No hay un modelo único de salida de las dictaduras. Cada proceso es especial y propio, aunque existen “patrones” comunes que pueden ser tenidos en cuenta en tren de estudiar los casos.

No hay demasiada variación entre un modelo autoritario y uno totalitario cuando están en transición hacia la democracia porque, casi siempre, los primeros migran a los segundos y construyen un marco ideológico con el devenir del tiempo. (Revisar a Juan Linz en este punto es imprescindible).

Lo central es advertir que hay un momento de quiebre emocional y colectivo en el que la sociedad (bajo el yugo dictatorial) empieza a remontar la colina de la libertad (por ejemplo, el 28 de julio para los venezolanos). Los pueblos se deben convencer de que los dictadores habrán de caer, sin esa percepción nada es posible.

Los pueblos, además, son inteligentes, es falso ese preconcepto de que la masa no razona, justamente es quien más sentido de la oportunidad posee.

Cuando el pueblo se puede expresar críticamente ante el modelo autoritario lo hace siempre, incluso con sacrificios de vidas humanas. El periplo libertario de América tiene eso y no pocos entregan lo mayor que tienen por un bien colectivo mayor. La historia de América está sostenida por ese espíritu de héroes anónimos que sacrificaron su vida para un tiempo histórico para los suyos.

Las liberaciones democratizadoras son siempre procesos con avanzadas y retrocesos, por eso requieren una enorme convicción de aquellos que empujan hacia la salida y deben tener un necesario sentido cohesivo entre sus fuerzas. Los tiranos hasta el último minuto están conspirando con tal de dinamitar lo que viene, saben que sus artes no son la legitimidad del pueblo de las que carecen, por eso la redemocratización siempre enfrenta intersticios comprometedores y corrupción ofrecida hasta el último minuto. Y -no olvidarlo jamás- el tirano juega con reglas criminales que el demócrata o la demócrata no tienen en su mazo de naipes. Y los tiranos suelen criminalizar lo que sea con tal de alimentar un día más en el poder.

Es que en el fondo de este asunto hay un debate moral: el tirano no posee una moral respetable, y como rompió los códigos del respeto por la vida del otro, está dispuesto al máximo delirio con tal de dinamitar el advenimiento democrático y ganar un tiempo más en el poder.

La capacidad de pensar ante los tiranos debe ser quirúrgica. Por eso la garantía en las salidas democráticas en las dictaduras es la internacionalización de las acciones lo máximo posible a efectos que esa acción coopere -inclusive- como garante indirecto de todo lo que habrá de suceder.

Las transiciones, además, pagan costos que el pueblo nunca logra comprender in totum, y esto es porque las salidas requieren de mini pactos prácticos de vida civil de todo tipo: no se ingresa a la democracia de un día para el otro, es un viaje desmontar las estructuras totalitarias y pasar al estado de derecho.

La transición democrática tiene lo que suelo llamar “el derecho de la transición” que son normas jurídicas que rescatan la sensatez de lo jurídico necesario -de lo vivido, aunque resulte delirante- para no operar con sentido refundacional absoluto ante todo lo que adviene, porque esa visión suele conspirar contra el derecho adquirido del ciudadano, que además de haber sido dañado por una dictadura no debiera ser ignorado por una democracia. El nuevo paradigma jurídico es un híbrido por algún tiempo y hay que saber que tiene rostro de Frankenstein hasta que se depure.

Pensemos en los modelos de transición de Chile, Argentina y España. En todos hubo convicción ciudadana y hartazgo con las dictaduras, en todos, las calles tuvieron su rol, en todos los líderes emergentes no actuaron con venganza sino con algo más parecido a justicia reivindicativa, y en todos hay cierta parte de la historia que no se resuelve en la narrativa sino con el paso del tiempo.

En algunas de estas transiciones el poder dictatorial se fue difuminando en la democracia (entiendo que es difícil de soportar esta premisa, pero es la única opción posible sin tomar los cuarteles de invierno), en otras el asunto avanzaba gradualmente con el paso del tiempo a velocidades mayores y en otras la inteligencia para pactar y armar el pacto constitucional fue el epítome de un tiempo nuevo.

Tiendo a creer que un nuevo marco jurídico que refleje el nuevo contrato social que la sociedad se da a sí misma, permite ganar unas décadas de sentido común y gobernabilidad. Más aún en el presente donde podemos mirar el pasado y aprender de la lección de este.

Vamos a un asunto delicado: la memoria y la justicia, sí, hay que plantearla y será necesaria. La memoria imprescindible, la justicia también, pero nada es concedido, nada es automático y los tiempos de estos menesteres se tienen que recorrer con las pausas que el propio pueblo se vaya dando sin que ese camino ponga en riesgo la recuperación democrática. No estoy seguro de que se entienda el punto mirado desde afuera, o como si fuera una clase de ciencia política de la universidad, solo la realidad ambienta el recorrido y esa realidad tiene velocidades largas que cada país procesa en base a su idiosincrasia propia.

