POLITICA
“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Hace una semana llegó a un importante despacho de la Casa Rosada un informe el cual marcaba que en los últimos días de abril y los primeros días de mayo se había tocado un piso en la imagen del Gobierno. Esto quiere decir que después de sucesivos meses de caída, los números reflejaban un leve rebote. Frágil y sin promesas de ser duradero; pero una bocanada de aire para quienes miraban con preocupación la degradación en la sostenibilidad política del oficialismo.
“Veníamos cayendo y diría que esto se detuvo”, marca una de las personas encargadas de mirar los sondeos al interior del Gobierno. Uno de los consultores que oficia de proveedor exclusivo a la Casa Rosada fue quien dio la primera pista a Infobae: “Mido fines de abril y ya no tengo un número peor que el mes pasado. Es como que si se hubiera tocado un piso”. Aún nadie tiene certezas de si es un piso de cemento o una arena movediza.
Lo que parecen coincidir la gran mayoría de tribus del Gobierno es que todo está supeditado a la economía.
Milei tuvo dos buenas noticias de abril: cortó con la aceleración de la inercia inflacionaria al pasar a una suba mensual de 2,6% (-0,8 puntos en la variación respecto a marzo); y en cuanto a los fundamentals, el Ejecutivo pudo mostrar en abril que el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero de $268.103 millones en abril. El primer índice es clave de cara a la evaluación que la sociedad hace a la gestión nacional. Incluso es Milei quien afirma -en público y en privado- que ese es el principal job description que le confirió el electorado en las elecciones del 2023. La segunda se trata la columna vertebral del programa económico que implementa el Palacio de Hacienda.

Todo esto se dio en paralelo con los meses en donde más se sintió la crisis política en los medios de comunicación. La principal novedad durante ese período fue la inmovilidad mediática que se le presentó a gran parte del Gobierno a partir de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Fueron pocos los funcionarios que podían salir a hablar y, sobre todo, se agudizó el malestar interno por su sostenimiento en el cargo. A este cóctel se le sumó el crecimiento en la interna entre el sector de los primos Menem y el de Santiago Caputo, así como una merma en la actividad propositiva del oficialismo en el Congreso.
“En mi opinión las internas afecta muy poco en la percepción de lo que podríamos llamar ‘la gente’. Lo consumen poco, al revés de lo que hace el círculo rojo. En cambio, sí te condiciona cuando paraliza la gestión”, marca uno de los principales colaboradores políticos que tiene la administración libertaria.
En amplios sectores ven que este rebote se produce porque la conversación al respecto de Adorni mermó significativamente, pero que el dato de inflación y ciertos datos de consumo subieron. Pese a todo, el panorama general dista de ser sencillo. “Vemos que se apuesta todo a que el crédito repunte. A mí me da miedo que la reactivación esté subiendo por escalera mientras que la variación en otros sectores baja por ascensor”, opinaba un funcionario con despacho directo en Casa Rosada.
Una de estas cifras que plasma esta dinámica fue publicada por el Instituto Argentina Grande (IAG), que en su último informe marca que desde diciembre del 2023 cerraron 24.437 PyMEs en la Argentina. Los sectores más afectados por el cierre de empresas son transporte y almacenamiento (-6.193 firmas); comercio y reparación de vehículos (-5.794); servicios inmobiliarios (-3.555) e industria manufacturera (-3.073). La consultora LCG destacó los datos positivos que arrojaron la industria y la construcción en marzo, que crecieron 5% y 4,7% interanual, respectivamente, recortando caídas anteriores. Pero advirtió que “el panorama para lo que resta del año no parece ser brillante, especialmente para el sector industrial”.
Por eso es que muchos al interior de la Casa Rosada creen que es posible aspirar a un sendero de crecimiento, aunque más leve en su pronunciamiento. En lo que dure ese tramo hasta las elecciones, los operadores políticos del Gobierno consideran vital la relación con las provincias aliadas, quienes son las que tienen la llave para que el oficialismo consiga aprobar proyectos en el Congreso y, sobre todo, a que no se aprueben nuevos que pongan en peligro el objetivo fiscal.

