POLITICA
La Justicia revocó una cautelar sobre la Ley de Glaciares iniciada por kirchneristas en Santa Cruz

EL CALAFATE.- En un revés para el municipio de El Calafate y legisladores locales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó de manera íntegra la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares (27.804) en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, consideró que no se encuentra acreditado un peligro de daño inminente que justifique frenar una norma dictada por el Congreso de la Nación.
El fallo, que puso el foco en el rigor técnico y la división de poderes, revocó la medida dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y si bien el tribunal dejó sin efecto la decisión del magistrado, subrayó que los glaciares en Santa Cruz no se encuentran desamparados, debido a la vigencia de “capas de protección” que le otorgan leyes provinciales y nacionales que preceden a la reforma cuestionada.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación celebraron el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia a través de sus redes sociales y consideraron que constituía un firme respaldo al Estado Nacional en defensa del “modelo argentino de federalismo de concertación ambiental, en el que la Nación fija el estándar básico de protección del ambiente y las provincias complementan, aplican y ejercen el poder de policía dentro de sus competencias”, según quedó plasmado entre los argumentos de la apelación presentada por los abogados del Estado Nacional en abril pasado.
La acción judicial fue tramitada bajo la carátula de amparo ambiental y era impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma argumentando que reduce los estándares de protección y habilitaría actividades industriales en zonas antes vedadas.
En un punto central del fallo, el tribunal de alzada se explayó sobre la “legitimación de los demandantes”. La Cámara rechazó que el intendente, la concejal y los legisladores pudieran actuar como “representantes del pueblo de toda la provincia”, argumentando que esa voz pertenece exclusivamente al Congreso de la Nación. No obstante, el tribunal les reconoció la aptitud para litigar pero únicamente en su carácter personal, como ciudadanos que habitan el territorio y tienen interés en un ambiente sano.
A pesar del levantamiento de la suspensión, el fallo advirtió que sobre la región se superponen distintas “capas de protección” que tornan jurídicamente imposible la habilitación inmediata de proyectos nocivos. El tribunal destacó que en Santa Cruz rige la Ley Provincial 3123 que desde hace 15 años mantiene estándares tuitivos prácticamente idénticos a la ley nacional anterior. Además, recordó que gran parte del área en disputa se encuentra bajo la protección de las leyes 19.292 y 22.351 de Parques Nacionales, que prohíben cualquier tipo de explotación económica más allá del turismo.
En otro aspecto fundamental del fallo, los camaristas le cuestionaron al juez de primera instancia haber ignorado las reglas básicas de los procesos colectivos, definidos en las Acordadas 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos reglamentos establecieron la creación del Registro Público de Procesos Colectivos para evitar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas.
En otro punto, la Cámara de Comodoro también cuestionó que la medida procura suspender una ley sancionada por el Congreso de la Nación, “lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada”, aseguraron los jueces y recordaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “que las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos”.
En su análisis, la Cámara de Comodoro Rivadavia detalló una serie de severas falencias técnicas en la resolución del magistrado de primera instancia, a la que consideró carente de un examen riguroso y con fundamentos “precarios” en tanto que se le cuestionó haber dictado la suspensión de la norma sin siquiera detallar las novedades introducidas por la nueva ley, ignorar el marco legal preexistente e incluso desconocer los límites territoriales de su propia jurisdicción.
“Ningún pasaje de la exposición fue dedicado a, por lo menos, enunciar cuáles fueron las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada)”, detallan los jueces y agregan la sentencia “no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad al que ha sido sometida y afirman que no contiene un examen riguroso de la problemática constitucional puesta en tela de juicio.
Tras conocerse el fallo desde la Procuración del Tesoro, litigantes en la causa aseguraron que continuarán ejerciendo la defensa judicial del Estado Nacional y de la plena vigencia de la Ley N° 27.804 frente a los distintos planteos promovidos “para impedir la aplicación de una norma debatida y debidamente sancionada por el Congreso de la Nación” y aseguraron a través de un comunicado: “El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente”.
pic.twitter.com/smUcIsdnQs,June 1, 2026,Mariela Arias,Conforme a
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Las prioridades del Gobierno para el cierre del año legislativo y los proyectos que podrían quedar en espera

Pocos días después de que papa León XIV concluyera su histórica visita a la Argentina, los tiempos políticos se aceleraron en el Congreso. Conscientes de que quedan solo dos semanas para el fin de las sesiones ordinarias el Gobierno comenzó a dar señales claras de cuáles son sus prioridades legislativas.
