La reforma electoral que el presidente Javier Milei envió al Senado tuvo su primera definición clave por parte de uno de los sectores aliados que resultan determinantes para el oficialismo. La UCR, encabezada por Eduardo Vischi, dejó en claro que rechaza la eliminación de las PASO, aunque propone transformarlas en optativas.

“Primarias abiertas, simultáneas y optativas, en ese marco, el voto dejaría de ser obligatorio para la ciudadanía y se eliminarían las sanciones o cargas públicas por no concurrir a votar”, señalaron en el radicalismo.

La postura del partido centenario complica la estrategia de La Libertad Avanza, que necesita construir mayorías para avanzar con su objetivo central: eliminar las elecciones primarias. El bloque radical cuenta con diez senadores y tiene incidencia sobre otros espacios cercanos, como el PRO.

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“No buscamos eliminar las PASO, nos parecen una herramienta positiva, que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación, pero sí observamos que, para los casos en que no hay competencia interna entre candidatos, podrían evitarse”, señaló Vischi.

El legislador agregó: “el Estado tiene la responsabilidad de garantizar procesos electorales transparentes, eficientes y legítimos. Con esta propuesta buscamos un equilibrio entre el derecho a la participación y la necesidad de administrar adecuadamente. Elegir es nuestro derecho y seguirá siéndolo, pero debemos cuidar los recursos de todos haciendo un uso eficiente de ellos”.

El proyecto de reforma

La iniciativa del Gobierno propone, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la ley de Boleta Única de Papel (BUP) y la implementación de Ficha Limpia.

El proyecto, de 79 artículos, también establece el fin de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta entre los legisladores nacionales, respetando la proporción de cada fuerza en el Congreso.

Como todo cambio en materia electoral, la iniciativa requiere mayoría absoluta: al menos 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

La estrategia del oficialismo

La mesa política de la Casa Rosada se reunirá este lunes, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Participarán también la senadora Patricia Bullrich, el titular de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para definir los pasos a seguir en el Congreso.

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Tras el envío del proyecto, desde el Gobierno argumentaron “la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 les costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”. “De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los partidos políticos”.

En la búsqueda de consensos, Santilli tuvo un rol activo en los últimos días. Se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien impulsa la suspensión de las PASO en esa provincia para el próximo calendario electoral. También mantuvo encuentros con legisladores nacionales libertarios de Neuquén.

“Estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Argentina necesita orden, reglas claras y un Estado que no asfixie a quienes producen y trabajan. Desde el Congreso acompañamos las reformas del Ejecutivo porque son necesarias para que el cambio sea real y duradero. Neuquén y todo el país van a crecer, y en ese sentido estamos avanzando”, dijo la senadora Nadia Márquez.

Rechazos desde la oposición

Los bloques de Unión por la Patria en Diputados y del peronismo en el Senado anticiparon su rechazo a la eliminación de las PASO. Las bancadas que encabezan Germán Martínez en la Cámara baja y José Mayans en la Cámara alta mantienen una postura unificada frente a la reforma.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola cuestionó el proyecto y sostuvo que, “la reforma electoral que (Javier) Milei anuncia como ‘el fin de la joda’ apunta a un reordenamiento autoritario del régimen político cuando su propio gobierno está atravesado por la corrupción y las internas. No es una reforma ‘técnica’: la eliminación de las PASO, los nuevos requisitos para los partidos, los pisos electorales más altos con pérdida de personería son un mecanismo para reducir la participación política y limitar la intervención de las fuerzas que no respondemos a los bloques tradicionales. Es un intento de restringir la competencia en un momento donde crece el cuestionamiento social”.

El debate ya quedó instalado en el Congreso, aunque en la oposición esperan definiciones del oficialismo para avanzar con el tratamiento. En ese escenario, Patricia Bullrich ya advirtió a la Casa Rosada sobre las dificultades para alcanzar la mayoría absoluta en el Senado, el piso de 37 votos necesarios para avanzar con la reforma.

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Con la disputa por la provincia de Buenos Aires en el horizonte, La Libertad Avanza bonaerense, a cargo del armador Sebastián Pareja, convocó a una actividad de formación para militantes, en el marco de los planes diseñados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para potenciar los planes reeleeccionistas del presidente Javier Milei, y en medio de las diferencias internas, hizo extensiva la invitación a los legisladores de las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

La idea del espacio es presentar el programa del ciclo lectivo 2026 correspondiente a la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) con la participación del dirigente y referentes de los 135 distritos provinciales. Se da además a días de que la menor de los Milei activara contactos con gobernadores aliados para trazar los primeros acuerdos electorales con miras al año próximo.

La actividad que contará con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, el candidato natural del oficialismo para competir por la gobernación en 2027, tendrá lugar este sábado a las 15 en un salón de eventos ubicado en la ciudad de Suipacha correspondiente a la Primera Sección Electoral de la provincia.

Desde su desembarco en el Gabinete, el funcionario se ganó la confianza de la titular de la fuerza que lo sumó a la mesa electoral que activó en los últimos días y tuvo su primer intercambio con los aliados Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en presencia del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Si bien en un primer momento estuvo pensada la posibilidad de que el presidente Javier Milei diera asistencia, por cuestiones de agenda no participará de la convocatoria. Por estas horas, aún resta la confirmación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la actividad que aspira a “consolidar la organización territorial y fortalecer la preparación de los equipos con el objetivo de gobernar la provincia en el 2027″.

El evento constará de dos parte, la primera estará marcada por un discurso de apertura, a cargo del diputado Sebastián Pareja, quien además es coordinador territorial y director honorífico de la escuela, que se mostrará acompañado por la directora general de la organización, la diputada Miriam Niveyro y por el senador provincial Luciano Olivera. Se espera que su discurso gire en torno a la necesidad de potenciar la formación militante para afrontar la tarea de disputarle la provincia de Buenos Aires al actual gobernador Axel Kicillof.

Durante la jornada, que se prevé extensa, tendrá lugar una segunda instancia con una dinámica de mesa de coordinación en la que habrá capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial. Participará de la instacia formativa el intendente de Tres Febrero en uso de licencia y actual senador provincial, Diego Valenzuela, otro de los que apunta su nombre para la carrera por la gobernación.

Asimismo, habrá una presentación de los equipos técnicos y los programas de formación municipal de la institución que se creó hace cinco años.

En el campamento libertario aseguran que la iniciativa busca “formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual”, con especial énfasis en la batalla cultural, la “eficiencia” del Estado y la representación del ciudadano en cada distrito. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho.

Pese a que desde el equipo bonaerense aclaran que no se trata de un encuentro de campaña, la convocatoria busca dar una muestra más de músculo político en territorio opositor, por lo que la presencia del exlegislador Diego Santilli no es casual. Es que Kicillof figura en la plana nacional como uno de los principales referentes de la oposición camino a las presidenciales de 2027, y es el elegido por la Casa Rosada, incluso por el propio mandatario, para polarizar.

En medio de las tensiones internas, Pareja le pidió al futuro jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura boanerense, Juan Osaba, a la espera de la oficialización de su nuevo rol en la próxima sesión, que convocase a la totalidad de la bancada, lo que incluye a los referentes de las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, futuro Vicepresidente, y Nahuel Sotelo. También a los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Santiago Santurio y Joaquín Ojeda, quienes responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Referentes provinciales del PRO como el diputado Cristian Ritondo o el senador bonaerense Guillermo Montenegro no participarán de la instancia de formación debido a que se trata de una convocatoria partidaria de La Libertad Avanza. “Cuidamos el rancho amarillo”, sostienen desde el entorno de uno de los mencionados.

En una decisión que marca el cierre de una de las primeras fases de la investigación judicial sobre el destino de fondos estatales en el programa Potenciar Trabajo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, resolvió elevar a juicio oral la acusación de administración fraudulenta contra Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero, atribuida como parte de una operatoria que habría provocado un perjuicio superior a $49.417.301 a la administración pública nacional.

El expediente, centrado en la presunta emisión de facturación apócrifa a través de la sociedad Coxtex SA, involucra maniobras que los acusadores plantean como parte de un esquema profesionalizado para el desvío de recursos asignados a unidades de gestión del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, según surge del documento judicial al que accedió Infobae.

En otro tramo de la pesquisa, Eduardo Belliboni y otros dirigentes de esa agrupación piquetera de izquierda ya fueron procesados, y la causa enviada a juicio oral por los presuntos delitos de de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: se señaló que hay pruebas suficientes para sostener que el dirigente de la organización desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.

Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma -Rumbos- que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.

Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” son los otros delitos que se investigan en este expediente.