Los gobernadores y legisladores de provincias afectadas por la modificación de la ley de zonas frías -con media sanción ayer en la Cámara de Diputados- expresaron su rechazo al recorte de subsidios al gas, señalando que la eliminación de la zona ampliada perjudica a cientos de miles de hogares en regiones con bajas temperaturas y alta vulnerabilidad social. Son costos políticos que toma el Gobierno en pos del superávit fiscal.
A priori, la Decisión Administrativa conocida la semana pasada, la cual recortó en 2,5 billones de pesos el Presupuesto, no ayuda a facilitar los vínculos debido a que ajustó partidas sensibles que impactan en las provincias.
Y es que el recorte presupuestario alcanza los $971.450 millones sobre las administraciones provinciales y municipales. Se eliminan partidas por $420.000 millones destinadas a obras de infraestructura vial y mejoramiento de hábitat, se recortan $385.000 millones en proyectos de saneamiento e infraestructura hídrica —lo que afecta plantas potabilizadoras, redes de cloacas y defensas contra inundaciones— y se suspenden transferencias corrientes y fondos especiales por $166.450 millones, que incluían asistencia técnica y subsidios directos no protegidos por la coparticipación.
“La caja de herramientas para persuadir a los gobernadores es cada vez más chica”, asegura un operador político del oficialismo. En esa línea, en la medida que pasen los meses comenzará a tomar cada vez más fuerza el debate sobre qué estrategia política adoptar de cara al próximo año. Quien está comenzando a diagramar aquello es el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, quien prevé relegar la competencia en algunos distritos provinciales con la finalidad de tener más ascendencia en las listas a diputados y senadores nacionales.
POLITICA
La Cámara Electoral mantuvo la intervención judicial del PJ de Jujuy, pero ordenó correr al interventor alineado con Sáenz

La Cámara Nacional Electoral definió sostener la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy, en contra de los deseos de la conducción nacional del peronismo, a cargo de Cristina Kirchner, pero ordenó sustituir al actual interventor, un hombre alineado con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
El tribunal intervino, así, en una apelación que presentó la conducción del PJ, que el mes pasado designó como “normalizadores” del partido a la diputada nacional Teresa García y al exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.
El PJ jujeño está intervenido por la conducción nacional del partido desde julio de 2023. Tuvo como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo Gustavo Menéndez. Ambos no lograron concretar un llamado a elecciones y propiciaron la suspensión de más de 300 afiliados del PJ provincial, entre los que estaban dirigentes como el exvicegobernador Guillermo Jenefes, el extitular del PJ provincial Rubén Rivarola, o la actual senadora nacional Carolina Moisés (vicepresidenta de la Cámara alta).
A principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño que fue ministro de Gobierno provincial entre 2019 y 2025, con el gobernador Sáenz al mando de la provincia, y ahora se desempeña como asesor ad honorem del mandatario salteño (es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación). Fue propuesto como interventor por la senadora Moisés, dentro de una terna en la que también Jenefes y Rivarola propusieron posibles interventores.
La Cámara Nacional Electoral, integrada por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, indicó en un fallo del último jueves que está demostrada “la necesidad de la intervención judicial por haberse alcanzado un nivel de controversia tal entre las partes que no permite otro camino que no sea el de la normalización partidaria del modo en que fuera resuelta” por el juez Hansen.
En su apelación, el PJ nacional reclamó que se “disponga el inmediato apartamiento del interventor designado, al considerar que se encuentra afectado el principio de imparcialidad, neutralidad e independencia funcional”. Los jueces de la Cámara indicaron que “el hecho de que el Sr. Ricardo Guillermo Villada fuera propuesto previamente por una de las partes de la controversia en su solicitud de intervención judicial del partido al considerar que reunía las condiciones necesarias para desempeñarse en dicha calidad, podría resultar -por sí sola- en una percepción de parcialidad respecto de su actuación, lo cual supondría que el proceso de normalización del partido pudiera verse entorpecido en lo sucesivo”.
La Cámara concluyó que, “en atención a la necesidad de que la medida dispuesta por el señor juez de primera instancia cumpla eficazmente con la finalidad que la justifica, corresponde hacer lugar a la sustitución requerida, debiendo proceder a efectuar un nuevo nombramiento con la celeridad que el caso exige”. El juez de primera instancia deberá designar a un reemplazante de Villada. Desde el sector de la senadora Moisés, celebraron la decisión judicial de mantener la intervención, a pesar de que se haya definido separar a Villada. “El fallo demuestra que la judicialización de las internas ya no sirve de escudo ante el desgaste político y la falta de votos. Jujuy se convierte así en el primer laboratorio de una etapa de resistencia interna contra el centralismo porteño. Comienza ahora una carrera contra el reloj para devolverle el partido a los dirigentes locales”, sostuvieron desde ese espacio tras el fallo.
El PJ de Salta también está intervenido judicialmente y tiene al frente a otro dirigente alineado con Sáenz (José Luis Gambetta, vinculado, además, con el exsenador Juan Carlos Romero).
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POLITICA
El peronismo volvió a reclamar en el Senado la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

