Un informe privado encendió las alarmas de los inquilinos al revelar que las unidades más chicas lideran las subas en la Capital Federal

24/05/2026 – 16:18hs

El mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a transformarse en un escenario de fuerte preocupación para quienes no tienen vivienda propia. Tras meses de cierta estabilidad y una mayor oferta de inmuebles en las distintas plataformas de búsqueda, las variables comenzaron a moverse de forma dispar. Un reciente informe sectorial puso de manifiesto que la presión habitacional se concentra con mayor fuerza en un segmento específico, complicando el acceso a los sectores con ingresos más bajos o jóvenes que buscan independizarse.

De acuerdo con el relevamiento periódico del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), las unidades de menor superficie experimentaron un comportamiento que las diferencia del resto del mercado de locaciones. Mientras que los departamentos de dos y tres ambientes mostraron ajustes mensuales y anuales que lograron ubicarse por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las opciones de un solo ambiente rompieron esa tendencia, consolidándose como el único tipo de propiedad residencial cuyo incremento interanual logró superar los niveles de inflación acumulada.

Esta asimetría en los valores genera un combo complejo para el bolsillo de los trabajadores. El encarecimiento de estas unidades no solo restringe las posibilidades de mudanza dentro de la Capital Federal, sino que genera que la cobertura de los ingresos frente al costo habitacional básico sea cada vez más acotada. La dinámica actual empuja a una porción importante de la población hacia zonas periféricas o barrios con menor conectividad de transporte e infraestructura de servicios básicos, ampliando la brecha de acceso a la vivienda en el territorio porteño.

Cuánto cuesta alquilar un monoambiente en Capital Federal

El estudio estadístico reflejó que, a pesar de que el incremento registrado durante el último mes se posicionó en torno al 1,7% —quedando levemente por debajo de la inflación estimada, que se proyecta cercana al 2%—, el acumulado de los últimos doce meses muestra un desfasaje negativo para los inquilinos. El valor promedio solicitado por los propietarios para ingresar a un monoambiente medio en CABA ya se ubica en un piso elevado cercano a los $600.000, dejando muy rezagados a los indicadores de ingresos de referencia.

La brecha se vuelve especialmente crítica al comparar el costo del alquiler con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Con un haber básico fijado en los $363.000, la capacidad de cobertura disminuyó de forma notable. En la actualidad, ese ingreso mínimo apenas alcanza para cubrir el 60,5% del valor de un departamento de un ambiente. La situación se vuelve aún más restrictiva para las tipologías más grandes, donde el SMVM representa el 51,86% de un dos ambientes y tan solo el 36,3% de una unidad de tres ambientes.

A esta realidad de los precios de base se le debe sumar otro factor de peso que encarece de forma mensual el presupuesto de cualquier hogar: las expensas. El costo de mantenimiento de los edificios, los servicios públicos y las tasas municipales impactan con fuerza en el valor final, representando un porcentaje extra que muchas veces no figura en los avisos iniciales y que termina por definir si un inquilino puede o no sostener el contrato.

Cuáles son las zonas más afectadas por la suba de precios

El mapa de las ofertas inmobiliarias en la Ciudad expone realidades muy contrastantes según el barrio elegido. El relevamiento destaca que la concentración de avisos se mantiene en el corredor norte y en las zonas de mayor poder adquisitivo, donde barrios como Puerto Madero, Palermo y Núñez lideran históricamente los rankings de precios más caros de la plaza, concentrando cerca de una quinta parte de toda la disponibilidad de inmuebles en alquiler tradicional.

Por el contrario, los barrios del sur y el oeste de la Ciudad, tales como Lugano, Floresta o Liniers, continúan posicionándose como las alternativas más accesibles para los presupuestos ajustados. Sin embargo, los especialistas del CESO advierten que la baja disponibilidad de unidades en estas áreas -que apenas representan un porcentaje mínimo de la oferta total del mercado digital- genera una fuerte competencia entre los postulantes, presionando los valores hacia el alza y restringiendo las posibilidades reales de encontrar opciones pagables para quienes perciben remuneraciones medias o básicas.

