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Karina Milei desafía al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y prepara una agenda reformista en la Legislatura

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Fue sugerente una de las consignas que dejó Karina Milei cuando el viernes pasado presidió una reunión junto a referentes porteños de La Libertad Avanza: la Ciudad no será territorio de negociación con el PRO para el 2027 y se buscará ganar la Jefatura de Gobierno con candidatos puros.

Se trata de un terreno pantanoso para los libertarios porque si comienzan a disputar abiertamente con el macrismo al interior de CABA, es probable que el espacio amarillo tenga incentivos de hacer lo mismo con las adhesiones de sus legisladores en el Congreso Nacional. Pese a todo, altas fuentes del partido nacional afirman que la decisión está tomada.

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La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y principal armadora en el distrito, Pilar Ramírez, publicó el mes pasado un tuit que pareció marcar la estrategia de su espacio de cara a este año: “La Ciudad tiene que avanzar a la velocidad del país”. Es decir, la impronta reformista que se plantee desde la Casa Rosada prevé tener correlación al momento de presentarse propuestas en la Legislatura.

El viernes pasado se convocó a los senadores, diputados y legisladores electos por la Ciudad para reunirse con Karina Milei y Pilar Ramírez. También estuvo en ese encuentro la jefa de bloque en la cámara alta, Patricia Bullrich, que obtuvo el aval implícito de la hermanísima para comenzar a armar en el territorio porteño para una eventual candidatura a la Jefatura porteña.

Parte del equipo libertario en la Legislatura

Tres legisladores que estuvieron en las oficinas que La Libertad Avanza tiene en Avenida de Mayo dieron fe de que se habló principalmente de coordinar las agendas legislativas de la Nación y la Ciudad. “El objetivo es que haya un sentido en las presentaciones de los proyectos en cada uno de esos ámbitos”, describió uno de ellos. Otra dirigente marcó que se habló de la hoja de ruta de los proyectos que se impulsarán hacia la primera y segunda parte del año. “Tenemos un cronograma con todo planificado”, aseguran.

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El presidente Javier Milei anunció en redes el envío de su proyecto de reforma electoral, que incluye, entre otras cuestiones, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Ficha Limpia, la iniciativa para que condenados en segunda instancia por delitos dolosos no puedan candidatearse para cargos electivos.

Minutos después, Ramírez dijo que también impulsará estos dos aspectos para la Ciudad. “Ya los presentamos y los vamos a defender. Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de impunidad”, asestó.

Las últimas elecciones legislativas de la Ciudad tuvieron una sola instancia luego de que Jorge Macri enviara en febrero del año pasado la suspensión de las PASO. En diálogo con LN+, el jefe de Gobierno porteño marcó que tomó esa decisión porque consideraba que no se justificaba unas primarias en unos comicios de medio término. Bajo ese razonamiento, marcó que creía necesario que se mantengan las PASO de la Ciudad para el año próximo.

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El mileísmo porteño tiene diferentes lecturas a nivel interno sobre cuándo puede ser un momento preciso para avanzar con la reforma electoral. Un legislador afirmó que se va a buscar tratarlo en comisiones en las próximas semanas, mientras que uno de sus pares opinó que “todos van a esperar a lo que suceda en Nación”. La suspensión de las primarias implicó en 2025 un ahorro aproximado de $ 20.000 millones, según cifras esgrimidas por quienes votaron el proyecto macrista en ese entonces. El mileísmo va a utilizar ese argumento para justificar su proyecto medida.

De cualquier manera, en las filas de Ramírez esperan impulsar en el corto plazo una reforma en la Ley de Comunas para bajar de 105 a 15 la cantidad de integrantes de las Juntas Comunales, una reducción del 85%. Esto implicaría que en vez de elegirse siete personas por comuna, solamente se seleccione a una.

