Mayo empieza con una fecha marcada en rojo para el Gobierno: el jueves 14, cuando el Indec difundirá el índice de precios al consumidor (IPC) de abril. La Casa Rosada necesita que el dato confirme una desaceleración inflacionaria respecto del mes previo, que fue de 3,4% En un esquema en el que las expectativas juegan un papel central, ese número puede resultar determinante para sostener el rumbo económico.

Convencido de que la tendencia será favorable, Javier Milei ratificó esta semana su estrategia. El martes expuso en la Fundación Libertad y, al día siguiente, en Expo EFI, donde reiteró un mensaje que viene repitiendo con dureza: “La economía argentina está en una etapa de transición y el que no se adapta, quiebra”. Para despejar dudas, agregó que “todo depende de los empresarios”. La definición implica que el modelo vigente no contempla asistencia estatal para el sector privado.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a señalar que la inflación de abril fue menor que la de marzo y que los indicadores empiezan a mostrar signos positivos. Las consultoras privadas acompañan ese diagnóstico: las principales estimaciones ubican la suba de precios del cuarto mes del año entre 2,5% y 2,9%, por debajo del 3,4% registrado el mes previo.

Algunos datos de actividad también aportan señales en esa dirección, aunque con matices. La Unión Industrial Argentina (UIA) informó que en marzo la industria creció 3,6% interanual y 5% respecto de febrero.

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Sin embargo, el rebote es heterogéneo y mantiene una dinámica a dos velocidades o en “K”: conviven sectores de bajo empleo y fuerte expansión con otros urbanos, más intensivos en mano de obra, pero de desempeño débil. Además, la base de comparación es baja, ya que enero y febrero suelen estar atravesados por paradas técnicas, vacaciones y una menor cantidad de días hábiles. Por eso, el resultado de abril aparece como un dato clave para confirmar la tendencia. Hasta ahora, el sector más dinámico sigue siendo el petrolero.

En el plano sindical, el Gobierno tampoco enfrenta una presión significativa. La movilización convocada por la CGT tuvo una convocatoria menor a la esperada y el triunvirato decidió no avanzar con un paro general. Uno de sus integrantes, Jorge Solá, planteó públicamente que la estrategia pasa por construir una alternativa política.

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Mientras tanto, el Ejecutivo suma medidas para contener la inflación. Si el mes pasado promovió un acuerdo con petroleras para moderar el precio de los combustibles, ahora intervino sobre las tarifas de agua: las facturas de AySA tendrán un tope del 3% mensual, por debajo del esquema previo (4% de alza por mes).

Además, volvió a postegar otro mes el grueso de la actualización de impuestos a los combustibles (por inflación acumulada en 2024 y 2025), que se trasladan de manera directa a los precios finales de la nafta y el gasoil. A diferencia de abril, cuando había aplazado toda actualización, esta vez aplicó un alza de 0,5% en ese gravamen.

En paralelo, el dólar mostró un leve movimiento al alza, aunque sin impacto visible en los precios. La suba marginal responde, por un lado, a un menor incentivo para el carry trade tras la baja de tasas de interés y, por otro, a la intención de estimular a los exportadores a liquidar divisas en el contexto de una cosecha récord. En el Gobierno descartan que este comportamiento tenga efectos inflacionarios.

Adorni vuelve a escena

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, retomará el lunes su agenda habitual. Encabezará su conferencia de prensa matutina. Los periodistas acreditados volverán a ingresar a la sala de la Casa Rosada, que había sido cerrada la semana pasada por primera vez. En el Ejecutivo consideran que lograron superar el momento más complejo y buscan retomar el control de la agenda pública.

Esa percepción se reforzó tras la sesión del jueves en la Cámara de Diputados, donde Adorni presentó su informe de gestión como jefe de Gabinete. El encuentro fue organizado por el presidente del cuerpo, Martín Menem, quien acordó con sectores de la oposición una dinámica específica: preguntas en bloque, respuestas agrupadas, pausas para ordenar las contestaciones y la decisión de evitar cruces directos. El esquema permitió un desarrollo sin sobresaltos, en el que el funcionario pudo exponer con tranquilidad.

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Milei asistió con todo su gabinete para respaldarlo y, sobre todo, para exhibir cohesión frente a la oposición. El Presidente buscó mostrar fortaleza política y dejó en claro que está dispuesto a confrontar. Incluso difundió un video con música de Rocky, en un gesto de tono épico. Así, desactivó las versiones que ponían en duda la continuidad de Adorni y transformó una situación de debilidad en una señal de respaldo.

De cara a la próxima conferencia, no se esperan cambios sustanciales en la dinámica: es probable que el vocero mantenga el mismo nivel de respuestas que ofreció ante los diputados. En ese juego, se reafirma una lógica clásica: el funcionario responde y los periodistas preguntan.

Esa idea también estuvo presente en otro escenario. El martes, en la Embajada de los Países Bajos, se celebró el Día del Rey. Allí, el embajador Mauritz Verheijden elogió el rumbo económico del Gobierno y subrayó un valor compartido entre ambos países: la libertad, incluida la libertad de prensa. En su discurso, destacó que el rol del periodismo es formular preguntas y ejercer críticas incisivas, una definición que dialoga con el clima político local en un momento clave.

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Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

El gobierno de Javier Milei avanzará en una decisión de alto impacto político y estratégico: destinar una porción de los fondos obtenidos por privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas.

La medida será oficializada en los próximos días mediante un decreto presidencial que ya superó instancias técnicas dentro del gabinete. Según fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones, así como el 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes propios del ámbito militar.

El objetivo es reforzar la capacidad operativa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, falta de inversión y pérdida de capacidades estratégicas.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de generar un financiamiento estable para sostener mejoras en equipamiento, infraestructura y despliegue.

Desde la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una redefinición de prioridades del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca vincular el proceso de reducción de la participación estatal en empresas con la recomposición de áreas consideradas clave, como la defensa, la seguridad y la inteligencia estratégica.

El plan no se limita a la compra de armamento. También contempla inversiones en bases militares, hangares, pistas aéreas, arsenales, sistemas de comunicación y modernización edilicia en distintas unidades del país.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada estratégica por su cercanía con rutas marítimas clave y su proyección hacia la Antártida.

En paralelo, el Gobierno ya avanzó en algunas decisiones que van en la misma línea, como la adquisición de aviones F-16 a Dinamarca y la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos. En el caso de la Armada, se mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina, perdida tras la tragedia del ARA San Juan.

Hasta ahora, los recursos provenientes de privatizaciones eran destinados íntegramente al Tesoro Nacional. Con este cambio, una parte de esos fondos se redireccionará hacia el fortalecimiento del instrumento militar, en un intento por revertir años de desinversión.

En el oficialismo admiten que el principal desafío será la ejecución sostenida de estos proyectos. La compra de sistemas militares complejos requiere no solo inversión inicial, sino también mantenimiento, capacitación y actualización tecnológica permanente.

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