Hace una semana llegó a un importante despacho de la Casa Rosada un informe el cual marcaba que en los últimos días de abril y los primeros días de mayo se había tocado un piso en la imagen del Gobierno. Esto quiere decir que después de sucesivos meses de caída, los números reflejaban un leve rebote. Frágil y sin promesas de ser duradero; pero una bocanada de aire para quienes miraban con preocupación la degradación en la sostenibilidad política del oficialismo.

“Veníamos cayendo y diría que esto se detuvo”, marca una de las personas encargadas de mirar los sondeos al interior del Gobierno. Uno de los consultores que oficia de proveedor exclusivo a la Casa Rosada fue quien dio la primera pista a Infobae: “Mido fines de abril y ya no tengo un número peor que el mes pasado. Es como que si se hubiera tocado un piso”. Aún nadie tiene certezas de si es un piso de cemento o una arena movediza.

Lo que parecen coincidir la gran mayoría de tribus del Gobierno es que todo está supeditado a la economía.

Milei tuvo dos buenas noticias de abril: cortó con la aceleración de la inercia inflacionaria al pasar a una suba mensual de 2,6% (-0,8 puntos en la variación respecto a marzo); y en cuanto a los fundamentals, el Ejecutivo pudo mostrar en abril que el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero de $268.103 millones en abril. El primer índice es clave de cara a la evaluación que la sociedad hace a la gestión nacional. Incluso es Milei quien afirma -en público y en privado- que ese es el principal job description que le confirió el electorado en las elecciones del 2023. La segunda se trata la columna vertebral del programa económico que implementa el Palacio de Hacienda.

Todo esto se dio en paralelo con los meses en donde más se sintió la crisis política en los medios de comunicación. La principal novedad durante ese período fue la inmovilidad mediática que se le presentó a gran parte del Gobierno a partir de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Fueron pocos los funcionarios que podían salir a hablar y, sobre todo, se agudizó el malestar interno por su sostenimiento en el cargo. A este cóctel se le sumó el crecimiento en la interna entre el sector de los primos Menem y el de Santiago Caputo, así como una merma en la actividad propositiva del oficialismo en el Congreso.

“En mi opinión las internas afecta muy poco en la percepción de lo que podríamos llamar ‘la gente’. Lo consumen poco, al revés de lo que hace el círculo rojo. En cambio, sí te condiciona cuando paraliza la gestión”, marca uno de los principales colaboradores políticos que tiene la administración libertaria.

En amplios sectores ven que este rebote se produce porque la conversación al respecto de Adorni mermó significativamente, pero que el dato de inflación y ciertos datos de consumo subieron. Pese a todo, el panorama general dista de ser sencillo. “Vemos que se apuesta todo a que el crédito repunte. A mí me da miedo que la reactivación esté subiendo por escalera mientras que la variación en otros sectores baja por ascensor”, opinaba un funcionario con despacho directo en Casa Rosada.

Una de estas cifras que plasma esta dinámica fue publicada por el Instituto Argentina Grande (IAG), que en su último informe marca que desde diciembre del 2023 cerraron 24.437 PyMEs en la Argentina. Los sectores más afectados por el cierre de empresas son transporte y almacenamiento (-6.193 firmas); comercio y reparación de vehículos (-5.794); servicios inmobiliarios (-3.555) e industria manufacturera (-3.073). La consultora LCG destacó los datos positivos que arrojaron la industria y la construcción en marzo, que crecieron 5% y 4,7% interanual, respectivamente, recortando caídas anteriores. Pero advirtió que “el panorama para lo que resta del año no parece ser brillante, especialmente para el sector industrial”.

Por eso es que muchos al interior de la Casa Rosada creen que es posible aspirar a un sendero de crecimiento, aunque más leve en su pronunciamiento. En lo que dure ese tramo hasta las elecciones, los operadores políticos del Gobierno consideran vital la relación con las provincias aliadas, quienes son las que tienen la llave para que el oficialismo consiga aprobar proyectos en el Congreso y, sobre todo, a que no se aprueben nuevos que pongan en peligro el objetivo fiscal.

