“Tal cual es su modo de proceder, Tesla no va a adelantar sus planes hasta que no haya anuncios concretos”. Con estas palabras, una fuente cercana a la cúpula de la filial local de la compañía en Argentina y Uruguay respondió a la consulta de Infobae respecto a la posibilidad concreta de lanzar la venta de los autos eléctricos más famosos del mundo en el mercado local.

Las especulaciones están debidamente fundadas en los acontecimientos de las últimas semanas, primero con la decisión de abrir una oficina en Argentina y nombrar un CEO local, Joaquín Lizarralde, con amplia experiencia en el sector tras su paso por Kavak y RDA Mobility.

Desde esa oficina se lleva adelante la operación para las inversiones y desarrollos que Tesla hará en el país y en Uruguay, que incluyen el acuerdo firmado con YPF para hacer desarrollos conjuntos vinculados a la creación de redes de carga rápida, y extensible a proyectos de almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

El otro disparador de los rumores de un posible desembarco de la marca americana en Argentina fue el lanzamiento de la comercialización de autos Tesla en Uruguay, que además estuvo fuertemente marcada por precios muy por debajo de lo esperado, casi idénticos al que tienen tanto los Tesla Model 3 como los Model Y en su propio país de origen, Estados Unidos.

Uruguay no es un mercado con una escala muy grande, se vende, por año solo el 12% de autos 0 km que se patentan en Argentina. En 2025 fueron 71.400 vehículos nuevos contra 612.000 de este lado del Río de la Plata. Pero en Uruguay existen condiciones muy favorables para la electromovilidad que no hay ni en Argentina ni en Brasil. Así, que Tesla entre al Mercosur por ese país parece tener sentido.

Esas condiciones son arancelarias pero también de infraestructura y mercado. En Uruguay, un auto importado de extrazona con motor de combustión interna paga un 23% de arancel de importación, mientras que un auto eléctrico tiene arancel cero. Pero además, existe otro impuesto llamado IMESI, que se aplica sobre productos que generan contaminación, incluso más allá de los autos, como pueden ser los cigarrillos. Ese impuesto tiene una alícuota que varía de acuerdo a la cilindrada del motor. Si es un motor 1.0 litros paga 23%, pero si es un motor 1.8 paga muchísimo más, el 35%, mientras que el auto eléctrico no paga nada.

Así, el impuesto para un auto de combustión de baja cilindrada es de 23%, más el impuesto de importación, que es otro 23%, suma 46%, mucho más que el 35% que se paga en Argentina o Brasil. Eso hace que los eléctricos sean mucho más accesibles que los de combustión cuando se habla de importados desde otras regiones. Adicionalmente, los eléctricos paga el 50% de patente.

Además, Uruguay tiene distancias cortas y una matriz energética que produce el 100% de la electricidad de fuentes renovables, lo que permite tener menores costos.

Entrar en Uruguay es estratégico para Tesla para poner un pie en la región y estar listos para desembarcar en Argentina, cuando las condiciones se den. Para eso se puede esperar que pasen dos cosas, aunque con una de ellas solamente bastaría para poder apretar el botón y lanzar la venta de los autos eléctricos de Elon Musk.

La primera posibilidad es la más probable que ocurra, el acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, por el cual se podrá importar 10.000 autos de cualquier tecnología sin pagar arancel extrazona del 35%. Ese cupo es para todas las marcas que quieran y puedan traer autos desde Norteamérica, no solo las nacionales Ford, General Motors, Jeep y RAM, o Tesla, sino también Toyota, Honda, Nissan, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW o Volkswagen, que tienen plantas en Estados Unidos.

En ese caso, tener autos cerca es fundamental, porque el cupo asigna las 10.000 unidades anuales por el sistema FIFO (First in, Fird Out), lo que significa que los autos que lleguen primero al puerto son los que entrarán primero con ese beneficio arancelario. Traer autos de Uruguay es tan rápido como cruzar el Río de la Plata. Punto a favor de Tesla si tiene unidades tan cerca.

La otra posibilidad es que el Gobierno modifique el valor máximo del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos actual, que en septiembre tendrán la apertura de la licitación para 2027, de modo tal que los autos de Tesla queden dentro de ese programa de incentivo a la electromovilidad. Actualmente, el cupo admite autos que tengan un precio máximo de USD 16.000 FOB, es decir, el precio del auto en el puerto de salida, antes de pagar viaje, seguro e impuestos en Argentina.

