“Peligro. No pasar”, podía leerse, esta semana, en el pasillo que da al despacho del subsecretario de gestión institucional y fiel funcionario karinista, Eduardo “Lule” Menem. El mensaje, escrito en una cinta roja y blanca, impedía el paso de los habituales transeúntes de ese sector del primer piso de la Casa Rosada, afectado por la caída de mampostería desde el techo, y con moderado riesgo de accidentes.

El agujero dejado por el material caído en las barbas del influyente “Lule” no es, por cierto, el único faltante, en el histórico edificio gubernamental, inaugurado en 1898 y por el que pasaron gobiernos de todos los pelajes, sin terminar ninguno de ellos de ponerlo en condiciones óptimas. Paredes descascaradas, mampostería caída, cables a la vista sin cubrir y hasta ascensores que a veces brindan algún susto son parte del paisaje natural para los cerca de 1000 funcionarios, invitados, empleados y periodistas que, a diario, llegan a Balcarce 50.

No se trata, por cierto, de la totalidad del edificio: se presta un cuidado especial a la planta baja, con su salón de los Bustos, el patio de las Palmeras y el camino que va hacia el despacho presidencial, que recorre el presidente Javier Milei cuando en cada jornada de trabajo. La belleza de las añejas palmeras, la pulcritud que rodea los bustos de los antecesores de Milei y el brillo de las escaleras que se dirigen al área presidencial son la otra cara de un edificio dónde (casi) siempre hay en marcha alguna obra edilicia.

Desde el sector de mantenimiento dejan trascender que es imposible revertir en poco más de dos años el deterioro que lleva décadas. Al llegar al Gobierno, la gestión libertaria graficó en un video de un minuto y medio el lamentable estado de distintas partes del edificio, aunque en diciembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández dejó trascender que había invertido $379 millones para profundizar el master plan iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, consistente en la renovación de instalaciones eléctricas, la recuperación de oficinas, la colocación de nuevos ascensores y cafeterías. Es decir, la culpa la tiene el anterior, es el mensaje de éste, y por cierto, de todos los gobiernos, mientras se profundizan las grietas abiertas de la Casa Rosada.

Mucho se critica a los funcionarios que, sean del partido que sean, no atraviesan las peripecias del ciudadano común, entre ellas la de llegar a su trabajo o estudio en el transporte público. Tal vez para contradecir esa sentencia negativa, la excanciller Diana Mondino decidió días atrás subirse a un colectivo porteño, para sorpresa de sus ocasionales compañeros de ruta.

Muy concentrada en la lectura de su celular, Mondino ni siquiera se percató de la foto obtenida dentro del colectivo 152, que la excanciller durante el primer año del gobierno de Javier Milei tomó en las cercanías de la calle Agüero, en dirección a la zona norte del gran Buenos Aires. Lejos de las alfombras rojas que supo disfrutar, y a falta de asientos disponibles, Mondino se acomodó en uno de los espacios libres y allí se quedó, hasta que los testigos ocasionales perdieron contacto con ella. Sin perspectiva de retorno inmediato a la función pública -su salida del Gobierno fue traumática, luego del voto argentino en la ONU contra el embargo a Cuba- la economista cordobesa (“madre y abuela” según su propia definición en las redes sociales) transcurrió ese rato en el transporte público sin que nadie la reconociera.

Mientras observa a un gobierno nacional en problemas y a sus aliados macristas buscando permanecer, el PJ en sus distintos pelajes se atrinchera para dar la batalla, tanto a nivel nacional como porteño, y busca la unidad. El ámbito más reciente es el Consejo Económico y Social porteño, que renovó su conducción y tendrá un perfil mucho más combativo que en sus composiciones anteriores.

Presidido por Manuel Socías, cercano al omnipresente auditor Juan Manuel Olmos, se sentaron en la primera reunión sindicalistas de la CGT como Jorge Sola; el líder de la Uocra, Gerardo Martínez y el hombre de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy. También estuvieron Eugenio Begue, referenciado en el ex piquetero Juan Grabois y que se quedó con la vicepresidencia segunda; representantes de universidades, de la Iglesia y cámaras empresarias.

“Es una foto fuerte”, se felicitaron desde el organismo, reconociendo que fue Olmos quien, con paciencia oriental, logró juntar a sectores que no se aprecian demasiado, para pelear “contra el Pro en la ciudad”, pero también contra los libertarios, socios en las últimas elecciones nacionales en territorio porteño.

