POLITICA
La Anses debería girar $2,5 billones este año a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas
CÓRDOBA.− En las últimas semanas se aceleraron las firmas de acuerdos entre Nación y algunas de las provincias que mantienen sus cajas de jubilaciones. Son 13 las que sostienen bajo su órbita los sistemas previsionales y a las que, por ley, la Anses debe girarles fondos para cubrir una parte del déficit en función de sus auditorías. Esas fiscalizaciones que la administración libertaria puso como condición para el pago vienen atrasadas: en la mayoría de los casos llegan hasta el 2020.
Los acuerdos se hacen “a cuenta” de las determinaciones futuras. Cálculos preliminares a los que accedió estiman el monto de los déficits que debería cubrir Anses este año en unos $2,5 billones.
Como los adelantos cubren una parte menor de ese monto, la deuda con las provincias se sigue acumulando. Hay que tener en cuenta que son esos $2,5 billones menos los adelantos (cuando los hubo, porque hubo largo tiempo sin que existieran) multiplicados por los años que faltan computar, que son entre cinco y siete.
Aunque el financiamiento de estas cajas tiene problemas estructurales, desde que se inició la gestión de Javier Milei, la Anses había suspendido estas transferencias y solo las realizaba por orden de la Justicia −varias provincias acudieron a la Corte Suprema con cautelares− o a partir de la firma de acuerdos. En las últimas semanas no solo se suscribieron nuevos, sino que se aumentaron los giros a algunos distritos.
Las complicaciones en el frente fiscal de las provincias también son claves para acelerar los tiempos. Aun a sabiendas de que el stock de deuda es creciente, los mandatarios provinciales optan por garantizarse un flujo mensual menor. Los acuerdos −salvo el caso pampeano− privilegian a los distritos “dialoguistas”, cuya colaboración en el Congreso es clave para los libertarios.
El santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los últimos en firmar; lo hizo por $120.000 millones en 12 cuotas de $10.000 millones. “Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, dijo el gobernador, quien aclaró que no se renuncia al reclamo en la Justicia sino que se suspende por 180 días. En este caso, las auditorías alcanzarían hasta 2019.
También Juan Pablo Valdés suscribió el “adelanto de financiamiento previsional” por $40.000 millones que también se pagarán en 12 cuotas. Para el gobernador de Corrientes, es un “acuerdo histórico que reivindica a los jubilados correntinos”. Las auditorías a su caja están más atrasadas, recién habrían completado el 2017.
También este mes, la Unicameral de Córdoba ratificó el nuevo acuerdo alcanzado por Martín Llaryora para que los giros pasen de $5000 millones mensuales (como marcaba el convenio anterior) a $10.000 millones, también en 12 pagos. Quedan varios años de auditoría por completar por parte de la Anses. El mandatario sostuvo la necesidad de “garantizar previsibilidad financiera”.
Ignacio Torres, de Chubut, firmó a fines de marzo para que en un año le transfieran $48.000 millones. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, planteó. La estimación es que faltan auditar más de seis años.
También cerró un convenio el misionero Hugo Passalacqua, aunque no hay detalles. El comunicado oficial provincial señala que el acuerdo “constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia”. No da cifras.
A fines del 2024 −igual que en el caso de Córdoba, con intervención de la Corte Suprema−, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, cerró el primer acuerdo, el que después renovó por $48.000 millones, siempre en 12 pagos. Quedan por auditar entre seis y siete años.
Desde noviembre pasado, el chaqueño Leandro Zdero recibe giros mensuales de Anses. lo hará hasta completar las 12 cuotas por $ 40.000 millones.
El pampeano Sergio Ziliotto es el único gobernador del peronismo más duro que cerró un acuerdo con la Anses. Con unos cinco años por auditar, consiguió una primera transferencia de $2500 millones en 2025 y, en el corriente, 12 cuotas mensuales de $5000 millones. En total, son $62.500 millones.
Desde mayo próximo, Neuquén recibirá 12 giros mensuales de la Anses por $4000 millones, hasta cubrir los $48.000 millones que acordó Rolando Figueroa. Destacó que el entendimiento representa “un logro significativo” para la provincia ya que “destraba un reclamo histórico vinculado al financiamiento del sistema previsional provincial”. El retraso en las auditorías acumularía unos siete años.
La Caja de Previsión Social de Santa Cruz −cuya determinación de rojo todavía no consta en Anses− seguirá en manos de la provincia, de acuerdo a lo que señaló el gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones legislativas. Su déficit anual ronda los $270.000 millones, monto que la provincia cubre íntegramente con recursos propios. Hay un reclamo en la Corte Suprema que incluye fondos no transferidos en 2023 y 2024.
