POLITICA
Milagros posibles e imposibles para Messi

Los estudios que indagan a la opinión pública registran una nube de negro malestar que oprime a la sociedad argentina. Los que confiesan tener bronca suman casi un 40%. Y los que se sienten tristes o desanimados superan el 37%. Es un desasosiego similar al que esas mismas encuestas comenzaron a identificar durante la cuarentena de 2020. Un estado de ánimo que operó como impulso para la llegada al poder de Javier Milei. Sobre ese clima emocional se recortan los tres prodigiosos goles de Lionel Messi contra Argelia. ¿Conseguirá la magia de ese profesional excepcional, capitán de una selección exitosísima, poner en suspenso la depresión colectiva? Es evidente que ya consigue otro efecto: dejar de lado, siquiera por un rato, el enfrentamiento de áspera polarización que separa a los argentinos. Un milagro quizá superior a los tres goles.
Aun con ese atractivo el mundial de América del Norte no alcanza para que la política siga manifestando sus tensiones. En el Senado se ha formado una mayoría en condiciones de derribar no la pieza más preciada, pero sí la más defendida, del ajedrez de los Milei. La obstinada permanencia de Manuel Adorni podría agigantar la crisis política que sus inconductas han provocado en el oficialismo facilitando el primer voto de censura a un jefe de Gabinete desde que existe ese cargo en la Constitución. Para evitar la defenestración parlamentaria de Adorni, que tiene un catastrófico potencial escenográfico, el Presidente debería solicitarle la renuncia. Ahora se entienden mejor los gestos de Patricia Bullrich. Su progresivo distanciamiento del debilitado funcionario tenía el carácter de una prevención: alguien con la experiencia legislativa de Bullrich estaba en condiciones de prever con mucha antelación que el vehículo oficial corría en línea recta hacia un murallón.
La decisión del Senado convierte cualquier pronunciamiento judicial sobre Adorni en una decisión tardía. Si, al cabo de una indagatoria desafortunada, Ariel Lijo lo termina procesando, la espada se habrá desplomado sobre un dirigente ya decapitado. El justiciable tendrá, esta vez sí, derecho a decir “es un episodio de mi vida privada”. Por esa razón Juan Bautista Mahiques no deberá sentirse apremiado en sus conversaciones con Lijo, el eventual verdugo de Adorni, con quien comparte una estadía en Paris. Ambos son parte de la comitiva que asiste a una asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo destinado a combatir el lavado de dinero. Es verdad que hay mucha fantasía sobre este encuentro parisino entre Mahiques y Lijo. Ambos compiten por la Procuración General de la Nación. Pero es una rivalidad episódica. El nivel de afinidad que conservan entre ambos, y que exhiben inclusive durante este viaje, los puede reunir en cualquier rincón de Buenos Aires. Sobre todo si en el motivo hay “efectividades conducentes”.
Una secuencia similar a la de Adorni en el Senado se verificó en relación con otro, por llamarlo de algún modo, percance de los hermanos Milei: el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli como camarista de un tribunal oral federal de La Plata. Los senadores no creyeron que ser cuñada de un periodista, Hugo Alconada Mon, constituía una incompatibilidad de la candidata. Le concedieron el acuerdo y dejaron al Presidente en una encerrona política y jurídica.
El Senado se ha convertido en un terreno de arenas movedizas para La Libertad Avanza. Ahora la crisis Adorni paraliza ese cuerpo y obstruye decisiones importantísimas. Entre ellas, la aprobación de una tonelada de pliegos judiciales que se prepara para enviar el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos. La Cámara alta ya dio el visto bueno para 74 candidatos, entre los que está la doctora Michelli. El Ministerio de Justicia tiene preparadas 300 propuestas para remitir a los Senadores. Y el Consejo de la Magistratura ya giró a ese ministerio 13 ternas judiciales. Hay términos institucionales que también aceleran el reloj. Hacia septiembre casi todos los miembros de ese Consejo deberán dejar su butaca por una renovación de autoridades. Ya hay una controversia al respecto: el camarista Diego Barroetaveña acaba de solicitar una declaración de certeza en el fuero Contencioso-Administrativo porque, según él, podría tener derecho a la reelección.
