En la última rueda operativa de junio, las acciones y los bonos argentinos quedaron afuera de la tendencia ganadora de Wall Street, con récord para el Dow Jones de Industriales y un S&P 500 que anotó en el segundo trimestre de 2026 su mayor alza para el período en seis años.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York negociaban con subas en un rango de 0,3% a 1,5 por ciento. El S&P 500 protagonizó una impresionante recuperación desde sus mínimos del 30 de marzo, para repuntar aproximadamente un 14% en los últimos tres meses.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,3% en pesos, en los 3.168.608 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,3% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan bajó seis unidades para la Argentina, en los 426 puntos básicos, ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, hubo mayoría de pérdidas. Destacó una nueva baja de Globant (-3,8%), mientras que en el otro extremo, Bioceres subió 5,3 por ciento. En la primera mitad de 2026, el panel Merval anotó una suba de 4% en pesos y de 2% en dólares.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, expresó que “el S&500 y el Nasdaq se encaminaron a su mejor desempeño trimestral desde el segundo trimestre de 2020, mientras que el Dow Jones apuntó a su mejor primer semestre desde 2021. Sin embargo, los últimos tres meses estuvieron signados por bruscos vaivenes, con el mercado oscilando al ritmo del sentimiento en torno a la IA y la velocidad de construcción de la infraestructura que la sostiene”.

Las acciones tecnológicas fueron el principal motor de las ganancias de Wall Street, con las empresas de semiconductores de alto rendimiento superando al resto del sector. El ETF de semiconductores (SOXX), que incluye al fabricante de memorias, está en camino de cerrar su mejor trimestre registrado.

“El hito más relevante del mes fue la mejora de calificación crediticia de Argentina a B- por parte de S&P Global Ratings, que se sumó a la otorgada previamente por Fitch. Con dos de las tres principales agencias calificadoras ubicando a Argentina en esa categoría, el país quedó formalmente clasificado como B- ante los ojos del mercado internacional. El impacto fue inmediato: los bonos soberanos comprimieron fuertemente sus spreads -el riesgo país pasó de niveles cercanos a los 550 puntos básicos a comienzos del mes a ubicarse en torno a los ~430 puntos básicos al cierre-, con el tramo largo de la curva liderando el movimiento. En el acumulado del mes, los Globales rindieron entre 6% y 7% en dólares», definieron los analistas de Balanz.

“En el frente local, la deuda soberana siguió comprimiendo riesgo, apuntalada por la mejora de calificación de Standard & Poor’s y un riesgo país en mínimos de ocho años, mientras la renta variable corrigió tras el revés del MSCI y el dólar abandonó la calma de los meses previos”, acotó Vlassich.

Mientras tanto, el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se está recuperando más rápido de lo esperado, lo que provocó un cambio de los temores a la escasez de crudo a las advertencias de un posible exceso de oferta. Los precios del petróleo continuaron cayendo cerca del 1%, con una leve baja trimestral pese a la guerra en Oriente Medio, con los futuros del Brent del Mar del Norte que cotizaron a 73,40 dólares el barril y los futuros del WTI en los 70,06 dólares.

“Paralelamente, la presión sobre las tecnológicas es evidente, aunque el Nasdaq 100 sigue con un desempeño trimestral histórico, los fondos de cobertura han reducido agresivamente su exposición a acciones estadounidenses -cayendo a un mínimo histórico de -20% frente al MSCI ACWI- en favor de una sobreponderación récord en los mercados asiáticos”, advirtió Laura Torres, directora de Inversión IMB Capital Quants.

El cierre del mes volvió a registrar un muy importante monto de operaciones por USD 836,4 millones en el segmento de contado de la plaza mayorista, con una ganancia marginal de 50 centavos, a 1.482 pesos. El tipo de cambio oficial anotó en junio una suba de 74 pesos o 5,3 por ciento.

“Luego de varias ruedas consecutivas de avances, en las últimas dos jornadas pareció encontrar un punto de equilibrio en la zona de $1.480, moderando el ritmo de las subas y operando de manera más lateral”, definió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “En el acumulado de junio se negociaron USD 12.304 millones, lo que representó un incremento del 15,76% respecto de mayo”, añadió.

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.806,92: el tipo de cambio oficial quedó negociado a 324,92 pesos o 21,9% de ese límite para la flotación administrada.

El billete al público subió cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.500 para la venta, el precio más alto desde el 24 de octubre, con lo que acumuló un incremento de 70 pesos o 4,9% en junio. En el primer semestre el dólar minorista avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% acumulado.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.502,09 para la venta y $1.450,60 para la venta.