Buenos Aires tiene la caja jubilatoria provincial más grande del país. Axel Kicillof mantiene un reclamo judicial contra el Gobierno Nacional por una deuda estimada en $2,2 billones. La Corte Suprema fijó una audiencia para este martes, 21 de abril. Tampoco hay avances con las transferencias de la Anses para las cajas de jubilaciones de Tierra del Fuego y de Formosa, ambas provincias gobernadas por kirchneristas.
Gabriela Origlia,Jubilaciones,Anses,Javier Milei,Conforme a,Jubilaciones,,Actualización de haberes. Cuánto cobran los jubilados de Anses en mayo,,Cronograma. Las prestaciones sociales de Anses que se cobran en la semana del 20 al 24 de abril,,Agenda. De cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026
El juez federal Gastón Salmain, quien afronta un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura, sumó este viernes otra imputación en su contra.
El fiscal federal Federico Reynares Solari acusó al magistrado, que se encuentra actualmente suspendido, de haberle exigido al exjefe de ARCA Carlos Vaudagna el pago de un soborno de 100.000 dólares a cambio de favorecerlo en las causas que había en su contra en distintas jurisdicciones de la provincia de Santa Fe.
La imputación llega en el peor momento para Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario desde junio de 2023.
El magistrado ya está suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que en julio abrió por unanimidad —con el voto de los 20 consejeros presentes— un juicio político en su contra por mal desempeño.
Ese cuerpo tiene 180 días hábiles para llevar adelante el jury de enjuiciamiento que podría terminar con su destitución, aunque varias fuentes coinciden en que el desenlace llegará antes de ese plazo.
Si el jurado confirma la remoción, Salmain perderá los fueros y las fuerzas de seguridad quedarán habilitadas para ejecutar la prisión preventiva que ya pesa sobre él por otras causas.
El fiscal Reynares Solari sostuvo que Salmain incurrió en un desvío de poder en su rol de juez para direccionar causas y en especial para intervenir en las que estaba acusado Vaudagna, con quien mantenía una relación desde hacía años.
Según la acusación, el intento de cohecho se produjo entre septiembre y noviembre de 2024.
En ese lapso, según el fiscal, el magistrado “a través de la intermediación del abogado Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16.727/2023”, donde el ex funcionario estaba denunciado por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
El objetivo, precisó Reynares, era que esas causas “quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares”.
En ese momento Salmain era juez civil, pero había sido autorizado a subrogar en el fuero penal.
Salmain intentó que todas las causas contra Vaudagna quedaran en su juzgado, pero fue recusado por varios fiscales, por lo que esa maniobra no logró sostenerse.
La audiencia se desplegó pese a un intento de las defensas de Salmain de cancelarla, con el argumento de que no se les habían exhibido previamente los hechos y las evidencias para poder preparar la defensa. El planteo fue rechazado por el juez federal Román Lanzón, con una explicación puntual dirigida al magistrado imputado, que siguió la audiencia de forma virtual.
Reynares reconstruyó una relación preexistente entre Vaudagna y Salmain.
El magistrado fue designado el 6 de agosto de 2024 para intervenir en el expediente del ex jefe de la AFIP, luego de que dos jueces penales se excusaran de hacerlo. Ya con la fiscal Virginia Sosa a cargo, se detectó que Salmain había enviado a un empleado de su juzgado a buscar un peritaje sobre el teléfono de Vaudagna. Lo que buscaba, según el fiscal, era verificar si existía tráfico de mensajes entre ambos: había un intercambio de 48 mensajes que Vaudagna había borrado. La finalidad, señaló Reynares, era comprobar si esa pericia demostraba el vínculo entre los dos, algo que le habría impedido intervenir en la causa.
El fiscal reveló además un dato que agrava la situación: Salmain le había pedido a Vaudagna trabajo para su pareja. “Salmain se sentó a resolver una causa que involucraba a una persona a la que le había pedido trabajo para su pareja”, sostuvo. “Hay una ilicitud civil, administrativa y un casi seguro hecho ilícito penal en esto”, redondeó.
La cronología también muestra un giro llamativo. Salmain primero se declaró incompetente para actuar en el expediente de Vaudagna, pero luego, hacia diciembre de 2024, reclamó la competencia sobre ese funcionario con el que tenía una relación probada. Para Reynares no se trató de una contradicción, sino de una maniobra: lo que estaba haciendo el juez, dijo, era “elevar el precio” de su intervención, es decir, negociar un soborno más alto a partir de la negativa inicial.
Un capítulo de la acusación apunta al abogado Diego Feser, directivo de un grupo de medios e integrante del directorio del diario La Capital de Rosario. Según relató Vaudagna como imputado colaborador, hacia agosto de 2024, a raíz de una nota vinculada con Vicentin, tomó contacto con Feser para pedirle que cesaran los ataques mediáticos en su contra. La extracción forense del iPhone de Vaudagna acredita contactos telefónicos entre ambos. El ex funcionario declaró que en un bar cercano al Jockey Club de Rosario se encontró con Feser, quien le refirió que tenía contactos con el magistrado y que seguramente le pediría “algo”. El teléfono que habría usado Feser fue captado por una antena el 15 de octubre de 2024 en la calle Azcuénaga 8951, a escasos metros del Jockey Club.
