Miriam Quiroga no se presentará a declarar el martes en el juicio oral por la causa Cuadernos. La exsecretaria de Néstor Kirchner estaba citada como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7, pero su hijo informó al tribunal que atraviesa problemas de salud y que no está en condiciones de prestar declaración testimonial.

La situación quedó asentada en una nota de secretaría del TOF 7, fechada el 21 de mayo de 2026. Según el documento, Emiliano Daniel Pintos se comunicó telefónicamente con el tribunal y explicó que su madre, Miriam Quiroga, “se encuentra con problemas de salud, cardiológicos y stress”, por lo que no podrá declarar.

En esa misma comunicación, el hijo de Quiroga se comprometió a presentar las constancias médicas correspondientes ante el tribunal y a mantenerse en contacto. La definición formal sobre su situación quedará ahora en manos de los jueces del TOF 7, que deberán evaluar la justificación presentada y resolver si reprograman su declaración.

Quiroga es considerada una testigo relevante en el expediente porque en 2013 declaró públicamente que había visto movimientos de bolsos con dinero durante los años de gestión kirchnerista. Su testimonio quedó vinculado al entramado que investiga el presunto circuito de recaudación ilegal atribuido a exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado.

La exsecretaria de Néstor Kirchner estaba citada para el 26 de mayo, pero en los últimos días había generado preocupación en Comodoro Py porque no había podido ser localizada. La fiscalía había impulsado medidas para ubicarla y garantizar su comparecencia ante el tribunal.

En paralelo, fuentes judiciales señalan que existe inquietud por el clima de las audiencias y por el trato que reciben algunos testigos durante los interrogatorios de las defensas. En el tribunal registran cruces tensos entre abogados, jueces, fiscales y declarantes en las últimas jornadas del juicio.

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El juicio de Cuadernos tiene como acusados a exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios por un presunto esquema de pagos ilegales vinculados a la obra pública. Entre los principales imputados está Cristina Kirchner, señalada por la acusación como jefa de una asociación ilícita, una calificación que su defensa rechaza.

La ausencia de Quiroga no implica por ahora su exclusión del juicio, sino una postergación condicionada a la documentación médica que deberá presentar. El tribunal deberá resolver si acepta la justificación, si fija una nueva fecha de declaración o si adopta nuevas medidas para garantizar su testimonio.

Miriam Quiroga, cuadernos

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El Partido Justicialista rechazó la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dictada este viernes por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y denunció que la medida constituye una “arbitraria y antidemocrática decisión”.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, el PJ —cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner— sostuvo que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”. La fuerza política remarcó que esta resolución “constituye una nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical en nuestro país, y se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores”.

El PJ enfatizó que esta intervención “no ocurre por casualidad”, sino que se produce en el marco de “un proceso de desindustrialización que tiene como consecuencia el cierre de 25.000 empresas y la caída del salario, agravado además por la sanción de una reforma laboral flexibilizadora que restringe el derecho de huelga y persigue a las organizaciones sindicales”.

El comunicado también subrayó que la decisión judicial se dictó “el día siguiente a que la Corte Internacional de Justicia ratificara que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación”. Según el PJ, mientras a nivel internacional se reafirman garantías para los trabajadores, “Argentina avanza en sentido contrario, desmantelando las conquistas constitucionales que costaron décadas de lucha”.

Por último, el PJ advirtió que “la persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales no son hechos aislados: son síntomas inequívocos de un país cuya democracia se encuentra seriamente amenazada por un gobierno de carácter autoritario y un poder judicial que actúa como su cómplice”. Frente a este escenario, el partido ratificó su “compromiso irrenunciable con la libertad sindical, la democracia y los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

Fallo judicial y fundamentos de la intervención de la UOM

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo —integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— anuló las elecciones sindicales de la UOM en la seccional Campana, celebradas del 2 al 4 de marzo, así como la elección nacional del 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

El fallo señaló que hubieron graves irregularidades: extensión innecesaria y sin controles de los comicios durante tres días, urnas bajo custodia exclusiva de la Junta Electoral sin la intervención de fiscales de todas las listas y ausencia de escrutinios públicos diarios, en contra de lo que establecen el estatuto y los decretos que rigen al sindicato.

La sentencia indicó además que la Lista Naranja, liderada por Ángel Derosso, presentó una impugnación reclamando garantías de transparencia y una sola jornada electoral. Sin embargo, la Junta Electoral —alineada con Abel Furlán— rechazó estos pedidos sin notificar formalmente a los opositores, según determinaron los jueces.

Ante la denuncia de la oposición, las autoridades propusieron como alternativa que los apoderados de otras listas pernoctaran en la sede para custodiar las urnas. El tribunal calificó esta opción como “inaceptable e irrazonable”.

Como consecuencia del fallo, todos los funcionarios electos en los procesos anulados —incluido Furlán como secretario general nacional— cesan en sus cargos. La nulidad de la elección local impactó también la validez de la nacional, dejando a la UOM acéfala y bajo la administración del interventor Dr. Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.

No obstante la medida judicial, los dirigentes suspendidos avanzaron igual con el congreso y proclamación de Furlán, con respaldo mayoritario de las seccionales. Un allegado al dirigente manifestó a Infobae: “No fuimos notificados de nada” como justificación para concretar el proceso.

Repercusiones y contexto político-sindical

Tras conocerse el fallo, la CGT emitió una declaración, citada por Infobae, en la que expresó: “Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. La central obrera manifestó su rechazo a cualquier avance de la justicia sobre los derechos y la organización del movimiento obrero y resaltó que “la defensa de la democracia sindical no se negocia”.

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