POLITICA
La marcha federal por la salud denunció un “vaciamiento” del sector y apuntó contra el Gobierno
Sindicatos, entidades de la salud y delegaciones de hospitales, junto a representantes del gobierno de Axel Kicillof, se congregaron hoy en la Plaza de Mayo en rechazo a los últimos recortes presupuestarios y acusaron a la gestión de Javier Milei de llevar a cabo un desfinanciamiento del sistema sanitario público. Lo hicieron en la denominada marcha federal por la salud.
La movilización, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud y replicada en simultáneo en distintos puntos urbanos del país, comenzó cerca del mediodía frente al Ministerio de Salud, en Moreno y 9 de Julio, donde hubo una confluencia de sectores antagónicos al Ejecutivo nacional provenientes de la provincia de Buenos Aires.
Las columnas marcharon hacia la Casa Rosada encabezadas por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que fue escoltado por médicos estatales de municipios del conurbano y dirigentes gremiales afines. Entre ellos estuvieron Rodolfo Aguiar (ATE); Oscar de Isasi (ATE bonaerense) y Hugo Godoy (CTA Autónoma).
“Le dijimos en todo el país basta a este gobierno que está perjudicando la vida de miles de trabajadores. Hay angustia y sufrimiento, y no vamos a permitir que siga sucediendo. Seguiremos manifestándonos en cada guardia, salita, hospital, barrio, pueblo y calle. Esta plaza nos encontrará las veces que sea necesario hasta que en la Casa Rosada haya un presidente digno”, dijo Kreplak.
Como parte de los reclamos, los manifestantes denunciaron un achique de más de $63 mil millones en salud tras la modificación del Presupuesto 2026. Entre los recortes señalaron la quita de partidas a los sistemas provinciales y de medicamentos, insumos y tecnología médica, además de fondos para abastecer vacunas y contener enfermedades infecciosas.
También advirtieron sobre la crisis del PAMI, los faltantes en el Programa Nacional de Inmunizaciones, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la eliminación de programas de asistencia.
En ese marco, advirtieron una discontinuidad del plan Remediar, destinado a la provisión gratuita de 79 medicamentos esenciales, y alertaron que ya afecta tanto el funcionamiento de hospitales y centros de salud públicos como el acceso de la población a tratamientos básicos.
Entre los asistentes, que alcanzaron —según estimaciones de los organizadores—unas 50 mil personas, se destacaron delegaciones del Hospital Ramón Carrillo (San Vicente), El Dique (Ensenada), Hospital Evita (Lanús), Hospital José Esteves (Temperley) y Hospital Diego Thompson (San Martín), entre otros.
También marcaron presencia agrupaciones piqueteras ligadas al peronismo, como Barrios de Pie, y la Corriente Clasista Combativa, cercana al PCR. Sobre el desarrollo se sumaron algunos legisladores nacionales kirchneristas, como los diputados Leopoldo Moreau y Pablo Yedlin, y el senador Eduardo “Wado” de Pedro.
“Muchísimos tratamientos fueron cortados, argentinos mueren por esta crueldad de cortar el sistema de salud, como el proceso de vacunación. El presidente tiene que entender que la salud es un derecho”, cuestionó De Pedro. Y agregó: “Cada presidente que no quiere escuchar, que quiere perjudicar a la gente, que quiere priorizar las ganancias de los ricos, trata de desprestigiar las movilizaciones”.
Desde el Gobierno rechazaron las denuncias y dijeron que se trató de una movilización con “claros tintes políticos”. En el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, aseguran que el financiamiento sanitario “está garantizado” y apuntaron contra Kicillof, a quien acusan de fogonear las protestas.
El Gobierno exhibió en la fachada del Ministerio de Salud carteles con los números que destina Nación a la Provincia —“$1.812.000.000.000 de inversión del Gobierno Nacional a la salud de los bonaerenses”— y el déficit en el sector del gobierno provincial, con un cartel que decía: “Deuda de Kicillof con la salud: 644 mil millones de pesos”.
