POLITICA
Rechazaron el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La Justicia Federal rechazó el pedido presentado por la defensa de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al considerar que no se acreditó ninguna de las causales previstas por la ley para disponer su recusación.
La resolución fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien concluyó que los argumentos expuestos por los abogados del exintendente bonaerense se sustentan en una “valoración subjetiva” de distintas actuaciones procesales y no generan “una duda objetiva, seria y razonable” sobre el deber de objetividad que debe regir la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal.
El planteo de la defensa llegó después de una serie de cruces entre el magistrado y el fiscal por el rumbo de la investigación. Los abogados de Insaurralde sostuvieron que Mola había perdido la imparcialidad y cuestionaron el impulso de distintas medidas de prueba y coerción, entre ellas allanamientos, requisas, tasaciones, secuestros y el pedido de detención del exfuncionario y de Jésica Cirio. También señalaron que existió una supuesta “sobreactuación” procesal y un “ensañamiento” en la investigación.
En su respuesta, Mola rechazó todas las acusaciones. Señaló que la recusación no identificaba ninguna causal concreta prevista en el artículo 55 del Código Procesal Penal y sostuvo que las medidas impulsadas respondieron exclusivamente al avance de la investigación y a la necesidad de evitar que los imputados pudieran entorpecer el expediente o sustraerse del accionar de la Justicia.
Al mismo tiempo, sostuvo que se trata de la tercera vez que se intenta apartarlo del expediente y consideró que existe una estrategia orientada a condicionar su trabajo. “Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal”, expresó en su presentación.
El fiscal también negó cualquier responsabilidad en las filtraciones de información vinculadas a la causa. Incluso calificó como “un verdadero dislate” insinuar que la propia fiscalía hubiera difundido el pedido de detención de Insaurralde y Cirio, al remarcar que una filtración de esas características solo hubiera perjudicado el éxito de las medidas solicitadas.
Al analizar el planteo, Armella reconoció que durante la investigación existieron diferencias de criterio con el fiscal respecto de la conducción del expediente. Sin embargo, aclaró que esas discrepancias responden a las funciones que cumplen el juez y el Ministerio Público y no constituyen un motivo para apartar al fiscal.
En ese sentido, recordó que en una resolución anterior había advertido sobre el riesgo que podía representar para la investigación la difusión pública de determinadas medidas, pero enfatizó que esas observaciones “no deben ser interpretadas como una descalificación de la labor investigativa que realiza el Fiscal”. Por el contrario, destacó “el compromiso y la dedicación con que la Fiscalía intervino desde los inicios de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba que a su entender resultaban pertinentes”.
Leé también: Más pruebas podrían complicar a Insaurralde: investigan si benefició a una empresa de fotomultas vinculada a la sobrina de Cirio
El magistrado también sostuvo que las medidas promovidas por Mola fueron adoptadas conforme a la interpretación que el fiscal hizo de la legislación vigente y que, en todo caso, las diferencias jurídicas sobre ese criterio no pueden resolverse mediante una recusación. Además, afirmó que no encontró pruebas de que la actuación del representante del Ministerio Público hubiera respondido a intereses ajenos a los fines propios del proceso penal.
En otro tramo de la resolución, Armella afirmó que mantiene un “alto concepto de probidad y honestidad” respecto de Mola y aseguró que las diferencias funcionales no afectan esa valoración personal. También recordó que toda recusación debe analizarse con criterio restrictivo y que, en este caso, la defensa no incorporó elementos nuevos que permitieran acreditar una pérdida de objetividad por parte del fiscal.
Con esos argumentos, el juez resolvió no hacer lugar al pedido de apartamiento y confirmó que Sergio Mola continuará al frente de la investigación contra Martín Insaurralde.
La Fiscalía espera pericias clave para detectar dónde están los dólares del video de Jesica Cirio
El fiscal federal Sergio Mola espera recibir en los próximos días una serie de pericias que considera determinantes para avanzar sobre una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Los informes apuntan a determinar si los fajos de dólares que aparecen en los videos pueden ser atribuidos formalmente a ambos.