La reacción de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ante el anuncio del Gobierno sobre la reducción de los derechos de exportación, dejó en claro la postura del sector: “Las retenciones tienen que ser cero”. La declaración se produjo durante una entrevista en el canal América 24, horas después de que Javier Milei informara la baja de estos tributos para el trigo, la cebada y la soja.

El dirigente rural reconoció que no esperaban el anuncio presidencial, aunque destacó el canal de diálogo abierto con las autoridades nacionales. “Permanentemente estamos cambiando mensajes y números y mostrando lo que desde nuestro lugar le decimos al Gobierno. Y ellos son muy receptivos, pero de ahí a esperar el anuncio del presidente…”, afirmó en la entrevista televisiva.

Según Pino, la reducción impacta de manera inmediata en trigo y cebada, mientras que para soja está prevista una aplicación gradual a partir de enero de 2027 y sujeta a la evolución de la recaudación fiscal. En palabras del titular de la SRA, la rebaja será de “un cuarto punto, medio punto a partir de enero del veintisiete”. También remarcó que el objetivo final sigue siendo la eliminación total: “Las retenciones tienen que ser cero. Cero”.

Al explicar el efecto de dos puntos menos de retenciones, Pino estimó que, en trigo, la mejora ronda los “veinte, veintipico de dólares en función de los productores”, aunque aclaró que los números son provisorios y dependen de cada cultivo. El dirigente también contextualizó la situación productiva: “Los números que se venían viendo ahora que estamos sembrando trigo y cebada eran muy finos. Si bien el trigo tuvo un aumento en estos últimos días… venimos trabajando con aumento de costos, como todos los argentinos, aumento de combustible, urea”.

Durante el intercambio televisivo, Pino analizó el escenario de inversión en el campo argentino. Expresó que no alcanza con la tenencia de tierras, sino que se requiere capital y acceso al crédito. “Te regalo un campo en la mejor zona que vos quieras. Pero te limito a: no te doy crédito. Vos no sos un tipo de plata, no tenés capital propio y no lo podés alquilar. Ponete a trabajar. No vas a poder hacer nada”, ilustró. Detalló que implantar una hectárea de soja cuesta alrededor de 400 dólares, mientras que para maíz la inversión asciende a 800 o 900 dólares por hectárea, además de gastos en infraestructura como alambrados y corrales.

El titular de la SRA insistió en que la rentabilidad está atada al acceso a financiamiento. “Falta crédito, crédito que tenga tasas amigables, no que te obligue a fundirte más rápido”, señaló. Si bien mencionó que hay líneas particulares que comienzan a enfocarse en productos, advirtió que “hoy por hoy todavía las tasas no son muy amigables para el productor”, con rangos de interés entre el 28% y el 32%.

La infraestructura y los costos de logística también surgieron como temas centrales. Pino se refirió al proyecto de fideicomiso para mejorar los accesos a los puertos de Santa Fe, impulsado por la provincia, y manifestó su desacuerdo con la modalidad propuesta. “No nos gusta la manera, porque generar un fideicomiso para arreglar los accesos a los puertos… pero aumentando lo que aporta el flete, el camión, a un dólar y medio por tonelada, no nos gusta”, sostuvo. Propuso, en cambio, que la financiación se realice a través de mecanismos similares a los peajes, en función de la cantidad de ejes de los camiones.

Pino advirtió que los problemas de infraestructura redundan en mayores costos para el productor. “La falta de infraestructura o la mala infraestructura genera que ese señor que está en la fila y por ahí dos días está para descargar, ponele, eso es plata. Todo eso hace al costo argentino”, remarcó.

Respecto a las perspectivas para la campaña agrícola, el presidente de la SRA indicó que la Bolsa de Comercio de Rosario proyectaba hasta 500.000 hectáreas menos de siembra de trigo, aunque consideró que la reducción de retenciones puede incentivar la producción. Subrayó la importancia del trigo no solo como grano, sino también en la rotación y el cuidado del suelo.

En el plano de la ganadería, el dirigente explicó que “la frontera agrícola avanzó sobre campos ganaderos” debido a la falta de rentabilidad en la carne, lo que llevó a algunos productores a abandonar la actividad. Sostuvo que retomar la ganadería implica inversiones sustanciales en infraestructura y que la decisión de producir depende de la viabilidad económica.

