POLITICA
La Justicia pidió información a la secretaría de Karina Milei por una supuesta contratación irregular
La Justicia le solicitó a la Secretaría General de Presidencia, encabezada por Karina Milei, información específica sobre uno de sus contratos, en respuesta a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano sobre presuntas irregularidades.
La persona que ahora quedó en la mira de la Justicia es Andrea Valeria Juárez, quien de acuerdo a la investigación del medio El Disenso en la que se basó la denuncia, asiste en cuestiones personales a Karina Milei, pero trabaja bajo la estructura de la Secretaría General de la Presidencia.
La fiscal Alejandra Mangano le dio impulso a la investigación ayer, al solicitar distintos informes a la secretaría de Karina Milei con el fin de obtener datos sobre la forma de contratación, las tareas asignadas a Juárez, sus horarios y otros detalles, dijo una fuente al tanto del caso.
En la denuncia se señala que Juárez afirmó en una entrevista a un medio extranjero que asiste a la hermana del presidente en cuestiones de estricto orden personal que “requieren de alguien de mucha confianza”.
“De acuerdo con información de carácter público y publicaciones periodísticas de investigación con sustento documental verificable, la ciudadana Andrea Valeria Juárez se encuentra contratada dentro de la estructura orgánica de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la modalidad contractual denominada “1303 – Personal Contratado SINEP», dice la denuncia.
Y sigue: “Dicho régimen contractual, conforme la normativa vigente del empleo público nacional, está diseñado para el cumplimiento de funciones administrativas o profesionales dentro del Estado, importando en todos los casos el desempeño efectivo de tareas en beneficio del organismo contratante y del interés público”.
Haciéndose eco de la investigación periodística, Pagano señala en la denuncia que la mujer asistió a la Casa Rosada en solo dos oportunidades durante 2025: el 6 de marzo, entre las 16:08 y las 17:48, y el 11 de agosto, entre las 13 y las 21:19 horas.
También se refiere a la hermana de Juárez, Laura Gisela, que figura como empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y habría estado en el palco presidencial el día de la asunción de Milei.
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POLITICA
Condenan a un exjuez federal y a un funcionario de la Casación por intentar desviar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra
El Tribunal Oral Federal 8 condenó este jueves a dos exfuncionarios de la Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal del país, por formar parte de una maniobra que intentó garantizar la impunidad del sindicalista José Luis Pedraza en la investigación por el asesinato del sindicalista y militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
El exjuez federal de primera instancia y exsecretario de la Casación Octavio Luis Aráoz de Lamadrid fue encontrado culpable del delito de tráfico de influencias agravado y condenado a cinco años de prisión por buscar influir en aquel proceso judicial, valiéndose de su paso como secretario del excamarista Eduardo Rafael Riggi.
Luis Ameghino Escobar, en tanto, un exfuncionario a cargo de los sorteos de la Casación, fue condenado a tres años de prisión condicional por ser partícipe necesario del mismo delito.
El fallo fue dado a conocer hoy en la última audiencia del juicio oral. Fue firmado por el juez Nicolás Toselli y las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer. Los fundamentos se conocerán el 5 de agosto.
Las condenas estuvieron parcialmente alineadas con las que solicitó el fiscal del juicio, Marcelo Colombo. Según la acusación fiscal, Aráoz de Lamadrid y Escobar habrían vendido la posibilidad de injerir en el expediente que revisaba en la Casación el procesamiento de José Luis Pedraza, el extitular de la Unión Ferroviaria que fue luego condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.
El tribunal también sostuvo que la conducta de un tercer involucrado en la trama, Ángel Stafforini, directivo de Belgrano Cargas, era constitutiva de cohecho activo, es decir, del pago de coimas, pero declaró la prescripción del delito y no fue condenado.
La cuarta imputada, Susana Rita Planas, también directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta; y un quinto imputado, el espía de la SIDE Juan José Riquelme, que se jactaba de tener contactos en todos los niveles de la Justicia y respondía en los hechos a Pedraza, falleció durante el proceso.
En esta causa se revisó la puesta en marcha de un plan para garantizar la impunidad del sindicalista Pedraza. La Justicia activó escuchas telefónicas, allanamientos y otras medidas para recabar pruebas. Entre ellas, figura una factura de 2010 por un total de 370.000 pesos (cerca de 90.000 dólares) que Aráoz de Lamadrid emitió al Belgrano Cargas, el mismo día en que la fiscalía pidió la indagatoria de Pedraza en la causa principal.
También se incluyen fotografías e informes de inteligencia, 50.000 dólares secuestrados en la oficina de Aráoz Lamadrid y diversos mensajes entre los imputados. Algunos de ellos refieren a Escobar, el funcionario a cargo de los sorteos, como “el hombre de las teclas”.
Las defensas de los imputados sostuvieron sin embargo que no es posible vulnerar el sistema de sorteo de la Casación, que utiliza un algoritmo aleatorio imposible de manipular ni de predecir.
“Me informan del otro lado que son verdes”, señala Riquelme en uno de las comunicaciones interceptadas por la Justicia. “Me están allanando el estudio por este tema, corten todos los teléfonos”, le advertía Lamadrid a Stafforini, en otra.
Las condenas quedaron por debajo del pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es querellante en el caso y había reclamado ocho años de prisión para Aráoz de Lamadrid y seis para Escobar.
