POLITICA
La Cámara de Casación quedó en condiciones de definir quién debe investigar a la AFA
La Cámara de Casación Penal quedó en condiciones de definir qué juzgado debe investigar a los verdaderos dueños de la mansión de Pilar que se adjudica a las autoridades de la AFA y, por consiguiente, todas las causas relacionadas con la asociación deportiva.
El fiscal ante la Casación Mario Villar dictaminó que el tribunal sea el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde arrancó el caso. O, en su defecto, el juzgado en lo penal económico N10, ahora a cargo de Verónica Straccia.
La defensa de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, dueños de la sociedad real Central, titular de la quinta valuada en 20 millones de dólares, quieren que la causa quede en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.
Ambas posiciones quedaron expresadas tras la audiencia de hoy realizada ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Ahora los magistrados ya se encuentran en condiciones de decidir sobre la competencia, que arrastra al resto de las causas contra la AFA, excepto el caso de evasión y apropiación de aportes patronales que tramita en la Justicia en lo Penal Económico y va más avanzado.
El fiscal y los defensores formularon presentaciones escritas —en sustitución de la audiencia oral— donde expusieron sus argumentos. Villar se remitió en todo al contenido de un dictamen anterior, a través del cual sostenía como hipótesis principal que el expediente debía ser enviado al juzgado de Rafecas.
Como segunda propuesta, planteaba que la causa debía pasar al Juzgado Penal Económico nro. 10, que está vacante y se encuentra a cargo de jueces subrogantes.
Por su parte, la defensa del Pantano sostuvo que el expediente debía permanecer en el Juzgado Federal de Campana.
En el caso se encuentra a estudio el recurso de Casación planteado por la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín que le asignó la competencia a González Charvay.
El argumento que se tuvo en cuenta en ese momento es que el tribunal de Campana tiene jurisdicción territorial sobre el predio de la mansión de Pilar.
En cambio, la fiscalía señala que en el supuesto lavado de dinero que se investiga, la quinta es parte del delito que se habría cometido desde las autoridades de la AFA, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, al menos al momento del hecho.
A partir de hoy, entonces, la Sala I de Casación Federal tiene 5 días hábiles para resolver la cuestión de competencia y decidir qué juzgado debe intervenir.
Dijo el fiscal Villar que el caso del juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay, comenzó sin que existiera ninguna denuncia previa, prevención policial ni requerimiento fiscal.
“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sentenció Villar.
El fiscal dijo que con este correo el juez de Campana habilitó la feria judicial y le dio curso al pedido sin solicitar una certificación completa de la causa original para saber exactamente qué delitos se estaban investigando.
Agregó que en 2021 y 2022, ante una denuncia idéntica por lavado de activos contra Claudio Tapia y la compra de propiedades en la misma jurisdicción bonaerense, González Charvay se había declarado incompetente argumentando que la AFA tenía su sede en la calle Viamonte y que los delitos se habían gestado en la ciudad de Buenos Aires.
“Ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto”, dijo el fiscal.
JUAN MABROMATA – AFP
El fiscal dijo que en esta causa se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.
Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregulares (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de la AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias offshore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA, sostiene el dictamen.
Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol y de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.
Los investigadores sospechan que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercera intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre 2021), y que luego los fondos fueron desviados ilícitamente a sociedades constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
Los investigados son Claudio Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA), María Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera de la AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de la AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de la AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL).
Además, mencionó a Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, una pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre de 2021, entre otros.
Se mencionaron también otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EE.UU. presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche.
La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.
Asimismo, se supo de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).
quedó,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Autos y efectivo: investigan al expresidente de Trenes Argentinos del mileísmo, que habría recibido coimas con el gobierno anterior
Gerardo Boschin, presidente de Trenes Argentinos hasta enero y gerente de compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, es uno de los principales involucrados en el caso de corrupción en la empresa de los satélites que derivó en los allanamientos y la detención de Facundo Leal, el extitular de Arsat al que le descubrieron US$2,35 millones y drogas en sus propiedades.
Boschin figura actualmente como empleado de ambas empresas, tanto Arsat como Operadora Ferroviaria.
Según la investigación a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, Boschin fue el primero en recibir el contacto de los privados que resultaron beneficiados por un contrato de Arsat para proveer un depósito donde debía resguardarse material, arreglado presuntamente con coimas.
Boschin fue el que filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba. También firmó las órdenes de compra. Y, según los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados, fue uno de los funcionarios a los que la firma contratada llevaba dinero en efectivo a las oficinas de Arsat.
La causa FSM1924/2024 se originó en el robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. —ALS—, contratada por ARSAT sin licitación para custodiar infraestructura de telecomunicaciones del Estado. A medida que los investigadores avanzaron sobre los teléfonos secuestrados, el expediente incorporó una línea de corrupción en la contratación que ubica a Boschin en el centro del esquema.
A lo largo de 2021, mientras el proceso administrativo de contratación avanzaba dentro de ARSAT, Boschin mantuvo comunicación con Diego Padilla (vicepresidente de ALS) sobre los pasos internos. El 6 de octubre de 2021, cuando el dictamen jurídico favorable todavía no había salido, Padilla le escribió: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza.” Boschin respondió con una foto de Santiago Pando (el presidente de ALS) en la gerencia de ARSAT y el mensaje: “a mi tb, tu representante no quiere cerrar nada.”
Días después, ante una nueva consulta de Padilla sobre el estado del expediente, Boschin respondió: “Si, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta.” El 26 de octubre, cuando el dictamen jurídico ya estaba firmado, Padilla le escribió a su socio Fernando Paredes: “ya salió lo del depósito de ARSAT. No digas nada porque es off the record.”
El 4 de noviembre, con la firma del presidente de ARSAT en el expediente, Boschin le mandó un audio a Padilla: “oía hermano, buen día, cómo estás?, si, si avanzando, ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada.”
Las órdenes de compra
La firma de Boschin aparece en todas las órdenes de compra relevantes del expediente. Como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT firmó, entre 2021 y 2024: la OC 00009392 por US$18.800 en fletes internacionales (enero 2021), la OC 00009443 por US$919 (febrero 2021), la OC 00010632 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (noviembre 2021), la OC 00010640 por $8.000.000 en alquiler de grúas (noviembre 2021), la OC 00010781 por $8.800.000 en transporte (diciembre 2021), la OC 00010869 por US$136.000 en carga y descarga (enero 2022), la OC 00011811 por $15.000.000 en transporte (julio 2022), la OC 00011843 por US$114.914 en servicio de depósito (agosto 2022), la OC 00012617 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (diciembre 2022) y la OC 00014610 por US$104.000 (diciembre 2023).
El 15 de noviembre de 2021, cinco días después de firmada la primera orden de compra por US$766.099, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline, en el Registro Seccional 13016 de Mendoza.
El 26 de julio de 2023, Facundo Leal —que en ese momento ya era gerente general de ARSAT— le transfirió a Boschin la Volkswagen Amarok Extreme. La fiscalía cruzó esa transferencia con la cronología de las órdenes de compra.
Los pagos en efectivo
El 16 de mayo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla: “Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay.” El destinatario del efectivo identificado en el mensaje es Boschin.
En otro intercambio recuperado de los celulares, Padilla instruyó a los suyos para que sobredimensionaran los servicios contratados y generaran márgenes: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas. Más carga de las grandes. Que inventes.” La fiscalía interpreta esas instrucciones como el mecanismo para inflar el valor de las órdenes de compra y sostener el flujo de retornos.
Otro mensaje, de octubre de 2021, da cuenta de un pago anterior: “¿Te dio la otra carga de 100 lucas?» La respuesta de Padilla fue afirmativa: “Sippp”.
Boschin dejó la subgerencia de Compras de ARSAT y en 2024 asumió como presidente de Trenes Argentinos, la empresa estatal que gestiona los servicios ferroviarios de pasajeros, dentro de la estructura del gobierno de Javier Milei. Renunció en enero de 2025, en simultáneo con otros funcionarios del área de Transporte, cuando el secretario de ese entonces, Luis Pierrini, dejó el cargo. “La banda de los mendocinos”, les decían. Muchos impulsados por Pierrini, que adquirió un repentino poder de la mano de Leonardo Scatturice, el empresario cercano a Santiago Caputo.
Boschin fue allanado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, en dos de Mendoza y en uno de Nordelta. No fue detenido, aunque se secuestraron elementos de interés para la causa.
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Super-RIGI, ley de Lobby y pliegos judiciales: la agenda legislativa que impulsará el Gobierno esta semana
La Libertad Avanza cerró la semana pasada con una batería de proyectos enviados al Congreso: desde el super-RIGI, la ley de Lobby y la ley de Sociedades en Diputados —que busca desregular el régimen societario—, hasta los proyectos de Etiquetado Frontal y de Ludopatía en el Senado.
Todas son iniciativas que, en algunos casos, iniciarán sus debates en plenarios de comisiones, y otras aún no tienen definido su tratamiento. A la vez, en el Congreso se acumulan proyectos que no encuentran consensos, como la Reforma Electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que contiene, entre otros puntos, la eliminación de las elecciones Primarias (PASO) y un capítulo de Ficha Limpia.
Los debates en Diputados
El proyecto de ley del super-RIGI es el punto más urgente en la discusión que encara esta semana el oficialismo. Por tal motivo, tres comisiones llevarán a cabo el próximo miércoles 3 de junio a las 15 el plenario. El mismo será encabezado por Bertie Benegas Lynch, titular de Presupuesto y Hacienda, junto al santacruceño José Luis Garrido, a cargo de Industria, y Martín Yeza (Pro), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El super-RIGI es un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. El proyecto apunta a atraer inversiones en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país, con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad a largo plazo. Está inspirado en el RIGI original creado por la Ley Bases.
En tanto, el debate por el proyecto de ley de Lobby se realizará también este miércoles, pero desde las 14, en la Sala 1 del Anexo. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, lideradas por el oficialismo, será de carácter informativo y se escuchará a diputados que tengan iniciativas sobre el tema. Los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio encabezarán esta reunión.
En el último tiempo presentaron proyectos en este sentido Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal). Ya con mandato cumplido, también impulsaron propuestas meses atrás Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Juan Manuel López.
El proyecto busca establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas, cámaras empresariales, organizaciones y otros actores que intervienen en la discusión de políticas públicas. El esquema toma como referencia regulaciones vigentes en Estados Unidos y la Unión Europea.
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La iniciativa apunta a registrar y hacer públicas las gestiones de intereses ante organismos del Estado, con el objetivo de evitar conflictos de intereses y ordenar la relación entre el sector privado, los intermediarios y los tomadores de decisión.
El objeto del proyecto, según su texto, es: “Establecer los requisitos y procedimientos que rigen las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas o procesos decisorios en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional, con el objeto de garantizar su publicidad, transparencia e integridad”.
Se crea un Registro Público de Gestores de Intereses, que deberá ser de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante funcionarios o legisladores.
Sesión en el Senado
La Cámara de Senadores tiene prevista una sesión para el próximo jueves 4 de junio a las 11, con un temario que incluye el tratamiento de más de 70 pliegos de cargos, entre jueces y fiscales de la justicia federal; el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; y el Acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en 2001 y mantienen litigio contra el país en los tribunales de Estados Unidos.
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Hay polémica por el listado de jueces que se pondrá en consideración del pleno durante la sesión. Por eso, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una comisión de Labor Parlamentaria —que nuclea a los jefes de bloque— para este miércoles, con el objetivo de ordenar el debate del día siguiente. De esa manera, buscan bajar las tensiones que se encendieron en la Cámara alta por los pliegos de magistrados que esperan la ratificación del Senado, como establece la Constitución Nacional.
En lo referido al tratamiento de proyectos en comisiones del Senado, el oficialismo buscará dictaminar la ley Hojarasca, ya con sanción de la Cámara de Diputados, en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, ambos de La Libertad Avanza.
En tanto, los proyectos enviados la semana pasada —como la derogación de la ley de Etiquetado Frontal y la ley de Ludopatía— aún no tienen fecha de inicio de tratamiento en la Cámara alta.