Los gobernadores y legisladores de provincias afectadas por la modificación de la ley de zonas frías -con media sanción ayer en la Cámara de Diputados- expresaron su rechazo al recorte de subsidios al gas, señalando que la eliminación de la zona ampliada perjudica a cientos de miles de hogares en regiones con bajas temperaturas y alta vulnerabilidad social. Son costos políticos que toma el Gobierno en pos del superávit fiscal.

A priori, la Decisión Administrativa conocida la semana pasada, la cual recortó en 2,5 billones de pesos el Presupuesto, no ayuda a facilitar los vínculos debido a que ajustó partidas sensibles que impactan en las provincias.

Y es que el recorte presupuestario alcanza los $971.450 millones sobre las administraciones provinciales y municipales. Se eliminan partidas por $420.000 millones destinadas a obras de infraestructura vial y mejoramiento de hábitat, se recortan $385.000 millones en proyectos de saneamiento e infraestructura hídrica —lo que afecta plantas potabilizadoras, redes de cloacas y defensas contra inundaciones— y se suspenden transferencias corrientes y fondos especiales por $166.450 millones, que incluían asistencia técnica y subsidios directos no protegidos por la coparticipación.

“La caja de herramientas para persuadir a los gobernadores es cada vez más chica”, asegura un operador político del oficialismo. En esa línea, en la medida que pasen los meses comenzará a tomar cada vez más fuerza el debate sobre qué estrategia política adoptar de cara al próximo año. Quien está comenzando a diagramar aquello es el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, quien prevé relegar la competencia en algunos distritos provinciales con la finalidad de tener más ascendencia en las listas a diputados y senadores nacionales.

El Partido Justicialista rechazó la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dictada este viernes por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y denunció que la medida constituye una “arbitraria y antidemocrática decisión”.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, el PJ —cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner— sostuvo que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”. La fuerza política remarcó que esta resolución “constituye una nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical en nuestro país, y se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores”.

El PJ enfatizó que esta intervención “no ocurre por casualidad”, sino que se produce en el marco de “un proceso de desindustrialización que tiene como consecuencia el cierre de 25.000 empresas y la caída del salario, agravado además por la sanción de una reforma laboral flexibilizadora que restringe el derecho de huelga y persigue a las organizaciones sindicales”.

El comunicado también subrayó que la decisión judicial se dictó “el día siguiente a que la Corte Internacional de Justicia ratificara que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación”. Según el PJ, mientras a nivel internacional se reafirman garantías para los trabajadores, “Argentina avanza en sentido contrario, desmantelando las conquistas constitucionales que costaron décadas de lucha”.

Por último, el PJ advirtió que “la persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales no son hechos aislados: son síntomas inequívocos de un país cuya democracia se encuentra seriamente amenazada por un gobierno de carácter autoritario y un poder judicial que actúa como su cómplice”. Frente a este escenario, el partido ratificó su “compromiso irrenunciable con la libertad sindical, la democracia y los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

Fallo judicial y fundamentos de la intervención de la UOM

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo —integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— anuló las elecciones sindicales de la UOM en la seccional Campana, celebradas del 2 al 4 de marzo, así como la elección nacional del 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

El fallo señaló que hubieron graves irregularidades: extensión innecesaria y sin controles de los comicios durante tres días, urnas bajo custodia exclusiva de la Junta Electoral sin la intervención de fiscales de todas las listas y ausencia de escrutinios públicos diarios, en contra de lo que establecen el estatuto y los decretos que rigen al sindicato.

La sentencia indicó además que la Lista Naranja, liderada por Ángel Derosso, presentó una impugnación reclamando garantías de transparencia y una sola jornada electoral. Sin embargo, la Junta Electoral —alineada con Abel Furlán— rechazó estos pedidos sin notificar formalmente a los opositores, según determinaron los jueces.

Ante la denuncia de la oposición, las autoridades propusieron como alternativa que los apoderados de otras listas pernoctaran en la sede para custodiar las urnas. El tribunal calificó esta opción como “inaceptable e irrazonable”.

Como consecuencia del fallo, todos los funcionarios electos en los procesos anulados —incluido Furlán como secretario general nacional— cesan en sus cargos. La nulidad de la elección local impactó también la validez de la nacional, dejando a la UOM acéfala y bajo la administración del interventor Dr. Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.