El Salón de las Provincias del Senado de la Nación reunió a senadores y diputados del peronismo que, en el primer aniversario del fallo que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a pedir por su libertad.
El espacio elegido congregó a buena parte de los miembros del bloque justicialista del Senado y a sus pares de Unión por la Patria de Diputados y fueron los presidentes de ambos bloques los que tomaron la palabra y anunciaron que presentarán una nota frente a la Corte Suprema en donde expresarán “profundo rechazo, preocupación y repudio frente a los integrantes del poder judicial partícipes de una situación que es incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático”.
“No hay plena democracia con jueces parciales, cuando se impide a la ciudadanía elegir, cuando no se permite participar a una dirigente. Ni los genocidas ni los narcos tienen las medidas de detención que le aplican a Cristina y entendemos que esto es un disciplinamiento político de parte de los jueces”, señaló Germán Martínez, presidente del bloque de UP y quien podría ser el encargado de llevar personalmente el documento de los legisladores al Máximo Tribunal.

Luego tomó la palabra el senador José Mayans, quien hizo referencia a que “ayer -9 de junio- fue el Día de la Resistencia peronista y la compañera Cristina inauguró hace un año el encuentro señalando que nuestra misión era continuar la lucha. Ahí ratificó la decisión de ser candidata a diputada provincial para luchar contra el gobierno cipayo y antipatria de Milei. Se postuló el 5 de julio, lo ratificó el 9 y rápidamente la Corte sacó el fallo por el temor que le tienen”.
Luego de hacer referencia al intento de magnicidio que sufrió la ex Vicepresidenta, el formoseño explicó las condiciones en las que está detenida comparándola con las especificaciones de las detenciones domiciliarias de narcotraficantes y genocidas. “Solo el 1,76% de los presos tiene restricciones de visitas”.
Acto seguido, dijo que la discusión también tiene que ver con la pena. “Le dieron 6 años de prisión pero la inhabilitaron de por vida. Hay una desproporcionalidad con la inhabilitación de por vida ¿tanto miedo le tienen?”.
“Nos están sacando la patria, por eso estamos acá, a un año de la aberración que tiene detenida a Cristina Kirchner”, agregó.
Mayans apuntó contra Javier Milei por su frase en un reportaje de “ser el presidente que se animó a meter presa a Cristina”, y también contra Mauricio Macri, quien, cuando desde el mundo libertario dijeron que su candidatura le hace el juego al kirchnerismo respondió que había que “preguntarle a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo”.

Luego de hacer referencia a las noticias en las que se señalaba que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa y otros funcionarios por acogerse a los beneficios de la ley de inocencia fiscal, el diputado Carlos Castagneto -ex titular de ARCA– explicó que esto no extinguía la causa penal por enriquecimiento ilícito. Fue una novedad de la jornada que los legisladores del peronismo utilizaron para contrastar y volver a insistir en el manejo político de la detención de CFK.
La interna peronista
La detención de CFK y una posible forma de obtener su libertad divide las aguas en el peronismo. Aunque entre los legisladores presentes había representantes de varias de las corrientes que confluyen en el peronismo -y estaba ausente Máximo Kirchner– hubo una pregunta en la que todos se miraron que fue si Axel Kicillof se debería reunir con la ex mandataria presa.
Este punto divide las aguas ya que hay sectores que entienden que hay que “correr” a la ex presidenta de los discursos de campaña, ganarle a Milei y, en todo caso, definir la forma en la que se va a solucionar su detención y proscripción y otros que entienden que no se puede ir a una elección con candidatos proscriptos.
“Lo que nos diferencia es ese punto”, explicó la diputada nacional y una de las figuras de La Cámpora, Paula Penacca. “El eje central es que cualquiera del peronismo que quiera volver a gobernar tiene que entender que no hay chance de generar mejor vida para la gente si hay líderes proscriptos y si alguien puede ir preso por las decisiones que tome que busquen mejorar la vida de la sociedad”.
El próximo 20 de junio La Cámpora organiza un banderazo en Parque Lezama en apoyo a la ex presidenta. En ese encuentro es probable que haya una bandera del Movimiento Derecho al Futuro. “Está bien que haya una bandera del sector de Axel, pero el debate no es si hay una bandera o no, es si el peronismo puede ir a una elección con sus referentes proscriptos”, agregó.
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POLITICA
La Policía Local se metió en la interna del PJ: Berni chocó con el plan de Kicillof y presentará su propio proyecto