En medio de tensiones internas que ya casi nadie se molesta en ocultar, el sector del oficialismo encabezado por Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem comenzó a presionar para destrabar la suspensión de las elecciones primarias (PASO). Por indicación de la Casa Rosada, el senador libertario Agustín Coto convocó para la semana que viene a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la idea es dictaminar el proyecto de reforma política el próximo martes y lograr la media sanción el 26 de noviembre.
En los planes del Gobierno, luego la Cámara de Diputados le dará sanción definitiva durante las sesiones extraordinarias de diciembre y así cumplirán con el pedido de la Justicia Electoral, que advirtió que cualquier cambio en la forma de votación debe realizarse en años pares para evitar “cambiar las reglas del juego” tan cerca de los comicios.
Sin decirlo, el karinismo apunta contra Patricia Bullrich, porque sospechan que no tiene verdadero interés en suspender las primarias por su ambición personal de competir en una interna contra Milei. No obstante, desde el entorno de la jefa del bloque colocan las responsabilidad en el Poder Ejecutivo por no haber garantizado los votos. Justamente de eso deberá encargarse el jefe de Gabinete Diego Santilli durante la próxima semana.
Por su parte, la Cámara de Diputados también definió prioridades. La semana que viene convocará a una sesión especial el miércoles para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Si bien se descarta que ambos proyectos serán aprobados, el de Malvinas se encamina a sufrir la amputación del Título VII, que incorpora cambios al régimen electoral y al Código Penal para sancionar la “injerencia extranjera” en la política argentina.

Este capítulo genera objeciones entre bloques aliados y dialoguistas, que sostienen que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. El Gobierno se comprometió a modificar nuevamente la redacción pero no lo eliminará de raíz como pretende la oposición y dado que al modificar normas electorales requiere 129 votos afirmativos es probable que caiga rechazado.
A la semana siguiente, el miércoles 25, el oficialismo llevará al recinto el proyecto de Presupuesto 2025. El texto de la “ley de leyes” aún no fue dictaminado porque bloques aliados como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal todavía esperaban una respuesta del Ministerio de Economía a la mayoría de sus planteos, que van desde las deudas por coparticipación a CABA, a los fondos para Discapacidad y Universidades, concesiones viales, aportes a las cajas previsionales y rebajas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
En este caso, será el Senado el que deberá completar la sanción del Presupuesto durante el mes de diciembre, algo de vital importancia para el Gobierno a la hora de mostrar previsibilidad económica y estabilidad política a los mercados en un contexto de fuerte incertidumbre internacional y con algunos datos económicos negativos a nivel local.
Con tantos temas de alto perfil arriba de la mesa de negociación, es probable que al menos una decena de proyectos se posterguen para el año que viene o directamente caigan en el olvido.
Entre ellos se destaca el denominado Super RIGI, que el Gobierno puso en el centro de la agenda hace apenas unos meses pero luego perdió impulso. La iniciativa, que tiene media sanción de Diputados, apuntaba a incentivar las grandes inversiones en nuevas industrias como data centers e inteligencia artificial con beneficios fiscales por 30 años. Pero quedó trabada en el Senado cuando los aliados del oficialismo reclamaron la incorporación de los proveedores locales. Por el momento no hay rumores de que se trate durante las próximas semanas.
A la inversa, la ley de biocombustibles se aprobó en el Senado pero quedó trabada en Diputados porque el PRO, la UCR y bloques provinciales reclamaron mayor protección para las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, que no podrán competir con las grandes empresas productoras de Córdoba y Santa Fe.

