La litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo no da señales de desaceleración. Durante los primeros cuatro meses de 2026 ingresaron casi 40.000 nuevas demandas judiciales contra las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), un volumen que supera al del mismo período del año pasado y que consolida una tendencia que, de mantenerse, llevaría a un nuevo récord histórico antes de que termine el año.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) alertó por la situación y señaló que ni las reformas legales recientes ni las medidas adoptadas en algunas jurisdicciones lograron revertir, hasta ahora, la dinámica de crecimiento.

Según los últimos datos notificados en el sistema de riesgos del trabajo correspondientes a abril de 2026, en el primer cuatrimestre del año se acumularon 39.687 nuevos casos. Solo en abril se registraron 12.727 juicios. El volumen acumulado se ubica un 2,3% por encima del ingresado durante el mismo período de 2025, que ya había sido particularmente elevado.

En los últimos doce meses —entre mayo de 2025 y abril de 2026— ingresaron 135.000 demandas al sistema, con un promedio que supera las 11.000 por mes. Proyectando ese ritmo, la UART estima que el año cerrará con 138.600 juicios, por encima del récord de 134.000 causas registrado en 2025. Ese número, a su vez, ya había representado en su momento el pico más alto desde que existen registros en el sistema.

La tendencia de crecimiento es sostenida. Desde 2020, las demandas por riesgos del trabajo crecieron un 200%. Y si se amplía aún más la perspectiva histórica, el contraste es todavía mayor: en 2003 se registraban alrededor de 3.000 juicios por año.

La distribución geográfica de los juicios no es homogénea. En 2025, el 73% de las demandas se concentró en tres distritos: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe.

En el primer cuatrimestre de 2026, la provincia de Buenos Aires mostró una baja del 4,9% respecto del mes anterior, aunque en términos acumulados se mantiene en niveles similares a los de 2025. La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, continuó con aumentos interanuales: comparado con el primer cuatrimestre del año pasado, registra un crecimiento del 9%.

Entre las nueve provincias con mayor volumen de juicios, Entre Ríos presenta el mayor aumento del acumulado móvil de doce meses, con una variación del 33%. Le sigue Chubut, que si bien comenzó a mostrar bajas interanuales tras los altos registros de 2025, continúa como la segunda jurisdicción con mayor crecimiento en ese indicador, con un 24%. Santa Fe acumuló 6.535 nuevos casos en el primer cuatrimestre, un 19,5% por encima del mismo período de 2025. En el otro extremo, Mendoza y Córdoba mostraron una dinámica descendente en la comparación interanual, en el marco de medidas orientadas a ordenar el sistema en esas jurisdicciones.

Uno de los aspectos que la UART subraya con insistencia es la divergencia entre los indicadores de seguridad laboral y el volumen de litigiosidad. Desde 2017 hasta hoy, los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos vinculados al trabajo cayeron un 80%. En números concretos, esos avances permitieron salvar unas 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de accidentes. Sin embargo, el recorrido de los juicios fue en sentido contrario.

La comparación internacional ayuda a dimensionar el fenómeno. En Chile se presentan 5,8 juicios por cada 10.000 trabajadores y en España, 8,5. En la Argentina ese indicador asciende a 132,8, lo que implica que la litigiosidad local es 16 veces mayor que la chilena y 23 veces superior a la española.

Desde la UART señalan que el origen del problema es principalmente judicial. En particular, apuntan al incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017, que estableció la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en cada jurisdicción para unificar criterios y reducir la litigiosidad. La falta de implementación de ese esquema dejó el terreno libre para peritos externos que fijan incapacidades por fuera de los parámetros oficiales, con honorarios calculados como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que genera un incentivo directo a elevar los porcentajes de incapacidad reclamados.

Mara Bettiol, presidente de la UART, lo explicó en estos términos: “A efectos de atacar la judicialización, es clave que no haya brecha entre lo que dice el perito judicial y el porcentaje de la comisión médica. Mientras esa brecha exista, habrá un incentivo a litigar”.

El impacto también se refleja en los costos del sistema. Según un informe de UART, el 45% de lo que pagan las ART en juicios se destina a intermediación: honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales. Por cada millón de pesos abonado en demandas, unos $450.000 quedan dentro de ese circuito, sin llegar al trabajador.

A lo largo de los últimos meses se sancionaron distintas normas con el objetivo de frenar la litigiosidad. La Ley de Modernización Laboral, aprobada en marzo de 2026, introdujo cambios en el esquema de honorarios periciales —que pasaron de calcularse como porcentaje de la indemnización a montos fijados por el juez según la tarea realizada— y estableció la obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema. También incluyó la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y parámetros técnicos vinculados a los CMF para reducir la discrecionalidad en las pericias.

Sin embargo, los datos del primer cuatrimestre muestran que esos cambios aún no se tradujeron en una reducción del ingreso de demandas. Desde el sector lo atribuyen, en parte, a un fenómeno habitual cuando se avecina una nueva regulación: el ingreso de causas se acelera antes de que entren en vigor las nuevas reglas.

En paralelo, algunas provincias avanzaron con iniciativas propias. En Santa Fe, por ejemplo, la Corte Suprema provincial tomó juramento a peritos médicos forenses especializados y la Legislatura aprobó una reforma del Código Procesal Laboral que redujo el plazo de caducidad a 90 días —anteriormente era de dos años— y estableció límites a los honorarios periciales. En la provincia de Buenos Aires, el fallo “Galarza” de la Suprema Corte buscó unificar criterios y limitar la generación de montos considerados desproporcionados. En Mendoza, se anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.

La implementación plena de los CMF continúa siendo uno de los principales desafíos pendientes. La falta de funcionamiento efectivo en varias provincias sostiene un esquema con criterios dispares que, según la UART, opera como uno de los principales motores de la judicialización.