Y algo central, las elites del país que irrumpe (los noveles en el poder democrático cuando sean investidos) deben entender que están haciendo historia, y para hacerlo se requiere grandeza, sentido magnánimo y capacidad de resiliencia en las decisiones. Siempre la tensión será entre el principismo fácil y la deriva diplomática, habrá que recorrer un camino sincero, honesto, con parámetros que cada transición se da a sí misma, pero que se comparten por los que llegan y se aceptan por los que se van. Fácil de enunciar, un infierno para procesar.

Ese sutil momento es la clave de todo. Allí está la llave de paso, de lo contrario el juego se corrompe. Y claro, los que salieron de la mesa no se van a festejar, siempre estarán al acecho por un tiempo más, por eso los que llegan (todos ellos siempre de la mano) tienen la necesidad de tener un tiempo de sincronía permanente hasta que todo vuelva a funcionar. Parece sencillo, pero es cirugía de máximo nivel.

Hoy, las dictaduras del continente han tenido un bonus track con los Estados Unidos del presente, por un tiempo más esto será así. Es un momento único en la historia del continente lo que se vive, todo lo que se le puede criticar al gobierno americano, en este menester nadie ha hecho más por la liberación de Venezuela y Cuba que la administración de Donald Trump. Otros se han pasado la vida hablando y nada han hecho. Hoy, a la vista está lo que acontece. Por cierto, la hoja de ruta está allí, se requiere más aceleración probablemente. Falta -por plantearlo todo- aún empeño con Nicaragua que no debe quedar al albur de una pareja criminal en el poder que allí gobierna como en un virreinato loco aislado del mundo. No se lo merecen los nicaragüenses y no hay que abandonarlos por nada del mundo.

Por cierto, el derecho internacional ha fracasado, esta es la gran tragedia que ya no se puede esconder bajo la alfombra. El concepto de “soberanía” que argumentan los dictadores no existe cuando constatamos un secuestro del pueblo y una aniquilación de los derechos humanos. Allí, ya era hora, que actualicemos los manuales de derecho internacional público y no repitamos consignas muertas que solo les sirvieron a los dictadores para encriptarse y seguir matando a sus propios ciudadanos. El derecho internacional ha muerto, que nazca uno mejor, más realista, pues el que vivimos era cínico, absurdo, burocrático y lleno de inútiles que poblaron el mundo en beneficio propio. Dieron vergüenza.

La realidad nos obliga a pensar otro derecho internacional porque el que tuvimos fracasó a menos que creamos que los dictadores tienen inmunidad de jurisdicción. Otro asunto que debemos revisar seriamente en el plano académico, le duela a quien le duela y sin la cobardía de no enfrentar la verdad. Siempre el asunto es enfrentar la verdad. Ya lo deberíamos saber de sobra.

A federal judge on Friday cleared the way for UFC Freedom 250 to proceed at the White House and Lincoln Memorial this weekend, rejecting a last-minute court challenge just days before the high-profile event.

U.S. District Judge Amit P. Mehta, an Obama appointee, denied an emergency request by two Washington-area residents to halt the mixed martial arts showdown, ruling that the plaintiffs lacked legal standing to sue in the first place and had not demonstrated a sufficient injury.

The lawsuit challenged plans for «UFC Freedom 250,» a mixed martial arts event tied to celebrations surrounding the nation’s 250th anniversary. The event includes a June 12 news conference and fighter face-offs at the Lincoln Memorial and a June 14 fight card on the White House South Lawn. It is expected to bring thousands of viewers.

The plaintiffs argued that the events violate National Park Service regulations governing special events, that the UFC staging ring, known as «The Claw,» erected on the South Lawn lacked congressional authorization, that federal officials failed to conduct environmental review required under the National Environmental Policy Act, and that the government’s actions exceeded its legal authority.

TRUMP ADMIN OFFERS BLUNT ADVICE TO WHITE HOUSE UFC CRITICS AS 11TH-HOUR LAWSUIT LOOMS

Mehta did not decide whether any of those claims were legally valid. Instead, he determined that the plaintiffs’ alleged injuries were largely aesthetic and emotional in nature and did not demonstrate the kind of concrete, personal harm required under Article III of the Constitution. The plaintiffs had described the massive UFC staging structure known as «The Claw» as visually offensive and argued that the «unauthorized, commercial exploitation of the national monuments caused harm.»

Mehta rejected this notion, writing that «general emotional harm, no matter how deeply felt, cannot suffice for injury-in-fact for standing purposes.»

The UFC Freedom 250 championship belt is displayed inside the Oval Office at the White House in Washington, D.C., on May 6, 2026. (Scott Taetsch/Zuffa LLC)

Citing precedent from the U.S. Supreme Court, Mehta wrote that a threatened injury must be «certainly impending» to qualify as an injury in fact. He found that one plaintiff’s assertions that he might encounter the event while driving for work were too speculative, while the other plaintiff’s plans to attend protests near the sites did not fit within traditional aesthetic-injury cases.