Consultado sobre la relación entre el campo y la sociedad, Pino afirmó que percibe un cambio positivo. Señaló que “el campo siempre fue algo lindo y bien visto por los argentinos”, aunque reconoció autocrítica entre los dirigentes por la falta de comunicación en años anteriores.

El presidente de la SRA proporcionó datos sobre la cosecha gruesa: la producción de soja supera los 48 millones de toneladas y la de maíz, los 60 millones. Estos volúmenes, según Pino, anticipan meses de buena liquidez para el país. También mencionó que hay más de 250.000 productores y que quienes habían decidido alquilar sus campos ahora evalúan volver a administrarlos, ante la mejora en los márgenes.

Pino también destacó que el aumento de los combustibles impacta directamente en los márgenes del productor, ya que un incremento en el gasoil repercute en los fletes. “El costo está alto, entonces cualquier pequeño margen que te aumente, por ejemplo, el aumento de gasoil repercute en los fletes un seis, siete por ciento, diez por ciento con toda la furia, no llega. ¿Es mucho o poco? Es un montón, porque tu margen es finito”, describió.

Sobre el panorama político interno, el presidente de la SRA confirmó que las elecciones de la entidad se realizarán el 9 de septiembre, aunque evitó anticipar una definición sobre su posible candidatura para otro período al frente de la institución.

Tal como había adelantado este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un encuentro con un grupo de contadores en el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La medida extendió excepcionalmente los vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y modificó el calendario previsto originalmente para julio. Con el nuevo esquema, ARCA unificó la fecha de vencimiento de los principales tributos alcanzados por la prórroga excepcional en el 27 de julio de 2026. Hasta la prórroga, los vencimientos arrancaban el 11 de junio y se escalonaban en función del CUIT.

Según informó el organismo, la decisión respondió a pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

La medida alcanzó tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, uno de los instrumentos impulsados por el Gobierno dentro del paquete vinculado a la denominada ley de inocencia fiscal y al esquema orientado a captar “dólares del colchón”.

La decisión de ARCA apareció luego de una reunión encabezada el jueves por Caputo con un grupo de contadores y especialistas tributarios. Durante ese encuentro, los profesionales trasladaron sugerencias vinculadas tanto al nuevo régimen simplificado como a los vencimientos tributarios previstos para julio.

Después de la reunión, Caputo publicó un mensaje en redes sociales en el que confirmó el compromiso oficial de extender los plazos. “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal”, escribió el ministro.

En el mismo mensaje agregó: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”. Además, señaló: “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”.

La reunión se realizó en el Palacio de Hacienda y giró alrededor del proyecto impulsado por el Gobierno para incentivar la adhesión al nuevo esquema tributario vinculado al blanqueo de fondos fuera del sistema formal. Durante el encuentro, los especialistas plantearon dudas operativas y técnicas relacionadas con el funcionamiento del régimen simplificado y con las condiciones previstas para ingresar.

Entre otros puntos, los contadores transmitieron inquietudes sobre los topes máximos contemplados para adherir al régimen. Según trascendió, el esquema incluyó límites de hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total.

También aparecieron planteos vinculados con el criterio de exclusión por inconsistencias fiscales y con el sistema de sanciones previsto para los contribuyentes alcanzados por el nuevo régimen.

De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el Gobierno evaluó posibles ajustes técnicos y normativos orientados a ampliar el alcance del esquema y facilitar adhesiones. Según expresó Caputo en su mensaje posterior a la reunión, existió consenso respecto de que determinadas modificaciones podrían incrementar la cantidad de contribuyentes incorporados al sistema.

Según trascendió en los últimos días, ARCA registró más de 80.000 adhesiones al régimen y el número se duplicó durante las últimas semanas, aunque el universo potencial de contribuyentes alcanzados superaría el millón de personas.

Dentro de ese contexto, la prórroga de vencimientos oficializada este jueves apareció como una de las medidas reclamadas por entidades profesionales y estudios contables que venían advirtiendo sobre la necesidad de contar con más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

En el encuentro realizado en Economía participaron funcionarios del área económica y representantes del sector contable. Entre ellos figuraron el director de ARCA, Andrés Vázquez, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. También asistieron tributaristas y referentes de estudios especializados en materia impositiva.