Reynares recordó, además, cómo emergió la conexión. A partir de una investigación fiscal sobre si Salmain direccionaba expedientes previsionales hacia estudios jurídicos conocidos, se solicitaron cámaras de seguridad en los lugares de acceso público de los abogados previsionales que tramitaban en el juzgado. “Y ahí sí apareció el doctor Salmain”, dijo el fiscal, “pero no en trámites previsionales sino en casos que comprometían a Vaudagna”.
La nueva imputación se suma a un historial pesado. Salmain ya está procesado con prisión preventiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato en la causa Attila, donde se lo acusa de haber manipulado un expediente para favorecer a los beneficiarios de un fideicomiso que se hicieron de unos 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares. El juicio político también incluyó el cargo de haber ocultado, en el concurso que lo consagró juez, que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para manipular un sorteo de expedientes.
Con Salmain suspendido, la justicia federal de Rosario atraviesa una crisis institucional sin precedentes: en poco más de un año, dos de sus jueces quedaron fuera de juego por casos de corrupción. El otro es Marcelo Bailaque, hoy con prisión domiciliaria e investigado por sus vínculos con estructuras del narcotráfico.
La caída de Salmain deja acéfalo el Juzgado Federal N° 1 en una jurisdicción desbordada por causas de crimen organizado, lavado de activos y trata.
Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
El PRO debate un acuerdo con Milei: la foto de los primos Macri y el “tapado” que quiere ser candidato
A simple vista, la foto mostró exactamente lo que el PRO quería mostrar: Mauricio Macri y Jorge Macri compartiendo una reunión de trabajo, revisando la marcha de la gestión porteña y dejando atrás varias semanas de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento político. Pero detrás de esa imagen de distensión siguió abierta una discusión que el partido todavía no resolvió: cuándo, cómo y bajo qué condiciones construir un acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ese fue, hoy, el verdadero debate que atravesó al macrismo. No se discutió si el PRO terminaría o no construyendo un entendimiento con el espacio de Javier Milei. La discusión pasó por el momento en que debería hacerlo, el margen de autonomía que debía conservar hasta entonces y si todavía tenía sentido preservar la posibilidad de presentar un proyecto presidencial propio.
La reunión del lunes en la sede del Gobierno porteño, en Uspallata, terminó convirtiéndose en la primera expresión visible de ese delicado equilibrio.
Según pudo saber Infobae, el encuentro estuvo lejos de ser una cumbre para discutir candidaturas o alianzas. Jorge Macri repasó junto a Mauricio Macri los principales indicadores de la Ciudad, la evolución de las cuentas públicas y distintos aspectos de la administración. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine; y el diputado nacional, secretario general del PRO y principal espada política de Mauricio Macri, Fernando De Andreis.
En el entorno del jefe de Gobierno rechazaron de plano la idea de que existiera una crisis con el ex presidente. Admitieron que existían diferencias de enfoque sobre la estrategia frente a La Libertad Avanza, pero sostuvieron que el vínculo político y personal entre ambos continuó siendo bueno y atribuyeron las versiones sobre un supuesto conflicto a interpretaciones externas que, según esa mirada, magnificaron desacuerdos que nunca dejaron de ser administrables.
En Uspallata también buscaron despejar otra interpretación que consideraron equivocada: la de un Jorge Macri enfrentado con la Casa Rosada. Cerca del jefe de Gobierno describieron una relación fluida con el presidente Javier Milei y con varios integrantes de la primera línea del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ese canal de diálogo, agregaron, también existió con la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, especialmente para abordar cuestiones vinculadas con la gestión porteña.
La convivencia institucional, sin embargo, no eliminó el debate político. Sobre todo, porque hay una figura que es central en cualquier acuerdo: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, titular de La Libertad Avanza y la voz que más escucha el jefe de Estado.
El debate interno del PRO por el acuerdo con La Libertad Avanza
Dentro del PRO convivieron hoy dos miradas respecto de la relación con La Libertad Avanza. Un sector importante del partido —integrado por gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes con fuerte peso territorial, entre ellos Cristian Ritondo— consideró que el entendimiento con el oficialismo debería comenzar a consolidarse cuanto antes para repetir el esquema electoral de 2025, cuando ambas fuerzas compitieron juntas y lograron imponerse tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
La incorporación de Ritondo a la mesa política del PRO porteño fue interpretada precisamente como otro gesto en esa dirección. Quienes impulsaron esa estrategia creyeron que el electorado ya validó esa experiencia y que anticipar un acuerdo permitiría fortalecer una alternativa competitiva frente al peronismo.