El pedido de los intendentes bonaerenses para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con la creación de policías municipales encontró su primera reticencia dentro del peronismo y repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se discutirá la ley. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado provincial, Sergio Berni, avisó que impulsará su propio proyecto de reforma policial y desconfía de la idea que vienen traccionando los jefes comunales, sobre todo del peronismo. Así, el tema empieza a ingresar a un laberinto, antes de ver la luz.
Para Berni, el tema tiene que ver con los tiempos electorales. Se emparenta, de hecho, a lo que sucedió en 2014 cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, creó por decreto la Policía Local, antes de ingresar con énfasis en el campaña electoral hacia la elección del 2015. Esa fuerza de seguridad quedó absorbida luego por la estructura de la policía bonaerense. “Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, suele repetir el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hoy está distanciado con el gobernador y mantiene un frente abierto en el Senado, desde la conducción del bloque peronista, con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario.
En la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado que enviaría un proyecto de ley para el personal policial. El mismo, había dicho el mandatario, “actualiza la normativa y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del Siglo XXI”; además, también informó que buscará modificar la Ley de Seguridad Pública. En ese punto, Berni tiene un proyecto similar. Ya lo presentó cuando asumió como senador, pero el texto perdió estado parlamentario. Entre las distintas modificaciones que propone, se prohíbe que los policías retirados estén al frente de las secretarías de seguridad en los distritos. La idea es mirada con recelo por distintos intendentes que tienen en su gabinete a ex efectivos. “Los intendentes quieren el control del territorio”, opina Berni al respecto, y no pasa por una cuestión de mayor presencia policial. Lo ejemplifica con la cantidad de efectivos en promedio de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y el número de delitos entre una administración y la otra. Cree, también, que los intendentes rechazarán esa cláusula.

Desde hace más de un mes que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viene reuniéndose con intendentes tanto del peronismo como de la UCR o del PRO para debatir detalles del proyecto que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura. Ese movimiento aún no se ejecutó.
“Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, decía el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, del PRO aunque cercano a la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Pero los intendentes que orbitan cerca de Kicillof también presionan para darle un marco normativo a las fuerza de seguridad local. Lo planteó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de reunirse con Alonso. “Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, aseguró Sujarchuk.

Además de ser el presidente del bloque peronista en el Senado, Berni quedó al frente de la comisión de Seguridad. Recientemente conformada la comisión, el exministro usará ese ámbito para marcar sus diferencias con la vicegobernadora y titular de la Cámara alta. Lo explicitó cuando se conformó la comisión de Seguridad, semanas atrás. “En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona, y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades, vamos a hacer la formalidad de crear una comisión de seguridad”, planteó en la primera reunión de comisión. Las diferencias son políticas y se enmarcan en la discusión interna y macro que atraviesa el peronismo.
En el recorrido legislativo, en algún momento, el proyecto que eleve el Ejecutivo sobre policías locales debería pasar por la comisión de Seguridad que comanda Berni, que tiene once integrantes. De ese total, Fuerza Patria tiene seis integrantes, aunque están repartidos sectorialmente. Por el cristinismo, además de Berni, se anota Sabrina Bastida. Los intendentes cuentan con la figura de Adrián Santarelli; mientras que el Frente Renovador -que está a favor de las policias comunales- cuenta con la presencia de Marcos Pisano y Malena Galmarini.
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