El manifestante Ferreyra fue asesinado por un grupo de integrantes de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban un pase a planta permanente.
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El presidente Javier Milei celebró los números de actividad económica que difundió el Indec este jueves. “Actividad volando”, escribió el mandatario en sus redes sociales al compartir el mensaje de su funcionario.
“En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025. Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.
El titular del Palacio de Hacienda resaltó: “14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual”. “En términos de su incidencia sobre el nivel general, se destacaron las subas en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+17,9% i.a.), Industria Manufacturera (+4,6% i.a.), Explotación de Minas y Canteras (+16,3% i.a.) y Transporte y Comunicaciones (+4,7% i.a.)”, detalló el funcionario.
En la misma línea, destacó: “El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento”.
Leé también: La actividad económica mostró signos de recuperación: tuvo una suba de 5,5% en marzo
El agro fue además el sector con mayor incidencia positiva sobre el índice general, seguido por la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras. Entre los tres aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual de la actividad económica.
En contraste, la única actividad que mostró una variación negativa fue Administración pública y defensa, con una caída del 1,2% interanual, según detalló el organismo estadístico.
Por su parte, solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 punto porcentual a la variación interanual del EMAE.
Todos los sectores que crecieron en marzo, según el INDEC
De los sectores relevados por el EMAE, hubo varios que mostraron mejoras:
- Pesca: 30,9%
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%
- Explotación de minas y canteras: 16,3%
- Intermediación financiera: 8,8%
- Construcción: 7,6%
- Impuestos netos de subsidios: 6,5%
- Electricidad, gas y agua: 5,7%
- Transporte y comunicaciones: 4,7%
- Industria manufacturera: 4,6%
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%
- Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%
- Servicios sociales y de salud: 1%
- Hoteles y restaurantes: 0,9%
- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%
- Enseñanza: 0,1%
Por su parte, la única rama de actividad con incidencia negativa fue “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria”, que registró -1,2%.
Javier Milei, Luis Caputo, Ministerio de Economía
POLITICA
La Justicia agravó la situación del dueño de Sur Finanzas y ahora también lo acusa de defraudación contra Banfield
La causa judicial que investiga al holding Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo y complicó aún más la situación de Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario señalado como uno de los principales financistas vinculados al fútbol argentino y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez federal Luis Armella amplió la imputación contra el empresario y lo acusó también de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se agrega a los delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado que ya pesaban sobre él. La medida fue impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, que sostiene que el hombre tuvo un rol clave en el presunto vaciamiento económico del Club Atlético Banfield.
Vallejo deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de mayo junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en el marco de una investigación que apunta a un supuesto entramado financiero que habría operado con clubes del fútbol argentino mediante préstamos, contratos y maniobras consideradas irregulares por la Justicia.
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Según la investigación, el dueño de Sur Finanzas no habría actuado únicamente como financista externo, sino que aportó la estructura societaria y financiera necesaria para ejecutar las maniobras bajo sospecha. La fiscalía sostiene que sus empresas, entre ellas Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., habrían servido como vehículos para canalizar fondos, otorgar préstamos con tasas consideradas abusivas y encubrir operaciones irregulares.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la firma Auriga League S.A., que aseguró haber otorgado un préstamo de dos millones de euros a Banfield que nunca fue devuelto. A partir de esa denuncia, la Justicia comenzó a reconstruir una trama mucho más amplia vinculada a operaciones financieras con clubes del fútbol argentino.
En el expediente se investiga un esquema que, según la acusación, funcionó entre 2020 y 2025 y que incluía préstamos en dólares, contratos de sponsoreo presuntamente simulados, descuento de cheques y movimientos financieros sin trazabilidad bancaria.
Uno de los puntos centrales del caso es la relación entre Sur Finanzas y Banfield. La fiscal Incardona sostiene que la dirigencia del club firmó contratos por USD 1 millón con tasas mensuales de hasta el 4%, generando obligaciones financieras millonarias para la institución. Parte de esas operaciones habrían sido realizadas en efectivo, dificultando el seguimiento del dinero.
Además, la investigación detectó el supuesto desvío de ingresos genuinos del club hacia un fideicomiso paralelo denominado “Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña”. Entre las pruebas secuestradas aparecen cheques, contratos y documentación que, según la fiscalía, demostrarían la maniobra.
El expediente también puso bajo la lupa la relación entre Vallejo y el mundo del fútbol. De acuerdo con la investigación, la financiera habría trabajado con al menos 17 clubes y habría manejado fondos provenientes de derechos televisivos.
Durante los más de 40 allanamientos ordenados por la Justicia se secuestraron computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentación vinculada a distintas instituciones deportivas, entre ellas San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central.
Aunque Claudio “Chiqui” Tapia no está imputado, en la causa se menciona que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino habría facilitado el ingreso de Vallejo al circuito financiero de los clubes.
Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora.
La situación judicial del empresario se agravó todavía más luego de que la Cámara Federal de La Plata respaldara las decisiones del juez Armella y rechazara los planteos de la defensa, a la que incluso le impusieron costas por considerar que intentó entorpecer el proceso.
En paralelo, Sur Finanzas también aparece mencionada en otra investigación que lleva adelante la jueza María Servini por presuntas maniobras de compraventa de divisas durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en un expediente vinculado al denominado “rulo cambiario”.
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AFA,Chiqui Tapia,Maximiliano Vallejo,Sur Finanzas
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