Mauricio Macri no rechazó esa posibilidad. Nadie dentro del partido lo ubicó hoy enfrentado a un eventual acuerdo con Milei. Su diferencia pasó por otro lado: creyó que todavía faltaba demasiado para las elecciones presidenciales y consideró un error mostrar desde ahora al PRO dispuesto a integrarse a una alianza cuyos términos ni siquiera comenzaron a discutirse. Para el ex presidente, adelantar esa definición implicó resignar capacidad de negociación y llegar debilitado a una conversación que, inevitablemente, debería darse más adelante.
En otras palabras, el debate no giró alrededor del “qué”, sino del “cuándo”.
Ese matiz explicó buena parte de las conversaciones que atravesaron al partido amarillo. Mientras un sector entendió que la anticipación fortalecía el vínculo con La Libertad Avanza, Mauricio Macri consideró que apresurar esa discusión solo reducía el margen de autonomía política del PRO y limitaba su capacidad para negociar desde una posición de fortaleza.
Fue en medio de ese escenario cuando apareció un movimiento inesperado que sorprendió incluso a dirigentes experimentados del partido.
La irrupción de Lacunza y el candidato propio
Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, reconoció públicamente durante una entrevista televisiva que le gustaría competir por la Presidencia.
“Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación. Sí, me gustaría, pero eso no es una decisión mía”, afirmó. Luego agregó otra definición que también tuvo fuerte repercusión interna: “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”.
La declaración llamó la atención porque Lacunza nunca había expresado de manera tan explícita una aspiración presidencial. Además de haber sido el último ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, hoy es vicepresidente de Racing Club, dirige la consultora Empiria y representa al PRO como director del Banco de Córdoba, cargo al que llegó en el marco del entendimiento político alcanzado con el gobernador Martín Llaryora. El mandatario cordobés, uno de los principales referentes del peronismo no kirchnerista, alternó etapas de cooperación con la Casa Rosada con otros momentos de fuerte confrontación y ya comenzó a preparar el escenario para la elección que definirá a su sucesor, donde una alianza de perfil liberal podría reunir a La Libertad Avanza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
La pregunta empezó a repetirse rápidamente dentro del PRO: ¿Mauricio Macri estaba al tanto de esa declaración? ¿Existió algún tipo de aval previo?
La respuesta que ofreció un histórico dirigente partidario buscó relativizar la discusión.
“Es como lo que hacía Menem. ¿A quién le va a decir Mauricio que no diga que quiere ser candidato a presidente, si quiere serlo?”, resumió la fuente.
Más allá de esa interpretación, la aparición de Lacunza fue leída dentro del partido como algo más que una expresión individual. Para varios dirigentes, volvió a instalar la discusión sobre si el PRO debía reservarse la posibilidad de llegar a 2027 con un candidato presidencial propio, aun cuando más adelante terminara construyendo algún tipo de entendimiento con La Libertad Avanza.
Ese dato tampoco pasó inadvertido en el oficialismo.
En la Casa Rosada existió un objetivo electoral claramente definido: intentar que Javier Milei consiguiera la reelección en primera vuelta y evitar un balotaje que podría unificar detrás de un solo candidato a buena parte de la oposición. Desde esa perspectiva, cualquier candidatura competitiva ubicada dentro del universo liberal o del centro-derecha comenzó a ser observada con atención, incluso cuando todavía faltaran 18 meses para las elecciones. Una postulación propia del PRO podría captar un porcentaje reducido del electorado, pero suficiente para complicar la estrategia libertaria de imponerse sin necesidad de una segunda vuelta.
La foto de los primos Macri buscó ordenar el presente. La aparición del “tapado” que transparentó su intención de ser candidato a presidente empezó a discutir el futuro. Entre una imagen y otra quedó sintetizado el momento que atravesó el PRO: un partido que intenta administrar sus diferencias con Javier Milei sin romper puentes institucionales y que, al mismo tiempo, empezó a preguntarse si en 2027 llegaría como socio político de La Libertad Avanza o con un proyecto presidencial propio.
La discusión no pareció inminente. Falta más de un año para la elección. Pero la reunión de Uspallata y la irrupción de un potencial candidato dejaron una misma conclusión: el partido amarillo todavía no terminó de definir cuál será su lugar en el mapa político que imagina Javier Milei para buscar la reelección.
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POLITICA
Movimientos sociales y sindicales preparan la “marcha más grande de la década” contra Javier Milei
Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.
La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.
Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.
La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.
Rechazo a la Ley de Propiedad Privada
En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.
La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.
Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.
La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.
Una fecha con historia
La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.
El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.
“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.
El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.
Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.
Un agosto cargado de protestas
La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.
La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.
El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.
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