Brayan Rayo Garzón estaba angustiado. Detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, llevaba cuatro días aislado en una cárcel de Missouri luchando contra la fiebre y los escalofríos del COVID-19.

Según consta en los registros, su solicitud de tratamiento de salud mental se había pospuesto, y el personal le había prohibido a Rayo hacer su llamada nocturna a su madre como medida de precaución para evitar la propagación de la enfermedad.

En notas escritas a mano, les suplicó a sus carceleros que concertaran una conversación con ella. «Siento en mi corazón que está muy preocupada por mí», escribió en español.

Un guardia recogió la nota y se marchó. Según los registros penitenciarios, al cabo de una hora lo encontraron inconsciente en su celda. La autopsia determinó que se había suicidado.

La muerte de Rayo en abril de 2025 fue el primer suicidio en un repunte de casos entre los detenidos por el ICE que ha alarmado a funcionarios de salud pública y expertos en prisiones.

Estos afirmaron que el número sin precedentes de suicidios indica que las autoridades no están supervisando adecuadamente la detención de decenas de miles de inmigrantes afectados por la agresiva estrategia de deportación del gobierno de Trump .

Una investigación de Associated Press reveló que al menos 10 detenidos, todos hombres, se han suicidado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025.

Este ritmo supera con creces el crecimiento de la población detenida, según un análisis de datos del ICE, informes de autopsias, resoluciones forenses y registros policiales. Desde octubre, siete muertes se han clasificado como suicidios, una cifra que ya representa el mayor número registrado en un año fiscal en la historia de la agencia. Habitualmente, el ICE registraba una o ninguna muerte de este tipo al año.

“Algo está fallando profundamente desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental”, dijo el Dr. Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco, coautor de un estudio que documenta el aumento de las tasas de mortalidad y suicidio entre los detenidos por el ICE. “Este es uno de esos aumentos repentinos y alarmantes”.

Nueve de las muertes correspondieron a hombres hispanos que habían llegado a Estados Unidos procedentes de cuatro países, según la agencia AP. Uno de los hombres era ciudadano chino. Su edad promedio era de 32 años. Si bien Trump ha calificado a quienes enfrentan la deportación como «lo peor de lo peor», siete de los diez no tenían antecedentes penales por delitos violentos en Estados Unidos.

Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes ocurridas bajo custodia del ICE desde enero de 2025. La mayoría de esas muertes fueron por causas naturales y los expertos afirman que muchas de ellas se podrían haber evitado con atención médica oportuna.

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, afirmó que las muertes por suicidio bajo custodia del ICE siguen siendo «extremadamente raras».

Bis afirmó que el personal de detención sigue protocolos para proteger a los detenidos que muestran signos de autolesión y que el ICE exige capacitación anual en prevención del suicidio. Añadió que los detenidos reciben atención médica integral, incluidos servicios de salud mental.

Según los expertos, las razones que motivan cualquier suicidio son complejas y cada muerte suele tener múltiples factores contribuyentes. Los detenidos por el ICE reportan un estrés intenso tras su detención, temor a ser devueltos a países donde su seguridad podría estar en peligro, y frustración y soledad por la imposibilidad de comunicarse debido a las barreras lingüísticas.

Los detenidos también pueden sentirse indefensos debido a la complejidad de la ley de inmigración. A diferencia de quienes se encuentran en el sistema de justicia penal, la mayoría de los detenidos no cuentan con abogados y su detención por infracciones migratorias no tiene un carácter punitivo.

El ICE se responsabiliza de su bienestar una vez que ingresan a detención, y los expertos afirman que los centros de detención bien gestionados deberían tener pocos suicidios, o ninguno. Esto se debe a que el personal puede tomar medidas para reducir las probabilidades de que los detenidos se autolesionen, identificando a quienes están en riesgo, brindándoles atención médica y supervisándolos de cerca, explicaron los expertos.

La investigación de AP descubrió que los centros de detención de ICE han incumplido repetidamente sus propios estándares, los cuales violan los del propio ICE.

Un análisis de los 10 suicidios reveló que los hombres fallecieron en distintos centros de detención del ICE, incluyendo centros gestionados durante mucho tiempo por contratistas privados y cárceles del condado que recientemente se asociaron con el ICE.

La AP descubrió que el personal de estos centros ignoró las señales de angustia, retrasó el tratamiento de salud mental y no supervisó a los detenidos que ya se consideraban en situación de riesgo. Además, según la revisión de los informes de inspección y los registros de defunción realizada por la AP, permitieron que los detenidos tuvieran acceso a materiales que podían utilizarse para autolesionarse.

En algunos casos, encarcelaron a detenidos angustiados en régimen de aislamiento, lo que puede exacerbar los sentimientos de humillación e impotencia, según los expertos.

El ICE ha afirmado repetidamente que examina a los detenidos dentro de las 12 horas posteriores a su llegada para detectar problemas médicos, dentales y de salud mental.

