POLITICA
El descargo de Manuel Adorni que generó más dudas en la Justicia y la condición de los intendentes del PJ a Kicillof

A las 12.19 del miércoles, cuando Manuel Adorni llevaba una hora y media leyendo su presentación y empezaba a cerrar su discurso, dijo frente a los Diputados en el Congreso de la Nación: “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío (…) No he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre ni a él ni a Imhouse S.A.”. Se refiere, claro, a aclaraciones sobre la causa inicial que lo puso en el foco de la atención pública cuando se supo que había volado a Punta del Este en jet privado el feriado de carnaval en un vuelo que se supo después había pagado Grandío, un amigo personal dueño de una productora que accedió a contratos con la TV Pública a partir de la llegada de este gobierno al poder.
Las palabras de Adorni hicieron ruido en Comodoro Py donde tramita una causa por negociaciones incompatibles y conflicto de interés porque hay en el expediente siete contratos firmados por Grandío y su productora Imhouse que son uno de los elementos principales de la investigación. Conseguirlos fue una proeza: se pidieron con un oficio judicial sin respuesta, se insistió con un acta de presentación y hasta mandaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a buscarlos sin éxito. Con el paso de los días, la información llegó y es probablemente, una de las preocupaciones principales para el funcionario en este expediente que es menor al lado del de enriquecimiento ilícito.
Son elementos que seguirán su curso en las causas penales mientras el Gobierno avanzará en una decisión que parece irreversible: no sólo sostener sino empoderar a Adorni con la expectativa de que las peores noticias de revelaciones sobre su patrimonio ya pasaron y que el tiempo que lleva el trámite judicial diluya la atención hacia otros lados.
En ese sendero, anunciaron anoche la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, una decisión que no buscará bajar el enfrentamiento con el periodismo pero sí descomprimir una clausura que sólo exponía una decisión arbitraria y peligrosa en términos de libertad de prensa y de expresión. Es incierto el resultado y tiene a varios integrantes del Gabinete inquietos e incómodos. “Adorni está roto. En la calle no hay retorno”, se preocupa un funcionario de primer nivel que participó de la movida de apoyo que se gestó meticulosamente en la previa a la presentación de Adorni en el Congreso. Su reaparición pública era la prueba de fuego que consideran superada y desde ahí sigue este paso a paso que comenzó hoy con su primera entrevista periodística y seguirá con la vuelta de una conferencia de prensa que se supone será el mismo lunes.
En este contexto, hay un dato relevante en esta dinámica con el periodismo que sucedió en las últimas 48 horas en Bariloche. Ahí, en el delicioso hotel Llao Llao, se hizo el foro que reúne a un grupo selecto de empresarios que comenzó con una idea de Eduardo Elsztain -propietario del hotel y del conglomerado IRSA- y que está compuesto por más de cien empresarios -entre ellos Federico Braun de la Anónima, Marcos Galperin de MELI, Migoya de Globant- con una impronta muy marcada sobre la innovación. El evento al que Milei fue invitado, pero no confirmó participación -y mientras leés esto todavía hay expectativa de que aparezca a último momento- tuvo a la reina Máxima como invitada y, por ejemplo, al encargado de la misión de aguas profundas del CONICET que conmovió al país el año pasado. Hubo una decisión de quitarle agenda política a las conversaciones de este año.
La novedad es que además, su consejo fundacional resolvió también esta vuelta retirar la participación y el acceso de los periodistas que hasta el año anterior tenían un funcionamiento limitado (porque el espíritu del Foro es a puertas cerradas) pero sí contaban con una zona de trabajo y un diálogo más fluido con los participantes. El cepo a los periodistas fue a propuesta de Galperin, de afinidad completa con el Presidente, y a pesar de que no hay ninguna obligación en un foro privado de garantizar la cobertura periodística, no deja de llamar la atención.
Gestos
Javier Milei tuvo un road show intenso esta semana con apariciones y discursos en distintos eventos todos concentrados en su discurso económico. En la tradicional cena de la Fundación Libertad, adonde siempre es invitado especial también Mauricio Macri, cada gestualidad era un dato. Entre ellos no hablan ni cruzan mensajes desde aquel último encuentro después de las elecciones de octubre donde Milei le contó sobre el recambio de Guillermo Francos y se terminaron las comidas con milanesa después de un tuit de Macri a la salida del encuentro, cuestionando y blanqueando su propuesta de Horacio Marin, Presidente y CEO de YPF, como alternativa. En estos días alrededor del titular del PRO, recordaban parte de los diálogos de aquella noche: “Ahora estás envalentonado, pero en mayo vas a estar en la misma situación que antes de las elecciones. Desgastado”, fueron las palabras de Macri. “Con Karina no puedo”, le habría dicho el Presidente en referencia a pensar otras alternativas a Adorni como reemplazo de Francos en la jefatura de Gabinete.
Son anécdotas de un vínculo que ya no es.