La suba de la cotización de la divisa de EEUU este martes estuvo en línea con el sendero ratificado a lo largo todo el mes, en el que acumuló una ganancia que superó a la inflación por primera vez desde octubre, cuando la escalada cambiaria que se produjo durante las elecciones de medio término exigió la intervención directa del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios doméstico.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, adelantó que “el IPC de junio cerraría en torno al 1,8% mensual, perforando el piso del 2%, que venía siendo una barrera difícil para el Gobierno. A lo largo del mes se observó una desaceleración: comenzó cerca del 2,1%, luego bajó al 2%, se mantuvo en torno al 1,9% y finalmente se ubicó en 1,8%”.

La cotización informal del dólar ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta. En el mes de junio el dólar blue extendió la ganancia a 85 pesos o 5,9 por ciento. En lo que va de 2026 el blue pierde 15 pesos o 1%, desde los $1.530 del cierre de 2025.

El Banco Central compró USD 47 millones en el mercado, para totalizar un saldo a favor por su intervención de USD 1.418 millones en junio, mientras que las reservas internacionales cedieron a USD 44.873 millones, un mínimo desde el 30 de abril, ante movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes.

El conflicto no es nuevo, pero se agravó en los últimos días. A mediados de mayo, tras una serie de gestiones de urgencia encabezadas por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaría de Energía de la Nación había asumido el compromiso firme de intervenir en un plazo de 72 horas ante productoras y comercializadoras de gas. El objetivo era garantizar que el gas proveniente de la Cuenca Norte —con un volumen estimado de 2,5 millones de metros cúbicos diarios— llegara de manera efectiva a las industrias citrícolas y azucareras del NOA, y a precios razonables.

Ese compromiso, según denunciaron tanto ACNOA (Asociación Citrícola del Noroeste Argentino) como la Unión Industrial de Tucumán, no se cumplió. Las plantas tucumanas entraron en un esquema conocido como «Rampa 0», que implica una restricción severa del suministro de gas natural hasta nuevo aviso. La disponibilidad de gas de Cuenca Norte conseguida el mes pasado resultó insuficiente para sostener los procesos productivos, lo que obligó a las empresas citrícolas a evaluar la alternativa drástica de detener por completo sus operaciones.

El costo inviable del gas importado

Ante la falta de gas de red, la política energética vigente empuja al sector productivo a salir a buscar Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado internacional, una opción que las propias industrias consideran inviable desde el punto de vista económico. Según ACNOA, el precio internacional del GNL escaló hasta los u$s24 por millón de BTU, lo que cuadruplica e incluso quintuplica el costo del gas de red competitivo que necesitan para sostener la actividad. Procesar bajo esos valores representa, según la entidad, una pérdida pura que destruye la competitividad y resulta imposible de trasladar al precio final de los productos de exportación.

La UIT fue todavía más específica con las cifras. Según anunciaron en las últimas horas, algunas empresas llegaron a pagar gas importado a valores cercanos a los 27 dólares por millón de BTU, mientras que en otras regiones del país ese mismo insumo cuesta apenas alrededor de 3 dólares. El industrial azucarero tucumano Jorge Rocchia Ferro graficó la disparidad con una comparación contundente, donde el gas se consigue a poco más de 2 dólares en el sur del país, a 9 dólares para exportación y a 3 dólares en Buenos Aires, mientras que en el NOA las industrias deben pagarlo entre 15 y 25 dólares el millón de BTU. Para Rocchia Ferro, esa brecha no tiene una explicación transparente y plantea dudas sobre quién se beneficia con el esquema actual.

Por qué se llegó a este punto: la trama regulatoria detrás del recorte

Detrás de la crisis hay un trasfondo estructural que viene gestándose desde hace meses. Según había advertido la Unión Industrial de Tucumán en mayo, la capacidad de transporte firme de gas hacia la región caería de 4,99 a 3,22 millones de metros cúbicos diarios, una reducción cercana al 35%, como consecuencia de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, que modificó el esquema de transporte y achicó la capacidad disponible para las industrias del norte.

A esa resolución se suma el atraso en una obra clave: la Reversión del Gasoducto Norte, que debería permitir que el gas producido en Vaca Muerta llegue de forma más barata y abundante al NOA, continúa paralizada. Aún resta concluir más de un cuarto de los trabajos, principalmente por deudas del Estado nacional con las empresas contratistas. Mientras tanto, el agotamiento de la Cuenca Noroeste —la fuente histórica de abastecimiento regional— redujo aún más el margen de maniobra. Una alternativa que se evaluó fue la importación de gas desde Bolivia, aunque esa vía también enfrenta obstáculos, ya que el país vecino prioriza el abastecimiento a Brasil. A todo esto se agregó la eliminación de los subsidios nacionales que históricamente sostenían a la región.

