POLITICA
Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal
La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.
Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.
El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.
Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.
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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.
La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.
El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.
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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.
Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.
La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.
Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.
El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.
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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.
Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.
Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario
POLITICA
A raíz del presunto caso de peste neumónica en Rusia, el Gobierno convocó a una reunión y evalúa medidas para viajeros
El Gobierno comenzó a monitorear el posible caso de peste neumónica en Rusia y el Ministerio de Salud convocó hoy a una reunión con equipos técnicos para evaluar la situación y definir si corresponde tomar alguna medida preventiva. En la Casa Rosada siguen la evolución del episodio, pero por ahora esperan el análisis sanitario antes de avanzar con recomendaciones.
La discusión incluye la posibilidad de emitir advertencias o indicaciones para personas que viajen a Rusia, aunque hasta el momento no existe una decisión en ese sentido. Salud todavía no definió cambios en las recomendaciones vigentes ni restricciones y concentrará primero el análisis en la información epidemiológica disponible.
La alerta se originó por la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia. La mujer falleció el 2 de octubre después de ser hospitalizada con una neumonía grave cuya causa todavía no fue determinada oficialmente.
Los primeros reportes vincularon el caso con una posible exposición accidental en el laboratorio y señalaron como hipótesis una infección por peste neumónica. Las autoridades rusas niegan, sin embargo, que se haya confirmado un caso de peste en la región y sostienen que las pruebas realizadas no detectaron patógenos de alto riesgo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) abrió un seguimiento bajo el Reglamento Sanitario Internacional y solicitó información adicional a Moscú. El organismo busca precisar la causa de la neumonía, qué patógeno motivó las medidas sanitarias implementadas en la zona y las versiones sobre otro trabajador que habría presentado una neumonía de origen indeterminado.
Según la información transmitida por Rusia a la OMS, los contactos de la trabajadora fueron identificados, sometidos a controles y analizados. Moscú informó que no se detectaron patógenos considerados de alta amenaza entre esas personas y que la observación médica ya concluyó.
La OMS mantiene de todos modos pedidos de información porque existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido dentro del laboratorio y sobre las medidas que se aplicaron posteriormente. También pidió precisiones sobre la posible aparición de un segundo cuadro de neumonía entre los trabajadores del instituto.
POLITICA
Un diputado libertario reivindicó la dictadura militar y la comisión terminó en un escándalo
Por segunda semana consecutiva, la reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional terminó otra vez con un duro cruce entre oficialistas y opositores. Los protagonistas del tenso intercambio fueron esta vez Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) y Germán Martínez (PJ). Sobre el cierre del encuentro, el libertario reivindicó a la última dictadura militar, lo que provocó la reacción del jefe de bloque peronista, que le recriminó haber formado parte de la comitiva de legisladores que visitó a represores en la cárcel de Ezeiza, en 2024.
“Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, abrió el entrerriano Benedit su exposición. Previamente, el diputado Aldo Leiva, del PJ, lo acusó de haber organizado las visitas a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, Alfredo Astiz, condenado en el país y en Francia a cadena perpetua.
Fue en ese momento que Benedit reivindicó el accionar de la dictadura y provocó la reacción de Martínez, que tuvo un exabrupto: “Es para cagarlo a trompadas”. El diputado del PJ se levantó y se retiró, entre gritos y cruces. “Vos sos el que fuiste a visitar a genocidas”, le remarcó, antes de irse.
“No se vaya Martínez, no teatralice”, contestó el libertario. Y continuó con su exposición: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano condenado por genocidio. Hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santuccio [líder del ERP, asesinado el 19 de julio de 1976], que para perpetuarse en el poder dijo que iban a matar a un millón de argentinos”.
Con la sala convulsionada, Benedit continuó con su defensa y justificó la visita a los represores: “Visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados es una cuestión de fe”.
En 2024, una comitiva de legisladores oficialistas visitó la cárcel de Ezeiza y se reunió con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. La difusión de la imagen fracturó al bloque libertario, que sufrió las salidas de Lourdes Arietta y Rocío Bonacci tras el episodio. Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de LLA y bloques opositores, fueron: Benedit, Arrieta, Guillermo Montenegro, Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a . Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió. En tanto, la mendocina Arrieta aseguró que fue “engañada” para asistir y que a algunos de los presentes no los conocía. “Tuve que googlearlos”, manifestó.
Una comisión marcada por la tensión
En la misma comisión, la semana pasada, hubo un tenso cruce entre Juan Grabois y dos diputados libertarios.
El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas terminó antes de lo previsto en medio de agresiones, gritos e insultos entre diputados del oficialismo y la oposición. El telón de fondo fue el fallo de la Corte Suprema conocido ayer, que restableció la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El episodio se desató a partir de la intervención de Grabois para defender a Myriam Bregman.
