SANTA FE.- En un fallo de trascendencia institucional, política y económica para esta provincia, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de los estatales locales y, por otro, validó los aportes solidarios que en septiembre dejará de ser aplicado para activos y pasivos.

Sobre este último tema, resolvió que los demandantes tienen 30 días para adecuar su pretensión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Las resoluciones, que contaron con votaciones divididas de cuatro contra tres, marcan un precedente clave en el territorio santafesino para la normativa que afecta a trabajadores activos y pasivos.

El Ejecutivo santafecino, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, respondió con rapidez. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó los fallos señalando que “podemos decir que es una sentencia que en la facultad debería enseñarse como lo que no se debe hacer. Es injusta; es una sentencia donde los jueces no tuvieron prurito, ni aplicaron principios de ética ni moral porque fallaron en causa propia. Cuatro ministros de los 7 fallaron por sus intereses personales”, subrayó el funcionario.

Según trascendió, la estrategia jurídica que impulsará el gobierno local será definida por la Fiscalía de Estado y el gobernador, pero igualmente Boasso opinó que no es inapelable, sino recurrible.

El secretario hizo hincapié en una diferenciación: la mayoría falló en favor de la inconstitucionalidad del tope “que los alcanza a ellos”, pero el tema del aporte lo enviaron al Contencioso Administrativo “con un juicio ordinario que puede durar cuatro años seguro. ¿Por qué no enviaron también el tope al Contencioso?”, se preguntó.

En tanto, desde la Secretaría de Seguridad Social se explicó que el fallo sobre el tope a las jubilaciones “no hará explotar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, ya que el fallo refiere a alrededor de 50 personas de los distintos poderes del Estado que cobran más de 20 jubilaciones mínimas”.

Boasso concluyó que a su criterio “hubo desconocimiento de la seguridad social” ya que “su principio básico es la solidaridad. No hay justicia en la sociedad sin seguridad social. Y esta fue una reforma que el gobierno encaró para salvar el sistema previsional altamente deficitario que iba a trasladarse a Anses para cobrar magros haberes previsionales”, aseguró.

El dictamen

El fallo del máximo Tribunal santafecino dio respuesta a las demandas presentadas por distintos sectores. En el caso del tope jubilatorio, el camino judicial fue impulsado por Elena Virgina Ramón, camarista penal.

Al respecto, la Ley de Emergencia Previsional de la provincia de Santa Fe establecía que el límite iba a ser equivalente a 20 jubilaciones mínimas, impidiendo que cualquier pasivo ganara por encima de ese monto. Antes de la norma las jubilaciones más altas superaban a las mínimas hasta en 30 veces, generando una brecha significativa.

Ante este reclamo, la Corte consideró inconstitucional el tope que fijaba la ley, el cual funcionaba como una especie de restricción a la movilidad del haber de jueces e integrantes del Poder Judicial.

En otro orden, el aporte solidario, un recorte aplicado a los salarios de activos y a los haberes de pasivos para disminuir el déficit de la Caja de jubilaciones, fue cuestionado por una docente jubilada –Gladys Noemí Lisi–. En este aspecto, el máximo tribunal entendió que el amparo no era la vía correspondiente y se ordenó a los reclamantes acudir al fuero contencioso administrativo en un plazo de 30 días.

Debe señalarse que ambas resoluciones se definieron por un ajustado margen. Los ministros Eduardo Spuler, Rubén Weder y Rafael Gutiérrez votaron a favor de la inconstitucionalidad tanto del tope como del aporte solidario. Quien definió las mayorías fue Roberto Falistocco: votó por la inconstitucionalidad del tope fijo junto al primer grupo, pero se sumó a la rosarina Margarita Zabalza, Daniel Erbetta y Jorge Baclini para determinar que el reclamo por los aportes debía ir a la vía administrativa.

Facundo Juan Moyano llevaba el martes más de seis horas detenido en la comisaría 13ª de Belgrano cuando se activó una gestión para trasladarlo a una celda de la Alcaldía Comunal 4 de la avenida Montes de Oca 861, en Barracas. A cuatro cuadras de allí vive Hugo Moyano, su padre, cuya custodia mantiene un vínculo histórico con las autoridades de ese destacamento policial. Durante el tiempo que estuvo allí, no recibió visitas. El hijo del sindicalista más poderoso del país fue finalmente liberado antes de las 21 del mismo martes, después de haber estado 15 horas demorado al ser imputado por presuntas lesiones leves en el contexto de violencia género y privación ilegítima de la libertad de Candela Arizaga, su novia, que es 18 años menor que él.

El episodio, que aún no está esclarecido, volvió a poner bajo la lupa el patrimonio y el nivel de vida de la familia Moyano. En este caso, de Facundo. Actualmente, es el jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje (Sutpa), un gremio creado en 2006 y que exhibe un curioso crecimiento patrimonial a pesar de que sus representados se desempeñan en una actividad que está en plena reconversión por los avances tecnológicos.