UFC ANNOUNCES CARD FOR WHITE HOUSE EVENT

«[W]e can find nothing in the existing case law to suggest that a person who incidentally views something unpleasant has suffered an injury-in-fact for purposes of standing,» Mehta ruled.

The ruling noted that President Donald Trump publicly proposed hosting a UFC event at the White House in 2025 and that preparations had been visible for weeks before the lawsuit was filed. According to the opinion, the plaintiffs waited until days before the event to seek emergency relief despite longstanding public knowledge that the event was planned.

Construction continues on the South Lawn of the White House for the Freedom 250 UFC match on June 5, 2026, in Washington, D.C. President Donald Trump is hosting the UFC match on the White House grounds to honor the 250th anniversary of the United States. (Kevin Carter/Getty Images)

Mehta also emphasized the temporary nature of the disputed structures and activities. Construction associated with the event is scheduled to be dismantled shortly after the fight card concludes.

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The opinion cited nearly a year of planning, extensive coordination among federal agencies, the involvement of hundreds of workers and contractors, and an estimated $60 million investment by UFC and affiliated organizations.

The ruling also referenced the expected attendance of thousands of spectators and the anticipated remote audience of millions.

El nombre de Héctor Rusthenford Guerrero Flores (42), más conocido como el «Niño Guerrero», estuvo durante más de una década asociado al ascenso del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de América latina. Este viernes, su historia llegó a un final abrupto tras un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó la muerte del líder criminal en una operación que calificó como «rápida y letal».

Según informó el presidente de Estados Unidos, el operativo fue llevado adelante por el Comando Sur de Estados Unidos en territorio venezolano, en colaboración con lo que definió como sus «amigos de Venezuela».

Guerrero Flores encabezaba una banda nacida en una cárcel venezolana que terminó convirtiéndose en una estructura criminal transnacional. Además, figuraba desde 2025 en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Para Washington, el Tren de Aragua había dejado de ser una pandilla para convertirse en una organización terrorista extranjera y una amenaza para la seguridad regional.

Durante años, la base de operaciones del Niño Guerrero fue el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón.

Allí no vivía como un preso común. Según investigaciones de la periodista Ronna Rísquez, el penal contaba con instalaciones inusuales para una prisión: piscina, zoológico, campo de béisbol, sala de apuestas, banco y hasta una discoteca llamada «Tokio», donde se presentaban artistas reconocidos.

Desde ese centro de operaciones, Guerrero dirigía las actividades del Tren de Aragua mediante el cobro de la «causa», una cuota semanal que debían pagar los más de 5.000 reclusos para sostener la infraestructura del penal y el nivel de vida de sus líderes. Se estima que ese mecanismo de extorsión generaba unos 3,5 millones de dólares al año. Quienes no pagaban eran sometidos a castigos que incluían violencia, privación de alimentos o la obligación de dormir a la intemperie.

De acuerdo a la investigación de Rísquez, el Niño Guerrero podía salir a su antojo de la cárcel, en connivencia con las autoridades del régimen chavista. Incluso, aseguró la periodista, se lo podía ver en yate en las playas venezolanas.

Lo que comenzó en la década de 2000 como una banda dedicada a la extorsión y el soborno evolucionó bajo el mando de Guerrero Flores hasta transformarse en una organización con presencia en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, España y Estados Unidos. Sus actividades incluían narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros, homicidios, lavado de dinero mediante criptomonedas y tráfico de armas.

La Justicia estadounidense acusaba al Niño Guerrero de actuar en coordinación con el Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico integrada, según Washington, por altos funcionarios venezolanos. De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, el líder del Tren de Aragua facilitaba el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y utilizaba grupos armados equipados con fusiles AK-47 y granadas para custodiar los cargamentos.

La aparente impunidad de Guerrero en Tocorón quedó bajo la lupa en septiembre de 2023, cuando unos 11.000 efectivos venezolanos intervinieron el penal. Sin embargo, el «Niño» logró escapar antes del operativo a través de una red de túneles de unos cinco kilómetros que desembocaba en el lago de Valencia. La fuga alimentó las sospechas de complicidad dentro de las estructuras estatales.

At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth. Before I returned to office, Joe… pic.twitter.com/JlH0PTF9YJ

— Unofficial Trump on X (@trump_repost) June 13, 2026

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Desde entonces permanecía prófugo, con órdenes de captura en distintos países y recompensas millonarias ofrecidas por gobiernos como el de Perú.

En la Argentina, el tren de Aragua fue declarada organización terrorista por el gobierno de Javier Milei, en febrero de 2025. «Conforme surge de los informes de carácter reservado que justifican la presente resolución, la organización Tren de Aragua representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional», argumentó el decreto firmado por el Presidente.

El Departamento de Estado de EE.UU., en tanto, ofrecía desde julio de 2024 una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.