En un encendido discurso, la diputada del FIT intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.
En ese momento, Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.
Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen, quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.
Huesen era dirigente de Fuerza Republicana y ladero de Ricardo Bussi, el hijo del dictador que fue gobernador de Tucumán.
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POLITICA
Operativo por el DNU 70: una decisión de la Corte le daría aire al Gobierno para poder evitar la sesión opositora
El Gobierno no quiere que exista margen para que el DNU 70/23 se trate en la Cámara de Diputados. La oposición convocó la semana pasada a una sesión para el 15 de octubre que tiene en agenda debatir sobre ese megadecreto y otras iniciativas sensibles como la Emergencia en Discapacidad y Morosidad, que buscan apalancar las adhesiones de distintos bloques para conseguir quórum. Si aquello se produce, podrían tratar la medida más importante de desregulación económica que tiene en su haber la administración de Javier Milei.
“Creemos que tenemos los votos para que la oposición no voltee el DNU en el caso de que se trate, pero no queremos que exista la posibilidad siquiera de que se trate”, afirma una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza. En términos explícitos, afirman que el objetivo de las negociaciones que se vienen desarrollando en los últimos días es “tumbar la sesión por completo”.
Al menos dos despachos de la Casa Rosada celebraron ante Infobae una decisión reciente que provino de la Corte Suprema que, según afirman, les daría “más aire” para poder negociar con los aliados que se ven presionados socialmente por la Ley de Tierras, pero que no consideran necesario tener que voltear el DNU 70.
La Corte Suprema convocó este martes a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales, después de que sus cuatro integrantes no alcanzaran una decisión unánime sobre una demanda ambiental que cuestiona la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales. La intervención de conjueces permite completar la integración necesaria para resolver el expediente.
El sorteo de los magistrados suplentes se realizó ayer y salieron Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La participación de ambos será determinante para definir la respuesta judicial al planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.
La nueva presentación fue promovida por Árbol de Pie, una organización que invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia. Su presentación no fue tratada por la Justicia federal de Bariloche, donde fue iniciada, ni por la Cámara Federal de La Plata, que recibió luego el expediente.
El caso llegó al máximo tribunal después de que este rechazara, la semana anterior, una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, conocido como CECIM. La Corte consideró entonces que la agrupación carecía de legitimación para promover ese reclamo. Pero los integrantes de Árbol de Pie todavía no conocen si esa interpretación les aplica a ellos.
La novedad es que existe la posibilidad de que dos de los tres jueces estén dispuestos a reconocer la legitimación de la asociación ambiental para litigar sobre ese punto. También creen que uno de los dos conjueces también avalaría esa presentación.
Los negociadores del oficialismo se agarran de ese escenario para hablar con los aliados y pedirles que no den quórum para la sesión del próximo 15 de octubre.
El tratamiento del expediente de Árbol de Pie sigue el régimen de procesos colectivos, que agrupa las demandas sobre una misma materia. El rechazo de la presentación del CECIM habilitó el análisis de la causa siguiente en ese orden, vinculada directamente con la derogación cuestionada. La cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el decreto permanece pendiente de una definición.
Infobae pudo confirmar de fuentes legislativas que la idea no es incluir la Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La consideran una propuesta que quedó desprovista de sentido político después del desguace que sufrió en su tratamiento en el Senado. Algunos la consideran “invotable”. De prosperar una alternativa, la más probable es que se pueda incluir en el proyecto de Soberanía Nacional que contiene iniciativas vinculadas a la Causa Malvinas.
El expediente laboral de la CGT también quedó listo para resolver
La Corte Suprema quedó además en condiciones de resolver la impugnación de la Confederación General del Trabajo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, luego del dictamen emitido por el procurador general Eduardo Casal.
La Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucional el título IV del decreto, comprendido entre los artículos 53 y 97, tras una acción de amparo de la CGT contra el Estado Nacional. El Gobierno apeló esa resolución ante el máximo tribunal.
El tribunal laboral reconoció la legitimación de la central sindical para defender derechos individuales y colectivos de los trabajadores. También sostuvo que no existían las circunstancias excepcionales exigidas para dictar un decreto de necesidad y urgencia: la imposibilidad de reunir al Congreso o una situación que no admita esperar el procedimiento legislativo ordinario.
La Cámara consideró que las medidas laborales no respondían a una situación coyuntural, sino que modificaban leyes permanentes sancionadas por el Congreso. La eventual decisión de la Corte en ese expediente podría establecer un criterio sobre las condiciones que debe cumplir el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.
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