En un nuevo paso destinado a afianzar el acercamiento en materia militar, Estados Unidos y la Argentina firmaron una carta de intención que facilitará el acceso de las Fuerzas Armadas a una plataforma de nuevas tecnologías y sistemas aéreos no tripulados. Se trata de la posibilidad de incorporar drones y equipos antidrones que se han convertido en herramientas decisivas en los escenarios de conflictos internacionales.

Con esa finalidad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, estamparon sus firmas en dos cartas de intención orientadas a “ampliar la cooperación logística y tecnológica entre ambos países”.

Este paso se suma a los visibles gestos de acercamiento, que tuvieron su máxima expresión el 30 de abril último, cuando el presidente Javier Milei visitó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz, en aguas del Atlántico Sur, cuando la embarcación participaba de un ejercicio militar combinado entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Además, hace dos semanas, el Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con la Argentina para contribuir al patrullaje de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, a partir de un programa por “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas”, que se llevará adelante en un período de cinco años.

En la reciente Expo Ejército 2026, realizada durante cuatro días en la Plaza de Armas del edificio Libertador, la fuerza presentó una versión actualizada del vehículo terrestre no tripulado PM EA 1, que incorpora la posibilidad de transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero, según se informó. El emprendimiento fue desarrollado por la empresa tecnológica argentina Exo SA y la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército.

Los documentos firmados ahora por el ministro Presti y el embajador Lamelas se rubricaron en momentos en que tropas de las Fuerzas Armadas de ambos países participan de la segunda fase del ejercicio combinado conjunto Daga Atlántica, iniciado en abril pasado para el entrenamiento de efectivos de tareas de operaciones especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El uso de drones por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los campos de mayor crecimiento e innovación dentro del ámbito militar contemporáneo, coincidieron Presti y Lamelas al suscribir la declaración.

La declaración conjunta prevé la incorporación de la Argentina en los Mercados Digitales de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y de Sistemas de Contramedidas contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS), lo que permitirá conformar “una plataforma centralizada en la que los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas por el ámbito militar de la Defensa”, se informó.

Drones en operaciones

Ante una consulta de , fuentes del Ejército informaron que hace más de diez años que las unidades de Caballería e Infantería emplean drones en sus operaciones. “A medida que pasan los años, se va aumentando en cantidad y calidad. Cumplen roles de observación, seguridad y reconocimiento, entre otras misiones”, confiaron. Con esa finalidad se dictan cursos descentralizados de manejo y operación de drones y hay instancias experimentales en la organización de los sistemas aéreos no tripulados.

En abril último, el Ejército realizó pruebas de sus drones de ataque en el ejercicio Kekén, en la Patagonia, en un adiestramiento que contó con la participación de vehículos de combate blindados a rueda Stryker, tanques TAM, tropas aerotransportadas, de operaciones especiales, artillería, ingenieros y personal y medios de apoyo.

El Ministerio de Defensa informó que los acuerdos suscriptos por Presti y Lamelas apuntan al desarrollo de dos áreas de creciente importancia estratégica: el fortalecimiento del apoyo logístico entre ambos países para el suministro recíproco de combustible en operaciones militares, y la incorporación de la Argentina a un mercado Digital Internacional, para “facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados, así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas frente a estos avances”.

La primera carta de intención establece la voluntad de avanzar en la celebración del acuerdo de aplicación específica, destinado a regular el suministro recíproco de combustible en el marco del Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente desde 2009. Se expresa allí el “interés compartido para ampliar las capacidades de apoyo logístico bilateral”, facilitando el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran.

Respecto a la segunda carta de intención y la decisión de avanzar en el uso de drones militares como “uno de los campos de mayor crecimiento e innovación dentro del ámbito militar contemporáneo”, se indica que el desarrollo de los sistemas aéreos no tripulados y de contramedidas contra drones permitirá acceder de manera ágil a tecnologías evaluadas y certificadas.

El 26 de mayo de 2026, Gabriel Mizzau se sentó frente a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y firmó un acuerdo de colaboración. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz lo homologó ese mismo día. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, se trató de un avance decisivo en la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque.

El magistrado en cuestión, en cambio, hizo otra lectura. Cinco días después, el 1° de junio, su abogado Claudio Puccinelli presentó en la Unidad Fiscal de Rosario un escrito de 13 páginas en el que acusa a Mizzau de haber mentido para obtener su beneficio procesal.

La denuncia, que se encuadra en los artículos 236 y 240 del Código Procesal Penal Federal, no cuestiona en abstracto la credibilidad del contador. Hace señalamientos puntuales: dice que Mizzau indicó que el departamento ubicado en la calle 3 de Febrero 1927, piso 6, de Rosario, fue adquirido el 20 de noviembre de 2014, pero que esa fecha es falsa.

La documentación que acompañó la defensa del exjuez —un boleto de compraventa y una escritura pública— acredita que el inmueble fue adquirido a la empresa Brender SRL el 23 de enero de 2007, cuando el edificio aún estaba en construcción. La transferencia formal de dominio se instrumentó el 19 de noviembre de 2014, ante el escribano Santiago Borsani, y se inscribió en el Registro General de Rosario el 30 de diciembre de ese año. La confusión entre la fecha del boleto —2007— y la de la escritura —2014— es, según la defensa, el punto de partida de un relato deliberadamente armado.

