La inflación en Estados Unidos se moderó el mes pasado a medida que bajaron los precios de la nafta, la ropa y los autos usados, lo que brindó cierto alivio a los consumidores, mientras que las presiones subyacentes sobre los precios también se enfriaron más de lo esperado.

Los precios cayeron un 0,4% en junio respecto de mayo, la mayor caída mensual en cuatro años, informó el martes el Departamento de Trabajo. En términos interanuales, la inflación descendió a 3,5%, por debajo del 4,2% registrado en mayo y por debajo de lo que esperaban muchos economistas.

Sin embargo, el precio del petróleo subió por segundo día consecutivo el martes, luego de que Estados Unidos renovara sus ataques contra Irán y el presidente Donald Trump anunciara un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Y muchos estadounidenses se muestran cada vez más desencantados con la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que representa un riesgo para Trump y los republicanos de cara a las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

Aun así, si se excluyen las categorías de alimentos y energía, los precios núcleo se mantuvieron sin cambios en junio, una señal positiva de que la inflación subyacente se está enfriando. En términos interanuales, los precios núcleo subieron apenas 2,6%, por debajo del 2,9% del mes anterior. La inflación núcleo continúa por encima de la meta de la Reserva Federal, fijada en el 2%.

Una gama más amplia de precios se enfrió el mes pasado de lo que habían pronosticado los economistas. Los precios de la electricidad, que se habían visto presionados por el aumento de la demanda de los centros de datos, bajaron 1% entre mayo y junio, aunque siguen siendo 4% más altos que un año atrás. Los precios de la ropa cayeron 0,6% entre mayo y junio, pero son 3,9% más caros que hace un año.

Los alimentos subieron 0,2% entre mayo y junio y acumulan un alza de 2,7% respecto del año pasado, mientras que los costos de alquiler de departamentos se moderaron, con una suba de apenas 0,1% el mes pasado y de 2,8% interanual.

Según las minutas de la reunión del 16 y 17 de junio, los encargados de combatir la inflación en la Fed siguen marcadamente divididos respecto de los próximos pasos a seguir. Cerca de la mitad de los responsables de política monetaria respalda una suba de tasas de interés antes de fin de año para enfriar el crédito, el gasto y el aumento de precios, según muestran las minutas. La otra mitad está dispuesta a esperar señales de que la inflación pueda volver a bajar a medida que caigan los precios de la nafta, aunque las minutas son anteriores al reciente recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo el martes en un testimonio escrito ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que la Fed tiene “tolerancia cero” con la inflación alta, que según prometió se convertirá en “cosa del pasado”. Warsh responderá más tarde el martes a las preguntas de los legisladores.

Y la situación en Medio Oriente sigue cambiando hora a hora. El martes, el precio del barril de petróleo Brent, la referencia internacional, subió 4,6% hasta los 87,13 dólares, después de que tanto Estados Unidos como Irán aseguraran tener el control del estrecho de Ormuz.

Una desaceleración de la inflación podría aliviar la presión sobre la Reserva Federal para subir su tasa de referencia, algo que suele hacer para enfriar el gasto y la suba de precios. Warsh, que asumió el cargo el 22 de mayo, remarcó que la Fed está enfocada en llevar la inflación de nuevo a su meta del 2%, aunque evitó anticipar cuáles serán los próximos pasos del organismo.

Muchos de esos funcionarios señalaron que las inversiones masivas en infraestructura de inteligencia artificial también podrían agravar la inflación, al presionar al alza los precios de los chips de memoria y otros semiconductores, así como los de la electricidad. Como resultado, empresas como Apple, Microsoft y Dell anunciaron aumentos de precios en laptops, tablets y consolas de videojuegos.

El lunes, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo estar preocupado por la inflación núcleo, que según señaló subió de 3% en diciembre pasado a 3,4% en mayo, de acuerdo con la medida preferida de la Fed, que utiliza datos del índice de precios al consumidor. Remarcó que el costo de más de dos tercios de los servicios aumentó 3% o más respecto de un año atrás.