Karina Milei junto a legisladores nacionales y porteños de La Libertad Avanza de CABA el último viernes

En el corto plazo, La Libertad Avanza tiene intenciones de poner en agenda una discusión para impulsar un Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) similar al que logró sancionarse semanas atrás en el Congreso pero adaptado para el caso porteño. La novedad es que esto no desagrada en sectores del peronismo porteño y, cuanto menos, mostraron disposición para debatir alternativas. Más lejano es el caso del RIGI porteño que presentó el mileismo a comienzos de año.

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Los libertarios continúan con la intención de eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), bajo la excusa de que el organismo estaba sobredimensionado y que debe reorientarse políticamente. Esto no tiene adhesiones mayoritarias en la Legislatura y no corre con posibilidades de prosperar. En ese mismo combo había sido presentada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad para limitar el financiamiento del banco a obras sociales para favorecer el acceso a la vivienda; pero esto perdió inercia luego de que Macri anunciara una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Para los próximos meses quieren dar discusión en materia de endurecimiento de los delitos contravencionales, así la implementación del silencio administrativo positivo en la Ciudad. Esto último quiere decir que ante una falta de respuesta de la Administración Pública en cierto plazo, se interpreta como la aprobación automática de una solicitud ciudadana. También está en ciernes el impulso de una ley de inocencia comercial, el cual trae facilidades para que los comercios puedan comenzar a operar durante los trámites de habilitaciones, entre otros aspectos.

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Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo

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El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.

Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.

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El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).

“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.

Horacio Guevara, el nuevo superintendente de Servicios de Salud. (Foto: Ministerio de Salud)

Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.

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Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud

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Renunció el superintendente de Servicios de Salud y el Gobierno ya designó al reemplazante

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Claudio Stivelman, hasta hoy titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), renunció al cargo, y fue reemplazado por Horacio Guevara, quien desde agosto último ocupaba la Gerencia General del organismo. Guevara se convierte así en el cuarto titular del área, en la administración libertaria.

La información del cambio de autoridades fue confirmada por el organismo, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, a través de un comunicado difundido esta tarde.

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De acuerdo al comunicado, Stivelman presentó su dimisión “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”. Estaba en el cargo desde junio del año pasado y antes había ocupado la gerencia general.

Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, Guevara asumió hace poco más de un mes como segundo del organismo, proveniente del sector privado. Es ingeniero y con pasado en la gestión del sistema de salud privado. Durante más de una década se desempeñó como Director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, y pasó por distintas áreas.

La salida de Stilveman no sorprendió, según contaron fuentes oficiales. Y de hecho reconocían que poco después de la llegada de Guevara prácticamente comenzó una suerte de transición con Stivelman, hombre de extrema confianza de Lugones, desde hace años. Parte de las fuentes consultadas daban cuenta del “desgaste” que genera estar al frente de un área como la SSS para explicar su decisión de dejar el área.

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Según informaron desde el organismo en su comunicado, Guevara “dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”.

En tanto destacaron que durante la gestión de Stivelman, “se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad de la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”.

Stivelman fue el tercer titular de la SSS, luego de la renuncia, en 2025, del segundo titular del área, Gabriel Oriolo. En ese momento se habló de “motivos personales”, para explicar su dimisión y su reemplazo Stivelman, que al igual que Guevara, ocupaba la gerencia general en ese momento.

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Oriolo, a su vez reemplazó a Enrique Rodríguez Chantore, que venía de las filas de PRO, estuvo 45 días en el cargo.




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Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.

El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.

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La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.

El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.

También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.

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La acusación incluyó entre los bienes investigados la compra de una moto Harley Davidson en 2010, además de vehículos, inmuebles y otras inversiones que la PIA atribuyó al crecimiento patrimonial de Ricardo Garione (Foto ilustrativa: REUTERS/Andrew Kelly)

El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.

La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.

Los supuestos testaferros

De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.

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Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.

Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.

En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.

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El requerimiento de elevación a juicio contra Ricardo Oreste Garione y otros cinco imputados fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello (Adrián Escandar)

Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.

Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.

Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.

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Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.

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