Según los informes de inspección del ICE y los registros penitenciarios, al menos tres de los nueve centros donde los detenidos del ICE se suicidaron han tenido dificultades para cumplir con ese estándar.

El Dr. Homer Venters, exdirector médico de las cárceles de la ciudad de Nueva York, quien anteriormente asesoró al ICE sobre la prevención de muertes de detenidos, calificó el aumento de suicidios de aterrador.

El aumento «refleja fallos en el funcionamiento del sistema, y ​​en particular fallos en las primeras etapas del proceso de detención, lo que impide una evaluación adecuada de las personas», declaró Venters. «Y si durante la evaluación inicial se detectan señales de alerta, no se toman medidas que reduzcan el riesgo de una muerte evitable».

Entre quienes se quitaron la vida se encontraba un joven mexicano de 19 años que había sido detenido tras un control de tráfico por una infracción menor mientras conducía su scooter.

Otro caso fue el de un trabajador de restaurante de 36 años que perdió el contacto con sus familiares en Nicaragua después de que el ICE lo detuviera en Minnesota y lo enviara a un campamento superpoblado en Texas. Un tercer caso fue el de un hombre de 45 años que había cruzado repetidamente la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal y tenía un largo historial delictivo.

Rayo, quien se suicidó tras rogar hablar con su madre, era un veterano del ejército colombiano que había trabajado como vendedor ambulante en su país. Una semana después de cumplir 26 años en 2023, su familia cruzó la frontera estadounidense en California. Estuvo detenido durante tres meses antes de que se le permitiera establecerse con su familia en San Luis, según consta en los registros y en entrevistas.

Su madre, Adriana Garzón, contó que Rayo se adaptó rápidamente a la vida en Estados Unidos, hizo amigos con facilidad y trabajó como pintor de casas y repartidor de comida. Quería ahorrar dinero para contratar a un abogado que lo ayudara a quedarse en el país después de que un juez ordenara su extradición a Colombia en 2024, explicó.

Fue arrestado en marzo de 2025 por la policía de St. Louis tras ser sorprendido usando una tarjeta de crédito robada, que había obtenido de un amigo, en una tienda de cigarrillos electrónicos, según consta en los registros judiciales. Posteriormente, el ICE lo puso bajo custodia.

Un registro del ICE obtenido por AP clasificó a Rayo como un trabajador que representaba un bajo riesgo para la seguridad pública.

El ICE trasladó a Rayo a la cárcel del condado de Phelps en Rolla, Missouri, a unos 160 kilómetros de San Luis.

Estas muertes han puesto de manifiesto deficiencias en el tratamiento y la supervisión en todo el sistema del ICE, donde la población detenida se ha disparado un 50% hasta alcanzar los 60.000 durante el segundo mandato de Trump.

Cinco personas fallecieron en centros de detención gestionados por CoreCivic y GEO Group, socios de ICE desde hace mucho tiempo. Una sexta persona falleció en un campamento operado por un contratista sin experiencia, al que ICE ya ha reemplazado. Tres personas fallecieron en cárceles administradas por alguaciles y una en una prisión federal.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de cualquier persona bajo nuestro cuidado y nos lo tomamos muy en serio”, dijo Brian Todd, portavoz de CoreCivic.

Christopher Ferreira, portavoz de GEO Group, declaró que la empresa capacita a su personal en prevención del suicidio y busca «mantener un entorno seguro que cumpla con las normas y requisitos establecidos por el gobierno federal». Los responsables de las tres cárceles declinaron hacer comentarios o no respondieron a los mensajes.

Según los registros, Leo Cruz Silva, de 34 años, que había entrado repetidamente al país ilegalmente desde México, sufrió una grave crisis de salud mental tras su detención por embriaguez en público el otoño pasado en un suburbio de San Luis.

Durante dos noches en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, en Missouri Cruz gritó, se escondió debajo de su cama y reportó alucinaciones, según un informe del ICE sobre su muerte. Sin embargo, no recibió ayuda de inmediato.

Según el informe del ICE, una enfermera le recetó medicamentos antipsicóticos y planeaba que recibiera tratamiento la semana siguiente.

Al tercer día, lo encontraron muerto en su celda.

Chaofeng Ge llegó a la custodia del ICE el verano pasado a un centro de Pensilvania administrado por GEO Group en estado de angustia mental, tras haberse declarado culpable de un fraude menor con tarjetas de regalo e intento de suicidio mientras estaba bajo custodia estatal, según declaró David Rankin, abogado que representa a la familia de Ge.

Durante los cinco días que estuvo en el centro, no recibió tratamiento de salud mental y no pudo comunicarse porque nadie hablaba mandarín, según Rankin. Finalmente, Ge permaneció sin supervisión hasta que lo encontraron ahorcado en una ducha.

