En 1950 la población de las islas Malvinas empezó a descender lenta pero sostenidamente. De los 2259 habitantes que eran ese año, quedaban 1847 cuando la guerra los sorprendió en 1982. Tres o cuatro personas emigraron en 1983, pero desde ese año en adelante la cantidad de habitantes no paró de subir hasta los 3263 de hoy, sin contar la población transitoria de la base militar de Mount Pleasant.

Las islas se convirtieron en un destino deseable para gente de lugares aún más aislados y postergados, como la isla de Santa Elena o el extremo sur de Chile. Pero también se volvieron atractivas para profesionales de Gran Bretaña y otros países europeos que se instalan allí por algunos años para tareas calificadas. El gobierno local tiene una política inmigratoria muy estricta y la expectativa de crecimiento de la población es de 2% por año.

La base militar, con unos tres mil habitantes, duplicó a la población total y generó algunos problemas de convivencia. Tras la pandemia, en la base quedaron unos trescientos civiles y no más de ochocientos militares.

Los vuelos de los aviones de combate que surcaron en los últimos cuarenta años con alguna frecuencia el cielo de Puerto Argentino (Stanley) fueron motivo de protesta de vecinos, pero significaban algo más importante para ellos: Argentina ya no era una amenaza y estaban más protegidos que antes.

Las medidas económicas concretas que aplicó Londres después de terminada la contienda, la recuperación de la condición de ciudadanos británicos de pleno derecho en 1983 (se les había quitado en 1981), pero sobre todo, la experiencia de un bienestar nunca antes vivido gracias al cobro de derechos de pesca, cambió la vida de todos.

Luego de la guerra el gobierno de Margaret Thatcher destinó a las islas treinta millones de libras (36.200.000 dólares) para la reconstrucción. Después llegaron otros sesenta millones de libras (72.360.000 dólares) en concepto de ayuda para el desarrollo. Si antes de la guerra el presupuesto anual de las islas era de seis millones de libras (7.250.000 dólares), hoy es de más de setenta y ocho millones (94.100.000 dólares).

En 1986 se produjo un hecho clave que cambió la situación económica y social de los isleños: Gran Bretaña le otorgó a las autoridades locales la potestad de cobrar derechos de pesca en una zona de trescientas millas alrededor de las islas, en aguas argentinas, pero establecidas unilateralmente por los británicos como un área de exclusión bajo amenaza de derribo de aviones o hundimiento de barcos.

La Argentina protestó y protesta en distintos foros internacionales sin lograr hasta el momento que cese la usurpación de esas aguas y su consecuente usufructo económico.

Barcos de todo el mundo, principalmente de Asia, como así también de España, pagan millones de libras al año para pescar en esas aguas, sobre todo calamar y en menor medida merluza.

De allí en más el crecimiento económico fue exponencial. Los ingresos del gobierno local, que eran más bien magros, aumentaron en un 500%, asegurando la autosuficiencia en todas las áreas, excepto en defensa y asuntos exteriores, que permanecen a cargo de Gran Bretaña.

Una de las muestras más significativas de la nueva prosperidad fue la construcción del enorme colegio secundario, con una pileta de natación cubierta, un gran gimnasio y una biblioteca abiertos a la comunidad. La piscina de veinticinco metros fue una gran novedad, ya que no había otra en las islas y mucha gente no sabía nadar, o no lo hacía por el frío del mar. El nuevo colegio primario, el hospital, viviendas y decenas de kilómetros de rutas pavimentadas y mejoras de los caminos de ripio fueron otras muestras del flamante bienestar.

Las licencias de pesca lo explican casi todo. ¿Cómo funcionan?

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas estableció un régimen de gestión basado en derechos transferibles para sus recursos pesqueros. Traspasa a empresas particulares con sede en las islas la posibilidad de vender los derechos de pesca y estas le pagan un canon al gobierno. El propósito declarado de esta política es promover el desarrollo del sector pesquero local. Algunas empresas isleñas se asociaron con firmas españolas, poseen embarcaciones y pescan por su cuenta, además de vender los derechos.