Milei y su hermana son conscientes de lo que significa el proceso de designación de magistrados: antes de terminar el año podrían cubrir un número de vacantes equivalente al 30% del Poder Judicial. Nunca visto. Entre esos cargos hay algunos estratégicos. Por ejemplo, dos miembros de la Cámara Federal de la Capital. Es decir, dos jueces que terminarán revisando casos como el de Adorni, $Libra o Andis, que todavía están tratándose en primera instancia. Hay también otro camarista a ser reemplazado: Martín Irurzun, que el 18 de julio cumple 75 años y para quien el Ministerio de Justicia no envió un pliego que prorrogue su designación. Un criterio divergente de que se aplicó con papá Mahiques, Carlos, para la Cámara de Casación.
En conversaciones informales se había previsto que el Senado sesionara el 8 de julio para aprobar otra avalancha de jueces. A Adorni se lo espera el 2 de julio. Si se consigue postergar su citación, el trámite judicial también quedará demorado. Quiere decir que un sector importante del gabinete y buena parte del Poder Judicial con interés en las nuevas designaciones están presionando sobre el debilitadísimo Adorni.
La cobertura de estos vacíos en la Magistratura llevó al Ministerio de Justicia a aprobar un decreto simplificando el trámite administrativo de designación de jueces. El decreto incluye los cargos de la Corte. Ese detalle induce a una especulación: Milei habría cambiado de criterio y estaría dispuesto a postular ahora a dos candidatos para completar el máximo tribunal. Un episodio posterior a la emisión de esa norma reforzó la verosimilitud de esta posibilidad. Fue una visita de Ricardo Lorenzetti al Presidente en la que el juez sugirió la designación del camarista de Casación Mariano Borinsky y de la camarista federal en lo Penal Económico Karina Perilli.
Alrededor de la jugada de Lorenzetti se han desplegado múltiples lecturas. La más previsible tiene que ver con la tenacidad de este magistrado: vuelve a aconsejar candidatos a la Corte después del estrepitoso fracaso que encarnó su último ahijado, Lijo. A propósito de Lijo, llamó también la atención que entre los recomendados no figurara el próximo procurador general, que es la función que pretende ejercer el viajero de París.
Una tercera curiosidad del movimiento de Lorenzetti es que haya puesto a circular dos apellidos con lo que, parece, sería una gran antelación. Es cierto que el recordado Esteban “Bebe” Righi solía decir que “en la Argentina, mejor que ser algo es ser candidato a algo”. Pero en una época tan dominada por la agresividad, “ser candidato a algo” suele aparejar un desgaste innecesario.
El lanzamiento de Borisnky, por ejemplo, pone en primer plano uno de sus últimos fallos como integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación. Se trata del escandaloso sobreseimiento de los financistas que gestionaron ante del banco suizo Lombard Odier la apertura de cuentas a favor de los hijos de Lázaro Báez, por 21 millones de dólares. Esos empresarios, que trabajan en la firma Provalor, son José Jabbaz, Mariano Rubinowicz, Alex Fallas y Jorge Ruiz, y fueron sobreseídos. Apenas se los obligó a cumplir con el suave rigor de una probation. Esa fue la decisión del juez Javier Carbajo, a la que adhirió su mentor de todas las horas, Borinsky. En cambio, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia.
Jabbaz, Rubinowicz, Fallas y Ruiz habían sido señalados por Leonardo Fariña, una vez que este acusado decidió convertirse en imputado colaborador, es decir, arrepentido. Entre otros detalles, Fariña consignó que ellos fueron los que constituyeron la off shore Teegan Inc., de Belice, a través de cuyas cuentas circuló el dinero de los Báez. O de los Kirchner, según sugirieron Jabbaz y compañía.
Los expertos en Derecho Penal apuntan varias rarezas en este pronunciamiento. La más llamativa: fueron condenados los que originaron toda la maniobra, empezando por Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar y Fabián Rossi, y los que la culminaron, los ejecutivos del Lombard Odier, Juan Alberto De Rasis y Martín Eraso. En cambio, los que facilitaron el delito como intermediarios entre esas dos puntas quedaron absueltos. Esta excentricidad está destinada a tener repercusiones internacionales. Porque la de la “Ruta del Dinero K” fue una causa de lavado de dinero que mereció el aplauso del GAFI, por la claridad de la sanción y la recuperación de los activos de apropiación ilegal, que suman por lo menos 55 millones de dólares. Ojalá el GAFI no se entere de este nuevo tramo que, en esencia, suministra impunidad.