Varios representantes de marcas e importadores, expresaron informalmente al Gobierno que sería una medida positiva elevar ese máximo a por lo menos USD 25.000, lo que permitiría que entren vehículos de otros orígenes, ya que actualmente el 85% de los 50.000 autos híbridos y eléctricos que no pagan arancel, vienen desde China. Si el Gobierno decide subir el precio máximo, dependiendo del nuevo valor, podría permitir que, al menos los Tesla Model 3, entren en ese beneficio arancelario también.

La baja del riesgo país y la mejora de la calificación argentina devolvieron atractivo a los títulos del Estado, especialmente entre quienes buscan una ganancia por la suba de precios. Las Obligaciones Negociables -ONs- conservan una ventaja entre los inversores que priorizan cobrar dólares y reducir la volatilidad en el precio de los instrumentos.

Y es que los inversores que tienen dólares disponibles enfrentan una decisión que se volvió más pareja.

• Los bonos soberanos recuperaron espacio a partir de la mejora de las cuentas públicas, el regreso del Tesoro al mercado y la posibilidad de que una nueva caída del riesgo país empuje sus precios.
• Las Obligaciones Negociables (ONs) continúan ocupando un lugar importante gracias a los pagos programados y a que permiten elegir empresas con capacidad propia para generar dólares.

Las últimas recomendaciones no muestran un reemplazo completo de un instrumento por otro. Los soberanos aparecen con mayor peso en las carteras que buscan una ganancia adicional y pueden soportar movimientos fuertes, mientras que las ON son utilizadas para darle mayor estabilidad a la inversión y repartir el riesgo entre distintas empresas.

La diferencia también aparece al observar los plazos dado que parte de la City acepta vencimientos más largos en ON de empresas sólidas, pero prefiere acortar la deuda del Estado ante la volatilidad internacional y las elecciones presidenciales que Argentina tendrá en 2027.

Qué diferencia a un bono soberano de un bono corporativo (ON)

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, explicó que la primera diferencia está en quién recibe el dinero y queda obligado a devolverlo.

«La diferencia principal radica en el emisor. Un bono soberano en dólares representa deuda emitida por el Estado Nacional, mientras que una Obligación Negociable (ON) es deuda emitida por una empresa. En consecuencia, el riesgo de cada instrumento depende de la capacidad de pago de su emisor. En el caso de los soberanos, será la solvencia fiscal y el contexto macroeconómico; en el de las ON, la fortaleza financiera y operativa de la compañía emisora», afirmó.

En un bono soberano, el inversor necesita seguir las cuentas fiscales, las reservas del Banco Central, los vencimientos de deuda, el acceso al financiamiento y la capacidad del Gobierno para mantener su programa económico. También importan la legislación del título, el plazo que resta hasta el vencimiento y la manera en la que devuelve el capital.

El análisis de una ON pone el foco en la deuda de la empresa, la generación de caja, sus próximos pagos, las exportaciones, las garantías y la posibilidad de conseguir dólares. Por ese motivo, las compañías de energía, petróleo, gas y servicios públicos suelen ocupar un lugar importante, ya que una parte de sus ingresos está vinculada a negocios que generan divisas.

Esto no vuelve automáticamente segura a la deuda empresarial dado que una compañía puede tener buenas cuentas y quedar expuesta a cambios regulatorios, restricciones para acceder a dólares o una caída de su actividad. Algunas ONs también tienen menos operaciones diarias -volumen- que los bonos soberanos, algo que puede complicar la venta cuando el inversor necesita recuperar rápidamente su dinero.

Los bonos soberanos recuperan terreno

El renovado interés por la deuda soberana quedó expuesta en la colocación del Bonar 2029, identificado con el ticker AO29. Entre la primera y la segunda vuelta, el Tesoro recibió ofertas por un valor efectivo total de u$s1.245 millones y terminó adjudicando u$s611 millones.

El título fue colocado a u$s943 por cada u$s1.000 de valor nominal, con una tasa interna de retorno efectiva anual del 8,29%. La demanda superó ampliamente el monto adjudicado, lo que confirmó que existe dinero dispuesto a financiar nuevamente al Estado cuando el precio, el plazo y el rendimiento resultan atractivos.