A orillas del Paraná, se escucharon días atrás las críticas de intendentes referenciados en Provincias Unidas, pero también de algunos invitados sorpresa. La intendenta local, Rosario Romero, fue la anfitriona del evento, en el que se distinguieron Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba Capital), Ulpiano Suárez (Mendoza), y otros alcaldes de grandes ciudades del país. La quita de impuestos a los combustibles y la distribución de ATN según cantidad de habitantes de cada distrito fueron las principales banderas compartidas, reclamos en sintonía (en la mayoría de los casos) con los gobernadores. Llamaron la atención dos presencias: la de Julio Alak, intendente de La Plata y pre-candidato a gobernador de Unión por la Patria, y Ariel Sujarchuk, intendente peronista de Escobar y exfuncionario en el organigrama de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández.

¿ Se alejaron del PJ o fueron con la venia del gobernador bonaerense Axel Kicillof al convite? La duda quedó flotando, mientras los presentes en Paraná tomaron distancia del reclamo de las FAM, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el miércoles pasado, frente al Ministerio de Economía.

Al eterno gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, le habrían ardido los oídos, si hubiese participado del encuentro anual de Amcham, el martes pasado. El catedrático de la Universidad Di Tella, Carlos Gervasoni, trazó allí una comparación entre “provincias impositivas, capitalistas, democráticas”, como Mendoza, y “provincias rentísticas, poco desarrolladas y poco democráticas”, como la que comanda Insfrán desde 1995, sin contar sus dos períodos anteriores como vicegobernador.

Ajeno a las recomendaciones de Gervasoni, quien recomendó al Estado nacional reducirle los envíos de fondos, lo que según su visión “obligaría a las provincias rentísticas (como Formosa) a aumentar el esfuerzo recaudatorio y las ayudaría a desarrollar el sector privado”, Insfrán sigue su camino.

Días atrás dio comienzo el campeonato de karting del NEA, que lleva el nombre del gobernador formoseño, y cuyo gobierno aporta fondos como sponsor para la realización del torneo. Casi una respuesta a las críticas a la “falta de alternancia” y la utilización de fondos públicos en el culto a la personalidad, moneda corriente en Formosa según el catedrático Gervasoni, y también de la oposición al peronismo.

Fue hace apenas 50 días. Javier Milei acababa de establecer, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, “la moral como política de Estado”. También, de anunciar un aluvión (indeterminado y vago) de iniciativas legislativas para cambiar la Argentina de una vez y conducirla finalmente a la nueva era. Los insultos y agravios del Presidente a los opositores daban el marco para la pintura de la coronación del león triunfante.

Algo menos de dos meses después ese envión furioso, dado por el triunfo electoral y el paso arrollador del oficialismo por las sesiones extraordinarias, se transformó en un frenazo abrupto y en varios revolcones de los que ahora, en embrionario y temeroso modo prueba y error el Gobierno busca salir. Pero perdió el impulso y le cuesta reencontrar el rumbo.

Para colmo de males, el capital simbólico no solo se devaluó sino que se le volvió en contra. Por acumulación de escándalos, la moral dejó de ser el instrumento del tribunal de la santa inquisición libertaria, en el que terminarían condenados los réprobos que negaban la verdad revelada tanto como los que dudaban de ella, para convertirse en una pesadísima piedra que golpea todos los días sobre la cúpula del poder mileísta.

El centenar de proyectos que los ministerios en su totalidad y casi al unísono iban a hacer trabajar a destajo al Congreso y a exhibir el poder libertario sigue enredado en la telaraña que paraliza o hace tropezar al Gobierno.

“De los 1500 proyectos prometidos no hay ninguno en proceso cierto de ser aprobado y muchos ni siquiera lograron el visto bueno para ser enviados al Congreso. Es muy malo eso”, admitían y se lamentaban hace tres días en el despacho de uno de los más conspicuos representantes libertarios.

Las disputas internas, la falta de resultados económicos y la ausencia de un ministro coordinador con real poder y autoridad (aún desde antes de que Manuel Adorni patinara con su propia inconsistencia de palabra y de hecho) asoman como la causa madre de la imposibilidad de enhebrar esa lista de votaciones triunfantes soñada y prometida Milei con la que el oficialismo arrastraría por las buenas o por las malas al resto de las bancadas.

Que en poco más de dos años de gestión hayan dejado el equipo gubernamental más de 200 funcionarios, que haya habido tres jefes de gabinete y que el último esté en la cuerda floja, solo sostenido por su vínculo personal con la fraternidad que gobierna el país, es el corolario no solo de un déficit en el reclutamiento sino de un problema bastante más profundo que tiene sede en la cima del poder libertario.

