POLITICA
La Justicia revocó una cautelar sobre la Ley de Glaciares iniciada por kirchneristas en Santa Cruz
EL CALAFATE.- En un revés para el municipio de El Calafate y legisladores locales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó de manera íntegra la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares (27.804) en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, consideró que no se encuentra acreditado un peligro de daño inminente que justifique frenar una norma dictada por el Congreso de la Nación.
El fallo, que puso el foco en el rigor técnico y la división de poderes, revocó la medida dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y si bien el tribunal dejó sin efecto la decisión del magistrado, subrayó que los glaciares en Santa Cruz no se encuentran desamparados, debido a la vigencia de “capas de protección” que le otorgan leyes provinciales y nacionales que preceden a la reforma cuestionada.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación celebraron el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia a través de sus redes sociales y consideraron que constituía un firme respaldo al Estado Nacional en defensa del “modelo argentino de federalismo de concertación ambiental, en el que la Nación fija el estándar básico de protección del ambiente y las provincias complementan, aplican y ejercen el poder de policía dentro de sus competencias”, según quedó plasmado entre los argumentos de la apelación presentada por los abogados del Estado Nacional en abril pasado.
La acción judicial fue tramitada bajo la carátula de amparo ambiental y era impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma argumentando que reduce los estándares de protección y habilitaría actividades industriales en zonas antes vedadas.
En un punto central del fallo, el tribunal de alzada se explayó sobre la “legitimación de los demandantes”. La Cámara rechazó que el intendente, la concejal y los legisladores pudieran actuar como “representantes del pueblo de toda la provincia”, argumentando que esa voz pertenece exclusivamente al Congreso de la Nación. No obstante, el tribunal les reconoció la aptitud para litigar pero únicamente en su carácter personal, como ciudadanos que habitan el territorio y tienen interés en un ambiente sano.
A pesar del levantamiento de la suspensión, el fallo advirtió que sobre la región se superponen distintas “capas de protección” que tornan jurídicamente imposible la habilitación inmediata de proyectos nocivos. El tribunal destacó que en Santa Cruz rige la Ley Provincial 3123 que desde hace 15 años mantiene estándares tuitivos prácticamente idénticos a la ley nacional anterior. Además, recordó que gran parte del área en disputa se encuentra bajo la protección de las leyes 19.292 y 22.351 de Parques Nacionales, que prohíben cualquier tipo de explotación económica más allá del turismo.
En otro aspecto fundamental del fallo, los camaristas le cuestionaron al juez de primera instancia haber ignorado las reglas básicas de los procesos colectivos, definidos en las Acordadas 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos reglamentos establecieron la creación del Registro Público de Procesos Colectivos para evitar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas.
En otro punto, la Cámara de Comodoro también cuestionó que la medida procura suspender una ley sancionada por el Congreso de la Nación, “lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada”, aseguraron los jueces y recordaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “que las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos”.
En su análisis, la Cámara de Comodoro Rivadavia detalló una serie de severas falencias técnicas en la resolución del magistrado de primera instancia, a la que consideró carente de un examen riguroso y con fundamentos “precarios” en tanto que se le cuestionó haber dictado la suspensión de la norma sin siquiera detallar las novedades introducidas por la nueva ley, ignorar el marco legal preexistente e incluso desconocer los límites territoriales de su propia jurisdicción.
“Ningún pasaje de la exposición fue dedicado a, por lo menos, enunciar cuáles fueron las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada)”, detallan los jueces y agregan la sentencia “no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad al que ha sido sometida y afirman que no contiene un examen riguroso de la problemática constitucional puesta en tela de juicio.
