El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, el corredor fluvial por el que circula el 85% del comercio exterior argentino, inicia su fase final con la inminente apertura del tercer sobre de la licitación. El resultado de esta etapa determinará cuál de las dos empresas belgas finalistas asumirá la operación y modernización de la llamada Hidrovía.

A partir de la próxima semana, se conocerán las ofertas económicas, paso determinante para definir una operación clave para el futuro logístico y productivo de Argentina. Según cálculos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la concesión, prevista por 25 años le permitirá al adjudicatario facturar aproximadamente USD 15.000 millones.

En la última fase del concurso, solo Jan de Nul NV y DEME NV, ambas compañías con sede central en Bélgica y reputación global en obras de ingeniería fluvial, lograron superar las instancias técnicas y legales del proceso.

Según detalló Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Anpyn, durante el Congreso de Puertos Privados realizado esta semana en la Bolsa de Cereales, la licitación, que lleva 18 meses de trabajo colaborativo con gobiernos provinciales, incluyó la fiscalización del organismo de Naciones Unidas, lo que brindó garantías de transparencia tanto para el Estado como para los usuarios y la sociedad. Arreseygor anticipó que para julio se prevé la pre-adjudicación de la administración del sistema troncal de navegación a un operador privado y que, a partir de ese momento, el precio del peaje comenzará a reducirse.

Quien obtenga la concesión deberá garantizar la modernización, ampliación, dragado y balizamiento de la Hidrovía a riesgo empresario, sin aval estatal. Los términos, según precisó la Anpyn, estipulan un retorno mínimo para el ganador del 6% calculado en función del peaje que cobrará a los usuarios. El proceso apunta a un escenario de inversión sostenida durante un cuarto de siglo, robusteciendo la infraestructura esencial para la exportación de granos y otros subproductos.

Una meta explícita establecida es la disminución de las tarifas actuales: Arreseygor sostuvo que si las propuestas económicas alcanzan el valor mínimo de la banda prevista, los costos de peaje podrían bajar al menos 15% respecto a lo que se abona hoy para navegar el tramo. La expectativa de reducción directa de costos logísticos despierta la aprobación de los principales actores del sector privado, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC, que representa el 48% de las exportacones agrícolas), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), entidades que expresaron su respaldo público al procedimiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Superadas las dos primeras etapas del proceso, en la tercera parte del mismo quedaron dos empresas de relevancia internacional, Jan de Nul NV y DEME NV, quienes competirán en los próximos días por la concesión de la Hidrovía. De esta manera, el próximo paso es la apertura y comparación de ofertas económicas lo que definirá qué compañía operará y mantendrá la vía durante 25 años. El ganador operará bajo riesgo propio; es decir, sin garantías del Estado, pero con supervisión del sistema productivo y organismos internacionales.

Solo una tercera oferente, la firma brasileña DTA Engenharia, resultó descalificada luego de la apertura del primer sobre por no cumplir con el requisito de garantías. La compañía objetó el resultado, elevando una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde reclamó presuntas “distorsiones” en los pliegos. Sin embargo, Arreseygor aseguró que “fue un proceso bastante razonable hasta la apertura de sobres” y precisó que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”.

El proceso fue auditado por un organismo de las Naciones Unidas, que certificó la capacidad de Jan de Nul y DEME —junto a otras pocas empresas— como concesionarios aptos para la envergadura del proyecto. Según el director ejecutivo de la Anpyn, esta validación internacional fue clave para disipar las dudas en los sectores productivos, los usuarios y la opinión pública nacional.

Con la incorporación de tecnología de última generación y la profundización del sistema de navegación, el gobierno nacional afirma que la privatización de la Hidrovía supondrá una transformación en la estructura logística y de costos del comercio exterior argentino. El respaldo explícito de cámaras y sectores industriales refuerza esta expectativa de mayor competitividad y proyección internacional de la economía argentina.

Investing.com — , ha presentado una demanda judicial contra la joint venture de y , alegando el uso no autorizado de música protegida por derechos de autor tras la expiración de los acuerdos de licencia.

Zee reclama 3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, alegando que la plataforma de streaming de Reliance-Disney y algunos de sus canales de televisión utilizaron obras de la división musical de Zee sin autorización, según documentos judiciales consultados por Reuters.

La demanda fue presentada en Nueva Delhi y representa el último litigio legal entre Zee y la entidad surgida de la fusión entre Reliance y Disney, valorada en 8.500 millones de dólares en 2024.

Ambas compañías también están inmersas en un proceso de arbitraje en Londres, donde Reliance reclama 1.000 millones de dólares a Zee por haberse retirado de un acuerdo de licencia de cricket en 2024. Zee niega cualquier irregularidad y está impugnando la reclamación, según el informe.

En su demanda de 1.800 páginas, presentada el 14.04.2025, Zee alega que Reliance-Disney utilizó su música al menos 50 veces tras la expiración de determinados acuerdos de licencia en 2024 y 2025. Los acuerdos no fueron renovados debido a desacuerdos sobre las condiciones comerciales.

Zee afirmó que el uso de su música «constituyó una infracción de los derechos de autor» y solicitó al tribunal que pusiera fin a cualquier vulneración en curso de sus obras musicales.

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El desempleo se disparó en la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Axel Kicillof intenta encarar la crisis con medidas de contención. Para responder a esta problemática, el ministro de Trabajo de PBA, Walter Correa, visitó los estudios de Infobae a las Nueve y reveló que la gestión enfrenta “una situación sumamente difícil” y que miles de personas desplazadas por despidos migran a la “economía de plataformas” como último recurso.

El funcionario remarcó el dato oficial: el 8,6% de desempleo en el Gran Buenos Aires según INDEC, con una “ocupación demandante” (con trabajo fijo y que buscan más alternativas laborales) del 16% y un 10,3% de subocupados demandantes. Sumando todo, casi el 35% de la población económicamente activa busca trabajo.

Ante la crudeza de estos datos, Correa detalló la modalidad diaria de trabajo del ministerio ante la ola de despidos y relató la intervención recientes como fue el caso de la resolución de un conflicto en General Arenales por traslados en Cargill y la reincorporación de 45 trabajadores recolectores de residuos en Villa Gesell, donde la provincia otorgó subsidios para recuperar empleos.

El funcionario trazó un paralelo con los años noventa y afirmó que hasta hace cuatro meses la estrategia de las empresas era anticipar vacaciones y reducir jornadas, pero ahora predominan los cierres y despidos. Y sostuvo que muchas compañías, sin aparición mediática, solicitan la apertura de concursos y cesación de pagos en los tribunales comerciales.

Consultado por el destino de quienes no logran ser contenidos por el Estado, Correa admitió que “en la realidad que impera es sumamente imposible sostener los puestos de trabajo cuando no hay política industrial”. Y precisó el rol creciente de la economía de plataformas: “Incide mucho la adquisición de motocicletas por parte de la población. Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera. Es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los noventa”.

El ministro afirmó que la crisis alcanza a toda la provincia, pero golpea más fuerte al conurbano bonaerense, donde la desocupación supera los dos dígitos.

Indicó que sectores enteros del interior, como la industria láctea, muestran “una caída muy fuerte”, y que la metalurgia y la línea blanca del centro y norte provincial sufren por la importación. En el sur, la parálisis de la producción de cebolla se atribuye al impacto del tipo de cambio.

Mencionó también la situación crítica en el ámbito portuario y contó que en los últimos cuarenta días mantuvo reuniones con trabajadores del sector. «Casi seis mil empresas cerraron sus puertas en territorio bonaerense», según el propio Correa.

El caso de la empresa Fate sirvió de ejemplo sobre la intervención estatal frente a un cierre. Correa narró que el Ministerio de Trabajo nacional primero y el bonaerense después actuaron en el conflicto. Explicó que la mayoría de los trabajadores aceptó la indemnización completa: “Gran parte han percibido su indemnización del 100%”. El ministro indicó que hoy los despidos no se resisten como en los noventa y que muchos priorizan cobrar la indemnización para reubicarse, lo que atribuyó a un cambio sociológico en el mundo laboral.

Correa subrayó que la falta de políticas industriales a nivel nacional afecta especialmente a la provincia, que concentra el 50% de la producción del país. “No tener una política industrial afecta y muchísimo al corazón productivo de la república”, afirmó.

También mencionó los anuncios de inversiones en Bahía Blanca vinculadas a Vaca Muerta y proyectos como los de TGS, aunque aclaró: “Hasta ahora lo que tenemos son anuncios y proyecciones de proyectos. Lo real es que el año pasado con la obra pública de la provincia se generaron 21 mil puestos de trabajo. Lo otro es lo que se anuncia”.

Sobre la reforma laboral en debate nacional, Correa remarcó que la provincia presentó un documento de rechazo: “Nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto. Hay que discutir sobre la base de la realidad del mundo del trabajo”. Señaló que países como México, Brasil, Colombia y Chile ya redujeron la jornada semanal a 40 horas, mientras que Argentina mantiene la ley de 48 horas semanales de 1929.

El ministro defendió el proyecto bonaerense ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial), destinado a descomprimir los juicios laborales. Admitió que la iniciativa no avanza por el funcionamiento de la legislatura: “Estamos tratando de que salga. Todo es muy difícil. Tengo esperanza y expectativa de que se dé en Buenos Aires”.

En el plano político, Correa fue consultado sobre su vínculo con Máximo Kirchner y su respaldo a Axel Kicillof como candidato presidencial. “Para mí, en términos personales y como militante, mi candidato es Axel”, respondió, y relativizó la tensión interna: “Si impera la agenda del trabajador, lo demás es secundario”.

Afirmó que el peronismo bonaerense no está desordenado y valoró que Kicillof haya conseguido dos mandatos como gobernador. Defendió que “florezcan los candidatos” en el marco de una democracia “precarizada”.

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