POLITICA
Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal
La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.
Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.
El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.
Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.
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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.
La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.
El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.
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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.
Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.
La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.
Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.
El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.
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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.
Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.
Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario
POLITICA
Patricia Bullrich cruzó a la fiscal del caso Chocobar y adelantó que no acompañará su pliego
La jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó durante la Comisión de Acuerdos del Senado la actuación de la fiscal Susana Pernas en el caso que involucró al policía Luis Chocobar y adelantó que no acompañará su pliego para ocupar el cargo de fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía N°2.
Bullrich cuestionó el rol de la fiscal en el caso Chocobar
Durante el intercambio, Bullrich cuestionó que Pernas hubiera solicitado una pena de tres años de prisión para Chocobar y puso en discusión cuál debe ser el rol de la Justicia frente a un efectivo policial que interviene ante un delito.
“Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado. Mi pregunta es: usted, como fiscal de menores, que le tocó el delincuente, casi asesino, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado?”, cuestionó la legisladora.
En esa línea, Bullrich advirtió sobre el mensaje que este tipo de decisiones puede transmitir a los integrantes de las fuerzas de seguridad. “¿Qué hacen todos los policías del país cuando ven que alguien que dispara es acusado? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando una fiscal insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena?”, planteó.
Luego llevó el cuestionamiento directamente a la postulante: “Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera? ¿Los ciudadanos van a estar indefensos frente a esta situación?”.
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POLITICA
Tensión en Diputados: el Gobierno rechaza dividir el proyecto de Malvinas y envió a una funcionaria clave a defenderlo
En un intento por avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, desembarcó este miércoles en el Congreso para defender la iniciativa oficialista ante los diputados en un plenario de comisiones. La presencia de la funcionaria se contraponía a la ausencia de otros miembros del Gobierno requeridos por los legisladores, como el canciller Pablo Quirno.
La exposición de Ibarzábal Murphy, ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó contener los reclamos de varios diputados que habían exigido la presencia de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Quirno, para precisar los detalles del proyecto en la tercera jornada informativa en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
“Este es un tema que nos convoca a todos y se trata de defender nuestra soberanía. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, planteó la titular de Legal y Técnica al comienzo de su exposición, lo que suscitó críticas por lo bajo, y no tanto, por parte de los bloques críticos. En ese momento, según pudo constatar , se elevó notoriamente la tensión en la sala.
Acto seguido, la funcionaria admitió que la iniciativa no está exenta de “fallas técnicas” y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. En ese sentido, anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que establece el proyecto y que estará integrado por representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei.
De esta forma, según el Ejecutivo, se contemplaría “la coordinación de los tres poderes” en lo que refiere a los temas de seguridad nacional. Sin embargo, Ibarzábal Murphy ratificó que el Gobierno no dividirá el texto, como reclama el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, mientras que otras bancadas como Provincias Unidas ya adelantaron que irán con un dictamen propio que solo reconoce el Título I de la iniciativa, que refiere a la defensa del territorio de Malvinas.
La secretaria Legal y Técnica sostuvo que el proyecto forma parte de “una estrategia más integral” basada en tres pilares: “castigar a quienes explotan de manera ilegítima, incentivar a los involucrados para que cesen en esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse de esas amenazas externas”, según detalló.
De todas formas, desde la bancada peronista ya anticiparon que impulsarán una reformulación del Título I que reafirme su “compromiso con el reclamo de soberanía de Malvinas”, pero que incorpore modificaciones a la propuesta oficial.
Sectores de la oposición tildaron la iniciativa de “engañosa” y “difusa” y acusaron al Gobierno de intentar “monopolizar el poder” a través de una nueva “ley ómnibus”.
Facultades ampliadas
Cuestionan que solo 40 de sus 133 artículos estén directamente vinculados con Malvinas y advierten que el resto amplía las facultades del Ejecutivo para avanzar en reformas de fondo en materia de defensa, seguridad nacional e interior y política antiterrorista.
“Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
“Hay varios proyectos dentro de uno”, repitieron los legisladores de UP al tomar la palabra en el plenario. El debate quedó prácticamente concentrado en los cuestionamientos del PJ sobre distintos puntos del articulado, a los que atribuyen problemas de constitucionalidad y efectos sobre la concentración del poder y la libertad de expresión.
“Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, apuntó el diputado de UP Eduardo Valdés.
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