No obstante la medida judicial, los dirigentes suspendidos avanzaron igual con el congreso y proclamación de Furlán, con respaldo mayoritario de las seccionales. Un allegado al dirigente manifestó a Infobae: “No fuimos notificados de nada” como justificación para concretar el proceso.

Repercusiones y contexto político-sindical

Tras conocerse el fallo, la CGT emitió una declaración, citada por Infobae, en la que expresó: “Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. La central obrera manifestó su rechazo a cualquier avance de la justicia sobre los derechos y la organización del movimiento obrero y resaltó que “la defensa de la democracia sindical no se negocia”.

Acuarela,Argentina,Trabajo,Justicia,Derechos,Sindicatos,Obreros,Balanza,Legislación,Conflicto

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, denunció que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones del sindicato y lo desplazó de su puesto es “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

En un duro comunicado difundido este viernes, el dirigente repudió la intervención judicial dispuesta en el sindicato, calificándola como un “ataque al salario de los trabajadores” y resaltó que “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”.

El líder del gremio metalúrgico, el más importante de la industria, advirtió que este “ataque” sucede “en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”.

Luego, el dirigente repasó una secuencia de “ataques” previos: “Primero atacaron el proceso electoral de la seccional Campana, intentando instalar denuncias y operaciones mediáticas para judicializar la vida interna del sindicato. Después intentaron impedir el funcionamiento del Colegio Electoral Nacional para bloquear la constitución del nuevo Secretariado Nacional. Pero fracasaron una y otra vez. Los trabajadores metalúrgicos hablaron con claridad en las urnas y ratificaron de manera contundente la conducción de Abel Furlán en Campana y de todo el Secretariado Nacional”.

El comunicado oficial de Furlán, además, responsabiliza a la lista opositora, “derrotada en las elecciones” de la UOM Campana-Zárate, por recurrir a la vía judicial: “El sector interno derrotado en las elecciones continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical”.

Frente a la intervención, Furlán afirmó: “Se equivocan si creen que los metalúrgicos vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a este atropello”. Y agregó: “La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera. Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones, proscripciones y políticas de entrega. Y también vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial”.

Luego, hizo un llamado “a todo el movimiento obrero argentino, a las organizaciones sindicales, a las confederaciones, a los cuerpos de delegados, a las comisiones internas y a cada trabajador y trabajadora del país a defender a la UOM”.

Finalmente, el sindicalista sostuvo: “Defender a la UOM es defender al movimiento obrero argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización. (…) Los trabajadores metalúrgicos no vamos a aceptar mansamente esta avanzada. Vamos a responder con democracia sindical, con participación, con organización y con lucha. Y vamos a revertir esta intervención como el movimiento obrero argentino revirtió cada intento histórico de sometimiento”.

Como anticipó Infobae, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la UOM, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

La Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó esa decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense de Campana. El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. El pronunciamiento judicial también invalidó la proclamación de ganadores de la Lista Violeta y Azul, del oficialismo, realizada en la seccional Zárate-Campana al término del escrutinio final, y ordenó el cese inmediato de todos los funcionarios electos, entre ellos Abel Furlán como titular de la seccional y los miembros del Colegio Electoral vinculados con esa elección.A nivel nacional, el tribunal determinó que la nulidad de la elección en Campana “impactó directamente en la conformación del Colegio Electoral” que eligió a Furlán como secretario general nacional de la UOM el 18 de marzo, por lo que consideró que la validez de ambos procesos era inescindible. En consecuencia, declaró la nulidad de la elección nacional y dispuso el cese inmediato de Abel Furlán como secretario general nacional, junto con los otros integrantes del secretariado.La Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo instruyó la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional, designando como interventor al Dr. Alberto Biglieri, y le otorgó un plazo de 180 días para convocar a nuevas elecciones bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.La CGT rechazó el fallo en contra de Furlán y advirtió que “intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. En un mensaje publicado en las redes sociales, que lleva el título “No a la intervención de la UOM”, la central obrera afirmó: “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero”. Y agregó: “La defensa de la democracia sindical no se negocia”.

Abel Furlán,UOM,sindicato,metalúrgicos,reelección,dirigente,gremio,Argentina,conferencia,prensa