El fiscal federal Sergio Mola formalizó un pedido de detención contra Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, en el marco de la investigación que lo tiene como imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La solicitud fue elevada al juez federal Luis Armella, magistrado que deberá definir la suerte procesal del exfuncionario. Según fuentes judiciales consultadas por , resulta poco probable que el magistrado haga lugar al requerimiento, al considerar que, en la etapa actual, no se configurarían los requisitos estrictos exigidos por la ley para proceder con una medida de privación de la libertad de esta naturaleza.

El requerimiento del fiscal Mola surge tras el impacto mediático generado el pasado sábado, cuando difundió una serie de videos en los que se observa a Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando cantidades millonarias de dólares en el vestidor de la propiedad que compartían. A raíz de este hallazgo, el fiscal fundamentó su pedido argumentando la existencia de un riesgo procesal latente: la posibilidad de que el exjefe comunal intente eludir el accionar de la Justicia o bien entorpecer el avance de la instrucción, ya sea ocultando elementos de prueba o ejerciendo presión sobre eventuales testigos clave del caso.

En sintonía con este pedido de detención, el fiscal solicitó al juez Armella que autorice una inspección ocular exhaustiva en la residencia ubicada en el country de San Vicente, lugar donde se presume que fueron grabadas las imágenes difundidas. Asimismo, la fiscalía requirió el peritaje de diversos dispositivos electrónicos secuestrados en el departamento de Cirio, ubicado en la calle Ortega y Gasset 1661, piso 18, en el barrio porteño de Palermo. El inventario de elementos a analizar incluye dos tablets, tres pendrives y varios teléfonos celulares, con el objetivo técnico de determinar si los archivos audiovisuales con los fajos de dinero se encontraban almacenados en dichos soportes digitales.

El expediente judicial contra Insaurralde se inició originalmente en 2023, luego de que salieran a la luz fotografías del dirigente navegando por las aguas del Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”, acompañado por la modelo Sofía Clerici. Aquel episodio desató una crisis política que derivó en su salida del gabinete provincial.

Cabe recordar que Insaurralde ejerció la intendencia de Lomas de Zamora entre 2009, tras suceder a Jorge Rossi, y el año 2021, momento en el que solicitó licencia para asumir su cargo en la gestión de Kicillof. Su arribo a la cúpula del gobierno bonaerense fue resultado de una gestión política directa de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial. Mientras la causa avanza en los tribunales federales, la expectativa se centra ahora en la resolución de Armella sobre el pedido formulado por el fiscal Mola.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.

En un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo las restricciones a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que había pedido cumplir su condena de seis años por corrupción sin tobillera electrónica, con más horas de uso de su terraza y con más visitas.

La decisión fue dictada por el voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron el actual régimen de visitas, la utilización del dispositivo de monitoreo electrónico y el uso restringido de la terraza del edificio ubicado en la calle San José 1111.

El juez Mariano Borinsky, en disidencia, votó por flexibilizar.

Los argumentos de Hornos

El juez Hornos destacó que el adecuado cumplimiento de las condiciones actuales no conduce necesariamente a una flexibilización posterior y que su acatamiento no constituye una circunstancia excepcional ni un acontecimiento novedoso que imponga revisar o modificar el régimen actual de visitas.

Hornos agregó que el cumplimiento de las condiciones impuestas para la condena no opera como un mecanismo de progresiva flexibilización de las restricciones fijadas.

Además, el juez dijo que son un presupuesto indispensable para su mantenimiento y su incumplimiento podría provocar la revocación de la prisión domiciliaria y el ingreso a un penal para cumplir la condena.

Hornos afirmó que “su estricto cumplimiento es el comportamiento que legítimamente se espera y se exige a una persona que se encuentra cumpliendo” una pena de seis años de prisión. En ese marco, remarcó que la detención domiciliaria constituye una modalidad de cumplimiento de una pena privativa de libertad, de carácter excepcional y morigerado, cuya concesión, mantenimiento y regulación no operan de manera automática.

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua, como culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025.

Con respecto a la utilización de la tobillera electrónica, Hornos afirmó que más allá de que Cristina Kirchner accedió a la prisión domiciliaria, la ejecución de la condena mediante la utilización de un dispositivo de control electrónico “aparece como una medida alternativa adecuada y proporcionada” para asegurar su cumplimiento “por hechos de corrupción de singular gravedad institucional”.

Según el juez, “no puede soslayarse el valor simbólico, expresivo y comunicacional que comporta el cumplimiento serio, visible y supervisado de una condena penal, particularmente en casos de trascendencia institucional”.

Y resaltó que la pena no constituye meramente una reacción ante el daño ocasionado, sino un mensaje institucional que expresa la gravedad de haber quebrantado los vínculos normativos que sostienen la convivencia democrática. También, argumentó Hornos, cumple una función expresiva, en tanto reafirma la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social en torno a la ilicitud del hecho.

El juez Barroetaveña adhirió a la postura de Hornos y quedó conformada la mayoría.

Borinsky volvió a diferenciarse

En disidencia, el juez Borinsky votó por hacer lugar al recurso de la expresidenta y dejar sin efecto las tres restricciones cuestionadas.

Borinsky reiteró lo que viene sosteniendo en otros fallos al entender que las limitaciones a las visitas carecen de sustento normativo y afectaban los principios de legalidad y reserva y la protección constitucional de la intimidad.

Según el juez, agravar de oficio esas condiciones vulneraba el modelo acusatorio. Respecto de la tobillera electrónica, entendió que su imposición resultaba “innecesaria e irrazonable”.

Borinsky subrayó que se trata de una persona públicamente conocida, que estuvo a derecho durante más de un año y que cuenta con custodia policial permanente, por lo que no hace falta para asegurarse de que no se va a fugar.

Sobre la terraza, juzgó que la restricción horaria carecía de fundamentación válida. Y argumentó que en más de un año que lleva presa no hubo incumplimiento a las reglas impuestas. En ese contexto, valoró un informe realizado por consejeros de la Magistratura del kirchnerismo que dijeron que no hay antecedentes estadísticos relevantes de personas en prisión domiciliaria con estas restricciones.

La mayoría de la Casación también sostuvo que la aplicación del principio de igualdad a la ley impide la concesión de tratamientos diferenciales o beneficios injustificados fundados en la posición social, económica o política de la persona condenada.

La mayoría de Hornos y Barroetaveña remarcó que no se advierte que la defensa haya demostrado la existencia de un trato diferenciado o arbitrario a la condenada respecto de personas que se encuentren en situaciones sustancialmente análogas, ni tampoco que se le hayan impuesto restricciones carentes de justificación objetiva.