POLITICA
La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal”
Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.
La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.
La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.
El movimiento adquiere particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su cónyuge genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario.
En ese sentido, el desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y se desempeñó durante años como monotributista.
Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea, y ambos ya integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó , en tanto que esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.
De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.
Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni.
La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a su patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. Cuando consultó a Adorni sobre la situación fiscal de su esposa, no proporcionó comentarios.
Los bienes y gastos que se conocen
El domicilio fiscal declarado por Angeletti ante la ARCA figura en Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, ciudad de Buenos Aires. Se trata del departamento que habitaba el matrimonio Adorni antes de adquirir el departamento en Caballito, en 2025, por el cual pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de US$200.000 por parte de las vendedoras, dos jubiladas, según las constancias de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan otras compras y gastos. Por caso, US$120.000 por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio pagó en 2024 US$20.000 en efectivo y tomó una hipoteca por US$100.000, esta vez con una policía retirada y su hija. Las mujeres declararon que Adorni aún les debe US$70.000 de esa operación.
A su vez, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo, y sin facturar, por refaccionar la casa de Indio Cua. El ingreso a ese country insumió otros US$5000.
Además, la Justicia investiga gastos por US$27.658 en viajes al exterior de la familia Adorni (Aruba, Punta del Este y España), más US$6000 en una escapada a Bariloche y otros gastos en destinos locales.
A esas operaciones se sumó una deuda de Adorni por US$65.000 por un acuerdo de palabra con Pablo Martín Feijoo, según declaró en sede judicial el desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito.
Finalmente, Adorni y Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito, sólo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista, según reconstruyó en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera.
Hugo Alconada Mon,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,El armado porteño. Karina Milei lanzó la escuela de dirigentes de LLA en la Capital y corrió a Adorni de la dirección,,Del caso Adorni a «Chiqui» Tapia. Cuál es el impacto del Mundial sobre el tablero político, según analistas,,Semana clave. Adorni se apresta a presentar la declaración jurada, ya pasado un mes de la promesa de Milei
POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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POLITICA
Discapacidad: Rodrigo Sbarra quedó a cargo de forma interina del área por el accidente que sufrió el nuevo secretario
El accidente de tránsito que sufrió a fines de septiembre el secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, apenas una semana después de su designación, generó nuevamente un clima de incertidumbre en un área especialmente sensible para el gobierno de Javier Milei. Mediante la resolución 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el organismo quedó de manera interina a cargo de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, quien afrontó una causa penal hasta 2023.
La seguidilla de recambios en el último mes se suma a las limitaciones presupuestarias del área, que generan reclamos en la calle y dificultades en el Congreso, y a la investigación por presunta corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud).
“Encomiéndase al titular de la Secretaría de Gestión Administrativa […] el despacho y la resolución interina de los asuntos concernientes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras dure el impedimento temporal de su titular”, indica la resolución 1376/2026, publicada el miércoles pasado.
Es que Di Liscia “sigue en similares condiciones: terapia intensiva e intubado”, comentó una fuente oficial a .
Respecto de la posibilidad de designar a un nuevo secretario de Discapacidad, señaló que “por ahora no hay certezas de qué se va a hacer”.
La resolución también delegó facultades en las subsecretarías de Políticas de Acceso y Apoyos y de Regulación, Certificación y Proyectos, en manos de Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, respectivamente. Ambas oficinas dependen de la Secretaría de Discapacidad.
En cambio, Sbarra depende directamente de Lugones. Este secretario es el número dos de la cartera.
Quién es Sbarra
En un área que acumuló controversias a lo largo del gobierno de Milei, quedó al frente un hombre cuyo currículum en la función pública tampoco está exento de polémicas.
Sbarra se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y luego fue denunciado por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en un escritorio del despacho que ocupaba hasta que dejó su función.
Entonces, afrontó una causa penal –iniciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, que dependía de Matías Kulfas– durante más de tres años, hasta que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita le hizo un requerimiento de justificación patrimonial y los bienes de Sbarra fueron sometidos a una serie de peritajes. Si bien él había dicho que el dinero se lo había “plantado” el kirchnerismo, los investigadores judiciales entendieron que era suyo, pero que no había motivos para avanzar con una causa por lavado de dinero ni por enriquecimiento ilícito porque tenía una situación patrimonial que justificaba que tuviera ese dinero en efectivo.
Sbarra es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por UCEMA. Antes de ser el número dos de Lugones –cargo al que llegó el 7 de julio pasado–, en este gobierno se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y, previamente, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Antes de su desembarco en la gestión de Cambiemos, el funcionario tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, durante los gobiernos kirchneristas, y del gobierno porteño.
Incertidumbre en Discapacidad
Este último capítulo se suma a una larga serie de controversias que atravesaron la gestión de Milei en materia de discapacidad. Solo en el último mes, tres funcionarios estuvieron a cargo del área.
El 21 de septiembre, Alejandro Vilches renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios. Su corrimiento se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluía la derogación de aspectos centrales de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. En paralelo, los legisladores oficialistas negociaban con sus aliados una salida para el conflicto.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Spagnuolo, extitular de Andis, apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
Tras la renuncia de Vilches, el Gobierno designó a Di Liscia como su reemplazante, quien había ocupado cargos en las gestiones macristas de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y de Horacio Rodríguez Larreta (Capital).
Sin embargo, el 29 de septiembre pasado, apenas una semana después de su nombramiento, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
Finalmente, el miércoles pasado se publicó la resolución que dejó el área bajo la responsabilidad de Sbarra.
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El periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. cuestionó al Gobierno de Javier Milei después de que las autoridades argentinas le impidieran ingresar al país y lo obligaran a regresar a Brasil. En sus redes sociales, calificó la deportación como “prácticamente un trofeo” y sostuvo que la decisión estuvo vinculada con sus críticas políticas al Presidente.
Tomaz publicó una foto desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, mientras esperaba un vuelo a Brasilia. “Tengo mucho orgullo del camino que elegí y construí en mi vida. Ser deportado, a causa de mis críticas políticas, por un gobierno de narcos, pedófilos, ladrones de criptomoneda y agresores de jubilados es prácticamente un trofeo para mí”, escribió.
En otro mensaje, el periodista se refirió al escenario político de Brasil, donde se enfrentan el presidente Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. “En Brasil (todavía) hay democracia, pero estamos en serio riesgo de convertirnos en una Argentina. ¡Vamos que vamos!”, expresó.
La expulsión también provocó un cruce en redes con el asesor presidencial Santiago Caputo, que había celebrado la medida. “Te falló el operativo, campeón”, publicó el funcionario después de conocerse que Tomaz Jr. no había podido ingresar al país.
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