A este contexto se sumó la decisión de Moody’s de mejorar la calificación soberana argentina desde Caa1 hasta B3 y cambiar la perspectiva de estable a positiva. La calificadora sostuvo que bajó el riesgo de incumplimiento por el avance de la estabilización económica, los superávits fiscales y la acumulación de reservas, factores que podrían facilitar el regreso de Argentina al financiamiento internacional.

Aun así, es importante remarcar que la mejora no convierte a los títulos argentinos en instrumentos de bajo riesgo. Su potencial depende de que el Gobierno mantenga el orden fiscal, consiga dólares para cumplir con los próximos pagos y atraviese el proceso electoral de 2027 sin que aumenten las dudas sobre la continuidad del programa económico.

Por qué los títulos corporativos mantienen su lugar

El crecimiento de la deuda empresarial amplió la cantidad de alternativas disponibles. Durante el primer semestre de 2026, las ON concentraron cerca del 46% del financiamiento obtenido mediante el mercado de capitales, de acuerdo con BYMA.

Esa participación no demuestra por sí sola una preferencia de los inversores, pero sí muestra que existe una oferta más amplia de empresas, vencimientos y tasas para elegir.

Araujo remarcó que no corresponde considerar a todas las ON menos riesgosas que cualquier bono del Estado, porque la comparación debe hacerse entre emisores concretos.

«No existe una respuesta única sobre cuál es más riesgoso. En el mercado argentino conviven ON de empresas con una calidad crediticia superior a la del soberano, por lo que el riesgo debe evaluarse en función del emisor y no únicamente del tipo de instrumento«, explicó.

Una ON de una empresa con poca caja, mucha deuda y vencimientos cercanos puede resultar más riesgosa que un soberano corto. En el otro extremo, una compañía exportadora con deuda manejable, buenos márgenes y generación propia de dólares puede exhibir una capacidad de pago superior a la del Estado argentino.

La estrategia de extender plazos

Rocco Abalsamo, asesor financiero, sumó otro factor a la comparación como lo es la sensibilidad del precio de los bonos frente a las tasas internacionales. Cuanto más largo es un título, mayor suele ser el movimiento de su precio cuando cambian los rendimientos de la deuda estadounidense.

Para el asesor, las tasas elevadas pueden representar una oportunidad para comprar bonos largos si el inversor tiene una tolerancia alta al riesgo y espera una baja futura de los rendimientos internacionales. Un nuevo empeoramiento del conflicto en Medio Oriente podría producir el efecto contrario y golpear con mayor fuerza a los títulos con vencimientos más alejados.

«Si sos muy agresivo, es sin duda una oportunidad para extender duration. Pero si no sos muy agresivo y creés que tal vez el conflicto en Medio Oriente puede seguir encrudeciéndose, la realidad es que es una alarma para no extender duration«, agregó.

Frente a ese escenario, Abalsamo explicó que están aplicando una posición mixta. La estrategia consiste en aceptar plazos largos dentro de las ON de empresas con elevada capacidad de pago y mantener vencimientos más cortos cuando se trata de bonos soberanos argentinos.

«Acá nosotros tomamos una posición mixta donde elegimos estirar duration por una visión tal vez de corto plazo a la calma del conflicto internacional, pero no en todos los asset class. Precisamente, nosotros buscamos extender duration en títulos de alta calidad crediticia, como por ejemplo bonos corporativos crediticios de empresas triple A argentinas, como TSC4D, Transportadoras del Sur, MGCRD, Pampa Energía, IRCPD en IRSA», señaló.

En los bonos soberanos, Abalsamo prefiere reducir los plazos porque al movimiento de las tasas estadounidenses se le agregan el riesgo político, las reservas, los vencimientos del Tesoro y las elecciones de 2027.

«En cuanto a rentas fijas soberanas, es decir, activos con más volatilidad y menos calidad crediticia, nosotros elegimos tal vez recortar duration, también fundamentado por lo que serían las elecciones que se vienen en 2027», completó.

Bonos soberanos versus corporativos: cuáles elige la City y por qué

Por todo esto, no existe un ganador absoluto entre los bonos soberanos y las ON. Los títulos del Estado están recuperando espacio en las carteras que buscan una ganancia adicional ante otra caída del riesgo país, mientras que la deuda empresarial conserva la ventaja como base de las estrategias que priorizan ingresos más estables en dólares.

Araujo resumió esa división según el perfil del inversor: «Los bonos soberanos en Argentina suelen ser más atractivos para inversores con mayor tolerancia al riesgo, que buscan capturar una eventual compresión del riesgo país y obtener ganancias de capital. Las ON, por su parte, suelen ser una alternativa adecuada para quienes priorizan ingresos más estables y una menor exposición al riesgo soberano, especialmente cuando se trata de compañías con fundamentos sólidos del sector energético local».

La diferencia se vuelve más clara al mirar los plazos, parte de la City está dispuesta a extenderse en ON de empresas de mayor calidad, pero acorta los soberanos para limitar la exposición al proceso electoral de 2027.

• En las carteras más agresivas, los títulos del Estado ganan peso por su potencial de suba de precio
• En las estrategias más estables, las ON continúan ocupando el lugar principal

El pago de deuda al FMI el año que viene asciende a una cifra millonaria y es un tema que inquieta al equipo económico. En pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar nada menos que USD 7.500 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años.

Por supuesto que ambas partes saben que se trata de un compromiso por demás exigente. Pero nadie habla al menos por el momento de realizar alguna modificación al programa en curso.

“No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027″, aseguró ayer la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, en la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según destacó el propio Gobierno al presentar el plan financiero que abarca el segundo semestre de 2026 y todo el 2027, al FMI habrá que cancelarle USD 4.400 millones de capital y otros USD 3.100 millones de intereses hasta fines del año próximo.

Claro que el organismo también hará desembolsos a favor de la Argentina por un total de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los pagos netos que deberá realizar el Gobierno ascienden a una cifra considerable de 5.800 millones de dólares.

El “Plan A” que habían elaborado el FMI y el Gobierno al firmar el nuevo acuerdo a principios de 2025 era apuntar a un regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. De esta forma, se obtendrían sin mayores problemas los fondos suficientes para empezar a devolverle al organismo, al que se le deben arriba de los 50.000 millones de dólares.

Pero por ahora esa idea no se pudo poner en marcha y hay dudas sobre si será posible lograrlo al menos antes de las elecciones presidenciales. El riesgo país bajó, pero quedó en un nivel todavía elevado de 440 puntos básicos. Pero sobre todo la tasa de interés a diez años en Estados Unidos (que es la que toma como referencia el mercado) voló a 4,70% anual.

En este contexto el Gobierno precisa que se den dos cosas simultáneamente: bajar un escalón adicional el riesgo país (por lo menos hasta 350 puntos) y al mismo tiempo que baja el rendimiento de los bonos norteamericanos hasta alrededor de 4% anual.

De acuerdo a la presentación del plan financiero de hace tres semanas, Caputo se comprometió a que podrá cumplir con todos los compromisos financieros del año que viene, por un total de casi 25.000 millones de dólares.

Para eso, el ministro de Economía explicó que continuarán las colocaciones de deuda locales por unos 5.000 millones de dólares. Pero además, exige al Central a continuar con una fuerte compra de dólares para luego venderle al Tesoro, tal como sucedió este año.

¿Tendrá espacio el BCRA para comprar arriba de USD 10.000 millones como se propuso para este año? Una de las incógnitas es qué pasará con los niveles de dolarización del público. Es razonable esperar que la demanda de divisas para atesoramiento aumente sensiblemente a medida que se acercan las elecciones presidenciales.

En ese caso, el espacio para que el Central continúe con su ritmo de compras sería mucho menor, lo que obligaría a recalcular todo el programa y las fuentes de financiamiento.

La opción que nadie quiere mencionar por ahora es una renegociación del acuerdo para conseguir un poco más de aire en 2027, sobre todo si el mercado internacional se mantiene cerrado para el Gobierno.

Algo factible, por ejemplo, sería afrontar los vencimientos de intereses con dinero del superávit fiscal. Pero al mismo tiempo lograr nuevos desembolsos del Fondo que sirvan para enfrentar la totalidad de los pagos de capital, que suman 4.400 millones de dólares.

Siendo Estados Unidos el principal accionista del FMI no se trata de una posibilidad descabellada. Si el año pasado fue el propio Tesoro norteamericano el que salió a socorrer al Gobierno en plena corrida cambiaria, no sería ilógico pensar que en caso de una situación financiera apretada sea el propio Fondo el que brinde alivio.

Las declaraciones de Georgieva en su breve paso por Argentina dejaron en claro que el apoyo del organismo al Gobierno y al plan económico es total, en la misma línea que mantiene el gobierno norteamericano.