POLITICA
La Justicia confirmó el viaje de Adorni y su familia al Caribe

La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes en primera clase que, de acuerdo con una fuente judicial, fueron pagados en efectivo.
Hasta ahora solo existía la sospecha de que Adorni había visitado el Caribe durante sus vacaciones de aquel verano. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.
Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel.
Para obtener una foto lo más precisa posible de sus gasts, el fiscal pidió la semana pasada levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo. Eso le entregará a Pollicita informes sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, préstamos, deudas y más datos.
En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100 mil dólares y la postergación de los 200 mil dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Esos dos movimientos explicarían a trazo grueso cómo el jefe de Gabinete pudo comprar dos inmuebles desde que está en la función pública, hace menos de tres años, pero sería insuficientes para explicar la totalidad de sus gastos, según la visión de uno de los investigadores.
Los viajes de Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.
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POLITICA
Estaba primera y quedó afuera: una concursante a jueza federal reclamó que le bajaron puntos “sin la correspondiente fundamentación”

CÓRDOBA.− María Virginia Carmona concursó para el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba. Quedó primera entre todos los postulates, pero después de la entrevista fue relegada al punto de quedar afuera de la terna en el dictamen de mayoría que aprobó hoy el Consejo de la Magistratura.
Antes de que el plenario del Consejo de la Magistratura resuelva, Carmona hizo un planteo público, según aclaró, ”a los fines de preservar la confianza en el sistema de elección de magistrados».
Carmona es fiscal federal de La Rioja, se desempeñó como fiscal coadyuvante en la megacausa “La Perla”, en Córdoba, y, en 2014, la Cámara Federal de Córdoba ratificó su nombramiento como fiscal subrogante en Villa María, revocando fallos previos y respaldando el proceso de la Procuración General de la Nación.
Carmona denunció que en el concurso 477, tras “el examen de oposición en forma anónima y los antecedentes curriculares e impugnaciones”, quedó en primer lugar como aspirante a ocupar el tribunal oral. “Pero en la entrevista personal se decide por mayoría bajarme 41 puntos y se me ha excluido de la terna, no fundamentando adecuadamente conforme establece el artículo 141 último párrafo».
Carmona subrayó que hay dos dictámenes: el de la mayoría, que la excluye de la terna, y el de minoría, que la mantiene en primer lugar. Pidió a los consejeros tener en cuenta esa situación en el plenario. Su pedido no encontró eco.
Además de ella, concursaron para el cargo María Soledad Mancini, Hugo Germán Burgos, Gustavo Javier Zapata, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Facundo Trotta y Ana María Busleiman.
En la votación del plenario, Carmona quedó afuera, ya que se impuso el dictamen de la mayoría, con 13 votos entre 19. La terna de ese dictamen está integrada por Mancini, Burgos y Zapata. Carmona encabeza la lista complementaria.
El reclamo se produce en medio del debate iniciado por la Corte Suprema, luego de que los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti propusieron un nuevo reglamento para la selección de los jueces que busca estandarizar evaluación en los concursos y reducir la discrecionalidad política, precisamente, durante la entrevista personal.
El mecanismo que impulsa la Corte Suprema limita el puntaje que se pueda dar durante esa entrevista, que en la práctica puede desvirtuar el órden de mérito que los candidatos lograron en los concursos.
El proyecto fue remitido al Consejo de la Magistratura para actualizar el proceso de selección de magistrados. También propone realizar concursos antes de que se produzcan las vacantes, para evitar que el proceso quede atado a coyunturas políticas, e instrumentar una doble instancia de evaluación con anonimato absoluto, un legajo digital único y tabulación estricta de antecedentes.
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POLITICA
Propiedad privada: sin previsión de dictamen, continuarán hoy las exposiciones en el Senado

Tras la exposición de la semana pasada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado continuará esta tarde con el debate de la ley del Gobierno libertario que busca “blindar” el derecho a la propiedad privada, sin previsión de dictamen a la vista.
Para las 15 de hoy hay anotados más de 20 disertantes, que se dividirán en bloques. El comando del plenario responde a oficialistas, a través del fueguino Agustín Coto (Asuntos, que es cabecera) y la neuquina Nadia Márquez (Legislación General).
El proyecto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández.
Desde la rama del derecho constitucional harán uso de la palabra, por caso, Diego Armesto y Daniel Sabsay. En tanto, por el administrativo hablarán Mariano Marcucci y Martín Galli Basualdo.
También participarán referentes de excombatientes de Malvinas y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como representantes de inquilinos y de observatorios de tierras rurales, barrios populares y hasta el exvicerrector de la UBA y exdecano de las Facultades de Arquitectura y Diseño de dicha institución, Jaime Smith.
Qué dijo Sturzenegger
“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró días atrás.

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.
Además, el funcionario apuntó a compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.
Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En ese capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.
No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos –Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.
“Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas.
Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó al régimen de “dislate”.
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La Justicia investiga la refacción integral del departamento de Adorni en Caballito: cocina, baños y cerramientos

Cocina totalmente refaccionada, dos baños nuevos, lavadero, cerramientos nuevos, pisos interiores y exteriores. La Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento del jefe de gabinete Manuel Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las imágenes a las que tuvo acceso muestran el antes y el después de la vivienda. Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$ 230.000.
Las investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko.
Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.
Las fotos del departamento de la calle Miro al 500 en manos de la Justicia muestran que la refacciones fueron integrales.
En la cocina se renovaron los pisos, los muebles, los artefactos de cocina, la mesada, las luces, y hasta los cerramientos, adoptando una estética moderna. Las fotos tomadas luego de las obras muestran que también se reformaron los pisos del patio conectado a la cocina.
También se modificaron íntegramente dos baños. En el principal se retiró la bañera, se colocó una mampara, y se cambiaron los pisos. Con la misma estética, se reformó el toilette.
En noviembre de 2024, departamento se ofrecía en US$295.000 en el mercado inmobiliario aunque el precio original fue de US$ 340.000 según declaró la dueña de la inmobiliaria Rucci. Se trata de un 4 ambientes, con 150 m2 cubiertos, una cochera y un patio.
“Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, había contado Morales a antes de declarar ante el fiscal Pollicita.
El ex futbolista estaba “apurado” y lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: US$ 200.000.
Este miércoles, las dos mujeres declararon ante el fiscal y coincidieron en señalar al hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, como el principal responsable y ejecutor de la operatoria.
La madre de Feijoo, Viegas, precisó que tenía un total de 115 mil dólares ahorrados y declarados, y que pretendía hacer con el departamento una suerte de “pasamanos”, es decir, comprar, vender y obtener un rédito.
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