La expectativa de la fiscalía está puesta en distintas medidas de prueba que fueron ordenadas en las últimas semanas y cuyos resultados podrían darle nuevos elementos para insistir con un avance procesal. Entre ellas figuran la pericia sobre la autenticidad de los videos, el análisis técnico del vestidor donde habrían sido grabados, la estimación de la cantidad de dinero que aparece en las imágenes y nuevas medidas patrimoniales.
Según pudo saber TN de fuentes cercanas al expediente, Mola ya considera que existen indicios suficientes para vincular ese dinero con Insaurralde. De hecho, esa fue una de las bases del pedido de detención que presentó anteriormente junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó ese planteo por considerarlo prematuro. Ahora, el fiscal espera reforzar su posición con nuevas pruebas antes de volver a impulsar una medida procesal.
Martín Insaurralde, enriquecimiento ilicito, Lavado de dinero
POLITICA
En medio de las negociaciones con La Libertad Avanza, Macri lidera la estrategia del PRO rumbo al 2027 y encabezará un acto en Jujuy
Mauricio Macri volverá a ponerse al frente de una actividad partidaria del PRO con un acto previsto para el 25 de septiembre en Jujuy, en una señal del relanzamiento territorial del espacio de cara a las elecciones del año próximo. La convocatoria, que se realizará desde las 16 en el hotel Altos de la Viña, llega mientras el partido mantiene abiertas las negociaciones con La Libertad Avanza para construir una alianza con vistas a 2027.
El expresidente encabezará el encuentro junto a referentes nacionales y provinciales del PRO y, además, tiene previsto mantener una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La apuesta es combinar el despliegue partidario en las provincias con las conversaciones que el macrismo sostiene con el oficialismo para explorar acuerdos electorales y consolidar una estrategia común en distintos distritos.
La jugada de Macri se da en un contexto en el que el PRO y La Libertad Avanza aceleran la construcción de un armado electoral conjunto para las elecciones de 2027. Los dirigentes de ambos espacios ponen el foco en 17 distritos donde el partido fundado por el expresidente no gobierna y comenzaron a evaluar cómo avanzar con alianzas en cada provincia.
El análisis incluye las fortalezas territoriales de cada espacio y la posibilidad de incorporar a otros actores políticos. En ese esquema aparece el radicalismo, además de distintas fuerzas provinciales, aunque la definición de los acuerdos dependerá también de las conversaciones con los gobernadores.
POLITICA
Llaryora rechazó los recortes en discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027: "Los derechos de las personas no desaparecen"
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este domingo que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple cambios que afecten el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad. “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo el mandatario provincial en un posteo en su cuenta de X.
En su mensaje, Llaryora afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia. También solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el área.
El gobernador señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó, al advertir sobre las consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.
El planteo se produjo luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas. Tras las críticas de bloques aliados y de organizaciones del sector, fuentes oficiales anticiparon que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.
La propuesta remitida al Congreso modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901, que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.
El cambio habilitaba a que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados. Además, el esquema previsto reemplazaba la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El texto también retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. En esa versión, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaba de ser una vía directa de acceso al beneficio y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.
Las negociaciones parlamentarias definirán si el Gobierno incorpora al Presupuesto 2027 un texto consensuado o si el debate sobre la emergencia en discapacidad continúa por una vía legislativa separada.
El oficialismo anunció que retirará los artículos cuestionados
La inclusión de esas reformas generó tensiones dentro del oficialismo y con los bloques dialoguistas. Representantes del Gobierno aseguraron que los artículos originales vinculados a discapacidad serán eliminados del proyecto de Presupuesto y reemplazados por un texto acordado con aliados parlamentarios.
La alternativa en negociación mantendría un nomenclador universal, con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y permitiría compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado. No obstante, el oficialismo buscaría elevar los requisitos para acceder a ese beneficio.