El impacto del Mundial
Pese a que el Mundial empezará a ganar intensidad con el correr de las jornadas, el Congreso inicia una semana intensa de actividad en la previa del torneo de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Los libertarios ya dejaron en claro que se trabajará durante las semanas que dure la competencia. Por eso, ya piensan en sesiones cortas, con pocos temas pero continuas, para la segunda y tercera semana de junio.
Es que, obligadamente, el debate del Acuerdo de Conciliación con los holdouts —que se tratará este jueves en el recinto del Senado— tiene como fecha límite de ratificación parlamentaria el próximo 30 de junio.
El presidente de Diputados, Martín Menem, y la jefa de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich, planean actividades durante gran parte de este mes de junio: recinto, comisiones y encuentros parlamentarios. La idea es mostrar actividad en el Congreso.
Nunca se paralizó la actividad legislativa por una Copa del Mundo, pero sí las autoridades de ambas cámaras miran el fixture del campeonato para no convocar sesiones o plenarios de comisiones durante partidos de la Selección argentina.
sesion, Senado, Diputados
POLITICA
Reglamentaron el nuevo sistema de pago de indemnizaciones incluido en la Ley de Modernización Laboral
Mediante una serie de publicaciones que el Gobierno hizo esta madrugada en el Boletín Oficial, reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que había sido incluido en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año.
Este cambio, implementado a partir de la Ley de Modernización Laboral, modifica el pago de las indemnizaciones y obligaciones laborales a trabajadores debidamente registrados en el sector privado. El decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos.
La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público. Los empleadores deberán constituir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros mediante autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Solo estarán cubiertos los trabajadores que hayan sido registrados en tiempo y forma al menos doce meses antes de la extinción del vínculo.
Para garantizar la finalidad del sistema, la cobertura mínima a constituir estará definida por parámetros de suficiencia, liquidez y diversificación, que serán revisados periódicamente en función del contexto económico y laboral. La autoridad de aplicación establecerá los montos mínimos necesarios para cubrir las obligaciones aún en escenarios de despidos masivos o crisis de empleo.
El procedimiento prevé que cada empleador elija una entidad habilitada por la CNV, abra su cuenta individual y reciba un identificador único (“ID FAL”). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivará las contribuciones mensuales a la cuenta correspondiente, integrando el pago a la declaración unificada de la seguridad social. Si el empleador no informa ID dentro de un mes, la CNV asignará de oficio un fondo o fideicomiso, garantizando la continuidad del sistema y la portabilidad de los recursos.
El empleador deberá declarar y abonar mensualmente la contribución, que será deducible del impuesto a las ganancias y permitirá una reducción equivalente de las contribuciones patronales a la seguridad social, salvo cuando la obligación de contribuir esté suspendida. Las inversiones del fondo estarán limitadas a instrumentos financieros y valores negociados en la Argentina, y la comisión total por administración no podrá superar el uno por ciento anual de los activos.
Cuando suceda una desvinculación laboral cubierta por el FAL, el empleador presentará una declaración jurada electrónica y la entidad habilitada verificará la información bancaria y registral del trabajador antes de transferir la suma indemnizatoria directamente a su cuenta, en un plazo máximo de cinco días hábiles. La responsabilidad sobre el cálculo de la indemnización será siempre del empleador.
El régimen contempla mecanismos de portabilidad para migrar los fondos a otra entidad habilitada, así como reglas para la transferencia de cuentas en casos de reorganización societaria, cesión de personal o transferencia de establecimientos. Los recursos en caso de disolución o extinción de la cuenta serán transferidos al empleador solo si no existen contingencias laborales pendientes, previa verificación de todas las autoridades competentes.
El decreto también prevé sanciones para quienes incumplan la obligación de contribuir al FAL, imponiendo multas y permitiendo la ejecución fiscal por parte de ARCA, mientras que los ingresos por sanciones se destinarán a los subsistemas de la seguridad social. Se declara exento del impuesto a los créditos y débitos bancarios a las cuentas del FAL y se garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos intercambiados entre los organismos.
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