En su página web, el Sutpa afirma tener 7000 afiliados, aunque en la elección del año pasado el padrón de personas habilitadas a participar era de apenas 5659.

De acuerdo a los registros de Nosis, en la base de datos de la ARCA, el gremio tiene una deuda de casi 34 millones de pesos y cuenta con entre 22 y 26 empleados.

Sin embargo, en lo que va de 2026, mostró un repunte económico: adquirió ocho autos 0KM, que, entre todos, suman un valor de mercado superior a los $400 millones. En uno de esos vehículos del gremio, un Toyota Corolla GR-Sport, se subió Facundo Moyano el martes tras declarar en la fiscalía por el incidente con su novia.

La flota del Sutpa reúne en total 48 autos; ninguno de ellos es utilitario, como los usados para el trabajo en autopistas. Es decir, el gremio tiene dos vehículos por cada empleado.

Desde sus inicios, Facundo Moyano intentó combinar su actividad política y sindical con la farándula. Así, mientras frecuentaba canales de televisión por asuntos políticos, su nombre también circulaba en los programas de chimentos. Tuvo algún affaire con la diva Susana Giménez y se le conocieron romances fugaces con distintas modelos.

Para las fiestas de fin de año del gremio, que suelen hacerse en grandes salones, Moyano contrata habitualmente a algún cantante que estuviera de moda en el momento. Pasaron, por ejemplo, la Joaqui y L-Gante, quien también tuvo una relación de pareja con Candela Arizaga.

Facundo Moyano vivió hasta 2021 en el piso 12 de una torre en la avenida Belgrano, en el barrio de San Telmo. Allí estuvo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, de quien se separó dos años después. Con ella se mudó al barrio Barrancas de Belgrano, al edificio donde ocurrió el incidente con su actual novia.

En ese mismo edificio, el empresario Nicolás Caputo compró departamentos para sus hijos. “Yo no soy funcionario público, así que no tengo que decirte dónde vivo y a quién le alquilo. No sé ni quién es la hija de Caputo. De esta situación, que es una desgracia, casi se muere mi novia; están inventando cosas, una tras otra”, respondió Moyano ante la consulta de .

La última declaración jurada que Facundo Moyano hizo pública fue en 2020, un año antes de renunciar a su banca de diputado nacional por sus diferencias con el kirchnerismo.

No declaró por entonces propiedades ni automóviles, pero sí dinero en efectivo. Dijo que tenía en cash casi 200.000 dólares, además de ahorros en pesos en el banco y un plazo fijo de $1.200.000.

Actualmente, Facundo Moyano está contratado a sueldo en Aubasa, la empresa pública bonaerense que gestiona el gobierno de Axel Kicillof a través de José Arteaga, un dirigente vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa. En el directorio de Aubasa, en representación de los trabajadores, está Diego Lasala, mano derecha de Moyano en el Sutpa.

Facundo Moyano también tuvo como empleador a la firma Aconra SA, la constructora de Liliana Esther Zulet, la esposa de su padre y quien maneja el holding de empresas que orbitan alrededor del Sindicato de Camioneros. Aconra recibió $544.285.264 millones entre el 7 y el 29 de mayo últimos a través de un fideicomiso llamado Khasis, según registros contables a los que accedió . El dinero salió de las cuentas que Camioneros tiene en el Banco Provincia. Son parte de las operaciones que reveló el 13 de abril pasado y que involucran a Zulet y al clan Moyano.

Hasta el año pasado, la sede del Sutpa quedaba en Castro Barros 1085, en el barrio de Boedo. Se trataba de una modesta propiedad, de una sola planta. Luego se construyó un piso adicional para la oficina del secretario general. Fue la histórica base de operaciones de Moyano hasta que creó la consultora Estrategia Persuasión, dedicada a políticas vinculadas al transporte y la seguridad vial. Allí montó su propia oficina en el microcentro porteño, en la calle San Martín al 500.

En 2025, el Sutpa mudó su sede central a Chacabuco al 100, cerca de la Plaza de Mayo, en un edificio modernizado, cuya obra quedó en manos de Aconra y de un amigo de Facundo Moyano, según contaron fuentes sindicales. La mudanza significó un salto cualitativo en lo relativo a la estructura del sindicato. En el lugar, con el apoyo de su padre, Facundo Moyano logró reunir a importantes dirigentes sindicales para la inauguración. No fue su medio hermano Pablo, con quien no se habla.

De acuerdo a fuentes que conocen desde hace años a los Moyano, circulan versiones sobre la compra de una propiedad en Pilar, cerca de la ruta 6. Se trataría de un gran predio rodeado por hectáreas en las que hay haras y clubes de polo, según fuentes sindicales. Como sucede con otros bienes de la familia, es difusa la línea que separa lo propio de lo que es del gremio.