«Kicillof le debe a los hospitales SAMIC (que comparten con Nación) 644.700 millones de pesos. Además, la obra social provincial le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados”, añadieron desde la cartera de Lugones.
El ministro Lugones encabezó el lunes una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales, a la cual no asistió Kreplak. Entre otros puntos, se trató la proyección de la cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo. Para 2026, según el cálculo que prometió Nación, “se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado”.
La medición, indican, “ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y sin intermediarios”. En cuanto a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, remarcó durante el encuentro que en lo que va del 2026 hubo incremento del 18% de la cobertura respecto al 2025.
En la previa de la manifestación, Lugones salió a defender la política sanitaria del Gobierno y aseguró que la Nación seguirá garantizando “recursos estratégicos”, como vacunas, medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. A través de un mensaje en X, el ministro insistió en que las provincias deben hacerse cargo de la atención sanitaria en sus territorios.
“Mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud”, le respondieron a Kreplak desde el Gobierno nacional.
https://t.co/lthEYQykqR,May 18, 2026,Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
Los gobernadores de la UCR se reunieron en la Capital y acordaron trabajar en una agenda común de cara a 2027
Convocados por las autoridades partidarias, cuatro gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunieron esta tarde para analizar la coyuntura económica, institucional y política del país. A pesar de las diferencias en torno a qué posición debe tomar el radicalismo respecto de Javier Milei, acordaron una agenda de trabajo común para fortalecer el partido y ordenarse rumbo a 2027.
El encuentro buscó ofrecer un espacio de diálogo “a agenda abierta” para discutir temas nacionales y exponer sobre las gestiones en las provincias bajo conducción radical, además de “aplacar las internas que se puedan generar”. En las elecciones del año pasado, el radicalismo no logró acordar una estrategia común a nivel nacional y terminó dividida: mientras dos gobernadores cerraron acuerdos con Milei, los demás confluyeron en el frente opositor Provincias Unidas.
La reunión de esta tarde contó con representación de ambas corrientes: los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), por un lado; y Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), por el otro. El correntino Juan Pablo Valdés no pudo asistir al evento.
“Hubo un muy buen clima de unidad y de trabajo conjunto”, señalaron a en el entorno de uno de los mandatarios que asistió al encuentro. La cumbre estuvo encabezada por el titular del partido nacional, Leonel Chiarella, quien pretende empezar a ordenar el espacio rumbo a los comicios de 2027. Fue el primer encuentro de la nueva Mesa Nacional del partido con los gobernadores.
“Se ratificó que la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”, afirmaron en el partido al término del encuentro. En esta línea, los cuatro mandatarios presentes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo territorial y reafirmar algunos valores de su espacio como la “defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”.
El radicalismo pretende aumentar su representación en los comicios del año que viene y “ganar provincias” e intendencias que aún no gobiernan. Reivindican, para eso, el modelo y la experiencia en gobierno de sus cinco mandatarios. “Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, con coraje y con resultados y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, indicaron.
Una agenda de unidad
La reunión de este miércoles pretende inaugurar una serie de encuentros destinados a reforzar el armado territorial del partido, al que consideran uno de sus principales capitales políticos. Aunque aún no hay fecha definida, la Mesa Nacional del partido y los gobernadores ya resolvieron convocar a un “encuentro federal” con los presidentes partidarios de todas las provincias.
Hace meses que la nueva conducción nacional de la UCR busca mostrar músculo político después del retroceso que sufrió el partido en las urnas el año pasado. En febrero, Chiarella había convocado a un encuentro con más 300 intendentes para apuntalar el armado territorial, pero el encuentro no logró eludir el debate interno respecto de qué posición adoptar frente al gobierno de Javier Milei.
La invitación para ese acto se había extendido a los cinco gobernadores, pero solo Pullaro y Valdés asistieron, lo que minó la posibilidad de escenificar unidad. Cornejo y Zdero, en cambio, habían enviado un mensaje virtual con marcado tono político. Estos últimos habían cerrado acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos el año pasado y pretendían profundizar ese alineamiento con el oficialismo.
“Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible. Las ideas de la libertad son las ideas originarias del radicalismo, de Alem a nuestra parte”, había dicho Cornejo durante su intervención virtual: “Las ideas que están en boga representan perfectamente a los sectores medios, trabajadores, pymes que son los que representó tradicionalmente nuestro partido cuando había bipartidismo”.
El gobernador mendocino mantiene reservas respecto de algunas iniciativas de la administración nacional como la decisión del gobierno nacional de retirarse del mantenimiento de las rutas en medio de la transición hacia un esquema privado. Sin embargo, todavía adhiere a un alineamiento con LLA y respalda la agenda económica del oficialismo. Por eso, sus aliados en la Capital Federal decidieron lanzar, este lunes, una fundación para ofrecer una alternativa porteña a Lousteau, que muestra una dura oposición a Milei.
No es la misma lógica que prima entre los gobernadores radicales de Provincias Unidas, quienes, pese a mantener buena sintonía y diálogo con la Casa Rosada, no dejan de marcar distancia con LLA. Comparten la importancia de preservar el equilibro fiscal, pero se desmarcan en otros aspectos institucionales, en especial en medio de la investigación juidicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el aumento de su patrimonio.
Tanto Pullaro como Valdés cuestionaron el silencio del funcionario. Sin embargo, solo los diputados nacionales que se referencian en el mandatario santafesino acompañaron, esta mañana, el pedido de interpelación al ministro coordinador que, de todos modos, no reunió los votos necesarios para progresar.
Tanto Pro como gobernadores aliados y la mayoría de la UCR ayudaron al oficialismo a preservar a su jefe de Gabinete. Al igual que los alfiles de Cornejo y Zdero, los legisladores que responden a Valdés rechazaron la iniciativa opositora, mientras que los de Sadir se abstuvieron.
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POLITICA
Fuerte reclamo de los trabajadores de la salud en Plaza de Mayo en contra del ajuste en el sector
En medio de la tensión que se vivió durante todo el día en el Congreso de la Nación con el debate en la Cámara de Diputados, trabajadores de la salud realizaron un importante reclamo en la Plaza de Mayo para rechazar el ajuste en el sector y para reclamar mejores partidas presupuestarias al Gobierno.
La movilización que estuvo bajo la consigna de «Marcha Federal de la Salud“, concentró tanto a trabajadores del sector como a agrupaciones sociales que se hicieron presentes en el centro porteño durante toda la tarde. Además, estuvieron presentes sindicatos y organizaciones de pacientes que se ven afectados por los recortes en algunas áreas.
Esta amplia convocatoria marchó desde la puerta del Ministerio de Salud de la Nación hasta la Plaza de Mayo para exigir más financiamiento y denunciar lo que describen como un proceso de deterioro del sistema sanitario público.
La protesta fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que reúne a gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Aeronáuticos, Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre otras organizaciones. También participaron el Foro por el Derecho a la Salud y agrupaciones de pacientes que alertan por el estado del sistema ante la llegada del invierno.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma) plantearon el eje central del reclamo: mayor presupuesto y una recomposición salarial urgente para el sector. El reclamo apunta directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien señalan como responsable de la política de recortes en la cartera sanitaria. La movilización contó además con el respaldo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de su ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Uno de los ejes del planteo gira en torno a los números: los organizadores y el Foro por el Derecho a la Salud denuncian un recorte presupuestario de 63.000 millones de pesos en las partidas públicas sanitarias. Entre los programas más afectados señalan el Programa Remediar, que redujo la entrega gratuita de botiquines esenciales a centros de atención primaria, y el PAMI, cuyo presupuesto habría sufrido una reducción del 40%, con impacto directo sobre los salarios de los médicos de cabecera.
El médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa de la movilización, que “el sistema estatal está en una crisis sin pandemia” y describió un escenario de hospitales sobrecargados y equipos de salud desgastados por el aumento sostenido de la demanda. Según los organizadores, parte de esa presión proviene de personas con obra social o medicina prepaga que migraron al sistema público ante la dificultad para sostener los costos del sector privado, lo que genera una demanda creciente sobre una red con menos recursos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue uno de los oradores más contundentes de la jornada. “La salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, afirmó ante la multitud reunida en Plaza de Mayo. Aguiar también advirtió sobre el riesgo de cierre de servicios hospitalarios: “El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”, sostuvo.
Otro de los puntos de alarma que marcaron los manifestantes fue el Calendario Nacional de Vacunación: denuncian demoras y desfinanciamiento que, advierten, podrían derivar en brotes de enfermedades virales. Los convocantes señalaron además dificultades en el acceso a medicamentos, reducción de programas sanitarios y demoras en tratamientos como consecuencias directas del ajuste presupuestario, con mayor impacto sobre los sectores que dependen exclusivamente de la atención pública.
La protesta no se limitó a Buenos Aires. En paralelo a la concentración en Plaza de Mayo, se replicaron marchas y actividades en distintas ciudades del interior del país, entre ellas Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy, en lo que los organizadores describieron como una respuesta federal al ajuste en el sistema sanitario.
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POLITICA
El fiscal Stornelli ordenó investigar un supuesto espionaje al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti
El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación para determinar si el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, fue objeto de espionaje tras detectarse a dos individuos filmando la puerta de su casa en Santa Fe.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, ordenó diversas medidas para esclarecer el episodio ocurrido el domingo pasado.
La denuncia fue presentada por el director de seguridad de la Corte Suprema, Roberto Varela, quién detalló el hecho se registró cuando el equipo de custodia del magistrado se disponía a trasladarlo desde Santa Fe hacia Buenos Aires.
Los custodios advirtieron la presencia de dos personas con un trípode y una cámara de fotos apuntando directamente hacia la casa del juez.
Las personas ya fueron identificadas y, según trascendió, una de ellas es de nacionalidad venezolana. No se precisó si se trataba de trabajadores de prensa.
La investigación busca establecer si la secuencia se trató de espionaje ilegal, por lo que la la fiscalía ordenó tomar declaración a los custodios involucrados y al personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. También ordenó extraer las imágenes de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona.
En paralelo, se intensificó la investigación sobre la identidad y actividades de las dos personas involucradas.
Las otras causas por ataques a Rosatti
Ercolini también dispuso certificar otros expedientes judiciales iniciados por hechos previos similares que afectaron la seguridad de Rosatti para determinar si tienen relación con este nuevo episodio.
Entre los antecedentes mencionados en investigaciones anteriores figuran un intento de robo en su domicilio de Santa Fe en noviembre de 2023, pintadas y pasacalles intimidatorios, la aparición de artefactos sospechosos, el robo de sus declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura, intentos de hackeos y la creación irregular de líneas telefónicas a su nombre.
En abril de este año, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a cuatro años de prisión para Damián Berruet, quien intentó robar una camioneta oficial asignada a Rosatti en la puerta del Palacio de Tribunales en mayo de 2024. Durante ese juicio, el fiscal Diego Luciani contextualizó el hecho como parte de un posible “hostigamiento y asedio” contra el presidente de la Corte.
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“Está claro que no era un improvisado y que la investigación en instrucción llamativamente no avanzó sobre quién o quiénes están detrás de la motivación. Había un objetivo claro: el presidente de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el fiscal.
De momento, la causa se encuentra en plena etapa de instrucción mientras esperan la información de las medidas ordenadas.
Horacio Rosatti, Corte Suprema de Justicia, Stornelli
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