Entre los temas pendientes, los que conservan alguna posibilidad de ser tratados durante las sesiones extraordinarias son la nueva ley de Salud Mental y la ley de Discapacidad. La primera, que entre otros puntos modifican criterios de internaciones, fue recientemente aprobada en el Senado a pesar del rechazo del peronismo pero todavía no comenzó a discutirse en comisión en Diputados. Por su parte, la reforma del área de Discapacidad consiguió un amplio consenso en Diputados y debería tratarse en el Senado en el corto plazo.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales. Sin embargo, el mensaje fue interpretado como un desafío a la Casa Rosada, que tiene otras prioridades.

En cambio, el panorama es más incierto para el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros), la denominada Ley Hojarasca y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes. Los tres primeros tienen media sanción de Diputados pero ni siquiera fueron dictaminados en el Senado.
Finalmente, la ley de ludopatía se encamina a perder estado parlamentario incluso a pesar de que Patricia Bullrich había adelantado que se trataría en las “próximas semanas” luego de una fuerte campaña de presión de la Iglesia Católica.
“La ludopatía infantil no es un juego; destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerles límites”, dijo Bullrich, pero la normativa que incluso restringe la publicidad de las casas de apuestas legales es rechazada por las provincias, que podrían ver sus recursos disminuidos.
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Cómo varió la cantidad de católicos en las últimas dos décadas en el país

Aunque el catolicismo sigue siendo la religión con mayor cantidad de fieles, perdió seguidores en los últimos 18 últimos años frente al crecimiento de los que no se identifican con ninguna religión, o se manifiestan ateos o agnósticos, y el aumento de los evangélicos.
Un relevamiento realizado por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), publicado en junio de este año, muestra que una mayoría en el país adhiere al catolicismo, pero este credo ya no conserva el predominio religioso que históricamente tuvo.
¿La visita del Papa León XIV podrá alterar los números actuales? Aún es muy pronto para saberlo, pero lo cierto es que las multitudinarias misas en la Ciudad de Buenos Aires, la fábrica de FADEA en Córdoba, la Catedral de Luján y el Encuentro con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles reunieron, al menos, a 7,1 millones de personas. Una cifra que sorprendió a los organizadores y al propio Vaticano.
Actualmente, el 57,7% de la población de 16 años o más se identifica como católica, según un informe del Barómetro de la Religiones que dirige el sociólogo e investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel. Ese porcentaje marca una baja considerable en comparación con el 90% de adhesión a ese credo registrado en 1960, según el Censo Nacional de Población de ese año.
“Si bien el catolicismo como práctica religiosa puede haber disminuido, al mismo tiempo, en ciertas circunstancias, es muy activo. A los católicos los movilizó mucho la presencia del Papa León XIV en el país”, señala Pablo Semán, profesor en la Universidad de San Martín y especializado en el estudio de las culturas populares y en temas de religiosidad.
“El Papa, en tanto pontífice, es una encarnación de la divinidad y para los católicos su figura es de mucha jerarquía, lo que genera una gran emoción religiosa. Hay gente que fue a ver pasar al Papa y no se quedó a la misa”, agrega este investigador del CONICET.
La población sin afiliación religiosa – incluyendo ateos y agnósticos – se consolida como segundo grupo en magnitud con el 22,4%, lo que confirma el avance de procesos de desinstitucionalización religiosa. Ocupa ese lugar desde 2019 según la compración histórica.
Sin embargo, el informe del Barómetro advierte que “esta categoría no implica necesariamente ausencia de religiosidad. Por el contrario, una proporción significativa mantiene creencias y prácticas espirituales. Este fenómeno se aproxima a lo que la sociología denomina ‘creer sin pertenecer’, donde la religiosidad persiste desvinculada de instituciones formales”.
En el mismo sentido, en diálogo con Infobae, Semán señala que hay un amplio sector que se define como ‘sin religión‘, pero que eso no significa que no tenga creencia religiosa, o que sean ateos, sino que no pertenece a ninguna institución puntual. Puede creer en Dios, en el Espíritu Santo, en la Virgen, en el Gauchito Gil, o en el horóscopo. Es gente que quizás no se identifica con la Iglesia católica o su dogma, o que practica terapias alternativas y tiene un régimen de pensamiento que es totalmente compatible con ‘creer‘ en algo”.