Las licencias se otorgan a distintos países, pero los mejores clientes son España y Corea del Sur. La categoría que se adquiera determina la cantidad, la zona y la clase de pescado o marisco que se puede capturar. Los barcos pesqueros en general no son factoría, sino que trasladan la captura a otros barcos que sí procesan y transportan la carga. Lo que pescan los españoles en Malvinas se vende casi en su totalidad en Vigo.

Con el cobro de los derechos, las autoridades isleñas también tienen facultades de inspeccionar los buques para evitar irregularidades de todo tipo, desde industriales hasta violaciones de los derechos de los trabajadores a bordo.

En aguas de las islas se pescan aproximadamente 244.000 toneladas de distintas especies de calamar y pescado al año, lo que equivale a unos 277 millones de libras esterlinas (334.000.000 dólares) para las empresas que venden el producto en Europa o Asia. Los isleños reciben por vender los derechos de pesca unos trece millones de libras esterlinas. En un año típico, dos especies de calamar representan el 75% de todas las capturas.

El volumen de la pesquería de las Malvinas no es importante en términos mundiales; sin embargo, las capturas totales son aproximadamente un tercio de las del Reino Unido, que pesca 623.000 toneladas, equivalentes a 831 millones de libras (mil millones de dólares), según datos de 2021. El Reino Unido es el segundo productor europeo, pero como es un gran consumidor de pescado importa más de lo que exporta.

Por su parte, Argentina captura 780.000 toneladas al año, aproximadamente. La mayoría se exporta porque el consumo interno es muy bajo. En 2018 los ingresos por exportaciones de este sector en nuestro país fueron de dos mil millones de dólares.

Los cálculos sobre lo que la Argentina pierde por no poder explotar las aguas que rodean las Malvinas no se deben limitar a lo que se extrae y a lo que se cobra por las licencias de pesca que vende el gobierno isleño. Hay un problema igual o más grande en nuestro mar, que es la pesca ilegal.

Volviendo a las islas, la pesca impulsó otras actividades asociadas, como el transporte y el almacenamiento, servicios administrativos y de apoyo, así como las inversiones en el comercio minorista y el inmobiliario.

Respecto de los ingresos anuales por las licencias, pueden encontrarse algunas diferencias según la fuente en distintos informes del gobierno isleño. Mientras el Departamento de Pesca señala que los ingresos promediaron los veinte millones de libras esterlinas (unos 24.100.0000 de dólares) durante los primeros veinte años (1986-2006) y que últimamente se han reducido a unos trece millones de libras esterlinas (15.700.000 dólares), el informe sobre el estado de la economía de las islas indica que asciende a veintinueve millones de libras (35.000.000 dólares). La pesca representa alrededor del 40% del PIB.

Hoy la economía de las islas es superavitaria, según el informe sobre el estado de la economía que ya citamos. Los ingresos provienen de la recaudación impositiva (treinta millones de libras), las licencias de pesca (veintinueve millones de libras), más los fondos de inversión administrados externamente (once millones de libras), la exportación de lana (ocho millones de libras) y de carne de oveja (dos millones de libras). El turismo aporta, por su parte, unos seis millones de libras.

Ese mismo informe advierte, eso sí, sobre la inflación: en total, fue 25% a lo largo de diez años, entre 2010 y 2020.

En 2020, por ejemplo, de los setenta y ocho millones de libras de presupuesto, proyectaron un gasto de alrededor de cincuenta y cuatro millones para una importante ampliación del hospital, la construcción de un nuevo puerto, planes de vivienda y nuevos caminos y mejoras en el sector educativo, en ese orden. Al referirse a estos proyectos, el entonces gobernador Nigel Phillips enfatizó el «enfoque entusiasta con prudencia fiscal» con que se manejan los gobiernos de las islas.