Tras conocerse el fallo desde la Procuración del Tesoro, litigantes en la causa aseguraron que continuarán ejerciendo la defensa judicial del Estado Nacional y de la plena vigencia de la Ley N° 27.804 frente a los distintos planteos promovidos “para impedir la aplicación de una norma debatida y debidamente sancionada por el Congreso de la Nación” y aseguraron a través de un comunicado: “El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente”.
pic.twitter.com/smUcIsdnQs,June 1, 2026,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder
La “banda de los mendocinos”. Así llaman en los pasillos del poder al grupo de funcionarios que hace años controlaba Arsat. Con Facundo Leal, expresidente de la empresa detenido, como una de las principales figuras, ascendieron dentro de la compañía mientras su patrimonio crecía a niveles inexplicables. Ahora, cuatro de ellos se encuentran imputados y con pedido de indagatoria por la sospecha de que recibieron coimas para contratar a un depósito.
Repetidas fuentes, conocedoras de su nivel de vida, comentaron a que lo hallado en los allanamientos y el expediente en sí es tan solo una pequeña porción del dinero que habrían movido dentro de la empresa. Además de Arsat y de su provincia de origen, los mendocinos comparten algo más: un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026.
El grupo se compone de algunos imputados y otros no implicados hasta ahora en la causa, todos dentro de Arsat desde hace prácticamente 20 años, cuando llegaron de la mano del exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli (PJ). Dentro de los primeros se encuentran Leal, Gerardo Boschin (era gerente de compras y luego fue designado al frente de Trenes Argentinos), Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas de Arsat y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas de la empresa.
De ese mismo palo son Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de Mendoza, exgerente de Relaciones Institucionales de Arsat y designado por Milei como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura; Santiago Trezza Silva, un abogado que cumplió múltiples roles dentro del ecosistema Arsat, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), una empresa creada por Arsat e Invap para el testing de satélites en Bariloche.
Todos los que adquirieron lugares de poder durante la gestión de Milei, incluido Leal como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), renunciaron a la par de Luis Pierrini, también mendocino, cuando este fue invitado a retirarse de la Secretaría de Transporte, en enero de este año.
Leal fue detenido la semana pasada cuando en operativos en sus propiedades le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una gran cantidad de dosis de drogas.
Cómo adquirieron semejante control de áreas clave en los últimos años tiene dos explicaciones principales. Una, la más simple y en la que descansan algunos funcionarios del Gobierno, es el impulso que le dio Pierrini a su grupo. A Pierrini se le atribuye haber llegado a Transporte por recomendación de Juan Pazo, extitular de ARCA durante el mileismo y superintendente de Seguros en la gestión de Mauricio Macri. Durante ese tiempo habría solidificado un vínculo con Pierrini, quien era gerente general de Triunfo Seguros.
La segunda explicación, no contradictoria con la anterior, resulta de mayor interés en el ambiente político -independientemente de quién puso a quién-. Facundo Leal y el grupo mendocino tienen múltiples vasos comunicantes con personajes de mucho poder. Conoce hace años a Leonardo Scatturice, el empresario con extensos vínculos en Estados Unidos que ganó terreno en la gestión libertaria a través de una asociación estratégica con Santiago Caputo. Leal y Scatturice se conocen de mucho antes de Milei, por el interés del empresario en los servicios de Arsat.
Pero Leal creció en política por su capacidad camaleónica. Su última “traición”, según apuntan conocedores, fue a “Pepe” Albistur. “Se cortó solo”, explican algunos sobre su traspaso al massismo durante la gestión de Alberto Fernández. Ahí yace una tercera explicación a su permanencia en el ecosistema libertario.
Sus relaciones se extienden más allá de la política. “Los mendocinos” cosecharon relaciones con empresarios importantes, también oriundos de allí, como José Luis Manzano y Daniel Vila. También con el mundo del fútbol. A Pierrini y Leal se les adjudica haber viajado en un avión atribuido a Pablo Toviggino a España. Esa relación de años se pudo haber gestado a partir de Falasco, que estuvo alrededor del mundo Boca y de la AFA, o también por la pasión compartida: los caballos. Tanto Toviggino como Leal tienen registrados equinos criollos a su nombre. El tesorero de la AFA, si bien es rosarino, es aficionado de los vinos y dueño -según versiones- de la bodega La Vigilia.
La noche
Además de Arsat, a este grupo lo unen viajes y fiestas electrónicas. Una fuente contó a que a mediados del año pasado, cuando el grupo ya tenía control de Trenes Argentinos, vía Boschin, se fueron de viaje a Marbella, España, invitados por un contratista del Estado. “Se fueron a festejar que cerraron un contrato”, recordó. Este medio, también, confirmó una imagen de Leal cenando con un intermediario de la empresa Huawei, interesada hace años en los negocios de las telecomunicaciones en la Argentina.
Destino frecuente de “la banda” era Las Palapas, un exclusivo espacio de eventos al aire libre, frecuentemente usado para fiestas electrónicas, en Dique Potrerillos, Mendoza. Durante la pandemia, cuando se suspendieron todo ese tipo de festejos, solían utilizar las instalaciones de Arsat en Benavídez para hacer asados o “jodas”. De acuerdo con varias fuentes, la policía se apersonó en el lugar varias veces ante las reiteradas denuncias de los vecinos. Las fiestas siguieron.
Los años en la función pública vinieron con un crecimiento fuerte en su patrimonio. En 2020, Leal declaró un patrimonio total de aproximadamente $39,2 millones y un inventario de varias propiedades en Mendoza, tres automóviles (una Volkswagen Amarok, una BMW X5 y una Toyota Hilux), algo de dinero en cuentas bancarias, una participación en un fideicomiso y una explotación unipersonal valuada en poco más de $3 millones, además de una deuda de $69.000 con el Banco Galicia.
Cinco años después, al presentar su declaración inicial como Presidente del Orsna, declaró un patrimonio de $528 millones, lo que significa que multiplicó por 13,4 en el período. Entre sus bienes al inicio del período 2025 figuran siete propiedades en Mendoza, con superficies de 949, 719, 224, 133, 92, 58 y 42 metros cuadrados, respectivamente, distribuidas entre Godoy Cruz, la capital mendocina y Malargüe. La mayor de ellas —una propiedad de 719 metros cuadrados destinada al alquiler en Godoy Cruz— estaba valuada en $79 millones. Sumadas, sus propiedades representaban más de $195 millones (al valor fiscal). A eso se suman dos autos de alta gama, más de $61 millones en efectivo en pesos, una caja de ahorro en dólares con más de $3,3 millones de pesos al tipo de cambio declarado, y un ítem que resulta particularmente llamativo: una “empresa unipersonal” valuada en 220 millones de pesos, sin mayor descripción.
En el caso de Boschin, en su declaración inicial del 2020, su patrimonio era de dos autos (un VW Polo y un Chevrolet Prisma), 75 pesos en cuenta corriente y una deuda prendaria con HSBC de 352.800 pesos. Patrimonio total: poco más de $2 millones. Cuatro años después, en su declaración anual del 2024, el panorama había cambiado de manera notable. Al inicio del período 2024, Boschin declaraba cuatro vehículos: el Polo y el Prisma originales —valuados en cero, probablemente vendidos o transferidos—, un Volkswagen Taos Highline 2021 de casi $20 millones, y una Volkswagen Amarok Extreme V6 modelo 2023 valuada en más de $32 millones. El total del patrimonio al cierre del período 2024 superaba los $240 millones.
La causa está en plena expansión. El juez Mirabelli y el fiscal Domínguez tienen ahora en su poder los celulares, computadoras y documentación incautada en los allanamientos de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El análisis forense de esos dispositivos es lo que, según fuentes judiciales, podría revelar la extensión completa de la red: cuántos proveedores pagaron retornos, por qué montos, y qué porcentaje de los contratos de Arsat durante la presidencia de Leal estuvo viciado por corrupción.
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Tras siete años de gestión, el gobierno de Nayib Bukele ingresa en la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de 2027 con una agenda que seguiría centrada en seguridad, turismo y megaproyectos de infraestructura, pero también tiene en sobre la mesa puntos clave como los ajustes fiscales y la reforma de pensiones pactados con el Fondo Monetario Internacional, además de una política social que busca exhibir resultados tangibles a la población.
Las prioridades del Ejecutivo, respaldado por una mayoría en la Asamblea Legislativa, se articulan en torno a consolidar un modelo que le permita la continuidad en las elecciones de febrero próximo.