En tercer lugar, con el 17,4%, se ubican los que se reconocen como evangélicos, casi una quinta parte de los consultados en la encuesta del Barómetro. Este número evidencia un crecimiento gradual pero sostenido en las últimas dos décadas, y consolida a este culto como segunda identidad religiosa organizada.
“Estos datos muestran que el campo religioso argentino ya no se estructura en torno a una única entidad dominante”, señala el informe de la UBA sino que, por el contrario, “se ha vuelto más plural, fragmentado y diverso”.
El resto de la población se distribuye entre comunidades judías, musulmanas, espiritualidades indígenas u otras creencias minoritarias.
¿La visita de León XIV puede reactivar al catolicismo en el país? “Hay una dimensión vital del catolicismo que es la papal. Y eso, a su vez, hace latir y reverberar otras dimensiones del catolicismo. En una metáfora un poco gruesa, el Papa siembra al ritmo del viento y del avión, y la estructura católica se mueve al ritmo de una infantería mecánica en la arena. Hay una brecha entre ambas. Siempre es un problema saber si la Iglesia lo va a aprovechar o no. Y también cómo medirlo”, analiza Semán ante Infobae.
En ese sentido, el autor de “Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina”, sostiene que puede haber algunos indicadores aunque habrá que esperar para verlos. “¿Va a haber más bautismos, más conversiones o asistencia a las misas? No lo sabemos aún, puede ser en un par de meses. El Papa promueve una movilización de la estructura eclesial y, además, hay reencantamiento de prácticas que no son necesariamente las más institucionales ni las más visibles. Mucha gente gana profundidad de su fe católica en contextos como este o se acerca al catolicismo. Quizás después no vaya a la misa. Ese es un problema de los curas y de cómo está definida la misa».
Afiliación religiosa por edad
Según los datos del Barómetro, las formas de creer varían según la edad. “El cambio religioso está fuertemente impulsado por un proceso de reemplazo generacional”, advierte el informe coordinado por Esquivel, docente de la UBA especializado en el tema de laicidad, secularización y la relación Estado-Iglesia en Argentina.
En efecto, entre los jóvenes (16 a 29 años), el porcentaje de los que se consideran católicos desciende al 44,6%, y en cambio asciende al 69% entre los de 50 años y más.
En cuanto a los jóvenes que manifiestan tener afiliación evangélica, el porcentaje crece hasta el 23,6%. En el otro extremo etario de los mayores de 50, desciende al 13,6%, por debajo del promedio.
Estos números muestran que los jóvenes no pierden la vocación religiosa, pero se vuelcan progresivamente más hacia el mundo evangélico en detrimento del catolicismo.
“Los jóvenes en general tienden a tener más distancia de las instituciones. Y entonces, creyendo o no creyendo, prefieren estar en lugares donde la institución es más flexible. El catolicismo no lo es para los jóvenes, como no lo es para nadie”, observa Semán sobre los datos que arroja el Barómetro. “Al ser más flexibles, los evangelistas pueden ensayar más proximidad cultural con ese grupo”, agrega.
En cuanto al segmento que no se identifica con ninguna religión, son ateos o agnósticos – el segundo más numeroso del país según el relevamiento – alcanza el 31% entre los jóvenes, contra el 22,4% del promedio de los consultados de todas las edades. En cambio, los mayores de 50 que no adscriben a ningún credo descienden al 12,6%.
“Entre los jóvenes sin religión es muy probable que haya crecido el ateísmo o la crítica de la religión. De hecho, entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales – a los que conozco por mi rol docente – es donde más ateos hay. También crecen nuevas formas de creencia religiosa, no institucionalizada”, apunta Semán.
Por género
Entre los católicos, son ligeramente más las mujeres: 58,5% contra el 57,1% de hombres que se definen como tales. La diferencia a favor de las mujeres también es mayor entre los evangélicos: 19,3% vs 15,2% de hombres.
Para Semán, esto está vinculado al diferente lugar que ocupa la mujer en la vida institucional de ambos credos. “Trabajé socialmente en un barrio cinco años y las mujeres que participan en los grupos religiosos son mayoría. Y sin embargo, su rol en la Iglesia Católica es secundario. En los barrios populares del Gran Buenos Aires hay decenas de iglesias evangélicas que no pertenecen a ninguna federación, que tienen como pastoras a mujeres. Y en cambio, si esa mujer se queda en el catolicismo, su protagonismo está muy restringido y es conflictivo, porque tiene que siempre negociar con el obispo o el sacerdote”.
En tanto, entre los que no se reconocen como pertenecientes a ninguna religión suman más hombres: 25,7% contra 18,8% de las encuestadas de género femenino.
Por área de residencia
Según los datos del Barómetro, las formas de creer varían también de acuerdo al lugar de residencia, con diferencias entre aquellos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o el interior del país.
Los que se reconocen como católicos son más en las provincias (59,4%) y los que dicen no tener filiación religiosa suben en porcentaje (26,1%) en el tejido urbano de la Capital y alrededores.
La distribución de los evangélicos es similar en el AMBA que en el resto del país.
Por nivel educativo
Sin embargo, en el análisis por nivel educativo, la filiación evangélica sube entre los que tienen secundario incompleto, hasta el 22,5%.
“Los evangélicos se expanden más en los sectores populares, donde los católicos no pueden crecer”, advierte Semán. ¿A pesar de la labor pastoral de la Iglesia y de asistencia de Cáritas? pregunta Infobae. “Esa es la única manera que tiene el catolicismo de crecer entre los sectores populares, como una suerte ‘de hospital’. En cambio, los evangélicos son sociedades de socorros mutuos en el mundo popular. Sin interferencia de nadie”.
Los que no se identifican con ninguna religión son ligeramente más entre los que tienen secundario completo y formación terciaria o universitaria (28,5% y 27,9%, respectivamente).
En el caso de los católicos, el porcentaje de los encuestados es similar entre los que tienen secundario incompleto y estudios superiores (60,1%). Solo baja un poco entre los de secundario incompleto (50,9%).
Los motivos para acudir a un templo
El mismo Observatorio de la UBA, en otro informe de agosto pasado, relevó los motivos por los que la población argentina acudió a templos o iglesias. La encuesta arrojó que un 35,5% lo hizo durante el último año en busca de algún tipo ayuda.
El apoyo espiritual fue el principal motivo de consulta (21,7%), seguido por los problemas de salud (10,5%).
Otro 8,9% de los encuestados – en un cuestionario de respuestas múltiples – dijo haberlo hecho para solicitar ayuda económica o alimentaria.
También se registraron consultas vinculadas con la capacitación o búsqueda de empleo (7,1%), las actividades educativas o el apoyo escolar (5,6%) y las situaciones de violencia familiar (3%).
El Barómetro detalla que los evangélicos utilizan con mayor frecuencia las redes de apoyo de sus iglesias. El 64,6% de los que se identifican con ese credo acudió a alguna en busca de algún tipo de apoyo durante el último año, frente al 38,8% de los católicos.
Entre este grupo, el 48,3% acudió por apoyo espiritual, más del doble que entre los católicos (22,2%) y muy por encima de las personas sin filiación religiosa (5,1%).
Esta tendencia también se observa en las consultas por problemas de salud, que alcanzaron al 17,6% de los evangélicos, frente al 12,4% de los católicos y el 3% de quienes no se identifican con ninguna religión. En el caso de la asistencia económica o alimentaria, los porcentajes fueron del 15,8%, 9% y 3,8%, respectivamente.
El relevamiento también muestra diferencias en cuanto a la edad de los que acuden a una institución religiosa. Las personas mayores de 50 años fueron quienes más asistieron a un templo en busca de ayuda el último año: el 45% acudió a estos espacios durante el último año, frente al 34% de los jóvenes de 16 a 29 años y al 27,6% de quienes tienen entre 30 y 49 años.
En cambio, el 72,4% de las personas de entre 30 y 49 años dijo no haber recurrido a estas redes de apoyo durante el mismo período.