A pesar del cerrojo informativo, de la desesperación por evitar filtraciones y de la persecución y represalias a supuestos infidentes, es posible escuchar cada más voces críticas y acusatorias hacia los propios. La negación de la realidad suele ser un refugio para líderes en problemas, pero nunca la solución.

Las flamantes y estridentes disputas entre dirigentes, voceros y comunicadores de la primera línea mileísta en el ring de las redes sociales son la representación hiperbólica pero no lo más significativo de la espiral ascendente en la que se ha sumido el oficialismo.

La hondura del problema es de tal calado que en ese contexto resultó muy sugestiva y generó más ruido la republicación de un mensaje que hizo en la medianoche del sábado Santiago Caputo desde su cuenta personal de X.

“Por encima de la ideología o la patria, la motivación más fuerte de un soldado no es el odio al enemigo, sino el amor, la lealtad y la protección hacia los compañeros con los que comparte el peligro”, decía el tuit que avaló el exgurú.

La aclaración inicial (“por encima de la ideología o la patria”) instaló la insidiosa duda acerca de si el mensaje era una convocatoria a la concordia para toda la grey libertaria o solo un llamado a unir fuerzas y dar batalla a sus fieles de Las Fuerzas del Cielo. La persecución judicial a algunos de estos “soldados” por parte del operador karinista Sebastián Pareja había sido el disparador del último enfrentamiento público, que tuvo por protagonistas a Lilia Lemoine, vocera oficiosa del mileísmo puro, y al comunicador caputista Daniel Parisini, alias Gordo Dan.

El internismo caníbal parece no tener límites. Hasta la silente ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que goza de la protección absoluta del Presidente, se envolvió en ese fuego cruzado. Con un inusual comunicado oficial dejó expuesto por los problemas en el PAMI al ministro de Salud, Mario Lugones, que revista en el equipo del debilitado asesor Santiago Caputro,

Esa reacción y algunas otras acciones y decisiones de una de las funcionarias favoritas de Milei provocaron el malestar inclusive de prominentes karinistas, a pesar del enfrentamiento que mantienen con el caputismo.

“Eso y las filtraciones con errores a comunicadores amigos de algunas medidas importantes que se estaban por adoptar fueron algo más que una estupidez que complica al Gobierno. No tenemos ningún interés en avanzar sobre algunas áreas que nos traerían más problemas que soluciones, sin ningún rédito y para las que, además, no tenemos espalda ni gente. Aunque sí seguimos decididos a avanzar sobre sectores estratégicos”, explican en el karinismo.

Entre los motivos de encono con Santiago Caputo se acaba de sumar la acusación de ser el responsable de la fallida estrategia de comunicación aconsejada a Adorni para explicar sus gastos suntuarios y singulares adquisiciones inmobiliarias que “se le dieron todas juntas”, diría su escribana.

“Entre los consejos de Santi y del abogado de Manuel todo lo que podía explicarse y aclararse se volvió inexplicable e injustificable”, afirman integrantes del equipo de la secretaria general de la Presidencia.

Son esos más incentivos para que la ARCA, la agencia de recaudación y de reunión de información de todos los argentinos, sigue estando entre las colinas por arrebatarle al caputismo.

La SIDE, en cambio, es para los karinistas un objetivo más complejo, aunque cada vez más importante, en especial, después de los escasos resultados y los muchos problemas que se les han abierto desde lo cooptación del Ministerio de Justicia con la llegada de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

La íntima y viciosa relación que desde hace 30 años se ha establecido entre el mundo de los espías y el Poder Judicial atraviesa otro momento estelar. Los escándalos que afectan a los hermanos Milei y a Adorni, y los consecuentes problemas judiciales que enfrentan son analizados con ese cristal.

A eso se suma la reconfiguración de alianzas en la Corte Suprema. La apuesta del karinismo a Horacio Rosatti se encuentra ahora con que el presidente del máximo tribunal ha quedado en soledad frente a la renovada relación surgida entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La influencia que este mantiene sobre un amplio sector de la justicia federal (aunque no toda) desvela a los hermanos Milei.

Con ánimo de revancha, desde el karimenemismo se oyen cantos de guerra. Dicen que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, escucha cada vez con más atención las voces de quienes lo impulsan a dar rienda suelta a sus ánimos de combate.

De ese sector del mileísmo surgen versiones respecto de complicaciones que podría enfrentar el misterioso Leonardo Scatturice, de estrecho vínculo con el asesor Caputo y, sobre todo, algunos de sus socios.

Las sombras se ciernen sobre las inversiones hechas con la compra de la siempre en problemas aerolínea Flybondi y de la empresa de correos OCA, que fuera la nave insignia del tristemente célebre Alfredo Yabrán. Habrá que ver si sus vínculos con el caputismo y con una de las alas del trumpismo le alivian o le agravan problemas. En todos lados hay disputas intestinas y negocios bajo la lupa relacionados con el poder.