El segundo mandato de Bukele, que inició el 1 de junio de 2024, cumple dos años este lunes, pero el mandatario buscará la reelección en los comicios generales del otro año.
Los salvadoreños acudirán a las primeras elecciones tras unas reformas constitucionales que ampliarán el período presidencial de 5 a 6 años, eliminan la segunda vuelta electoral y permiten la reelección presidencial indefinida. Además, unificaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Estos son algunos de los temas y áreas clave que seguirían en la agenda del Ejecutivo:
Régimen de excepción y endurecimiento penal
Desde marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha prorrogado de manera mensual el régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.
Según reporta WOLA (The Washington Office on Latin America), este esquema ha facilitado el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros y se ha convertido en el eje de la estrategia política del Ejecutivo, la cual le ha permitido la reducción de los índices de homicidio y la desaparición de las pandillas de las calles. Esta es una medida que seguiría vigente tras los comicios.
Un símbolo visible de ese enfoque punitivo es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 internos.
La administración de Bukele sostiene que el régimen es la clave para el “nuevo El Salvador”, mientras organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), cuestionan el modelo.
A eso se suma una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves, aunque su implementación requiere ajustes en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, lo que mantiene el debate legislativo abierto sobre los alcances de la medida.
Megaproyectos de infraestructura y facilitación de comercio
Otros planes en curso que tiene el gobierno es el de Facilitación de Comercio 2026–2030 que fija como meta modernizar puertos, aeropuertos y carreteras, digitalizar trámites aduaneros y fortalecer la integración logística regional.
Entre los proyectos prioritarios destacan el Aeropuerto del Pacífico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la modernización del puerto de Acajutla, iniciativas que, según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), buscan convertir al país en un nodo logístico y mostrar avances materiales de cara a la campaña electoral.
Política social y turismo como vitrinas de gestión
La política social se mantiene como un pilar de legitimidad, especialmente en el contexto electoral. El gobierno mantiene activos programas de reconstrucción escolar, entrega de dispositivos electrónicos y paquetes escolares gratuitos a más de un millón de estudiantes, formación técnica y empleo juvenil.
La inversión supera los 500 millones de dólares en infraestructura educativa y 800 millones en tecnología, según datos oficiales. En el área de juventud y empleo, el programa “Up Digital” ofrece formación en competencias tecnológicas y apoyo a emprendimientos.
Proyectos de vivienda de ayuda mutua y legalización de propiedades, articulados con estrategias de prevención de violencia, buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. El Ministerio de Vivienda ejecuta articula estas iniciativas con estrategias de prevención de violencia y renovación urbana.
El turismo y la imagen internacional ocupan un lugar destacado en la agenda gubernamental. Bajo la marca “Surf City” y la promoción de eventos deportivos internacionales, el gobierno proyecta a El Salvador como un destino seguro y atractivo.
El Ministerio de Turismo apunta a superar los 4 millones de visitantes internacionales en 2026 y a posicionar la franja costera y la zona oriental como polos de desarrollo. El discurso oficial asocia la mejora en seguridad con el crecimiento del turismo y la llegada de inversiones, mientras organismos multilaterales financian parte de la infraestructura turística.
Ajuste fiscal, reforma de pensiones e incentivos a la inversión
En el plano económico, el Ejecutivo se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ejecutar un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2025 y 2027.
El ajuste prevé recortes en remuneraciones del sector público, bienes y servicios y transferencias a municipalidades. La reducción de recursos para gobiernos locales centraliza la capacidad de inversión en el Ejecutivo.
El gobierno sostiene que esta disciplina fiscal se logra sin aumentar impuestos directos, aunque ha incrementado la carga para entidades consideradas “agentes extranjeros”.
Uno de los componentes más sensibles de la agenda económica es la inminente reforma de pensiones. Técnicos del FMI alertaron sobre el riesgo de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria en 2027, lo que obliga al gobierno a preparar una reforma antes de esa fecha.
