POLITICA
Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal

La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.
Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.
El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.
Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.
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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.
La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.
El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.
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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.
Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.
La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.
Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.
El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.
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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.
Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.
Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario
POLITICA
Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte Suprema, advirtió que en el país “hay desvíos” a la libertad de expresión que horadan la democracia

Ante un auditorio repleto en la Academia Nacional de Periodismo, donde fue premiado con la Pluma de Honor, el exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda afirmó que en la Argentina hay discursos que atacan la libertad de expresión que “no pueden seguir horadando por dentro la democracia”.
Las palabras de Maqueda, que dejó la Corte a fines de 2024, se dan en momentos en que el presidente Javier Milei llama a “odiar a los periodistas”, los insulta y trata de “basuras”, “miserables” e “inmundos” por sus publicaciones.
Asimismo, hace menos de 24 horas, el juez Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Sala III de laCámara Federal de Casación Penal, pidió sancionar a los integrantes del Poder Judicial que hablen con periodistas y amenazó con denuncias penales a los comunicadores.
“En nuestra República Argentina tenemos que reivindicar permanentemente la libertad de expresión, dentro del marco de una democracia constitucional, porque vemos lamentablemente que hay desvíos que se dan permanentemente y que nos pueden seguir horadando por dentro a la democracia de los argentinos”, aseguró Maqueda.
El presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá, expresó en ese sentido que los comunicadores son ”víctimas cotidianas de la agresión del poder de turno”. “Nos acusan no solo de mentir, sin probar nada, sino también de cometer delitos, sin probar nada”, aseguró.
El acto se desarrolló ante los jueces de la Corte Horacio Rosatti, también presidente del Consejo de la Magistratura, y su colega Carlos Rosenkrantz. Estuvo ausente el tercer integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, distanciado de Maqueda en su última etapa en el máximo tribunal.
Asistieron los periodistas académicos, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el exjuez Ricardo Gil Lavedra, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el exjefe de Gabiente Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
Maqueda hizo un repaso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de libertad de expresión y sostuvo que comparte este premio con sus colegas que integraron el máximo tribunal y con los que construyó esta doctrina.
“En este momento la libertad de expresión está muy acechada”, indicó Maqueda y evocó que se trata de un conquista que viene desde John Milton, en el siglo XVII, John Locke, William Blackstone y de allí a la Constitución norteamericana de donde la tomó la Constitución Nacional de 1853. Luego se perfeccionó esta idea en las reformas constitucionales de 1860 y 1994.
Dijo Maqueda que se trata de la “libertad preferida” proque nos permite comunicarnos como seres humanos
fue premiado con la Pluma de Honor,Hernán Cappiello,Conforme a
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Sin el pliego de la jueza Michelli, el Senado tratará hoy otros nombramientos judiciales y el acuerdo con los bonistas de 2001

Con una agenda impulsada por el oficialismo, el Senado sesionará hoy desde las 11 para tratar los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con bonistas por el default de 2001. También pondrá en consideración una tanda de nombramientos en la Justicia Federal propuestos por la Casa Rosada, aunque dejará para la próxima sesión el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, que Javier Milei quiere retirar.
Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado le dará ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar el pliego de Michelli. De esa manera, la comunicación quedará oficializada en la Cámara alta, aunque su tratamiento quedará postergado para la próxima semana.
El pliego de Michelli generó una fuerte controversia interna en La Libertad Avanza. La tensión escaló cuando la senadora Patricia Bullrich le anticipó el lunes pasado al Presidente que no acompañaría el retiro de la postulación y hasta puso a disposición su renuncia como jefa del bloque libertario.
La postura de Bullrich fue acompañada por sectores de la oposición dialoguista, que habitualmente construyen mayorías con el oficialismo en el Senado.
La calma llegó después de la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, donde quedó establecido que la próxima semana se convocará a una nueva sesión para tratar tanto el pliego de Michelli como el pedido de retiro solicitado por Milei. Además, Bullrich se reunió en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y luego publicó una foto del encuentro. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió en sus redes sociales.
Los pliegos de los jueces
En la sesión de este jueves, el oficialismo pondrá en consideración 50 nombramientos de jueces federales sobre un total de 73 que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.
Los otros 23 nombramientos quedarán para otra oportunidad. Entre ellos figuran los pliegos cuestionados de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus vínculos con autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad. También quedará pendiente el pliego de Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR vinculan con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.
Dentro de los 50 pliegos que serán tratados aparece el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
También integran la lista Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga, entre otras causas, el caso Libra.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Otro de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado al Congreso por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas con el régimen de propiedad.
Entre sus principales puntos, propone cambios en el sistema de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego, especialmente en lo referido al cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.
Durante el debate quedó fuera de la iniciativa la delegación en provincias y municipios de la regularización de barrios populares incluidos en el RENABAP.
El proyecto también redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que quedarán limitadas al valor de mercado y a los daños directos, con exclusión de ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse por más de 60 días.
La propuesta introduce además cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.
Acuerdo con los bonistas
El último punto de la sesión será el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los distintos canjes de deuda y mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses.
La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial pendiente para el país.
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016. El texto requiere aprobación legislativa para su implementación.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El entendimiento prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
Senado, sesion, Patricia Bullrich
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Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió

Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.
La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
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