Los especialistas observan algunos detalles. Uno es que el Código Penal sólo admite la concesión de la probation en delitos menores, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del fiscal. El de Jabbaz y los demás financistas de Provalor es un delito mayor, como arguyó Hornos, y, además, el fiscal rechazó el beneficio. Es cierto: la Cámara anuló el pronunciamiento del fiscal, algo que ocurre en escasísimas oportunidades, con lo cual eludió esa exigencia del Código.
Otra peculiaridad es que, cuando recibieron el caso, que elevó a juicio el juez Sebastián Casanello, los miembros del Tribunal Oral 4, Néstor Costabel, Adriana Paliotti y Gabriela López Iñiguez, resolvieron realizar un único juicio oral. Pero la defensa de los financistas, encabezada por Mariano Cúneo Libarona, logró que Jabbaz, Rubinowicz, Fallas y Ruiz tuvieran un juicio independiente. Así Borinsky y Carbajo pudieron suspender ese debate público y otorgarles la probation. El Tribunal Oral había rechazado ese pedido. También lo rechazó el Estado, a través de ARCA, que intervino como querellante.
Para muchos penalistas prestigiosos, el fallo firmado por Borinsky y Carbajo tiene una enorme trascendencia, entre otras razones, porque pone en tela de juicio los compromisos internacionales contraídos por la Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero. Borinsky no debe ignorarlo porque solía asistir a reuniones del GAFI como la que hoy se celebra en París.
Más allá de esta gravedad, existe todo un folclore alrededor del caso. Jabbaz no es un desconocido en la vida política. Durante la campaña de 2023, su apellido apareció asociado a aportes de campaña del sector textil protegido por el régimen especial de Tierra del Fuego. Como en el caso de Báez, Jabbaz habría sido intermediario entre esos empresarios y la campaña de Sergio Massa. Hay otros pormenores, indignos de ser tomados en consideración. Por ejemplo, que comparte club con el juez Borinsky. Minucias.
Si es por establecer conexiones inconvenientes, así como Jabbaz fue defendido por el exministro Cúneo Libarona, tres de los hijos de Báez tuvieron la defensa del actual viceministro de Justicia, Santiago Viola. Fue en esa tarea que Viola intentó enredar a Casanello en una causa basada en testigos falsos: se lo acusaba de haberse reunido en la residencia de Olivos con Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La intención de esa acusación fraudulenta habría sido arrebatar el expediente a Casanello para ponerlo en manos de María Servini de Cubría, íntima amiga de la mamá de Viola, Claudia Balbín. En esa maniobra intervino el fallecido fiscal Eduardo Miragaya, alter ego de Servini. Viola fue procesado pero la Cámara de Casación revocó el fallo de la Cámara Federal. Firmaron a favor de Viola los jueces Borinsky y Carbajo. Uno de los auspiciantes informales de Viola en aquel proceso era el ministro Mahiques, su superior en estos días.
Que Borinsky, candidato a la Corte, haya beneficiado a Jabbaz con un fallo muy cuestionable, podría ser motivo de un disgusto con un eventual colega suyo: Carlos Rosenkrantz. Versiones muy confiables aseguran que Jabbaz prestó alguna colaboración en la confección de cuentas apócrifas atribuidas a Rosenkrantz en el exterior. Las maledicencias de tribunales siempre señalaron a Lorenzetti detrás de esa maniobra. Es obvio que Lorenzetti repudia, indignado, esa imputación. La investigación está a cargo de su ex ahijado Lijo. Como de costumbre, el expediente está dormido.
Tal vez Milei siga sin pretender completar la Corte. Pero si cambia de opinión debería prestar atención a esta trama judicial. Los tribunales son hoy la principal oposición al Gobierno. Fue también un escándalo penal el que abortó una de las operaciones administrativas más ambiciosas del oficialismo: la extensión de la concesión de la administración de los aeropuertos a Eduardo Eurnekian, por 30 años con opción a otros diez. El acuerdo había avanzado en el ORSNA cuando era presidido por Facundo Leal, el funcionario al que descubrieron más de 2 millones de dólares, drogas pesadas y equipos de espionaje durante un allanamiento. Ese organismo de control registró el pacto en un acta que no se sabe por qué es secreta.