El debate ocurre mientras en la Cámara de Diputados también se discute una prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las modificaciones incluidas inicialmente en el Presupuesto habían interrumpido las conversaciones que mantenían el oficialismo, la oposición y los bloques aliados sobre un proyecto alternativo.
Martín Llaryora,Córdoba,discapacidad,presupuesto nacional,redes sociales
POLITICA
El Gobierno prepara el envío de veinte pliegos judiciales al Senado y busca definir cuatro cargos clave con competencia electoral
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene casi listo el envío de un nuevo paquete de veinte pliegos judiciales al Senado, entre ellos cuatro especialmente sensibles por su competencia electoral.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, la nueva lista de nombres para ocupar cargos en los tribunales federales llegará a la Cámara Alta antes de mediados de octubre. A partir de allí, los tiempos dependerán de la propia dinámica interna del Senado, que deberá sesionar para aceptar su ingreso, luego tratarlos en la comisión de Acuerdos y finalmente aprobarlos en el recinto.
Sin embargo, el calendario apremia. Como las elecciones de 2027 se acercan, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Gobierno agilizar el proceso para completar las vacantes en los tribunales con competencia electoral antes del año que viene. La solicitud tiene un fundamento logístico, a partir de enero la Cámara deberá organizar cómo subrogar los juzgados que sigan vacíos, por lo que busca tener el mapa resuelto de antemano.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo todavía debe definir a cuál de los tres candidatos de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura elegirá para cada los juzgados con competencia electoral de Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes.
Según pudo saber TN, la discusión por Río Negro (Viedma) sigue abierta, con una terna compuesta por Carlos Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani. Corrientes y San Juan, en cambio, ya están prácticamente resueltos: hay acuerdo para que Juan Carlos Vallejos ocupe el cargo en Corrientes, y en el Gobierno consideran muy probable que Gonzalo Gasull sea el elegido en San Juan. En Tucumán, el nombre de Oneto vuelve a aparecer junto al de Carlos Saltor y Solana Casella.
En todos los casos, se trata de lugares muy codiciados por los actores de la política, especialmente los gobernadores. Esto se debe a que los juzgados federales de primera instancia con competencia electoral no solo tramitan causas por delitos federales, sino que además son los que organizan y controlan los procesos electorales y el funcionamiento de los partidos políticos en cada distrito, desde la actualización del padrón hasta el reconocimiento de autoridades partidarias y la oficialización de listas.
Esa doble función los convierte en una pieza clave para el poder provincial, porque son tribunales que pueden incidir directamente en cómo se ordena el tablero electoral del distrito, además de los otros temas de interés bajo su jurisdicción.
En ese sentido, son habituales las conversaciones de los gobernadores y sus legisladores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo Menem, en medio de negociaciones más amplias por leyes nacionales -como ahora puede ser el Presupuesto 2027 o la reforma política- y acuerdos electorales de cara a 2027. Otros optan por un canal más directo y se comunican con el propio ministro Mahiques, pero aún así pasan a formar parte de las negociaciones políticas que mantiene el oficialismo en el Congreso.
Con este paquete, Mahiques se acerca más a su objetivo de cubrir todas las vacantes de la Justicia federal, una de las principales misiones que le otorgó Javier Milei cuando lo designó en marzo de este año.
En medio de las negociaciones con La Libertad Avanza, Macri lidera la estrategia del PRO rumbo al 2027 y encabezará un acto en Jujuy
GOP senator alleges Schumer behind ‘hit job’ report on former patients
EXCLUSIVE: Russian document reveals sweeping Iran plan spanning nuclear, finance and aviation
¿Inserción en el mundo y desacople interno?: las exportaciones sostienen la economía de Milei, mientras el mercado local se debilita
Llaryora rechazó los recortes en discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027: "Los derechos de las personas no desaparecen"
Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: ¿Alguna recomendación gente?
La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur
"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
Tras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa
Provocativo gesto de Patricia Bullrich: publicó un video con una canción de Lali Espósito tras sus críticas al interior del Gobierno
POLITICA2 días agoLa Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur
- ECONOMIA3 días ago
"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
- POLITICA1 día ago
Tras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa
