La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso de la Nación en agosto de 2025.

Así lo hizo al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado como medida cautelar el pago.

En la práctica, el fallo de la Corte deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre los aumentos salariales, aunque el sector universitario no desistió de sus reclamos por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso.

Sin embargo, subsisten diferencias entre lo que dice el texto de la ley, que ahora debe aplicarse, y el acta de recomposición salarial acordada entre los rectores, los gremios y el Gobierno.

El fallo de hoy obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Educativo, que obliga a pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y de las Becas Progresar.

Sin embargo, el acuerdo salarial firmado se refiere a una recomposición menor y a las Becas Manuel Belgrano, que son diferentes a las anteriores.

El fondo del juicio —es decir, si es constitucional o no el decreto que suspende la ejecución de la ley de financiamiento universitario— se está discutiendo en un juzgado de primera instancia, que está próximo a resolver.

Noticia en desarrollo

En nombre del gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno denunció hoy en las Naciones Unidas la “militarización” y “explotación unilateral de los recursos naturales” de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, y renovó el reclamo a las autoridades británicas para retomar negociaciones directas por la soberanía de las islas, a 44 años de la guerra entre ambos países.

“La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía”, afirmó el canciller argentino durante la reunión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que año tras año, y desde la resolución 20 del año 1965, insta a ambos países a sentarse a negociar para encontrar una solución a la disputa por la soberanía de las islas.

El 2 de abril pasado, el presidente Javier Milei renovó en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Ese vínculo, durante su gobierno, ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.

Para Quirno, la “ocupación” de las islas por parte de fuerzas británicas, en 1833, “quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos”.

El canciller sostuvo que “ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días”. Y afirmó: “La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho”. Quirno estuvo acompañado en su exposición por la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, y el embajador argentino en Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

“El Reino Unido invoca en forma reiterada el principio de libre determinación de los pueblos para eludir el diálogo”, dijo el canciller, un rato después de que dos pobladores de las islas, en línea con el gobierno británico, reclamaran al comité en el mismo espacio “escuchar los deseos” de la población malvinera, y su “derecho a decidir su propio futuro”.

Para Quirno, “en las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho”, sino “una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.

El canciller sostuvo, además, que “la población total de las islas ronda los 3000 habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”. Y añadió: “A la vez, se encuentran destacados aproximadamente 1200 soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación”.

En su discurso, Quirno criticó la “explotación unilateral de los recursos naturales” de las islas por parte de Gran Bretaña, una postura apoyada por la mayoría de los países que pidieron la palabra para defender la postura argentina y que luego aprobaron un proyecto de resolución de apoyo a esta posición, presentado por Chile y acompañado por Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua -los tres últimos, con gobiernos ubicados en las antípodas del pensamiento libertario-.

“El Reino Unido también otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”, dijo Quirno, y mencionó el anuncio de explotación, llevada a cabo a fines del año pasado, por las empresas Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum (israelí) para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, en la costa de las Islas Malvinas. En aquel momento, Quirno aceptó, en principio, las razones del canciller israelí Gideon Saar, quien tomó distancia de la empresa de su país. Reiteró que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Una a una, distintas delegaciones diplomáticas dieron apoyo a la posición argentina en la reunión, conducida por la embajadora Menissa Rambally (Santa Lucía). Pasaron los representantes de Irak (en nombre del grupo de 77 y China), Antigua y Barbuda, Venezuela, Sierra Leona, Timor Leste, Indonesia, Chile y la propia China, para quien “las controversias entre los estados deben resolverse de acuerdo a la carta de la ONU”.

El representante de Nicaragua, gobernada por el sandinista Daniel Ortega, expresó la “solidaridad de siempre” con la Argentina y contra el “imperialismo británico”, antes de que la delegación de Brasil expresara, en calidad de observador, su pleno respaldo a la Argentina, al igual que México, que también asistió en calidad de observador a la reunión.

Las únicas notas discordantes se dieron al inicio de la reunión, con la intervención de los dos pobladores de las islas, que criticaron la “invasión” argentina de 1982. “La Argentina invadió nuestro hogar, en la comunidad de 3600 personas, de distintas naciones. Las islas son el lugar de todos, no por implantación”, sostuvo Dorothy Got, pobladora local. “La Argentina no nos reconoce, pero estamos aquí porque existimos”, coincidió Michael Goss, otro poblador malvinense, en perfecto inglés.

Le contestaron, a su turno y antes del discurso de Quirno, Paula Vernet, descendiente del primer gobernante argentino de Malvinas, Luis Vernet, y Guillermo Clifton, nieto de un habitante argentino de Malvinas nacido en 1902. “Hay en Malvinas un puñado de ciudadanos británicos en territorio argentino”, dijo Clifton, antes de que Quirno agradeciera el apoyo unánime del comité, que aprobó la resolución que insta a ambas partes a sentarse a negociar la soberanía de las islas del Atlántico Sur.