El expresidente está afuera del país ahora después de días donde también circuló intensamente por eventos de alto perfil. Insiste en no ser él una opción para 2027 pero quién sabe. La noche de la cena de la Fundación Libertad, el gesto más viralizado fue el que existió entre él y Patricia Bullrich con un saludo público en medio de la tormenta de Adorni. No hay entre ellos una reconciliación pero sí un universo de intereses que se tocan. Ella tiene el poder de quedarse con la Ciudad si decide presentarse a jefa de Gobierno tal como tiene previsto Karina -algo que haría desaparecer al PRO-, él podría proveerle contrapeso si Bullrich se tienta con jugar una presidencial, algo que los que la conocen saben que sigue entre sus sueños, sobre todo a la luz de lo que dicen las encuestas. Es algo que naturalmente Karina mira con desconfianza y atención.
En el universo del tablero que controla la hermana presidencial, está sucediendo probablemente la gestión más veloz de la era libertaria. Son las negociaciones para completar las vacantes en el Poder Judicial o para generar nuevas, según convenga. La sala I de la Cámara Federal -que decide sobre las causas de corrupción, como por ejemplo ANDIS- tiene tres jueces, dos de los cuales, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, habían sido parte de los más de 20 traslados firmados en la gestión de Mauricio Macri. Hubo un fallo de la Corte que obligó a que se concursen los cargos de todos esos traslados. Sin embargo, en el kirchnerismo, enojados por los fallos de Bruglia y Bertuzzi contra la corrupción, abrieron sólo un concurso relacionado con sus dos puestos. Por esa razón, los magistrados presentaron una queja en organismos internacionales.
Un ejemplo de esa desigualdad que ayuda a comprender: el padre del ministro de Justicia, Coco Mahiques, ocupa un cargo en la Camara de Casación producto de esos traslados que nunca fue concursado. Todo lo contrario, cumple 75 años en noviembre y el Gobierno ya propuso la prórroga de su mandato.
En el caso de la Cámara Federal, el concurso 461 que busca designar los titulares -en reemplazo de Bruglia y Bertuzzi- había remitido la propuesta de los candidatos al plenario del Consejo de la Magistratura el 7 de febrero de 2022. En la sesión que sucedió un mes después, ninguna propuesta fue aprobada por mayoría. Hubo un último intento el 26 de abril de 2023 que tampoco logró consenso y volvió a consideración de la comisión. Esta semana, tres años más tarde, en un trámite récord, en esa comisión de selección se votaron por mayoría las propuestas alineadas con la selección del Gobierno.
Esa sala de la Cámara Federal tiene un tercer juez, el experimentado Martín Irurzún que cumple 75 años en julio y que no tuvo aval del Gobierno -como sí lo tuvo Mahiques padre- para que propongan la prórroga. La sala I tiene intervención en la causa ANDIS que tanto preocupa a la Rosada. ¿Es cierto que el juez recibió una visita del Gobierno para transaccionar su voluntad por la prórroga? El encuentro terminó mal. Llegó hasta algunos despachos de la Corte la versión, donde empieza a crecer una convicción, entre algunos de sus integrantes, de dar una respuesta más contundente a algunos episodios que les preocupan.
La “re” indefinida
Mientras tanto, hay un movimiento que está sucediendo intensamente en la política bonaerense. Axel Kicillof tiene sobre sus espaldas el acuerdo que había sellado con intendentes bonaerenses para retomar la discusión legislativa sobre la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes, una norma que tiene muy nerviosos a varios jefes comunales sobre todo a Ferrarresi de Avellaneda, Nardini de Malvinas Argentinas, Watson de Florencia Varela por mencionar algunos del peronismo.
Si no fuera grave institucionalmente, es hasta entretenido observar la enorme cantidad de reuniones que involucran todas las facciones de la interna del PJ, además del PRO y algún sector de la UCR en buscarle una definición favorable a la vuelta de esa norma.
Leé también: Javier Milei busca instalar el debate por la reforma política en el Congreso y ya piensa en la reelección
Kicillof tiene un problema intestino: Sergio Massa se niega porque fue y es uno de los lemas del Frente Renovador, La Cámpora se niega sobre todo para ejercitar la interna y los votos no están. Hubo reuniones de consulta entre Facundo Pignanelli, de la Cámpora, y Carlos Bianco con los armadores libertarios para proponer algún vehículo que los sume a la movida.
La Libertad Avanza tiene agenda propia con la boleta única en Provincia y el fin de las PASO. La consulta llegó a la Rosada y llegó con una negativa. Diego Santilli quiere hacer causa de combatir ese movimiento.
Es un caso especial: debe ser de los pocos temas que generan tanto rechazo y atención a nivel nacional de la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo, todo indica que intentarán que el proyecto avance. ¿Será?
Manuel Adorni, Javier Milei
POLITICA
Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto oficial del 9 de julio en Tucumán