El reclamo de los industriales: «no somos la variable de ajuste»

Tanto ACNOA como la UIT coincidieron en pedir una intervención efectiva y urgente del Gobierno nacional, las autoridades provinciales y las distribuidoras energéticas para restablecer la capacidad firme asignada a la región y asegurar tarifas razonables. Desde la UIT remarcaron que, sin que se hayan registrado temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, el Norte vuelve a ser el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético nacional. Los industriales valoraron las gestiones realizadas por el gobierno provincial para procurar alternativas de abastecimiento, pero remarcaron que la solución definitiva depende exclusivamente de decisiones que debe tomar la Nación.

«La industria no puede seguir siendo la variable de ajuste», sostuvieron desde la entidad fabril tucumana, que reclamó reglas claras, infraestructura adecuada y previsibilidad para poder producir, invertir y generar empleo en las economías regionales.

Qué actividades están en riesgo de parálisis

El abanico de sectores afectados por la crisis del gas en el NOA es más amplio que la dupla citrícola-azucarera, aunque son estas dos las que concentran el mayor volumen de empleo estacional. Entre las actividades que podrían sufrir una parálisis total o parcial se cuentan:

• La industria limonera, con sus plantas de empaque y procesamiento, que sostiene a unos 50.000 trabajadores directos e indirectos durante la zafra, que en Tucumán, Salta y Jujuy se extiende entre abril y septiembre, con julio y agosto como los meses de mayor actividad
• Los ingenios azucareros, que según Rocchia Ferro ya cuentan con plantas paralizadas y que, según sus cálculos, podrían dejar a unas 100.000 personas sin posibilidad de trabajar si la crisis se profundiza
• Los secaderos de tabaco, otra actividad agroindustrial intensiva en consumo de gas natural durante el invierno
• Las plantas papeleras y cerámicas, mencionadas por la Unión Industrial de Tucumán entre las que podrían sufrir cortes en el suministro y riesgo de parálisis parcial o total

Una ventana que se cierra con el invierno

El trasfondo productivo agrava el dramatismo del reclamo: tanto la actividad citrícola como la azucarera son, según describió el propio Rocchia Ferro, cíclicas y estacionales, por lo que la pérdida de la ventana productiva actual no se recupera en el resto del año. ACNOA fue categórica al respecto: el freno total o parcial de la industria del limón paralizaría las exportaciones y el ingreso de divisas en el momento más crítico de una zafra que, en Tucumán, representa más de la mitad del ingreso de divisas provinciales.

La entidad remarcó además que el parate en fábricas y empaques arrastra de manera automática a la cosecha en las fincas, dejando sin sustento a miles de familias que dependen directamente de esta actividad.

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, publicó en su cuenta de la red social X una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que retomó las recientes referencias presidenciales al reperfilamiento de deuda de 2019. En el texto, Lacunza reconstruyó el contexto económico y político de aquellos meses, diferenció lo que llamó “el dilema en pesos” del “dilema en dólares”, y cerró con una reflexión sobre el tipo de debate público que, a su entender, debería primar de cara a 2027.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei abordó la situación económica que vivía Argentina hacia mediados de 2019, cuando Cambiemos estaba en el poder. El presidente sostuvo: “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“. Esta no es la única ocasión en la que expresó esa postura; días atrás, en un evento de la Fundación Faro, expuso el mismo razonamiento.

La carta de Lacunza comienza con un reconocimiento a la forma en que el jefe de Estado instaló el debate económico desde su llegada a la escena pública. El exfuncionario sostuvo que el mandatario “supo irrumpir en el debate económico con asertividad” y le atribuyó haber contribuido a desarmar lo que definió como “la telaraña de eslóganes vacíos” vigentes hasta 2023, entre los que mencionó “vivir con lo nuestro”, “más Estado ante cualquier necesidad” y “la emisión no genera inflación”. Según el economista, esas consignas “hundieron en la pobreza a casi la mitad de los argentinos y desembocaron en más de 200% de inflación”.