Leal dependía de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Su sucesora, Noelia Ruiz, también. Ella se hace llamar “la killer de Santi”. En esa condición, el miércoles de la semana pasada Ruiz canceló el acuerdo que había llevado adelante Leal. En el acta, que no es secreta, se establece que habrá una nueva negociación. Es importante conocer la posición de la rigurosa secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal, que reporta también al “Mago” y ha sido reticente a todo este procedimiento. No hace falta aclarar: Leal estaba por extender un beneficio importantísimo a la empresa en la que había sido empleado el Presidente. Los que empujaban ese trámite soñaban con que fuera aprobado durante el campeonado de América del Norte.
Esa relación entre la Argentina y el mundial de fútbol contrasta con la que ayer ofrecieron Messi y Lionel Scaloni. Ayer ambos volvieron a mostrar su marca: eficacia, sencillez, emoción. Esa modalidad quedó cifrada en las lágrimas de Scaloni cuando abrazó a Messi, que dejaba el campo de juego después de su prodigio. Un espejo saludable y, a la vez, extrañísimo, en el que se podría mirar la dirigencia argentina. A veces vale la pena comparar porque, como decía Goethe, “el ser radica en las profundas fortalezas del estilo”.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
Un concejal peronista de Entre Ríos atacó a golpes a un intendente durante una sesión del Concejo Deliberante

El concejal del Partido Justicialista de Pueblo Brugo -localidad del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos-, Ariel Lemos, golpeó a puños al intendente Martín Ruiz durante una sesión del Concejo Deliberante, en una pelea que se desató por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana.
El episodio ocurrió el último martes, en el recinto legislativo, cuando Ruiz se presentó ante el cuerpo para obtener precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento, que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad.
La discusión escaló rápidamente: el concejal Lemos, compañero de espacio político del jefe comunal, le propinó golpes de puño en la oreja y el cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones recogidas por El Entre Ríos.

El punto de fricción entre ambos fue concreto: la ordenanza aprobada por el Concejo establecía que los puesteros debían abonar el canon antes de las 13 horas del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Ruiz se opuso de plano a esa condición. “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo el intendente ante el cuerpo deliberativo, según informó El Entre Ríos.
El mandatario argumentó que nadie se acerca al municipio exclusivamente para ese trámite, sino que lo realizan en el momento en que se instalan en el predio.
Tras la agresión, Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y se sometió a una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, detalló el propio intendente.
Según informó Elonce, Lemos también presentó su propia denuncia, por lo que las actuaciones judiciales quedaron cruzadas entre ambos funcionarios.
El trasfondo del conflicto, según Ruiz, tiene que ver con la organización del evento en sí. “Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a El Entre Ríos.
El mandatario del Partido Justicialista describió la situación como evitable: “Es una situación lamentable, no valía la pena. No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos”. Con cierta resignación, agregó: “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”.
El Concejo Deliberante continuó el debate y aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros. Las actuaciones policiales iniciadas por ambas partes están en curso para determinar las circunstancias del enfrentamiento y las eventuales responsabilidades.
En Villa Gesell agredieron a concejales que votaron contra el presupuesto municipal
Clarisa Armando, concejal del PRO en Villa Gesell, fue la principal damnificada de una sesión que terminó en violencia, cuando ediles opositores a la gestión del intendente Gustavo Barrera recibieron agresiones físicas dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. El episodio quedó registrado en videos que circularon por redes sociales y generó el repudio inmediato del PRO y de La Libertad Avanza.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Armando describió que el debate transcurrió “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. El rechazo del presupuesto fue la chispa que encendió las agresiones.
“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, relató Armando.
POLITICA
Diputados: el oficialismo dejó listos para tratar en el recinto el “Súper RIGI” y un acuerdo con dos holdouts

El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.