En esta ciénaga está atrapado el Gobierno. Y muchos de sus proyectos más promocionados no logran pasar del estado publictario para ser realidades demandadas por buena parte de la sociedad, incluidos sus votanres. Es el caso de la reforma fiscal, que ya venía acotada a una suma más modesta de proyectos individuales de modificaciones impositivas y que tanto reclamaban nuevos inversores como empresarios que tienen desde hace mucho su capital hundido en el país.

El enredo y la confusión son de tal magnitud que en la cúpula de la administración y en el seno del gabinete se han trastrocado roles, ideas, tácticas, estrategias y responsabilidades.

De pronto, Milei y los suyos descubrieron el carácter sistémico de la toma de decisiones así como el costo de no prever o de desechar consecuencias y efectos colaterales de sus medidas, acciones y declaraciones.

También, se chocaron con lo que implica la disfuncionalidad de un equipo en el que la rigidez conceptual y una recurrente liviandad (o frivolidad) analítica, reemplazada por el dogma y el voluntarismo, se acentúan por la ausencia de un verdadero afecto societario y comunión de intereses entre muchos de sus integrantes. El determinado, pero también disruptivo y escasamente tolerante liderazgo de Milei no es necesariamente un activo para situaciones de crisis. Mucho más cuando son producto de lesiones autoprovocadas.

Las fallidas incursiones de Luis Caputo en el plano comunicacional seguidas de su flamante intento de injerencia en la táctica política para tratar de ordenar lo que su recetario tecnocrático no logra encauzar son la muestra más palpable de lo que está sucediendo.

“Toto está avanzando con propuestas que obligan a revisar algunos dogmas, como habilitar que haya más dinero circulante para reactivar la economía. A Milei eso mucho no le debe gustar. Y, encima, no tiene garantizado el éxito. Hay un cierto sentimiento de frustración en su equipo, porque sienten que hicieron todo lo que debían, pero no están teniendo el resultado esperado. Ahora tienen que exponerse al incierto método de prueba y error ante un jefe que está lleno de certezas”, dice uno de los economistas al que Milei no incluye entre los econochantas y ha colaborado con el Goiierno, aunque matiza apoyos con críticas.

La apuesta que se le atribuye al ministro de Economía de alcanzar un acuerdo con gobernadores aliados con la promesa de no complicarles su reelección el año próximo a cambio de que den soporte al Gobierno en estos meses difíciles sorprendió, generó algún ruido interno y desacomodó a varios.

También abrió dudas sobre su viabilidad. Ese compromiso para un tiempo que en la Argentina es el larguísimo plazo choca con los efectos negativos que está teniendo ya desde hace varios meses el programa económico sobre los ingresos, la actividad y el empleo en muchas provincias.

A ello se suma los problemas de gestión que demoran soluciones o demandas de los gobernadores. “Que muevan un papel y firmen un expediente de algo que venimos pidiendo a veces parece más difícil que poner en órbita la nave Artemis, aún cuando para el Gobierno puede ser una solución”, dice un mandatario provincial que en estos dos años ha prestado colaboración permanente al oficialismo.

La cesión de rutas para ser concesionadas, que en parte acaba de destrabarse después de más de un año de reclamos provinciales, es uno de los ejemplos que ponen sobre la mesa los gobernadores. Y hay muchos otros planteos pendientes.

Por otra parte, un acuerdo con los mandatarios provinciales no asegura mejorar la percepción en baja que está teniendo la sociedad respecto de la gestión oficial.

La flamante reactivación de la motosierra para seguir la poda en el gasto, que incluye a sectores vulnerables o que sensibilizan a la opinión, como los jubilados, los discapacitados y la educación, está volviendo a soldar cadenas de demandas sociales que habían sido desacopladas.

La pérdida del impulso y la dificultad para reencontrar el rumbo que afectan al Gobierno conectan muchas cosas que parecen inconexas. Son mucho los que creen que los mejores 18 meses de las últimas décadas no lo serán para todos y la advertencia de Milei de que si su proyecto no funciona se irá a su casa sin problemas no tranquilizó a nadie.

CÓRDOBA.− En las últimas semanas se aceleraron las firmas de acuerdos entre Nación y algunas de las provincias que mantienen sus cajas de jubilaciones. Son 13 las que sostienen bajo su órbita los sistemas previsionales y a las que, por ley, la Anses debe girarles fondos para cubrir una parte del déficit en función de sus auditorías. Esas fiscalizaciones que la administración libertaria puso como condición para el pago vienen atrasadas: en la mayoría de los casos llegan hasta el 2020.