A partir de ahí, el texto se centra en lo que motivó la publicación: las menciones presidenciales, en las últimas dos semanas, a un episodio ocurrido siete años atrás, el reperfilamiento de deuda posterior a las PASO de agosto de 2019. Lacunza señaló que, de cara a 2027, la sociedad probablemente esté “más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro”, pero consideró que la coyuntura sirve de todos modos para coincidir en un punto central: evitar que la economía llegue a una situación límite, porque una vez allí, las salidas disponibles dejan de ser buenas en términos absolutos. En sus palabras, “lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”.

En ese marco, Lacunza recordó que el propio Gobierno de Milei no fue ajeno a episodios de tensión financiera. Apuntó que las turbulencias del proceso electoral de medio término de 2025 “dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos”, una situación que, según relató, terminó siendo sorteada “con pericia pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos”.

El economista dedicó un párrafo a precisar la naturaleza de la medida adoptada en 2019. Aclaró que prefiere no detenerse en la semántica entre “default en pesos” y “reperfilamiento”, y explicó que este último término remite a “una convocatoria de acreedores en una ventana de tiempo acotada, sin quita de capital ni de intereses, para que una nueva gestión, empoderada por el voto popular, pueda superar el bache con un programa financiero plurianual y consistente”.

Sostuvo además que esa decisión tuvo más relación con lo que se avecinaba que con la gestión previa, y agregó que nada de eso habría ocurrido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que el entonces presidente “habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto”.

Lacunza planteó que, en materia de moneda local, el escenario de 2019 se reducía a una disyuntiva entre el reperfilamiento y la hiperinflación. Recordó que el propio Milei explicó en numerosas ocasiones que “el exceso de oferta de dinero provoca inflación”, y aplicó ese principio a la situación de aquel momento: sin capacidad de renovar los vencimientos y con la demanda de dinero derrumbándose ante la perspectiva de un triunfo de Alberto Fernández, quien prometía “aumentar jubilaciones con maquinita y desconocer las deudas”, habría sido “temerario” emitir en dos meses el equivalente al 30% de la base monetaria, monto que representaban los vencimientos de deuda en pesos.

Para reforzar ese argumento, Lacunza apeló a un antecedente histórico. Mencionó que, a fines de los años ochenta, durante la transición entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el denominado “festival de bonos” financiado con emisión monetaria “había terminado en hiperinflación”, y le pidió a Milei que imaginara no solo el impacto en la pobreza sino también “el riesgo institucional de una transición semejante”.

En ese tramo de la carta, formuló una serie de preguntas retóricas sobre los recursos disponibles en ese escenario: con qué se podrían haber pagado los vencimientos sin liquidez ni crédito, qué hubiera pasado con la inflación, con la pobreza y con la independencia del Banco Central. Cerró el pasaje con una referencia al pasado de Milei como arquero de fútbol, al señalar que, tras dos años y medio de gestión, el presidente ya sabe que “en la política pública es tan importante hacer goles como atajar penales”, una idea que, según escribió, el economista brasileño Edmar Bacha “lo explica con mayor elegancia”.

El segundo eje de la carta abordó la dimensión cambiaria de aquellos meses. Lacunza explicó que, en simultáneo, se repusieron los controles de capitales, y detalló la magnitud de los compromisos en danza: además de los vencimientos de deuda de corto plazo por 15.000 millones de dólares y otro monto similar en pesos, había pesos en circulación y depósitos en pesos equivalentes a 15.000 y 73.000 millones de dólares, respectivamente, a los que se sumaban 23.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero. Frente a ese cuadro, concluye, “el Banco Central disponía de apenas 16.000 millones de dólares de reservas disponibles», una cifra que representaba menos del 15% de la demanda potencial de dólares, estimada en unos 110.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento.

Según Lacunza, esa diferencia entre los compromisos y las reservas disponibles obligaba nuevamente a optar por “el mal menor”, y apeló a otro antecedente histórico para justificar la decisión: el corralito de 2001, que “había terminado con cinco presidentes en una semana y 39 muertos en todo el país”. El economista admitió que tanto el reperfilamiento como el cepo tuvieron “daños colaterales desde el punto de vista económico y financiero”, pero sostuvo que esas medidas permitieron “normalizar el tránsito electoral en paz social” y llegar a la finalización del mandato de un gobierno no peronista, algo que, según remarcó, no ocurría “en casi un siglo”.

La carta cierra con un párrafo en el que Lacunza formuló un deseo sobre el legado del primer mandato de Milei, sea renovado o no en las elecciones del año próximo. Expresó que ese legado debería incluir no solo una realidad económica con menor inflación y pobreza, “como hasta ahora”, sino también “un escalón superior en la discusión pública, sin chicanas atractivas para los títulos y las redes, pero poco edificantes para el desarrollo que todos anhelamos”.