Con respaldo de sus aliados habituales, los libertarios dejaron ambas iniciativas listas para el recinto. El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a ratificarlo definitivamente la próxima semana. El “Súper RIGI”, en cambio, recién inicia su recorrido legislativo en Diputados.
La intención del oficialismo era llegar a la semana próxima con una sesión bajo control y un temario propio centrado en estos proyectos. Pero la crisis que atraviesa Manuel Adorni amenaza con alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial para debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura. Ante ese escenario, los libertarios comenzaron a recalcular su estrategia parlamentaria.
Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan). En el caso del “Súper RIGI”, también acompañó el santacruceño José Garrido.
“Súper RIGI”
El nuevo régimen busca convertirse en una segunda versión del RIGI y apunta a atraer industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. En un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, el oficialismo reunió 61 firmas para su dictamen de mayoría.
Para sumar apoyos, los libertarios aceptaron modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas. El texto incorpora beneficios para proyectos que cuenten con inversión en investigación y desarrollo, exige planes de integración de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público para transparentar los proyectos aprobados.
También endurece algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán presentar estudios que acrediten que los proyectos no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, mientras que se incorpora una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en su área de influencia.
Durante el debate, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para industrias “que no sabemos cuáles son ni a qué se van a dedicar” y advirtió que el proyecto repite la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases. Su bloque anticipó que lo rechazará.
Holdouts
El acuerdo impulsado por el gobierno reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia.
El acuerdo contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio reforzó el argumento con los números de la negociación: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.
Los funcionarios rechazaron además que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.
Las principales objeciones llegaron desde UP, que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y aseguró que el Congreso desconoce datos centrales de la negociación. “No sabemos lo que estamos votando”, afirmó.
Su compañero de bloque, Itai Hagman, objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, reprochó. También apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
Por su parte, Martínez criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, advirtió.
“No tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo”, respondió Amerio. “No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”, agregó.
Durante el intercambio, los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría volver a prorrogarse si ambas partes aceptan extenderlo.
“Súper RIGI”,crisis,segunda versión del RIGI,@JMilei,@LuisCaputoAR,pic.twitter.com/5pcKZL9qCt,June 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Deuda oficial,Conforme a,,Transparencia. Presentaron un amparo contra el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,Cámara de Diputados,,»Sos bastante pelot…». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Regulación del lobby. Tras cosechar un rechazo transversal, el Gobierno desacelera y negocia cambios con la oposición,,Se debilita el escudo. Aliados del Gobierno evalúan activar la interpelación de Adorni en el Congreso
POLITICA
Tras la aprobación de una garantía por US$2000 millones, Milei recibió a las autoridades del Banco Mundial

Luego de la aprobación de un paquete de garantías por US$2000 millones, Javier Milei se reunió este miércoles en la Quinta de Olivos con autoridades del Banco Mundial. Los fondos servirán para afrontar próximos vencimientos de deuda con bonistas privados.
Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, Milei recibió en la residencia presidencial a la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.
También participaron el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos.
“Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos», había explicado Caputo horas antes luego de un encuentro en el Ministerio de Economía con las autoridades de la entidad.
El acuerdo se produjo a poco más de 20 días del pago por US$4400 millones que la Argentina debe hacer a bonistas locales y del exterior. En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda había dicho en varias oportunidades que priorizará fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda.
En ese sentido, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) sostuvo que el paquete de financiamiento otorgado a la Argentina busca apoyar la agenda de reformas del país y ayudar a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital.
“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el comunicado oficial difundido este martes.
Por su parte, Susana Cordeiro Guerra manifestó el compromiso del Banco Mundial en apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de «reformas orientadas al crecimiento». “Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, enfatizó.
Leé también: El BID aprobó una garantía de US$500 millones para que la Argentina pueda tomar crédito por US$1200 millones
En paralelo, el Gobierno recibió otra buena noticia en el plano financiero luego de que el directorio del BID aprobara otra garantía de US$500 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capital.
“La garantía del BID, la primera otorgada para Argentina para apoyar este tipo de reformas, permitirá al país movilizar US$1200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, detalló el organismo a través de un comunicado.
La noticia fue celebrada por Luis Caputo, quien agradeció el respaldo y aseguró que “es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”.
Javier Milei, banco mundial
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