Los acuerdos se hacen “a cuenta” de las determinaciones futuras. Cálculos preliminares a los que accedió estiman el monto de los déficits que debería cubrir Anses este año en unos $2,5 billones.

Como los adelantos cubren una parte menor de ese monto, la deuda con las provincias se sigue acumulando. Hay que tener en cuenta que son esos $2,5 billones menos los adelantos (cuando los hubo, porque hubo largo tiempo sin que existieran) multiplicados por los años que faltan computar, que son entre cinco y siete.

Aunque el financiamiento de estas cajas tiene problemas estructurales, desde que se inició la gestión de Javier Milei, la Anses había suspendido estas transferencias y solo las realizaba por orden de la Justicia −varias provincias acudieron a la Corte Suprema con cautelares− o a partir de la firma de acuerdos. En las últimas semanas no solo se suscribieron nuevos, sino que se aumentaron los giros a algunos distritos.

Las complicaciones en el frente fiscal de las provincias también son claves para acelerar los tiempos. Aun a sabiendas de que el stock de deuda es creciente, los mandatarios provinciales optan por garantizarse un flujo mensual menor. Los acuerdos −salvo el caso pampeano− privilegian a los distritos “dialoguistas”, cuya colaboración en el Congreso es clave para los libertarios.

El santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los últimos en firmar; lo hizo por $120.000 millones en 12 cuotas de $10.000 millones. “Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, dijo el gobernador, quien aclaró que no se renuncia al reclamo en la Justicia sino que se suspende por 180 días. En este caso, las auditorías alcanzarían hasta 2019.

También Juan Pablo Valdés suscribió el “adelanto de financiamiento previsional” por $40.000 millones que también se pagarán en 12 cuotas. Para el gobernador de Corrientes, es un “acuerdo histórico que reivindica a los jubilados correntinos”. Las auditorías a su caja están más atrasadas, recién habrían completado el 2017.

También este mes, la Unicameral de Córdoba ratificó el nuevo acuerdo alcanzado por Martín Llaryora para que los giros pasen de $5000 millones mensuales (como marcaba el convenio anterior) a $10.000 millones, también en 12 pagos. Quedan varios años de auditoría por completar por parte de la Anses. El mandatario sostuvo la necesidad de “garantizar previsibilidad financiera”.

Ignacio Torres, de Chubut, firmó a fines de marzo para que en un año le transfieran $48.000 millones. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, planteó. La estimación es que faltan auditar más de seis años.

También cerró un convenio el misionero Hugo Passalacqua, aunque no hay detalles. El comunicado oficial provincial señala que el acuerdo “constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia”. No da cifras.

A fines del 2024 −igual que en el caso de Córdoba, con intervención de la Corte Suprema−, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, cerró el primer acuerdo, el que después renovó por $48.000 millones, siempre en 12 pagos. Quedan por auditar entre seis y siete años.

Desde noviembre pasado, el chaqueño Leandro Zdero recibe giros mensuales de Anses. lo hará hasta completar las 12 cuotas por $ 40.000 millones.

El pampeano Sergio Ziliotto es el único gobernador del peronismo más duro que cerró un acuerdo con la Anses. Con unos cinco años por auditar, consiguió una primera transferencia de $2500 millones en 2025 y, en el corriente, 12 cuotas mensuales de $5000 millones. En total, son $62.500 millones.

Desde mayo próximo, Neuquén recibirá 12 giros mensuales de la Anses por $4000 millones, hasta cubrir los $48.000 millones que acordó Rolando Figueroa. Destacó que el entendimiento representa “un logro significativo” para la provincia ya que “destraba un reclamo histórico vinculado al financiamiento del sistema previsional provincial”. El retraso en las auditorías acumularía unos siete años.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz −cuya determinación de rojo todavía no consta en Anses− seguirá en manos de la provincia, de acuerdo a lo que señaló el gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones legislativas. Su déficit anual ronda los $270.000 millones, monto que la provincia cubre íntegramente con recursos propios. Hay un reclamo en la Corte Suprema que incluye fondos no transferidos en 2023 y 2024.

Buenos Aires tiene la caja jubilatoria provincial más grande del país. Axel Kicillof mantiene un reclamo judicial contra el Gobierno Nacional por una deuda estimada en $2,2 billones. La Corte Suprema fijó una audiencia para este martes, 21 de abril. Tampoco hay avances con las transferencias de la Anses para las cajas de jubilaciones de Tierra del Fuego y de Formosa, ambas provincias gobernadas por kirchneristas.