El PIB per cápita es el quinto más alto del mundo, con ochenta y un mil libras, aproximadamente (cifras de 2018). Efectivamente, altísimo para una población tan pequeña. Sin embargo, esto no significa que todos sean ricos, ni mucho menos. Tampoco significa que el ingreso de las familias sea equitativo.

A vuelo de pájaro, o de dron, no se advierten grandes contrastes económicos y sociales en las islas. Más bien, parece un claro ejemplo de clase media generalizada; no hay villas de emergencia ni tampoco mansiones; sí algunas casas de inferior calidad y tamaño, o deterioradas por falta de mantenimiento, ubicadas la mayoría en la periferia de Puerto Argentino, aunque vimos algunas en lo que podríamos llamar el centro de la ciudad.

La desigualdad se evidencia en la existencia de grandes terratenientes con decenas de miles de hectáreas de campo y empresarios que venden licencias pesqueras que pueden tener un estilo de vida superior al promedio. Sin embargo, no se nota ostentación a simple vista.

Las estadísticas oficiales sí reflejan esas diferencias: «Las islas se encuentran entre los países de ingreso alto en los que la mayor proporción del ingreso total obtenido va al 10% que más gana», dice el informe que citamos.

La escala se organiza de esta manera según los índices desde 2005 hasta 2019: si se ordena la población de las islas por sus ingresos, con los ingresos más altos arriba y los más bajos abajo, el 50% de abajo obtiene el 26% del total del ingreso de las islas, mientras el 50% más alto obtiene el 74% del total del ingreso. Si se considera solo el primer 20% de los de abajo (o sea los que están más al fondo de la escala), ese grupo consigue solamente 7% del total de los ingresos. Y si se toma al 1% que está al tope de la escala (los que reciben los mayores ingresos), entre ellos se reparten el 10% del ingreso total de las islas.

No parece tan grave si se lo compara con lo que sucede en el continente, uno de los más desiguales del mundo: hoy, en América Latina y el Caribe, mientras que el 10% más rico se queda con el 55% de los ingresos y el 77% de la riqueza, el 50% más pobre recoge el 10% de los ingresos y tan solo el 1% de la riqueza.

El tema no pasa inadvertido en los medios locales ni en la Asamblea Legislativa y choca con la imagen casi idílica que los isleños promueven sobre su progreso económico y social desde el fin de la guerra de 1982.

Un informe de la Falkland Islands TV (FITV) emitido en octubre de 2022 aseguraba que aún antes de la pandemia las islas eran «uno de los territorios más desiguales del mundo» a pesar del alto ingreso per cápita. Un nivel de autocrítica llamativo para lo que se ve, y mucho más si se compara con la desigualdad extrema del continente americano.

Sobre la base del mismo informe del gobierno isleño que citamos anteriormente, el reporte periodístico de la televisión local señalaba que los niveles de desigualdad en las islas eran similares a los de Estados Unidos o Gran Bretaña y que esto se había acentuado, con fluctuaciones, en los últimos quince años, «aunque no de manera dramática».

El concejal Mark Pollard, a quien entrevistamos en nuestra visita de marzo y abril de 2022, había dicho en una sesión de la Asamblea Legislativa que la pobreza existe en las islas, a pesar de quienes creen que no es así. «Lo hemos hablado muchas veces en esta Asamblea (…) ¿Pueden el capitalismo y la teoría del derrame afectar esto? Sugiero que algunas políticas que pensamos aplicar para las próximas décadas parecen no estar funcionando», advirtió. El mismo Pollard dijo después que el hecho de que tanta gente tenga dos o tres trabajos es el resultado de que el dinero no alcanza, y no por causa del aburrimiento o excesivo amor al trabajo.

Otro legislador, Roger Spink, entrevistado por el mismo programa televisivo, opinó en cambio que no se pueden comparar economías de tan diferente tamaño como la isleña y la de Estados Unidos. Dio a entender que pocas personas en una comunidad tan chica pueden distorsionar una estadística, además de que el gobierno garantiza servicios sin costo alguno, cosa que no ocurre en ninguna otra parte. Sin embargo, Spink no desconoció que existe la pobreza en la población y propuso subir el salario mínimo para mejorar la situación.

El informe televisivo hace hincapié en que a pesar de que la ayuda social es valiosa y los impuestos son bajos en las islas, estos últimos resultan especialmente benévolos con las grandes empresas, sobre todo con las pesqueras. Las ganancias de hasta quinientas mil libras pagan un 21% de impuestos, mientras que las mayores de ese monto pagan 26%. En cuanto a los impuestos personales, no pasan del 26%, mucho menos de lo que se cobra en el Reino Unido. No existen impuestos al capital, a la herencia, a la riqueza, ni ley de sellos.

El gobierno local asegura que, comparada con países de similares ingresos, esa desigualdad es menor en términos sociales gracias a los bajos impuestos, los servicios gratuitos de salud y educación para toda la población, además de subsidios para calefacción y el bajo precio (comparado internacionalmente) de los combustibles. Según el mismo informe, la llegada masiva de turistas con los cruceros del verano «achica la brecha entre quienes más y menos ganan».

Un cambio externo importante que impactó en los planes económicos del gobierno local, y del que todavía no se conocen los resultados definitivos, fue el Brexit.

Los isleños en general no eran partidarios de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea decidida en una consulta popular vinculante en 2016. Por varias razones, la mayoría de los isleños estuvo en contra del Brexit. Las dos más importantes: políticamente, porque ser parte de la UE les daba más seguridad contra los reclamos argentinos. Temen que España, que mantiene su reclamo por el Peñón de Gibraltar y ahora ya no es más socia de Londres, pueda secundar a Argentina en los foros internacionales en su reclamo por Malvinas.

En segundo lugar, lo económico: la nueva situación los obliga a negociar la venta de su producción pesquera directamente con los clientes europeos, cuando antes lo hacía a través del Reino Unido. No solo eso: ahora se aplican aranceles a sus productos que achican sus márgenes de ganancia. Sin embargo, por gestión e iniciativa de España, principal importador de la producción que proviene del Atlántico Sur, la UE exceptuó en 2021 del pago de aranceles a los productores de calamar loligo, por lo que el impacto del divorcio de Europa en esa cuenta no ha sido tan duro. Sí se suspendió la ayuda al desarrollo que las islas recibían de la UE.

Cuando se habla de la economía y sustentabilidad de las islas, siempre está presente la expectativa por extraer petróleo y gas.

Durante los años en los que se realizaron prospecciones petroleras, al comienzo de los 2000, se temía que, si alguna vez se empezaba a concretar la explotación del petróleo que yace en el subsuelo marino, la llegada de trabajadores, técnicos y profesionales de la industria podría conllevar a un aumento de población y un consiguiente cambio de estilo de vida. Esto no es para nada deseable para muchos isleños que aseguran que no aceptarían más riqueza si eso implica perder la tranquilidad y la seguridad de la que disfrutan hoy.

De todas formas, la baja del precio del petróleo, las dificultades tecnológicas para extraerlo en las condiciones climáticas y profundidades extremas del Atlántico Sur y la imposibilidad de tener apoyo desde el continente han disuadido por ahora a las grandes empresas. El gobierno isleño asegura que si finalmente esto se concreta no implicará cambios demográficos importantes.

A fines de 2022 se había conocido que el gobierno local de las islas había extendido licencias de exploración a distintas empresas. Al respecto, el ingeniero en petróleo Alejandro R. Luppi, especialista en el tema, nos dice: «Las prórrogas de las licencias que el gobierno de las Islas Malvinas viene dando a pedido de los interesados se enmarcan en el deseo de mantener viva la posibilidad de que los esfuerzos exploratorios que tuvieron resultado positivo sigan pendientes, a la espera de que se materialice la explotación. En todos los casos, aquellos resultados parecen moderados y el éxito de una explotación redituable, dudoso. Esta es la razón por la que la explotación se viene postergando sine die, sin perjuicio de que las consecuencias de la guerra en Ucrania, entre ellas la marginación de Rusia como importante proveedora de hidrocarburos y el consecuente aumento del precio de estos, hayan dado lugar a nuevos análisis económicos que podrían activar proyectos latentes (aunque no parece ser el caso que nos ocupa)».

—¿Qué perjuicios adicionales causan esas prórrogas a la Argentina?

—Diría que el perjuicio se limita a que se mantiene el statu quo respecto de los derechos aún vigentes de los licenciatarios, ya que ni el Reino Unido ni otros candidatos han demostrado interés concreto en sustituir a estos últimos al vencimiento de las licencias mediante propuestas superadoras, que seguramente deberían prever la explotación de los descubrimientos.

En otras palabras, todo dependerá en el futuro del precio del petróleo, de los avances tecnológicos en esta industria y de la política, como siempre.

Con este panorama económico a la vista, resulta interesante ver en qué trabaja ahora la gente en Malvinas.

Actualmente, el mayor empleador es el Estado, lo que no deja de ser sorprendente para una sociedad que adhiere a principios económicos liberales. El gobierno de las islas requiere de técnicos y profesionales para su funcionamiento. El organigrama de direcciones, secretarías y departamentos parece el de un país, no el de un pueblo de tres mil habitantes. Según el censo de 2016 (los datos liberados del censo de 2021 no incluyen este tema), el 29% de la población activa trabaja en el sector público. Muchos funcionarios especialistas en determinadas áreas son contratados en el exterior y constituyen parte de la población que, siendo británica o de países del Commonwealth, está de paso por un par de años en las islas.

En segundo lugar, como empleadores siguen el comercio y la actividad ganadera, con 9,7% de la fuerza laboral, gracias al aumento del precio de la lana en los últimos años. La lana es la principal exportación de origen ganadero; un poco más atrás vienen la carne de oveja y cordero. Durante la pandemia de Covid el gobierno local tomó medidas preventivas de protección a los productores: les compró una cantidad importante de lana y la almacenó hasta que la reapertura de los mercados le permitió venderla.

Con el turismo pasó algo similar. Para compensar las pérdidas derivadas del encierro, el gobierno organizó una especie de Pre Viaje, llamado TRIP Scheme, para que durante la pandemia los isleños pudieran recorrer las islas alojándose en las pequeñas posadas o cabañas que hay en diferentes lugares, en especial en las estancias ovejeras.

El gerente de uno de los hoteles de Puerto Argentino (Stanley) nos comentó que, salvo cuando cerró durante tres meses para hacer reformas, durante 2020 y 2021, siempre tuvo huéspedes: «Eran todos de acá. Gente del campo que venía a pasar un fin de semana, o los de la ciudad, que venían al hotel para variar un poco».

Hay pleno empleo en las islas, y mucha gente tiene dos ocupaciones, sobre todo en temporada alta de cruceros, cuando muchos pobladores se convierten en guías de turismo para hacer conocer las islas a los visitantes. El mismo gerente de hotel nos comentaba que estaba esperando a unos empleados nuevos provenientes de Nepal, porque como en las islas todo el mundo tiene trabajo, no se consigue mano de obra local. De hecho, entre sus empleados pudimos ver a tres filipinas, un colombiano y dos chilenos.

Por otra parte, los isleños son gente que así como antes estaban dispuestos a cortar turba durante todo el verano para tener durante el invierno (y aún hay quien lo hace) se las arreglan para hacer todo por sí mismos. Por cierto que hay plomeros, electricistas, mecánicos y demás, pero muchas de las personas que conocimos en diferentes viajes, sobre todo las que viven en estancias que no están en la ciudad, saben hacer un poco de todo y están acostumbrados a arreglarse solos.

Este texto es uno de los capítulos de “Malvinas. El lugar más amado y desconocido por los Argentinos” (Ariel), de los periodistas Alejandra Conti y Sergio Suppo, que se publica este jueves 2/3. La obra cuenta qué cambió desde la guerra, cómo se modificó la relación de los isleños con la Argentina, qué profundidad tuvieron las modificaciones económicas, sociales y políticas en el archipiélago

ORÁN, Salta (de un enviado especial).– Venían tres en una moto. En el medio, un joven que gritaba de dolor. Ella, su madre, lo cargó en su espalda y entró a la única puerta abierta del Hospital San Vicente de Paul de Orán. La otra, la principal, ya está cerrada a eso de las 19 horas. Con su hijo colgado, casi no se podía tener en pie en la guardia donde una empleada tiraba agua y detergente como para remover el vómito del adolescente.

Eran las 19 y, dentro de la guardia, decenas de personas esperaban su turno. Nadie se sorprendió de aquella escena porque situaciones similares se repetían desde la mañana. La gran mayoría llega con un mal que produce fuertes dolores abdominales, náuseas, dolores articulares y fiebre atesta las guardias de los hospitales. Esos síntomas coinciden con el dengue o la chikungunya.

El dengue se murmura y se presiente en el norte de Salta. Ellos, los que esperan ser atendidos, suponen que ese estado que refieren se trata de alguna de las enfermedades que se contagia por la picadura de un mosquito. Los otros, los funcionarios, no quieren siquiera pronunciar la palabra. “Está lleno, por todos lados. En mi barrio, el Néstor Kirchner, hay cantidad de gente”, dice una joven, de unos 35 años, que trajo a su mamá con esos síntomas.

Lejos de los pacientes, los funcionarios son los grandes silenciadores del fenómeno. “Soy coordinador de enfermedades tropicales del municipio y desde nuestro lugar hacemos prevención y capacitación en la lucha contra el dengue. En cuanto a la situación epidemiológica corresponde que la información se las proporcione la jefa del Área de Epidemiología del Hospital San Vicente de Paul”, dijo Sebastián Lazarte, Coordinador de Enfermedades Tropical del municipio. Hay quienes dicen que no lo que no se publica no existe. Quizá un paso por los centros de salud podría servir de comprobación empírica.

Pero más allá de la negativa con , el funcionario había hablado en Radio Ciudad de esta localidad. “En el área operativa Orán la cantidad de casos positivos confirmados hasta ayer es de 149 de los cuales 85 corresponden a la ciudad de Orán y el resto a las localidades de Aguas Blancas e Isla de Cañas”, dijo el coordinador.

El intendente de la ciudad, Pablo González, médico, no contestó los mensajes que le envió este cronista.

En el hospital, las escasas estadísticas toman cuerpo. Un hombre que trabaja en la construcción también habla de esos síntomas. “Yo espero a mi concubina –dice con voz de susurro–. No sabemos qué tiene, pero llegó con un dolor de panza y fiebre”.

La sala de espera respira la posibilidad de que haya dengue. En un punto, pese a las horas, los dolores y la falta de diagnóstico, entienden que estos síntomas saturaron la demanda de médicos. “No dan abasto. Hay dos, y cada vez que entra alguna emergencia, uno de los médicos la atiende y queda solo uno para la guardia. No queda más que esperar porque no tenemos plata para ir a una privada”, dice un padre que llevó a su hija, de 36 años, con los mismos síntomas.

Una madre, que como todos no quiso dar su nombre, contó que llegó a media mañana a la guardia del hospital. “Mi hija vino con fiebre, dolores en todo el cuerpo y náuseas. A las 10 de la mañana no pudo más y vomitó en la guardia. Recién a la una vinieron a limpiar lo que quedó. Así estamos”, dijo. Eran las 20 y no tenía diagnóstico aún. “Seguro que es dengue. Nadie dice nada, pero está lleno”, agregó.

