La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito dio un paso más este viernes. El fiscal que revisa los números del exjefe de Gabinete, Gerardo Pollicita, recibió a primera hora un informe que reafirma con rigor técnico las inconsistencias detectadas por los investigadores en los movimientos de la familia Adorni.

El trabajo era esperado en la fiscalía porque es considerado una pieza clave para avanzar hacia el requerimiento de justificación de bienes del exfuncionario de Javier Milei. Esa instancia es propia del delito de enriquecimiento ilícito, que alcanza solo a funcionarios, y es la antesala de un eventual llamado a indagatoria.

El informe que llegó a la fiscalía de Pollicita es un extenso análisis técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Fue realizado por un organismo especializado del Ministerio Público, la DAFI, y ajustado según la fiscalía.

Fuentes al tanto de su contenido indicaron que el núcleo duro está constituido por una revisión año a año de las declaraciones juradas del exfuncionario que señala los agujeros explicativos en los números de Adorni y su mujer, Betina Angeletti, responsable de algunos de los gastos familiares y alcanzada también por la pesquisa.

Durante la feria judicial de invierno, que se extenderá a lo largo de las próximas dos semanas, los investigadores de la fiscalía estarán abocados a revisar el trabajo de la DAFI para darle un encuadre jurídico, dijeron en Comodoro Py.

Luego, cuando la actividad se reanude, en los primeros días de agosto, Adorni podría ser citado a dar las primeras explicaciones sobre sus cuentas.

Se trata de una intimación formal mediante la cual se le comunica a un funcionario o exfuncionario que se detectó un incremento injustificado de su patrimonio y se le otorga la oportunidad de explicar el origen de esos fondos.

Será la primera vez que el exfuncionario deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos. Hasta ahora, su defensa en la causa, en manos de Matías Ledesma, participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero no ofreció ningún tipo de documentación.

Si la explicación del requerimiento es considerada insuficiente por los investigadores, muy probablemente el funcionario sea citado a indagatoria.

El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero la decisión de llamarlo o no la debe tomar el juez del caso, Ariel Lijo.

Qué deberá explicar

Un importante caudal de prueba incorporado a la causa da cuenta de, a priori, un presunto desbalance entre los ingresos y los egresos de Adorni.

Declaraciones de distintos testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y documentación aportada por agencias de viajes revelaron salidas que, para los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.

De esas fuentes surgió que, desde que hizo su ingreso a la función pública, Adorni movió alrededor de US$743.000, de acuerdo a la conversión que hizo de los movimientos, según la fecha en que se hicieron.

De ese total, alrededor de US$408.000 se corresponden a gastos y US$335.000, a presuntas deudas que el exfuncionario contrajo con cinco personas distintas.

Además, Adorni y su esposa registraron consumos con tarjetas de crédito por $85 millones durante 2025, tal como reveló .

En el centro de esos movimientos figuran dos operaciones inmobiliarias: el departamento de la calle Miró, en Caballito, que Adorni compró el año pasado y en el que vive junto con su familia, y la adquisición de una casa en el country Indio Cuá.

Esas operaciones quedaron registradas y podrían explicarse a partir de las llamativas deudas que Adorni contrajo con dos policías y dos jubiladas.

Por eso, el punto de inflexión en la causa se produjo con la declaración de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la remodelación que hizo Adorni de su casa en el country.

Tabar sostuvo en sede judicial que por aquel trabajo el ahora exfuncionario le pagó en efectivo un total de 245 mil dólares, una cifra que, por su magnitud y por haber quedado por fuera de los registros formales, implicó un vuelco en el expediente y aceleró nuevas medidas de prueba.

Otro capítulo de la causa giró en torno a los viajes. El fiscal reconstruyó estadías en el Caribe, Bariloche, Gualeguaychú y España. Muchos de los gastos fueron en dólares y en efectivo.

También se revisaron las cuentas de dinero digital del exfuncionario y, según fuentes al tanto del expediente, se detectaron movimientos por aproximadamente 100 mil dólares.

El profundo peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde que dispuso la Justicia en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito determinó que el nivel de gastos del exintendente de Lomas de Zamora no condice con sus ingresos en blanco en la función pública, según confirmaron fuentes judiciales a .

El informe pericial, que fue dispuesto por el juez Luis Armella, contó con 77 puntos: abarcó autos, viajes, propiedades y hasta su casamiento con Jésica Cirio, celebrado en un lujoso club de polo de Cañuelas.