El núcleo del testimonio de Mizzau consistió en afirmar que detectó una inconsistencia patrimonial: el matrimonio Bailaque-Martínez Maulión habría comprado dos departamentos en un lapso de nueve meses —uno, en 3 de Febrero 1927, y otro, en Italia al 2000, piso 13—, sin capacidad económica documentada para afrontar ambas operaciones juntas, según la investigación. Esa supuesta inconsistencia fue presentada ante los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de la Procelac, como un indicio de enriquecimiento ilícito.

La declaración de Mizzau, tal como surge de las transcripciones incluidas en la denuncia, fue precisa: indicó que el departamento de calle 3 de febrero era “de unos 40 y algo metros cuadrados”, que había sido adquirido el 20 de noviembre de 2014, y que ese movimiento le había llamado la atención porque precedía en nueve meses a la compra del departamento de calle Italia. Según ese relato, Bailaque ya no tenía capacidad adquisitiva para ese segundo inmueble, porque sus ingresos como juez federal —y los de su esposa como funcionaria de la justicia provincial— no alcanzaban para sostener dos adquisiciones en tan poco tiempo.

La defensa apunta a desmontar ese argumento con la cronología –según señalan- real: el boleto del departamento de 3 de Febrero data de 2007, no de 2014. Y el de la calle Italia fue firmado el 30 de octubre de 2013 y escriturado el 31 de julio de 2015. Entre ambos desembolsos no hubo nueve meses, sino seis años, dicen. La inconsistencia que construyó Mizzau, según el escrito, nace de una premisa que la documentación pública refuta, de acuerdo con la defensa.

La denuncia de Bailaque tiene dos ejes de contenido penal. El primero es la violación del secreto profesional. Mizzau fue contador del matrimonio Bailaque-Martínez Maulión desde 2009. Esa relación le dio acceso a las claves fiscales de sus clientes, a los bienes registrables y a la composición patrimonial de la familia. Conforme surge de los propios dichos de Mizzau ante los fiscales, él mismo accedió a la página de ARCA con las credenciales que le proporcionaron y tomó conocimiento de las operaciones inmobiliarias en ese contexto. El escrito de Bailaque sostiene que, al revelar esa información ante el MPF, sin haber sido relevado del secreto profesional, Mizzau incurrió en los delitos previstos en los artículos 156 y 157 bis inciso 2 del Código Penal.

El segundo ángulo es el que da nombre a la presentación: el artículo 276 bis del Código Penal, incorporado por la ley 27.304 que reguló la delación premiada. El texto establece: “Será reprimido con prisión de cuatro a diez años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. Según la defensa, no se trata de un error de memoria, sino de una falsedad construida a partir de datos que Mizzau tenía en sus propias anotaciones. El propio video de la declaración mostraría, según el escrito, que el contador consultaba apuntes que quedaban fuera del encuadre de la cámara.

La intencionalidad es, para Bailaque, el elemento que agrava el cuadro: Mizzau no podía ignorar la falsedad de sus dichos -alega el exjuez- porque los construyó a partir de información que él mismo procesó como profesional. Hacerlo en el marco de un acuerdo de colaboración, con el objetivo de obtener una reducción de pena, configura la malicia exigida por el tipo penal.

El escrito de Bailaque llega en un momento de acumulación crítica para la causa. Mizzau no fue el primer acusado que se quebró. Carlos Vaudagna, ex titular de ARCA en Rosario, se plegó a la figura del imputado colaborador en marzo de 2025 y admitió que en el quincho de Bailaque se planificó una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias con fines extorsivos: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares exigidos, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia. Whpei, por su parte, también suscribió un acuerdo de colaboración y comprometió a Bailaque en el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.

Bailaque es el único imputado de la causa que no firmó ningún acuerdo y que aguarda la definición de la fecha de inicio del juicio oral. Cumple detención domiciliaria desde el 1° de julio de 2025, cuando el Poder Ejecutivo Nacional le aceptó la renuncia.

La causa FRO 9010/2024 arrancó como una investigación sobre el vínculo entre un juez y el narco al que debía investigar. Mizzau era el contador de ambos: de Bailaque (desde 2009) y del jefe criminal Esteban Alvarado.

De este modo, el mismo profesional que firmaba los números de la red de empresas de fachada de Alvarado —Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia, Edra— le ordenaba además los bienes personales del magistrado.

La causa lo acusa, entre otros delitos, de lavado de activos, por haber prestado asesoramiento al entramado societario del narco sin haber reportado operaciones sospechosas.

La presentación, del 1° de junio, agrega una nueva dimensión al caso. Bailaque no solo espera el juicio oral: ahora también denuncia a uno de los principales testigos que declarará en su contra. El escrito pide que la investigación sea asignada a un fiscal distinto de los que intervinieron en los acuerdos de colaboración, invocando el artículo 95 del CPPF: el titular de Procunar, Diego Iglesias; el fiscal Matías Scilabra y los miembros de Procelac, Juan Argibay Molina y Diego Velasco, quienes participaron de la negociación y formalización de los acuerdos. Esa circunstancia, sostiene la defensa, compromete su objetividad para investigar un posible delito cometido en el marco de esos mismos acuerdos.

El argumento es que, si Mizzau mintió para obtener su beneficio, quienes negociaron ese beneficio tienen un interés —aunque sea institucional— en que el relato del arrepentido se sostenga. Que sean los mismos fiscales quienes investiguen la veracidad de esas declaraciones plantea una tensión que la defensa busca resolver corriendo a estos funcionarios.

Pero también se inscribe en una estrategia de la defensa de Bailaque, que busca posponer el juicio. El exmagistrado está con detención domiciliaria y, de ser condenado, podría ir a una cárcel.