Entre algunas de las medidas en discusión figuran el aumento de la edad de jubilación y mayores aportes de trabajadores y empleadores. La administración de Bukele aún no ha presentado una propuesta oficial, pero el tema genera expectativa y preocupación en amplios sectores sociales.
En paralelo al ajuste, la administración impulsa un plan de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y promover sectores estratégicos.
Según la consultora Consortium Legal, la reciente reforma al Código Tributario exonera del impuesto sobre la renta a inversionistas extranjeros en el mercado de valores nacional. Otras medidas benefician a proyectos de innovación tecnológica y construcción vertical, en línea con el objetivo de posicionar a El Salvador como un nodo logístico y digital en la región.
Además están sobre la mesa los datos del FMI que muestran que la deuda del sector público de El Salvador se ubicó en torno al 85% del PIB en 2023, una carga que condiciona el margen fiscal en los años previos a 2027 y explica la centralidad del ajuste comprometido con el organismo lo que resta de 2026 y el próximo año.
Estas políticas buscan dinamizar la economía en un contexto de recorte del gasto social y restricciones presupuestarias que debe cumplir de cara al acuerdo con el FMI que culmina en junio de 2028.
El equilibrio entre disciplina fiscal, seguridad reforzada y expansión de la política social define el núcleo de la agenda de Nayib Bukele para 2027.
Según los compromisos detallados por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y la planificación de obras plasmada en documentos de la CAF, el gobierno enfrenta el reto de sostener la popularidad de sus políticas sin erosionar el bienestar de sectores clave.
Mientras tanto, la ejecución de megaproyectos y los programas sociales se convierten en herramientas centrales para fortalecer la narrativa del “nuevo El Salvador” y consolidar el proyecto político de cara a un ciclo electoral inédito.
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POLITICA
Ley de Glaciares: la Justicia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la reforma en Santa Cruz
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz, tras considerar que no se evidencia un daño ambiental inminente.
La acción de amparo colectivo había sido impulsada por el intendente de El Calafate y legisladores provinciales, quienes reclamaban la suspensión de la reforma por presuntos riesgos ambientales.
La Cámara, integrada por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, reconoció la legitimación de los accionantes en su carácter de “parte afectada”, al entender que el derecho a un ambiente sano ampara a todos los ciudadanos por igual, más allá de los cargos que ocupen. Sin embargo, rechazó que pudieran autoerigirse como representantes del pueblo de toda la provincia.
“Ni el Intendente de El Calafate, ni la Presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia en el sentido que aquí han pretendido”.
La sentencia criticó que el juez de primera instancia no examinó las novedades sustanciales introducidas por la Ley 27.804, sancionada por el Congreso semas atrás, que no habilita una desprotección “arbitraria” de los glaciares, sino que exige estudios técnico-científicos, audiencias públicas e intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) antes de cualquier modificación.
“El Juez Federal de Río Gallegos ni siquiera explicó los motivos por los que la nueva norma importaría un retroceso en materia ambiental, omitiendo referirse a la opinión técnica vertida por la Subsecretaría de Ambiente y las consultas cursadas por la OIT”, dijeron los camaristas en el fallo, al que tuvo acceso TN.
Un argumento central del fallo fue la existencia de “capas de protección” superpuestas en Santa Cruz. Al respecto, los jueces recordaron que gran parte de las zonas potencialmente afectadas tienen estatus de Parque Nacional, donde toda explotación económica ya se encuentra prohibida por leyes específicas.
Los camaristas también remarcaron la vigencia de la Ley Provincial 3.123, cuyos estándares de protección resultan “prácticamente idénticos” a la redacción original de la norma nacional. Según los jueces, este marco normativo local impide que la reforma federal habilite de forma inminente actividades contaminantes en la provincia.
El tribunal concluyó que el “peligro en la demora” invocado por los amparistas es “meramente conjetural y remoto”, ya que al no existir un “caso actual” de daño concreto, la validez de la ley debe debatirse en el marco del proceso principal, sin suspender anticipadamente sus efectos.
Las principales claves de los cambios en la ley de Glaciares
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
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La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales.
Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
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