Waller había sido partidario de bajar las tasas a comienzos de este año, pero ahora advierte que podría ser necesaria una suba.

“Si tenemos otro dato elevado de inflación núcleo esta semana, entonces la (Fed) deberá considerar endurecer la política monetaria en el corto plazo”, dijo Waller en un discurso en Nueva York.

Los precios de la nafta cayeron casi 20% desde su pico de fines de mayo, pero repuntaron en la última semana, probablemente en respuesta a la reactivación de los combates en Medio Oriente. El precio promedio de la nafta a nivel nacional fue de 3,86 dólares el galón el martes, 6 centavos más que una semana atrás. Un mes atrás promediaba 4,09 dólares, según la AAA.

Otras señales sobre el rumbo de los precios son mixtas. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó la semana pasada que una encuesta halló que casi la mitad de las empresas de su región que pagaron aranceles todavía planean seguir subiendo sus precios.

Por separado, Walmart anunció la semana pasada que bajará los precios de miles de productos, entre ellos carne picada, papas fritas, juguetes y ropa. El presidente Donald Trump elogió la medida en redes sociales.

(Con información de AP)

La búsqueda de eficiencia y reducción de costos en la Cuenca Neuquina impulsó un proyecto de infraestructura que propone transformar la matriz logística del norte patagónico, y en particular de todo el ecosistema que rodea la actividad productiva de Vaca Muerta.

Se trata de la viabilidad técnica para habilitar la navegabilidad de los ríos Limay y Negro, una iniciativa que ya se conoce como «la otra hidrovía». Este plan estratégico busca establecer un corredor logístico fluvial que conecte el corazón de la Patagonia con el Mar Argentino, ofreciendo una alternativa de transporte multimodal de gran escala.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) participó como contraparte técnica en el Estudio de Factibilidad de la Navegabilidad de estas vías fluviales. El informe final, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y desarrollado por la consultora IATASA, determinó que es técnicamente factible convertir este sistema hídrico en una arteria de transporte comercial.

La traza evaluada abarca unos 720 kilómetros de recorrido, extendiéndose desde el Compensador Arroyito, en Neuquén, hasta la desembocadura del río Negro en el Atlántico.

El principal motor detrás de esta propuesta es la necesidad de resolver uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo del fracking en Vaca Muerta: el abastecimiento de arenas de fractura. Actualmente, la estimulación hidráulica de cada pozo demanda entre 11.000 y 15.000 toneladas de este insumo crítico.

Con proyecciones que anticipan una demanda global de 15 millones de toneladas anuales para los próximos años, el actual esquema de transporte terrestre resulta costoso e insostenible para la infraestructura vial.

Un corredor vial saturado 

Hoy en día, gran parte de los áridos utilizados provienen de canteras ubicadas en la provincia de Entre Ríos, desde donde deben recorrer más de 1.200 kilómetros en camión hasta las áreas de producción en la Cuenca Neuquina.

Esta traza terrestre de larga distancia encarece de forma directa las operaciones logísticas y satura las rutas de la región. El diseño de una red fluvial permitiría el traslado masivo de cargas pesadas a una fracción del costo actual, aliviando el tránsito vial y mejorando la competitividad de las operadoras petroleras.

Para estructurar este esquema de conectividad por agua, los desarrollos logísticos privados ya evalúan circuitos que combinan la Hidrovía Paraná-Paraguay con puertos marítimos y fluviales de la Patagonia.

Compañías como PTP Group proyectan concentrar el acopio de arenas en el Puerto de Ibicuy, en el sur entrerriano, para despacharlas en buques hacia puertos de recepción en el sur del país. En este escenario, la adecuación de las terminales de San Antonio Oeste o Bahía Blanca resulta fundamental para acortar el tramo final del transporte terrestre o la nueva alternativa fluvial por barcazas.

