostuvo.
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Acuerdo con los bonistas
La otra iniciativa que La Libertad Avanza logró dictaminar fue el acuerdo de conciliación celebrado entre Bainbridge Ltd. y la Argentina, y el entendimiento con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.
Durante el plenario expusieron ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Stampalija.
La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso antes del 30 de junio y ya cuenta con sanción del Senado, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia hubo cruces entre los distintos sectores políticos. La diputada libertaria Silvana Giudici respondió a los planteos de Unión por la Patria sobre las ganancias que obtendrían los denominados fondos buitre.
“Hay que decir cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y a las puertas de una inflación. Desde 2003, este Congreso fue testigo de las más erráticas, absurdas y erróneas políticas económicas mezcladas con ideología. Nos dejaron con un juicio a YPF que este Gobierno pudo resolver”, sostuvo Giudici.
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El entendimiento establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El acuerdo prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
Diputados, La Libertad Avanza, Congreso
POLITICA
Un concejal peronista de Entre Ríos atacó a golpes a un intendente durante una sesión del Concejo Deliberante
El concejal del Partido Justicialista de Pueblo Brugo -localidad del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos-, Ariel Lemos, golpeó a puños al intendente Martín Ruiz durante una sesión del Concejo Deliberante, en una pelea que se desató por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana.
El episodio ocurrió el último martes, en el recinto legislativo, cuando Ruiz se presentó ante el cuerpo para obtener precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento, que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad.
La discusión escaló rápidamente: el concejal Lemos, compañero de espacio político del jefe comunal, le propinó golpes de puño en la oreja y el cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones recogidas por El Entre Ríos.
El punto de fricción entre ambos fue concreto: la ordenanza aprobada por el Concejo establecía que los puesteros debían abonar el canon antes de las 13 horas del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Ruiz se opuso de plano a esa condición. “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo el intendente ante el cuerpo deliberativo, según informó El Entre Ríos.
El mandatario argumentó que nadie se acerca al municipio exclusivamente para ese trámite, sino que lo realizan en el momento en que se instalan en el predio.
Tras la agresión, Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y se sometió a una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, detalló el propio intendente.
Según informó Elonce, Lemos también presentó su propia denuncia, por lo que las actuaciones judiciales quedaron cruzadas entre ambos funcionarios.
El trasfondo del conflicto, según Ruiz, tiene que ver con la organización del evento en sí. “Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a El Entre Ríos.
El mandatario del Partido Justicialista describió la situación como evitable: “Es una situación lamentable, no valía la pena. No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos”. Con cierta resignación, agregó: “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”.
El Concejo Deliberante continuó el debate y aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros. Las actuaciones policiales iniciadas por ambas partes están en curso para determinar las circunstancias del enfrentamiento y las eventuales responsabilidades.
En Villa Gesell agredieron a concejales que votaron contra el presupuesto municipal
Clarisa Armando, concejal del PRO en Villa Gesell, fue la principal damnificada de una sesión que terminó en violencia, cuando ediles opositores a la gestión del intendente Gustavo Barrera recibieron agresiones físicas dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. El episodio quedó registrado en videos que circularon por redes sociales y generó el repudio inmediato del PRO y de La Libertad Avanza.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Armando describió que el debate transcurrió “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. El rechazo del presupuesto fue la chispa que encendió las agresiones.
“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, relató Armando.
POLITICA
Diputados: el oficialismo dejó listos para tratar en el recinto el “Súper RIGI” y un acuerdo con dos holdouts
El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.
Con respaldo de sus aliados habituales, los libertarios dejaron ambas iniciativas listas para el recinto. El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a ratificarlo definitivamente la próxima semana. El “Súper RIGI”, en cambio, recién inicia su recorrido legislativo en Diputados.
La intención del oficialismo era llegar a la semana próxima con una sesión bajo control y un temario propio centrado en estos proyectos. Pero la crisis que atraviesa Manuel Adorni amenaza con alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial para debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura. Ante ese escenario, los libertarios comenzaron a recalcular su estrategia parlamentaria.
Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan). En el caso del “Súper RIGI”, también acompañó el santacruceño José Garrido.
“Súper RIGI”
El nuevo régimen busca convertirse en una segunda versión del RIGI y apunta a atraer industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. En un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, el oficialismo reunió 61 firmas para su dictamen de mayoría.
Para sumar apoyos, los libertarios aceptaron modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas. El texto incorpora beneficios para proyectos que cuenten con inversión en investigación y desarrollo, exige planes de integración de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público para transparentar los proyectos aprobados.
También endurece algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán presentar estudios que acrediten que los proyectos no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, mientras que se incorpora una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en su área de influencia.
Durante el debate, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para industrias “que no sabemos cuáles son ni a qué se van a dedicar” y advirtió que el proyecto repite la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases. Su bloque anticipó que lo rechazará.
Holdouts
El acuerdo impulsado por el gobierno reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia.
El acuerdo contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio reforzó el argumento con los números de la negociación: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.
Los funcionarios rechazaron además que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.
Las principales objeciones llegaron desde UP, que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y aseguró que el Congreso desconoce datos centrales de la negociación. “No sabemos lo que estamos votando”, afirmó.
Su compañero de bloque, Itai Hagman, objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, reprochó. También apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
Por su parte, Martínez criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, advirtió.
“No tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo”, respondió Amerio. “No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”, agregó.
Durante el intercambio, los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría volver a prorrogarse si ambas partes aceptan extenderlo.
“Súper RIGI”,crisis,segunda versión del RIGI,@JMilei,@LuisCaputoAR,pic.twitter.com/5pcKZL9qCt,June 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Deuda oficial,Conforme a,,Transparencia. Presentaron un amparo contra el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,Cámara de Diputados,,»Sos bastante pelot…». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Regulación del lobby. Tras cosechar un rechazo transversal, el Gobierno desacelera y negocia cambios con la oposición,,Se debilita el escudo. Aliados del Gobierno evalúan activar la interpelación de Adorni en el Congreso
POLITICA
Tras la aprobación de una garantía por US$2000 millones, Milei recibió a las autoridades del Banco Mundial
Luego de la aprobación de un paquete de garantías por US$2000 millones, Javier Milei se reunió este miércoles en la Quinta de Olivos con autoridades del Banco Mundial. Los fondos servirán para afrontar próximos vencimientos de deuda con bonistas privados.
Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, Milei recibió en la residencia presidencial a la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.
También participaron el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos.
“Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos», había explicado Caputo horas antes luego de un encuentro en el Ministerio de Economía con las autoridades de la entidad.
El acuerdo se produjo a poco más de 20 días del pago por US$4400 millones que la Argentina debe hacer a bonistas locales y del exterior. En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda había dicho en varias oportunidades que priorizará fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda.
En ese sentido, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) sostuvo que el paquete de financiamiento otorgado a la Argentina busca apoyar la agenda de reformas del país y ayudar a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital.
“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el comunicado oficial difundido este martes.
Por su parte, Susana Cordeiro Guerra manifestó el compromiso del Banco Mundial en apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de «reformas orientadas al crecimiento». “Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, enfatizó.
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En paralelo, el Gobierno recibió otra buena noticia en el plano financiero luego de que el directorio del BID aprobara otra garantía de US$500 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capital.
“La garantía del BID, la primera otorgada para Argentina para apoyar este tipo de reformas, permitirá al país movilizar US$1200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, detalló el organismo a través de un comunicado.
La noticia fue celebrada por Luis Caputo, quien agradeció el respaldo y aseguró que “es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”.
Javier Milei, banco mundial
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