El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, tendrá que enfrentar dos procesos judiciales más por corrupción en los próximos meses. El ex mandatario provincial está alojado desde la semana pasada en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Allí cumplirá la condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública. Vueltas de la vida: la cárcel se construyó en su primer mandato (2007-2011) y se refaccionó al final del segundo (2011-2015).

Una de las causas contra el ex embajador de Alberto Fernández en Israel y Chipre es por negociaciones incompatibles con la función pública. Este expediente ya se elevó a juicio y espera fecha de audiencia.

La Justicia puso bajo la lupa si durante la gestión de Urribarri se favoreció a la empresa Relevamientos Catastrales. La vinculación entre el Estado provincial y la firma se habría extendido durante varios años bajo distintas modalidades: licitación de software, addendas, prórrogas y contratación directa.

En todas, según la pesquisa, se habrían pagado sobreprecios y salteado controles administrativos. La sospecha es que se utilizaron mecanismos para, en un doble movimiento, favorecer la empresa y generar perjuicio económico al Estado.

La acusación también sostiene la hipótesis de que Urribarri y los demás implicados recibían pagos directos de Relevamientos Catastrales. Los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, adelantaron que pedirán diez años de prisión.

Durante la semana pasada, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos cerró la última puerta para frenar el comienzo del juicio. El órgano rechazó la impugnación extraordinaria federal que había promovido la defensa del exmandatario. La intención de los abogados de Urribarri era que la Corte se expida sobre aspectos formales del proceso investigativo.

La otra causa

La denuncia por enriquecimiento ilícito se presentó en diciembre de 2015. La promovieron dos abogados radicales: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Como base, se tomó una investigación de la revista Análisis. Urribarri había dejado la gobernación unas semanas antes. Y se había instalado en la Legislatura como presidente de la Cámara de Diputados.

La acción penal gira en torno a que el patrimonio de Urribarri creció durante su gestión más de lo que sus ingresos declarados permiten justificar. Según estimaciones de la Fiscalía, el acusado se habría enriquecido en una cifra cercana a los USD 7 millones.

El expediente tuvo distintos vaivenes durante la última década. La Fiscalía cerró la investigación en 2025. Y en marzo de este año comenzaron las audiencias para elevar a juicio el caso.

Los defensores cuestionaron la validez formal del procedimiento. Esas presentaciones demoraron el proceso, que se retomará a mediados de octubre. Cuando esa etapa concluya, el caso quedará en condiciones de ser llevado ante un tribunal.

El tercer caso

Urribarri también está mencionado en un esquema de presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura. Se trata de un mecanismo similar al que utilizó Julio “Chocolate” Rigau en la provincia de Buenos Aires.

La operación implicaba que un grupo de personas cobraba el dinero. Luego, pasaba a un estudio contable responsable de administrarlo. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política.

Según la Fiscalía de Estado, el monto de la defraudación que se habría producido entre 2008 y 2018 ascendería a $392 millones (a valores históricos).

Esta causa tuvo una primera etapa donde se juzgará a los supuestos responsables operativos del proceso. Uno de ellos es Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Esta fase se conoce como “Contratos I”.

La segunda, en la que se pone en foco a los presuntos autores políticos, es donde está mencionado el exgobernador. Se la llama “Contratos II”. El cargo es “peculado imprudente o doloso”. La pena máxima es una multa. Es decir: no incluye la prisión como sanción.

Para poder acusar a Urribarri y los otros implicados por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que el daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.

Luego, se deberá corroborar que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produjera el desfalco. El ex gobernador ya fue notificado de este tercer proceso y designó su abogado defensor.

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La Cámara Federal de San Martín dejó firmes dos decisiones del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que involucran a la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviginno.

Los jueces ordenaron el cese de la custodia policial y una nueva tasación de la propiedad, los autos de lujo y el resto de los bienes hallados en el lugar. El inmueble, de unos 105.000 metros cuadrados, figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte, apuntados como presuntos testaferros del tesorero.

La Fiscalía había impugnado el retiro de la custodia, pero la Cámara rechazó ese planteo. Los magistrados Juan Pablo Salas y Alberto Lugones también convalidaron que se establezca el valor de mercado del predio y de los bienes relevados. Según la investigación, el predio cuenta, además de la casa, con un haras, un helipuerto y una flota de vehículos de alta gama y de colección.

La defensa de Pantano y Conte se opuso a que la valuación quede exclusivamente en manos de la Justicia y pidió la intervención de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), pero González Charvay no hizo lugar a ese pedido e invitó a las partes a proponer peritos. La Cámara Federal respaldó ese criterio y consideró que “no se verifica en el caso la vulneración de garantías de raigambre constitucional ni la existencia de un gravamen actual que amerite hacer lugar a su pretensión”.

La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con una operación de semejante magnitud y que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA.

Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia

• La causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia, se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
• El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA.
• Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
• La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.
• Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.

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