Una nueva infraestructura millonaria

La viabilidad de este corredor de 720 kilómetros requiere no solo de adecuaciones hidráulicas y ambientales para garantizar una navegación segura, sino también de una fuerte inversión en infraestructura costera.

El proyecto estratégico contempla el desarrollo de una red de puertos fluviales y de estaciones de transferencia de carga distribuidas a lo largo del recorrido. Estas instalaciones permitirán la integración operativa con los trenes de carga y las flotas de camiones para cubrir los kilómetros finales de la cadena.

Además de los beneficios directos para la actividad hidrocarburífera, la iniciativa se presenta como un dinamizador de las economías regionales. El corredor fluvial no solo facilitará el movimiento de insumos industriales, sino que también mejorará las condiciones de exportación para la producción frutícola de los valles patagónicos.

Del mismo modo, el estudio de factibilidad contempla la posibilidad de incorporar el transporte de pasajeros y potenciar las actividades turísticas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

El avance de este proyecto coincide con los debates nacionales sobre la desregulación del transporte y las propuestas legislativas para reformar la Ley de Cabotaje. La simplificación de los marcos regulatorios para la navegación comercial en los ríos interiores del país es considerada un paso indispensable por el sector privado para viabilizar estas millonarias inversiones logísticas.

La Argentina no necesita apenas una baja aislada de impuestos. Necesita una reforma integral, coordinada y federal del sistema tributario. El problema no es solamente cuánto se paga, sino también la maraña de impuestos, tasas, contribuciones y derechos que se superponen entre Nación, provincias y municipios, encareciendo la producción, la inversión y el empleo formal.

El último Vademécum Tributario de Iaraf muestra la dimensión del problema: en 2026 existen 150 tipos de tributos en la Argentina. De ellos, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Es decir, menos de un tercio del total depende directamente del gobierno nacional. La mayor parte del laberinto tributario está en provincias y municipios.

El dato es todavía más impactante cuando se observa la recaudación. Según Iaraf, apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación tributaria consolidada proyectada para 2026: IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene municipal. Si se suman los cuatro tributos siguientes, se llega al 94% de la recaudación. Tenemos, entonces, un sistema absurdamente complejo, pero con una recaudación fuertemente concentrada.

La conclusión debería ser evidente: no hay ninguna razón económica seria para sostener 150 tributos si un pequeño grupo explica casi toda la recaudación. Esa multiplicación no mejora el financiamiento del Estado. Solo aumenta los costos de cumplimiento, la litigiosidad, la discrecionalidad, la informalidad y la corrupción.

El gobierno nacional ya avanzó en una parte relevante del camino. En términos recaudatorios, lo más costoso para la Nación fue la desaparición del Impuesto PAIS y la reducción de derechos de exportación. A eso se suman bajas de aranceles de importación y la eliminación o reducción de impuestos internos. Son medidas que alivian costos sobre exportaciones, importaciones, consumo, producción e inversión.

Pero allí aparece una paradoja típica del federalismo fiscal argentino. Cuando la Nación baja impuestos o costos que no son coparticipables, asume el costo fiscal directo. Sin embargo, si esa baja genera más actividad, más producción, más comercio y más empleo formal, aumenta la recaudación de impuestos coparticipables, como IVA y Ganancias, de la cual también participan las provincias.

En otras palabras: la Nación hace buena parte del esfuerzo inicial, la economía reacciona y las provincias también capturan parte del beneficio. Pero muchas provincias no hacen un esfuerzo equivalente sobre sus propios impuestos distorsivos. Mantienen Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas que castigan la producción y el empleo. Y los municipios agregan tasas que muchas veces no son verdaderas tasas, sino impuestos encubiertos.