“Es evidente que el ICE ha tomado muy pocas medidas para garantizar la seguridad de estas personas”, declaró Rankin. “Parece que quieren que este proceso sea lo más cruel e inhumano posible. Es completamente inaceptable”.

En el campamento Camp East Montana en El Paso, Texas, Victor Diaz, de 36 años, se suicidó en una sala de detención médica en enero, según un informe del ICE. Había sido trasladado a aislamiento tras denunciar acoso por parte de otros detenidos, según el informe.

Días antes, en el mismo centro, Geraldo Lunas Campos murió por asfixia después de que, según el ICE, los guardias lo inmovilizaran tras un intento de suicidio. Un médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio y funcionarios del gobierno de Trump indicaron que el FBI estaba investigando las circunstancias.

Según su informe, los inspectores del ICE visitaron las instalaciones en febrero y documentaron 49 violaciones de las normas de detención en la que entonces era la mayor instalación de detención del ICE.

El informe reveló que el personal no realizó las verificaciones necesarias para prevenir autolesiones graves y suicidios, mientras que los inspectores encontraron herramientas y equipos sin asegurar y sin contabilizar en todo el centro, que podrían usarse para causar daño. Las llamadas al 911 indican que varios otros detenidos habían intentado suicidarse allí.

En el momento de los fallecimientos y las inspecciones, Acquisition Logistics era la empresa contratista que gestionaba las instalaciones. Desde entonces, ICE ha sustituido a Acquisition Logistics por otra empresa contratista. Acquisition Logistics no respondió a las solicitudes de comentarios.

La cárcel del condado de Phelps había comenzado a recibir detenidos del ICE un mes antes de la llegada de Rayo. El sheriff Michael Kirn, republicano en un condado donde los votantes apoyaron abrumadoramente la reelección de Trump, les dijo a los comisionados que el presupuesto de su departamento estaba en apuros y que asociarse con el ICE podría generar millones en ingresos.

Los registros muestran que los problemas de Rayo comenzaron de inmediato. La cárcel tardó 35 horas en realizar el examen médico inicial que el ICE promete en 12 horas, según los registros penitenciarios obtenidos por la AP en virtud de la ley de acceso a la información pública.

Rayo presentaba dificultad para respirar y le dijo a una enfermera que estaba ansioso y que quería recibir tratamiento de salud mental.

Una enfermera que no hablaba español utilizó un «traductor portátil» para evaluar a Rayo, y concluyó que detenido negaba tener pensamientos suicidas o depresión, según los documentos recopilados por la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri durante una investigación sobre la muerte de Rayo.

Según consta en los registros, ella lo recomendó para la población general, indicando que su estado físico y mental era estable. Además, lo derivó para una cita de rutina de salud mental.

Dos días después, refirió dolor de cabeza y dolores musculares. El personal médico confirmó que había estado expuesto a la bacteria de la tuberculosis. Fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron COVID-19. Al día siguiente, regresó a la cárcel.

La cita con el servicio de salud mental estaba programada, pero se canceló debido a la falta de tiempo y personal en la clínica, según consta en los registros de la cárcel. Dos días después, volvieron a cancelar la cita, esta vez alegando que tenía coronavirus.

Las demoras violaron una norma del ICE que exige que el tratamiento de salud mental se realice dentro de la semana posterior a la derivación.

Bis, portavoz del DHS, dijo que Rayo recibió «atención médica de alta calidad durante el tiempo que estuvo bajo custodia del ICE».

Para aliviar su ansiedad, Rayo llamó a su madre antes de acostarse para compartir una bendición católica. «Le di fuerza», dijo Garzón, cuyo nombre, Adriana, estaba tatuado en el brazo de su hijo.

A medida que Rayo empeoraba con náuseas, escalofríos y dolores, el personal lo trasladó a una celda de aislamiento de bloques de cemento con una cámara de vigilancia en el techo para un control más exhaustivo y para prevenir la propagación de la enfermedad. No se le permitió llamar a su madre.

En su cuarto día de aislamiento, Rayo pasó dos notas por debajo de la puerta, suplicando a los guardias que le permitieran hablar con su madre. En una de ellas, revisada por AP, apelaba a la humanidad del guardia. «Sé que tienes familia y sabes que se preocupan», escribió en español. «Que Dios te bendiga».

El guardia angloparlante utilizó el teléfono de un compañero para traducir las notas y escribió en un informe que tenía previsto hacer un seguimiento del asunto.

En menos de una hora, los guardias encontraron a Rayo inconsciente en su cama con una sábana alrededor del cuello.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo y lo trasladaron a un hospital. Fue entonces cuando un funcionario llamó a la madre de Rayo para informarle que su hijo se encontraba en estado muy grave y que sería trasladado en avión a un centro médico de San Luis. En el hospital, un médico le dio la devastadora noticia: su hijo había fallecido.