“Es más seguro estar fuera del hospital que adentro. Yo le juro que no se puede estar de mosquitos en las habitaciones y los pasillos. Yo entré a ver a mi hijo que está internado por otra cosa. Pero es impresionante la cantidad que hay”, dijo una señora, de unos 60 años, que salió sorprendida de la situación dentro del centro de salud.

“¿Por qué está acá?”, le preguntó este cronista a un joven que dijo llamarse Carlos, de alrededor de 40 años. Estaba parado, recostado en la pared de la guardia, con una pierna recogida y apoyada. “Tengo dolor acá –dijo y se señaló la panza–. Hoy no tengo fiebre, ayer sí. Espero que sea otra cosa y no dengue. Pero hay mucho dengue.”

Un par de horas antes, había llegado a Hickman, un pequeño poblado que está a unos 70 kilómetros de Embarcación. Con 40 grados, en la localidad de unos pocos cientos de habitantes y que se ubica entre la ruta 81 y las vías del ferrocarril Belgrano, hay una sola calle asfaltada. Tres mujeres aborígenes, wichis, esperan afuera. Apenas quieren hablar, pero después de algunas preguntan admiten que todas tienen los mismos síntomas. “Dolor de panza y calor”, dice una de ellas. “Muchas estamos así”, dice la otra.

Dentro del hospital, una mujer, vestida de pollera amarilla y remera negra, estaba conectada a un suero. Esperaba el traslado a Salta para ser tratada por dengue. Casi como un capricho del destino, en la puerta de la pequeña habitación hay un cartel pegado: “Alerta, dengue”.

En ese pequeño poblado donde prima el marrón y el sol pleno, ya hubo varios casos. Además, algunas derivaciones a centros de salud con algo más de complejidad. Toso se ha agravado en las últimas semanas cuando las lluvias llegaron después de una gran sequía y dejó algunas lagunas. De hecho, ahí, en la entrada del pueblo que está rodeado de comunidades aborígenes, una laguna llena de juncos y agua estancada se ha convertido en un criadero de mosquitos. Con solo acercarse, se comprueba. “Todo está peor en Fortín Dragones. Acá nadie cuida y no se ha fumigado. Estamos solos”, dijo una pobladora.

Unos kilómetros más arriba por la ruta 81, de camino a Formosa, el silencio era el idioma del hospital. Nadie dijo nada sobre dengue, como si estuviese prohibido hablar. “En las comunidades aborígenes hay muchos casos. Lo que pasa es que no todos van al hospital”, deslizó una vecina que esperaba.

Pero más allá de los síntomas, en el Hospital de Orán hay muy poco diagnóstico entre quienes esperan. Unos pocos, que tienen sus familiares internados, sí pueden afirmar que efectivamente padecen esta enfermedad que se contagia cuando un tipo de mosquito pica a alguien infectado. Mientras están sentados, nadie está aislado.

A las 23.30, en la guardia del hospital, la gente espera. Que la atiendan o que le den un turno para el otro día. En el fondo de la sala de espera, una mujer joven está tirada sobre un cartón. Ojalá esté dormida. A las 19, cuando entró por primera vez a la guardia, estaba apenas unos metros más cerca de la puerta. Tirada, en ese mismo cartón.

En la puerta principal del hospital hay una carpa de la Cruz Roja. En la mañana de hoy estaba abierta. “Sí, muchas consultas”, dijo el doctor Quipildor, tal como se presentó.

En el hospital, la jefa de Infectología, Gabriela Méndez, reconoció el brote. “Estamos en un brote. Hay 139 casos en Orán y 81 positivos en Aguas Blancas. Pese a que trabajamos todo el año con la concientización, igual hay brote. Tenemos internados, 15, con tules y estamos por habilitar un sector más. Pero necesitamos alguna instalación como hospital de campaña con aire por si no alcanza. Porque tenemos otras patologías”.