Entre los principales motivos, el de las personas de más de 50 años fue la búsqueda de apoyo espiritual y problemas de salud, mientras que entre los jóvenes tuvieron mayor peso las solicitudes de ayuda económica o alimentaria y las situaciones de violencia familiar.
El nivel educativo marca otra diferencia en la relación con las instituciones religiosas. Las personas con menor instrucción educativa fueron las que más ayuda buscaron en templos (42,8%), según el relevamiento realizado por el Barómetro de la UBA. Lo hicieron en busca de apoyo espiritual (26,9%), problemas de salud (14,9%) y/o asistencia económica o alimentaria (12,5%).
En contraste, el 73,4% entre quienes finalizaron estudios superiores no acudieron a templos o iglesias en busca de ayuda.
Visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
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El próximo fenómeno político que ve el Gobierno y el ultimátum de Milei a sus funcionarios

La economía al servicio de la persona. Humanismo y sensibilidad. El papa León XIV dejó numerosas consignas en los discursos que emitió durante su visita a la Argentina. Es imposible no trasladarlas al plano de la política, pese a que su palabra tiene un sentido evangelizador. En la Casa Rosada todavía no tienen una conclusión acabada sobre si este suceso histórico generará un cambio en las pretensiones del electorado. Parece ser pronto para decirlo.
Cada funcionario tiene su propia lectura. Uno de ellos, de diálogo permanente con Javier Milei, opinaba que el principal efecto político de este viaje es el empoderamiento de la Iglesia como institución altamente legitimada. En el mismo sentido, otro de ellos : “Además de movilizar 8 millones de personas en todo el país, fueron capaces de emitir un discurso que, si lo hubiera dicho cualquier otro partido o dirigente político, le habría valido una puteada desde la Casa Rosada”.
No se trata de una apreciación menor. La narrativa que durante estos años no pudo utilizar el peronismo kirchnerista podrá encarnarla con mayor facilidad la Iglesia, esta vez con la plataforma ya instalada por parte del Sumo Pontífice. En el Gobierno ven que no dejarán de tener una tensión con esta institución, a la cual Milei no recibió en ocasión alguna hasta la visita del Papa y las ceremonias protocolares por fechas patrias.
Aunque no lo hicieron trascender públicamente, en el entorno del Presidente masticaron bronca ante la actitud de una importantísima figura eclesiástica que llamó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para pedirle que llevara más presos a la Cárcel de Devoto para la actividad de León XIV. La discusión fue acalorada, pero la funcionaria le dijo que no podía hacer nada porque era un entuerto administrativo y judicial.
Estos cortocircuitos ya habían trascendido a la esfera pública. Antes de la visita de León XIV, una de las figuras más carismáticas del ámbito eclesiático, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, que puso en duda los números que publica el Gobierno. “Dicen que sacaron a millones de la pobreza, pero los pusieron en la miseria”, dijo.
Y es que la economía libertaria oscila entre cifras positivas y negativas. En el Gobierno reconocen que está costando llevar al Índice General de Precios (IPC) hacia el 1% mensual. La inflación de octubre fue de 2,2% pero exaltan que la núcleo fue de 1,5%. La consultora LCG afirma que la canasta con la que se miden los precios actualmente (confeccionada en 2004 y 2005) pondera menos los servicios que la actualización metodológica que el INDEC había preparado a este año. Si el Gobierno no hubiera postergado su implementación, ese número habría sido 2,4%.
No son pocos los que ya se imaginan el reclamo de la Iglesia el año próximo. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, podrá hacer lo propio frente a Milei el año próximo durante el Tedeum por el 25 de mayo. En julio pasado, pidió fortalecer el compromiso para aquellos argentinos que padecen actualmente “el agobio de la falta de trabajo y la aflicción de la pobreza”. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) informó días atrás que hay 32.429 empresas menos desde noviembre de 2023 y 10.234 en lo que va del año.

Aunque con menos legitimidad social para recoger ese reclamo, el peronismo seguramente busque hacer campaña con consignas similares el año próximo, donde la dinámica del presupuesto será clave. Ya hay algunas tensiones que se avizoran en el horizonte. En diciembre creen que habrá déficit primario y financiero. Sería la segunda vez en el año que se vulnere esa ancla del programa macroeconómico. En la administración libertaria dicen que será pasajero, dado que ese registró estará condicionado por el pago de aguinaldos de la administración pública nacional, pero reconocen que no es un suceso menor, dado que aquello no pasó ni en 2024 ni 2025.
Hace tiempo que Luis Caputo le viene advirtiendo a los funcionarios políticos del Gobierno que debe empezar a desplegar cada vez más ases bajo la manga para no bordear el rojo fiscal. Esa situación implica menores herramientas desde lo político.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicó un informe ejecutivo sobre la Ejecución Financiera del Presupuesto en el que advierte que ya se usó el 84,1% del crédito vigente hasta octubre. Se trata de la mayor ejecución de los últimos diez años, frente a un promedio del 71,8% a esta altura del año. Analizan que deberán incrementar el monto total del Presupuesto.

En medio de ese contexto, el Gobierno busca acelerar la aprobación del Presupuesto 2027 y, para eso, tuvo que aceptar pedidos de los aliados del PRO, UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. El dictamen en la Comisión de Presupuesto está previsto para el martes 17, la votación en Diputados el miércoles 25 y el paso al Senado en las sesiones extraordinarias de diciembre.
Los negociadores de Diputados se comprometieron a garantizar fondos para las prestaciones de Discapacidad, aunque todavía no precisó partidas, distribución ni mecanismos de actualización. Con las universidades busca un acuerdo que combine más recursos con beneficios en las contribuciones patronales. A los gobernadores y aliados ya se les incorporó obras provinciales, sin detallar cuáles ni por cuánto monto. Y al PRO se le autorizó la concesión hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista que solicitaba.
El Presupuesto es condición indispensable para la rendición de cuentas con el FMI. “Más caro va a salir no tenerlo”, dicen cerca del Presidente, que dos semanas atrás les pidió a sus funcionarios durante la reunión de Gabinete que era obligatoria su aprobación, así como la Reforma Política. Todas antes de fin de año.
A los Menem no les disgustaba la idea de esperar a los primeros meses del año próximo, pero acataron la directiva. El Presidente no suele intervenir en la estrategia política, pero cuando lo hace no quedan lecturas dobles. “Saben que tienen la obligación de avanzar. Es un ultimátum”, dice un integrante de la Mesa Política respecto de los negociadores del oficialismo.

Milei y el equipo económico consideran que es vital la aprobación de la Reforma Política con la mayor celeridad posible. El objetivo es brindarle múltiples señales al mercado: ganar tiempo para que se recupere la economía antes de que comiencen los momentos de volatilidad preelectoral, limitar la organización del peronismo para la primera vuelta y generar un acuerdo político con gobernadores y partidos aliados.
El momento es clave. Cerca de Caputo miran con atención lo que podría pasar en la próxima reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). La consultora GMA Capital informó que el mercado da un 87% de probabilidad para que la tasa de referencia suba 250 puntos básicos. Ese endurecimiento de la política monetaria podría suponer desafíos para el rendimiento de los instrumentos argentinos. “Si el consenso del mercado es arriba de 50%, la FED va a subir”, se resignan en Economía.
Ante esto, una fuente inobjetable del Gobierno confirmó a Infobae que ya se están cerrando los detalles del borrador del proyecto con los gobernadores aliados. “La idea ya es tener 37 votos. Vamos a cerrar con el PRO, los radicales y algunos provinciales. El objetivo es dictaminar esta semana”, indicó.
Son conversaciones que todavía se mantienen de manera subterránea. Otro de los principales negociadores de LLA dijo que lo único que queda pendiente es “ver cómo se integran las listas conjuntas en las elecciones de octubre”. Hay gobernadores con los que directamente ya se logró un acuerdo de palabra sobre qué lugar ocuparán en los cargos para el Senado y la Cámara de Diputados, y si competirán bajo colectoras o bajo otro esquema.
Hubo muchas reuniones que no trascendieron en las que también se habló sobre cómo competirá La Libertad Avanza en el plano provincial. En varias de ellas ya se decidió no competir por la gobernación, pero no se les comunicó esa decisión a las militancias de base para no desmotivarlas.
“Se está trabajando en un acuerdo, pero no se puede menospreciar a los legisladores nacionales que se ilusionan con competir. Tampoco a quienes quieren ser candidatos locales. Hay que contenerlos”, señalan.
La neuquina Nadia Márquez es una de las que no sería candidata a gobernadora. En el armado desmienten que se haya decidido, pero no niegan que eso forma parte de las conversaciones con el gobernador Rolando Figueroa. Algo similar ocurre con Luis Petri, a quien no postularían para competir contra el radicalismo de Alfredo Cornejo. No son pocos los que piensan que podría abrirse y competir por su cuenta. Ganas e intención de voto no le faltan.
Lo curioso es que un integrante del círculo de Karina Milei se refirió a la Reforma Electoral que se tratará esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dijo que, en realidad, ese llamado representa “un desafío para Patricia Bullrich” para ver si consigue alinearse con la Casa Rosada. La jefa de bloque se ocupó de aclarar, fuera de los micrófonos, que votará a favor.
No serían momentos para jugar con el humor de la exministra de Seguridad. Este martes es la fecha límite para presentar a los integrantes por el Senado para el Consejo de la Magistratura, el influyente organismo que candidatea y remueve jueces federales y nacionales. Ella es quien tiene que firmar la carta para las postulaciones. No otra persona. El primer cupo por el oficialismo será Nadia Márquez, con quien Bullrich se peleó semanas atrás. ¿Estará de acuerdo en enviarlo? No está previsto que vaya a hacer lo contrario.
Como a la primera minoría le corresponden dos puestos en vez de uno, los libertarios enviarán como segundo cupo al salteño Gonzalo Guzmán Coraita. Así, el cordobés Luis Juez no podrá renovar su lugar. Pero el Justicialismo hizo una jugada semanas atrás: sumó una banca para superar los 21 integrantes que tiene La Libertad Avanza para quedarse con esa silla adicional. Aun así, indican que al momento del recambio legislativo, el oficialismo tenía 20 lugares porque Juez se sumó después. Seguramente se judicalizará. En la Cámara de Diputados la ecuación es más sencilla y los libertarios enviarán los nombres del cordobés Gonzalo Roca y la bonaerense Giselle Castelnuovo.
Bullrich volverá a reunirse con Karina este martes por la mañana en la Casa Rosada, en una nueva reunión de la Mesa Política. Todavía es un enigma qué se dirán y si disimularán los cortocircuitos de las últimas semanas. Tres de los integrantes de ese esquema le quitan dramatismo al asunto y creen que no habrá careos.

No está previsto que el Presidente la vaya a convocar a Olivos. Tampoco hará una reunión de Gabinete esta semana. Milei sigue pensando que Bullrich es la dirigente que mejor lo complementa en términos políticos y continúa viéndola como una compañera de fórmula. Eso se está difuminando con fuerza con el pasar de los días. Tanto de un lado, como del otro.
El Presidente conoce el anhelo de Bullrich de aspirar a la Presidencia. Su oferta para propiciarle ese camino de cara al 2031 es una sola: dar vía libre dentro de todo el oficialismo para que se generen internas en las legislativas de 2029.
Si consigue la reelección, Milei cree que su sucesión debe darse en ese marco, y que ese mercado de candidatos se dirimirá en libre competencia dentro del ámbito de la centroderecha. Quien gane, será el mejor: una suerte de traslación de la teoría económica al plano político.
Quienes integran el entorno cercanísimo de los hermanos Milei consideran que el despliegue de esa interna afectará la dinámica del oficialismo. “Va a ser algo parecido a Somalia. Una anomia de poder, porque van a estar todos disputándoselo”, es una sentencia que repiten en un despacho de la Casa Rosada. En otras alas coinciden. Aunque a muchos les guste mirar a mediano plazo, lo cierto es que el Gobierno debe encauzar cuanto antes sus posibilidades de reelegir. “Para hablar hay que ganar”, han cantado en más de una ocasión los streamers oficialistas.
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