ECONOMIA
Golpe a la especulación: el Gobierno pone techo al apalancamiento y vigila dólar por dólar
La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con un fuerte endurecimiento de los controles sobre los agentes del mercado de capitales, en una medida que apunta a reducir riesgos sistémicos y evitar desbalances en escenarios de volatilidad financiera.
A través de la Resolución General 1130/2026, el organismo estableció un régimen prudencial más exigente para las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), que ahora deberán cumplir con nuevos requisitos de liquidez, límites estrictos al apalancamiento y un monitoreo diario de sus posiciones en moneda extranjera.
El objetivo es claro: fortalecer la capacidad de respuesta de los intermediarios frente a saltos cambiarios, caídas abruptas en los activos o episodios de estrés financiero que puedan impactar en el mercado local.
La CNV establece nuevos límites de liquidez y endeudamiento
Uno de los ejes centrales de la normativa es la exigencia de un índice de liquidez mínimo. Las ALyC deberán garantizar que sus activos corrientes sean iguales o superiores a sus pasivos corrientes, lo que implica contar en todo momento con recursos líquidos suficientes para afrontar compromisos de corto plazo.
En paralelo, la CNV fijó un techo concreto al endeudamiento: el pasivo financiero total no podrá superar cinco veces el excedente entre el patrimonio neto del agente y el capital mínimo regulatorio. Se trata de un cambio estructural que limita el nivel de apalancamiento con relación al capital disponible.
La normativa prevé sanciones inmediatas: si una firma incumple estos parámetros y no corrige el desvío en un plazo de dos días hábiles, deberá cesar su operatoria.
Según señalaron desde Delphos Investment, la resolución introduce por primera vez «un límite cuantitativo explícito de apalancamiento y un ratio mínimo de liquidez», con un esquema de adecuación progresiva pero exigente.
En ese sentido, el ratio de liquidez partirá de 0,85 en mayo, subirá a 0,90 en junio y alcanzará 0,95 en julio, mientras que el tope de apalancamiento bajará desde ocho veces hasta converger en el límite estructural de cinco veces. Además, se habilita una ventana excepcional de hasta siete veces en situaciones transitorias vinculadas a operaciones con clientes, bajo condiciones específicas.
Mayor control sobre el dólar y la cartera propia
Otro punto clave es el seguimiento diario de la exposición cambiaria. Las ALyC deberán informar a través de la Autopista de Información Financiera el detalle completo de sus tenencias en dólares y otras divisas, incluyendo depósitos locales, activos en el exterior, efectivo y posiciones vinculadas al tipo de cambio.
De esta forma, la CNV busca contar con una radiografía diaria de la exposición al dólar de los intermediarios, en un contexto donde cualquier movimiento brusco puede afectar la estabilidad del sistema.
Además, el regulador prohibió el neteo contable de saldos de clientes. A partir de ahora, los saldos a favor y en contra deberán registrarse por separado, incluso si corresponden a un mismo cliente, lo que apunta a mejorar la transparencia y evitar que se oculten riesgos patrimoniales.
Impacto en el mercado
La entrada en vigencia inmediata de la norma ya comenzó a sentirse en el mercado. De acuerdo con operadores, se registró presión vendedora en las primeras ruedas, especialmente entre agentes que operaban por encima de los nuevos límites y se vieron obligados a desarmar posiciones.
En este contexto, desde Delphos vinculan el sesgo prudencial de la medida con antecedentes recientes, como el estrés preelectoral de octubre de 2025, cuando la caída de los bonos y la suba del riesgo país pusieron bajo presión los balances de intermediarios fuertemente apalancados.
Si bien en el corto plazo la regulación puede generar volatilidad y reacomodamientos, el objetivo oficial es ordenar el mapa de riesgos del sistema financiero local. El nuevo esquema combina mayores exigencias patrimoniales, control diario del riesgo cambiario y reglas contables más estrictas, en un intento por profesionalizar la gestión de riesgos y fortalecer la confianza en el mercado de capitales argentino.
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monotributo agosto 2026
Si se va a reformar la CO, debería darse un paso más y reformar la estructura del BCRA, de modo que el poder de política monetaria quede disperso y sea difícil de capturar
- Eliminar los cinco objetivos de política monetaria y concentrarlos en uno solo: “preservar el valor de la moneda”;
- Prohibir la financiación del Tesoro;
- Blindar al presidente y al Directorio elevando el requerimiento a la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas (Diputados y Senadores);
- Restringir el giro de utilidades al Tesoro; y
- Eliminar las Letras Intransferibles.
Si para Argentina una dolarización es un second-best, una reforma de la estructura del BCRA es un third-best
- la banca previa a 1935,
- el BCRA estatizado del gobierno de Juan Domingo Perón,
- la Convertibilidad del 1 a 1 de los noventa; y
- el régimen post-2002.
El Gobierno debería tomarse las formas en serio: en 2025, intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto
- Un directorio que ningún presidente puede dominar. En lugar de un directorio chico y afín, o de un gobernador único, la política monetaria queda en manos de un cuerpo numeroso (siete miembros con dedicación exclusiva) con mandatos largos (catorce años), no renovables y escalonados de modo que no venza más de uno al año. El resultado aritmético es directo: un presidente que ejerza dos mandatos consecutivos de cuatro años puede nombrar, como mucho, tres o cuatro de los siete cargos dentro del período en que esas designaciones todavía importan.
- Un comité de política monetaria que ningún partido puede dominar por sí solo. La decisión de tasas y tipo de cambio no queda en manos del Directorio, sino de un comité más amplio de trece miembros: los siete del Directorio más seis adicionales (académicos, economistas independientes, consultores), designados no por el Ejecutivo, sino repartidos entre los tres partidos con más bancas en Diputados (dos cargos cada uno), con mandatos de seis años no renovables. Ningún partido, por sí solo, puede cubrir la mayoría de esos seis cargos.
- La cláusula que bloquea la mayoría por diseño. Si el partido del presidente en ejercicio también tiene la bancada más numerosa en Diputados (un escenario realista), los cargos que le corresponderían según ese cálculo se reasignan automáticamente al cuarto partido en tamaño, en función del número de miembros que le permitiría una mayoría. Esta cláusula se activa automáticamente cuando un partido alcanza la mayoría en el BCRA; en ese caso, el siguiente partido elige los puestos “en exceso”.
- Remoción pública, no un decreto. La causal de remoción queda acotada a incapacidad, mala conducta comprobada o condena penal; no puede ser por desacuerdo con una decisión de política, y el procedimiento pasa por una comisión bicameral y multipartidaria del Congreso, con dictamen escrito y obligatorio que debe incluir toda disidencia. Esto es sustancialmente distinto de simplemente exigir dos tercios: no basta con un umbral más alto en el mismo cuerpo si el mecanismo de adjudicación sigue siendo el mismo. Una destitución arbitraria ya no puede resolverse mediante un decreto de verano. Puede seguir ocurriendo, pero deja de ser gratis: se vuelve un acto público, atribuible y políticamente más costoso.
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