La misma lógica aparece en el alivio impositivo incluido en la reforma laboral. Iaraf estimó que el texto aprobado por el Senado tenía un costo fiscal directo inicial anual de 0,47 puntos del PBI: 0,41 puntos correspondían a la Nación y 0,06 puntos a provincias y CABA. Dicho de otro modo, alrededor del 87% del alivio fiscal directo recaía sobre la Nación y solo el 13% sobre provincias y CABA. Iaraf aclara, además, que se trata de un costo fiscal directo inicial, porque la baja de alícuotas puede generar más formalización y, por lo tanto, ampliar la base imponible.

Este punto es central. Si la reducción de impuestos y costos laborales mejora la actividad, la inversión y la formalización, el efecto Laffer puede empezar a operar: una menor carga sobre la economía puede terminar generando una base imponible más grande. Pero para que ese efecto sea pleno, el esfuerzo no puede quedar concentrado solamente en la Nación. Debe ser acompañado por provincias y municipios.

El caso más claro es Ingresos Brutos. Es uno de los peores impuestos argentinos: grava en cascada, se acumula a lo largo de toda la cadena productiva, encarece exportaciones, penaliza la especialización y castiga a las empresas que más etapas productivas integran. Es un impuesto contra la productividad. Si queremos más inversión, más empleo y mejores salarios, debe ser reducido y reemplazado gradualmente por tributos más simples y menos distorsivos.

También hay que ordenar el universo municipal. Una tasa debería corresponderse con un servicio concreto, individualizable y efectivamente prestado. Si un municipio cobra una “tasa” sobre la facturación de una empresa, sobre publicidad, combustibles o actividades que no implican una contraprestación específica, no estamos ante una tasa: estamos ante un impuesto disfrazado. Eso debe terminar.

La reforma tributaria también debe corregir un problema institucional de fondo: la separación entre quien recauda y quien gasta. Durante décadas, la Argentina consolidó un sistema en el que la Nación recauda buena parte de los principales impuestos, mientras las provincias ejecutan una porción sustancial del gasto. Esa desconexión debilita la responsabilidad fiscal. Todos quieren gastar, pero pocos quieren hacerse cargo del costo político de cobrar.

Por eso hay que avanzar hacia una mayor correspondencia fiscal. Una alternativa sería dividir el IVA en dos componentes: una parte nacional uniforme —por ejemplo, 9,5%— y una parte provincial definida por cada provincia. Así, cada jurisdicción debería hacerse responsable ante sus ciudadanos del nivel de impuestos que decide cobrar y del gasto que decide realizar.

Eso permitiría una verdadera competencia fiscal entre provincias. Las que quieran gastar más deberán explicar por qué cobran más. Las que quieran atraer inversión, empleo y talento podrán bajar impuestos y mostrar mejores resultados. El federalismo real no consiste en recibir fondos automáticos sin responsabilidad; consiste en tener autonomía, pero también rendir cuentas.

La próxima reforma tributaria debe ser, entonces, un pacto federal de simplificación y alivio fiscal. Nación, provincias y municipios deben eliminar tributos inútiles, reducir impuestos distorsivos y ordenar las tasas municipales. No se trata de desfinanciar al Estado, sino de financiarlo mejor: con menos impuestos, más simples, más visibles y menos dañinos para la producción.

La Argentina no necesita 150 tributos. Necesita un sistema que recaude sobre una economía más grande, más formal y más libre. El objetivo no es recaudar menos por capricho; es recaudar mejor, con menos daño y con más crecimiento.

El espíritu de la Selección Nacional nos recuerda que cuando los argentinos jugamos juntos, podemos ganarle a cualquiera. Ese mismo espíritu debería unirnos ahora para exigirles a gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales que cumplan su parte del esfuerzo. La Nación ya empezó. Ahora les toca a las provincias y a los municipios.

Porque bajar impuestos no es regalarle nada a nadie. Es devolverle oxígeno a quienes producen, trabajan, invierten y sostienen todos los días a la Argentina real.

El autor es Director General de la Fundación Libertad y Progreso