POLITICA
Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal
La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.
Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.
El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.
Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.
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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.
La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.
El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.
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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.
Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.
La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.
Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.
El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.
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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.
Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.
Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario
POLITICA
Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre
Chaco irá a las urnas en septiembre de 2027 para renovar cargos provinciales, legislativos y municipales. La votación quedará separada de la nacional y se podría concretar durante la segunda quincena de ese mes. Leandro Zdero buscará allí un nuevo período en la gobernación.
Las pautas de cómo y cuándo se vota en la provincia norteña quedaron fijadas por la Constitución de 1994. Allí se decidió que las elecciones para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejos municipales se deben llevar a cabo en una fecha distinta a las presidenciales. Además, se deben concretar dentro de los noventa días después de que terminen los mandatos.
“Aún no tenemos fecha”, sentenció Zdero cuando lo consultaron medios locales sobre qué día se realizarán los comicios provinciales.
Las chances, según los parámetros constitucionales, marcan que el tope se encuentra el domingo 12 de septiembre. Una alta fuente del gobierno chaqueño confirmó a Infobae que la posibilidad que se baraja es llamar a votar “durante la segunda quincena” de ese mes. El combo se cerraría con cierre de listas en junio o julio.
Zdero ganó su primer mandato el 17 de septiembre de 2023. Pero cuatro años antes, Jorge Capitanich llegó al gobierno con una votación realizada el 13 de octubre de 2019. En 2015, la elección que consagró a Domingo Peppo se concretó el 20 de septiembre. El antecedente previo también es de ese mes: el domingo 18, Capitanich se impuso en las urnas.
Hace unos días, Zdero se convirtió en el primer gobernador en lograr la suspensión de las PASO en el ámbito provincial. La decisión de la Legislatura unicameral chaqueña se basó en la necesidad de priorizar otros gastos.
A nivel nacional, las elecciones están programadas para el domingo 24 de octubre. Las PASO, si el Congreso no las cancela, deberían realizarse en agosto.
Chaco se coloca entonces como la novena provincia en confirmar un calendario electoral distinto al nacional. Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo; Salta haría lo propio entre el 16 y el 23 de ese mes; Chubut votaría entre julio y agosto; también en agosto sería la elección en Neuquén; en Santa Fe, se evalúa un rango que va del 13 de junio al 5 de septiembre; Tierra del Fuego tiene el mismo parámetro constitucional que Chaco. Mendoza y Misiones también sufragarán de forma desdoblada, aunque aún no hay fecha confirmada.
En qué instancias está el acuerdo con LLA
Chaco fue el primer ejemplo exitoso de simbiosis entre La Libertad Avanza y un frente local. Con esa fórmula, lograron ganar los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025.
La intención es repetir la receta en 2027. Hay conversaciones abiertas. Zdero hace unas semanas charló en forma directa con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de LLA a nivel nacional. La idea gira en torno a un escenario en el que la combinación de ambas fuerzas acrecentaría las chances de reelección del gobernador y sumaría votos para la aspiración de Javier Milei de estar cuatro años más en Balcarce 50.
Los contactos del mandatario chaqueño también incluyen al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
Las conversaciones se concretan en un plano doble. Por un lado, la conformación nacional. A la Casa Rosada le interesa aumentar el número de bancas en el Congreso. Chaco renovará el año próximo tres lugares en Diputados.
Una silla es de LLA, la tiene Carlos García. Gerardo Cipolini, un radical con vínculos fuertes pero tensos con Zdero, es otro a quien se le vencerá el mandato. Su nombre tuvo fama efímera en dos oportunidades. La primera, al hacer comentarios machistas hacia legisladoras peronistas; La segunda, cuando no votó un capítulo clave del presupuesto 2027. Aldo Leiva, de Unión por la Patria, es el tercero al que se le vencerá el mandato.
El otro plano de las conversaciones entre el oficialismo chaqueño y LLA es la elección provincial. Aquí también tienen protagonismo los referentes libertarios locales que trabajan con la premisa de colar nombres en los armados legislativos y de intendencias. Además de gobernador y vice, en 2027 se votarán 16 legisladores provinciales y autoridades en 74 municipios y concejos deliberantes. La premisa es que todo tenga tonos violeta.
El vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó la postura del Gobierno frente al reclamo de la soberanía argentina en las islas Malvinas y dio detalles sobre cómo será la Base Naval Integrada que comenzarán a construir en Ushuaia, Tierra del Fuego. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a 500 millones de dólares.
“Va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, explicó el portavoz en la conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada y añadió: “También brindará apoyo y logística desplegada en la Antártida”.
La base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca. “Va a proveer al país de protección naval y aérea”, subrayó Ravier.
El portavoz presidencial también destacó los beneficios económicos de la Base Naval. “Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región en donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad”, destacó y sumó: “Además, desempeñará un papel importante en la protección de objetivos estratégicos en el sur del país, como Vaca Muerta”.
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros.
Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitaron el viernes el lugar donde en se instalará la futura base en Ushuaia.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
El Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional” y dijo que el presidente Javier Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.
Consultado por acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos”. “Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”, señaló.
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POLITICA
Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos por el presunto financiamiento de Revolución Federal
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
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