La nueva resolución de Casanello revela que la elevación a juicio fue requerida de manera unánime por el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción, la Fundación Poder Ciudadano y la Unidad de Información Financiera, quienes presentaron los hechos y los elementos probatorios reunidos en la instrucción.

Además del detalle de la maniobra, el fallo incorpora un dato relevante hasta ahora poco difundido: las investigaciones se apoyaron en información digital forense extraída de los teléfonos de los imputados, la cual incluye mensajes que dan cuenta de una coordinación sistemática destinada a la creación y utilización de sociedades fantasma.

Las pruebas reunidas por la fiscalía y las querellas acreditan, con el grado de certeza propio de esta etapa procesal, la existencia de una “matriz delictiva” en el interior del Polo Obrero. Según el requerimiento de elevación consignado en el expediente el 13 de noviembre de 2025, entre junio de 2020 y marzo de 2024 se desviaron recursos otorgados en calidad de subsidios institucionales al amparo de convenios celebrados tanto por la Asociación Civil Polo Obrero como la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, ambos integrados al programa Potenciar Trabajo de la entonces Secretaría de Economía Social.

En total, el Estado transfirió $361.087.500 a ambas entidades a través de siete desembolsos bancarios concretados entre agosto de 2020 y enero de 2023. De ese monto, señalaron los acusadores, al menos $49.417.301 fueron desviados de su finalidad pública mediante la presentación de facturas falsas generadas, entre otras, por la firma Coxtex SA, creada y manejada por Kebleris y Rivero. El circuito de desvío contempló la emisión de dos facturas por un total de $5.459.418 con fecha 4 de octubre de 2021, acompañadas por recibos detallados de cheques que nunca ingresaron a la firma emisora, sino que fueron endosados y cobrados por otras empresas.

Detalles exclusivos de la causa

La resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 que elevó parcialmente a juicio oral expone con detalle un engranaje que, según el magistrado, funcionó de manera sistemática: la creación y utilización de empresas fantasma para emitir facturación apócrifa y justificar gastos inexistentes.

En el centro de esa operatoria aparecen las comunicaciones extraídas de los celulares de los imputados, que —según el fallo— permiten reconstruir no solo hechos puntuales, sino el funcionamiento de un verdadero “servicio” de sociedades ficticias.

Uno de los aspectos más llamativos de la resolución es cómo los mensajes muestran la existencia de una oferta activa de empresas según la necesidad del cliente. En uno de los intercambios, se consulta directamente por la factibilidad de conseguir firmas específicas. “Posibilidad de conseguir una sociedad minera”, se pregunta. Y también: “Alguna sociedad que haya sido proveedora del Estado o sea proveedora del Estado”, se lee.

Para el juez, este tipo de mensajes evidencia que las sociedades no tenían una actividad real, sino que eran construidas y ofrecidas como herramientas para operaciones irregulares.

Otro eje clave de la maniobra era la utilización de personas en situación de vulnerabilidad como titulares formales de las empresas. Las conversaciones muestran cómo se organizaba ese proceso: “Tenemos que empezar a armar, pero bueno, hay que conseguir la gente, ¿me entendés? (…) Eso, la semana que viene, porque se me va de vacaciones el que me los trae, los regentea (…) De última, le digo que mande los pibes solo y listo”.

El fallo interpreta este fragmento como una prueba directa de un sistema organizado de captación de prestanombres, incluso con intermediarios dedicados a proveer personas para ese fin.

Lejos de tratarse de hechos aislados, los chats reflejan una estructura planificada y escalable. En otro mensaje se habla explícitamente de la creación masiva de empresas: “Vamos a hacer once sociedades, ya ahí estuvimos juntando a la gente para hacer once sociedades…”.

Además, se observa una logística pensada para sostener la operatoria: “Voy a conseguir los teléfonos, te dejo otro y ya los tenés guardados vos para esto (…) empezamos a armar”.

Para el juez Casanello, estos elementos confirman la existencia de una “práctica regular y coordinada” en la generación de estructuras ficticias.

Los mensajes también revelan que los imputados mantenían el control real de las sociedades, incluso después de su constitución formal. En un audio citado en la resolución, se hace referencia a la administración de varias firmas: “Ani, ahí te paso las empresas que ya les vamos a dar de baja (…) después ya te digo cuando le doy la baja así le mostrás”.

Esto refuerza la hipótesis de que los titulares formales no tenían intervención real, y que las decisiones operativas —altas, bajas, facturación— eran manejadas por detrás.