Veinte días después del acto del Día de la Bandera, en el que ni siquiera se saludaron, el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, volverán a cruzarse, esta vez en los actos oficiales del Día de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán.
Todo indica que la frialdad manifiesta del Presidente y su gabinete hacia Villarruel –nadie la saludó en el acto en Rosario- continuará sin cambios en la noche del miércoles, cuando ambos participen de la vigilia y el homenaje a los próceres que, en esa casa, declararon la independencia en 1816. Fuentes del Gobierno y cerca de la vicepresidenta confirmaron a la presencia de ambos en ese acto.
En el caso de Milei, lo acompañará buena parte del gabinete, y hasta el momento confirmaron su presencia once gobernadores, todos aliados permanentes u ocasionales del oficialismo en el Congreso. Muchos de esos mandatarios participaron, la semana pasada, de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Invitada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Villarruel viajará solo con “unas pocas personas, que son parte de su equipo”, según precisaron desde su despacho en el Senado. “El gobierno nacional no invita a la vicepresidenta a los actos oficiales”, aclararon fuentes cercanas a la vicepresidenta.
El Presidente, contaron fuentes oficiales, llegará alrededor de las 23 a la provincia norteña. De allí se dirigirá a la Casa Histórica, y está previsto su discurso pasada la medianoche, ya en los primeros minutos del jueves 9. Villarruel, en tanto, tendrá agenda propia: además de asistir al acto oficial, se tomará un rato para recorrer “algún sector de la industria tucumana”, precisaron desde la vicepresidencia.
“No forma parte del Gobierno”, era el latiguillo con el que el entonces jefe de gabinete Manuel Adorni explicaba la marginación de Villarruel de todas las mesas de decisión del Gobierno. En los últimos meses, la vicepresidenta le devolvía gentilezas, y cada vez que podía hacía alusión a las desventuras judiciales del entonces ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dádivas. “Te deseo una cascada de éxitos”, posteó la vicepresidenta en respuesta a un comentario de la red social X, en obvia e irónica referencia a las refacciones que Adorni hizo de su casa en el country Indio Cua.
Un año atrás, en un pico de la situación de tensión entre ambos, Milei llamó a Villarruel “bruta traidora” en un acto de La Derecha Fest, ya con el vínculo totalmente cortado entre ambos. “La primera ley de la política es ignorar y de esto los populistas saben, ¿o acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones», dijo Milei en aquel acto, en relación a la aprobación legislativa de la reforma previsional y la emergencia en discapacidad, impulsadas por la oposición en el Congreso.
Los desaires del Presidente hacia su vice se repitieron una y otra vez, con hitos como el Tedeum del año pasado en la Catedral Metropolitana -no la saludó y tampoco al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri– y la inauguración de sesiones del Congreso, el 1° de marzo pasado, en el que ambos se ignoraron a pesar de estar a centímetros uno del otro.
Lejos habían quedado aquellos festejos del 9 de julio de 2024, cuando Milei y Villarruel, subidos a un tanque Tam, participaron del desfile militar por las calles porteñas. Fue la última actividad que compartieron en sintonía, antes que comenzaran las acusaciones de “traición” y de armar un proyecto político propio, dardos que dispararon contra la vice desde la Casa Rosada.
En una semana “corta” por el feriado del 9, el Gobierno adaptará sus principales actividades a los compromisos del seleccionado nacional en el Mundial de fútbol. Para este martes, a las 10.30, está prevista la segunda conferencia de prensa que encabezará el flamante portavoz presidencial, Adrián Ravier. Y la mesa política, anunciada también para ese día y que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se llevaría a cabo antes de la conferencia, o después del partido de la selección contra Egipto, que arranca a las 13.
En la reunión de la mesa política se producirá, según pudo confirmar , la incorporación del también flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en lugar de Adorni. Cercano a Karina Milei, Fernández se encargará de la estrategia de comunicación oficial, en sintonía con los referentes de esa área en el Gobierno y el Congreso, afirmaron desde un importante despacho.
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POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial

Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
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POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros

El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.

El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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