El trabajo de 618 páginas al que accedió fue firmado por peritos oficiales y de parte, quienes conincidieron en la mayoría de los puntos analizados.

La pericia oficial detectó gastos sin respaldo suficiente e inconsistencias patrimoniales en las cuentas de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

La pericia contable concluyó que existen inconsistencias entre los ingresos acreditados y los gastos reconstruidos durante distintos períodos, además de operaciones para las que no pudo determinarse el origen de los fondos.

El trabajo, elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia, reconstruyó la evolución patrimonial de la pareja a partir de información de AFIP, bancos, registros de la propiedad, registros automotores, Migraciones, compañías aéreas, tarjetas de crédito y documentación incorporada al expediente.

La conclusión mas evidente entre desfasaje de gastos e ingresos se refiere a los viajes internacionales realizados por Martín Insaurralde.

Los peritos reconstruyeron decenas de viajes al exterior y calcularon los costos de pasajes, alojamientos, alquileres, consumos y otros gastos turísticos.

Tras comparar esas erogaciones con los ingresos provenientes de su actividad como funcionario público, concluyeron que, desde 2021, esos gastos dejaron de guardar una razonable correspondencia con los recursos acreditados.

La pericia advierte, además, que esa comparación se realizó únicamente con los gastos que pudieron documentarse. En muchos casos no fue posible obtener comprobantes de hoteles, restaurantes, traslados internos, alquileres de vehículos, actividades recreativas, seguros y otros desembolsos habituales de un viaje internacional.

Por esa razón, los contadores sostienen que el gasto real probablemente haya sido superior al reconstruido.

El informe también señala que ese cálculo ni siquiera incorpora los gastos cotidianos de mantenimiento personal y familiar —como vivienda, alimentación o servicios—, por lo que el desfasaje entre ingresos y egresos podría ser aún mayor.

Entre los viajes analizados está su estadía en Marbella, con la acompañante Sofía Clerici, y sus viajes en el yate El Bandido por el Mediterráneo.

La pericia reconstruyó parte de los gastos vinculados con ese viaje, incluidos vuelos, alojamiento, alquiler de embarcaciones y consumos en comercios de lujo, entre ellos una compra en Louis Vuitton.

Sin embargo, los especialistas aclaran que tampoco en este episodio fue posible determinar la totalidad de las erogaciones, debido a la falta de documentación suficiente.

En el caso de Jésica Cirio, el informe no centra sus observaciones en un hecho puntual sino en la evolución de sus recursos a lo largo de distintos ejercicios.

Luego de reconstruir sus ingresos provenientes de contratos, actividades comerciales, movimientos bancarios y declaraciones fiscales, los peritos compararon esos recursos con sus gastos e inversiones.

La conclusión fue que en los años 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023 las erogaciones superaron los recursos disponibles.

Según el informe, esos gastos debieron financiarse con otras fuentes de dinero que no pudieron identificarse mediante la documentación reunida durante la investigación.

Además del análisis de ingresos y egresos, la pericia detectó inconsistencias entre distintas fuentes de información.

Los especialistas compararon declaraciones impositivas, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, inversiones y registros patrimoniales, encontrando diferencias que no pudieron ser conciliadas con la documentación disponible.

También remarcan que varias operaciones carecían de respaldo suficiente para establecer con precisión el origen de los fondos utilizados.

La investigación incluyó el análisis de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones financieras y participaciones societarias vinculadas a ambos investigados.

Los peritos revisaron depósitos, transferencias, consumos con tarjetas de crédito, compraventas de inmuebles y movimientos de dinero en distintas entidades financieras, contrastando esa información con las declaraciones fiscales presentadas por los contribuyentes.

Entre otras cuestiones, los contadores señalan que no pudieron determinar la totalidad de los gastos efectuados durante algunos viajes ni cuantificar diversos consumos personales, por lo que las cifras obtenidas representan un mínimo comprobable y no necesariamente el gasto efectivamente realizado.

La pericia oficial no determina la existencia de un delito, ya que esa evaluación corresponde al juez de la causa. Sin embargo, deja asentadas observaciones de relevancia para la investigación y un posible nuevo llamado a indagatoria de la pareja.

El expediente se activó luego de que tomara estado público el paseo en el Mediterráneo que hizo Insaurralde, exjefe de Gabinete de Kicillof, a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clerici.

Según el pedido de indagatoria que presentaron los fiscales en la causa, dentro del período investigado -mientras él fue funcionario-, incluido el viaje a Marbella, Insaurralde efectuó 76 vuelos internacionales.