El rol de las empresas en la maniobra

Según la investigación, firmas como Coxtex SA y otras vinculadas —entre ellas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL— fueron utilizadas para emitir facturas falsas que justificaban gastos en el marco de convenios con el Estado.

Esas facturas, sostiene el fallo, simulaban compras de bienes como notebooks, software o equipamiento, pero en realidad servían para encubrir el desvío de fondos públicos hacia otros destinos.

Las comunicaciones analizadas muestran que los imputados:

• Decidían cuándo y a quién facturar
• Coordinaban la emisión de comprobantes
• Ofrecían las sociedades a terceros interesados en operar fuera del circuito formal

A partir del conjunto de pruebas, el juez concluye que no se trataba de acciones aisladas, sino de un esquema sostenido en el tiempo. En palabras de la resolución, las conversaciones evidencian “una práctica regular y coordinada de creación de estructuras ficticias mediante prestanombres”. Y describen a los imputados como “facilitadores profesionales”.

La causa, ahora elevada a juicio en este tramo, pone bajo la lupa no solo el destino de los fondos públicos, sino también la existencia de un circuito paralelo basado en sociedades de papel, diseñado para dar apariencia de legalidad a operaciones inexistentes.

La defensa de Leandro Gastón Kebleris, a cargo de Hernán Domingo Del Gaizo, propuso el sobreseimiento argumentando que su cliente no había emitido las facturas imputadas, sino que esta acción habría sido realizada desde una IP asociada a un tercero, Brian Andrés De Giambattista. Paralelamente, ofreció una reparación del daño, propuesta rechazada por el tribunal y confirmada posteriormente por la Cámara.

Por su parte, la defensa de Gabriela Anahí Rivero, ejercida por Sebastián Canessa, solicitó la nulidad del requerimiento fiscal por falta de fundamentación y ausencia de pruebas que la vincularan a Coxtex SA. Alegó que su asistida figuraba solo como autorizada para hacer trámites societarios, que nunca había ejercido esa facultad, y que la inclusión de su nombre en los estatutos no implicaba intervención ni conocimiento de la operatoria ilítica.

Asimismo, reprochó la valoración de mensajes y audios aportados por la fiscalía, destacando que, a su juicio, reflejaban únicamente actividades propias de una gestora societaria y que no contenían instrucciones de ningún tipo hacia la empresa ni relación con el desvío de fondos.

El juzgado desestimó los planteos defensivos y las solicitudes de nulidad. Argumentó que la acusación fiscal respondió a todas las exigencias legales, incluyendo la individualización de hechos, la descripción de pruebas y la exposición de fundamentos jurídicos, y rechazó que las diferencias respecto a la valoración de la prueba constituyeran un vicio procesal. En palabras textuales, la resolución afirma: “Un acto no puede ser reputado como válido o nulo en función del grado de coincidencia con la postura de la defensa. Lo que el tribunal debe evaluar es que satisfaga los requisitos legalmente previstos, circunstancia que aquí se encuentra verificada”.

De hecho, las pericias e información aportadas por la Inspección General de Justicia confirman que Coxtex SA fue constituida en octubre de 2020 por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Soledad Vega, personas identificadas por la instrucción como “prestanombres” reclutados y remunerados por Rivero y Kebleris. Los acusadores precisaron que la empresa no tenía actividad comercial genuina, bienes, ni movimientos bancarios y fue calificada por AFIP como “usina de facturación apócrifa” en noviembre de 2020.

Las comunicaciones analizadas entre Rivero y Kebleris, extraídas de sus dispositivos y señaladas como prueba central por la fiscalía, demuestran que ambos ejercían “el control y la administración de la sociedad de manera encubierta”, y que actuaban dentro de una estructura organizada.

El fallo, sostiene: “Los nombrados crearon y administraron la empresa pantalla Coxtex SA mediante el reclutamiento y el pago de las personas que figuraban como socios formales (…) y la pusieron a disposición de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor para la emisión de facturas apócrifas, simulando una actividad real inexistente a fin de ser presentadas ante el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

El dictamen judicial establece que la instrucción está clausurada parcialmente respecto de Kebleris y Rivero, quienes enfrentarán el proceso oral y público con la calificación señalada.

La resolución explicita que la elevación a juicio se decide por la existencia de “pruebas objetivas que autorizan a presumir fundadamente la responsabilidad atribuida” y para “garantizar que el eventual juicio contradictorio sea desplegado en forma eficaz”.